Desde 2021 se ha intensificado el conflicto armado en Guapi, Cauca, y, tras el paro armado decretado por el ELN, el temor de la población aumenta. Según una docente del territorio, la educación es la más afectada. En medio de los enfrentamientos, una niña resultó herida el pasado martes 22 de febrero.

Comunidades de Guapi denuncian que actores armados establecen horarios de circulación y los amenazan constantemente. Según los habitantes, la violencia arreció desde octubre de 2021 y se ha extendido hasta ahora, con un pico entre el 23 y 26 de febrero pasado cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado. Una docente del municipio, quien por seguridad pidió reserva de su nombre, habló con Cinep / PPP sobre las preocupaciones de los habitantes de esta olvidada zona del Pacífico colombiano, y la urgencia de un acuerdo humanitario.

¿Qué está pasando en Guapi?

Docente: Desde el mes de octubre de 2021 se han comenzado a presentar desplazamientos de la gente de la zona rural a la cabecera municipal. Esto se ha incrementado porque en la ruralidad se ha intensificado mucho el conflicto. Hay dos grupos al margen de la ley enfrentados y la población civil está en medio. 

Ese conflicto está concentrado en tres consejos comunitarios: Alto Guapí, Río San Francisco y Río Napi, esos son los consejos donde se ha vivido más el desplazamiento. Tenemos aproximadamente unos 300 niños desplazados en Guapí cabecera, lo cual ha llevado a que las maestras estén orientando las clases acá.

Ese conflicto también se ha ubicado en la cabecera municipal desde diciembre. Se han venido escuchando rumores de amenazas y la gente que se ha venido desplazando no está declarando por temor, porque los grupos armados les ponen condiciones para dejarlos venir y de alguna manera les restringen la posibilidad de que cuenten sus afectaciones.

En Guapi cabecera municipal hemos sido víctimas de amenazas y panfletos. No sabemos quién creó un grupo de WhatsApp y ahí se la pasan mandando mensajes amenazantes a la comunidad: Que van a poner bombas en los colegios u otros lugares y han asumido una guerra fuerte hacia la administración municipal. Eso ha detonado que las confrontaciones se agudicen en el municipio.

En el marco del paro armado que declaró el ELN se agravó la situación. El martes pasado en horas del recreo, a las 9:30 am, se presentó un enfrentamiento en el sector de La Once entre dos grupos. Había muchos niños y niñas y en ese cruce de armas resultó herida una niña de 12 años del Colegio San José. 

La niña recibió una bala en el pie, y hubo muchos niños que se lesionaron porque se formó un alboroto muy fuerte. Una niña tuvo convulsiones y quedó con una afectación psicológica; otros niños están en la misma situación. 

A raíz del paro armado, todos los días los pasamos encerrados porque los comunicados decían que teníamos que estar en la casa porque se iban a seguir enfrentando. La noche del jueves 24 de marzo hubo una confrontación en el barrio Puerto Cali y hubo capturados del ELN.

Este lunes todo se normalizó. La gente fue abriendo poco a poco, pero todavía se siente el temor. El comercio se cierra hacia las seis de la tarde. Antes de esto la gente ya estaba cerrando el comercio más temprano por la amenaza, y evitando salir mucho a la calle; ahora esto se agudizó más.

Este lunes se puede decir que el 90% de los niños no asistieron a clase, ahora está aumentando un poco el nivel de asistencia pero hay padres que se abstienen de mandar a sus hijos porque hay amenazas muy contundentes con relación a que van a poner bombas en colegios o en medio de la población civil.

¿Cómo ha afectado a la educación la intensificación del conflicto en Guapi?

D: El sector más afectado con esto ha sido la educación. A nivel rural podemos decir que el año pasado los niños y niñas no tuvieron clase porque los docentes de la zona rural viven en Guapi cabecera municipal, entonces habían ocasiones en que los maestros no podían subir a orientar sus clases por las confrontaciones. A veces el maestro subía cuando se le permitía el acceso, porque el enfrentamiento en la ruralidad ha sido permanente durante el año pasado. 

Desde octubre iniciaron los desplazamientos masivos y todo este tiempo esos niños no han estudiado. Son niños que están quedando con un vacío grandísimo a nivel de formación y también tienen su proyecto de vida afectado: son niños que tenían un contexto de vida diferente, tenían su dinámica cultural propia y tienen que desplazarse y volver a construir su vida. Son niños que han tenido una intermitencia en su formación educativa y que ha sido por la intensificación del conflicto. ¡Todo es muy difícil!

Una defensora me decía que había aproximadamente 60 familias que se han desplazado y no se quedan en Guapi, se van para Cerrito, Guacarí o Pradera y es gente que no declaró porque tenía temor pero que allá sí lo está haciendo. Todo eso ha incidido de manera directa en el proceso educativo de los niños y las niñas.

Ahora, tampoco la Secretaría de educación departamental ha tomado medidas para afrontar esta problemática. Recientemente, con algunos profesores se avanzó reubicando a los niños y profes en una sede educativa de Guapi cabecera para que reciban sus clases. En este momento hay aproximadamente nueve docentes orientando sus clases en la normal durante la jornada de la tarde, porque es el único colegio que está vacío en esa jornada. 

Pero los niños no están asistiendo mucho a clase, entonces hay que hacer un seguimiento para saber qué está pasando, cómo están sus familias, cómo están sus hogares.

¿Qué piden las comunidades para salir de esta situación?

D: Que haya acuerdos humanitarios. Exigimos que el Gobierno mire estas comunidades para sentarse con ellas y reflexionar sobre cómo se está presentando el conflicto y cómo nos está afectando como comunidad. Que el Gobierno Nacional haga una mesa no solo en Guapi sino en el Pacífico, porque esto también está pasando en Timbiquí y López de Micay, y que se revise la situación de la educación en el marco de esta emergencia y se hable de cómo el conflicto se ha agudizado.

Desde la educación, pedimos una mesa de educación en emergencia para hablar de cómo está crisis de orden público ha afectado la educación, y donde se pueda regular y se puedan tomar decisiones. Porque nosotros somos del departamento del Cauca pero no sentimos la participación de la Secretaría de Educación acá; necesitamos que asuma su rol y que vea que Guapi es parte del Cauca y tome medidas, imparta decretos y ponga a funcionar esas políticas públicas en el marco de toda esta crisis.

Por: Equipo de comunicaciones Cinep / PPP 

Comunidades de López de Micay, Timbiquí, Guapi y la zona rural de Buenaventura suspendieron su participación en el proceso PDET del Pacífico Medio, región de la que hacen parte, hasta que se garantice su participación y avances efectivos en  la implementación en la subregión.

Desde el 29 de septiembre las comunidades adscritas a la subregión PDET del Pacífico Medio,  integrado por los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapí y Buenaventura zona rural declararon una suspensión total de toda actividad en el marco de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, y pidieron una reunión con entes estatales y garantes para abordar sus demandas y plantear soluciones. 

En entrevista con Cinep / PPP, Wisne Hinestroza, delegado de la Mesa Técnica Distrital de la zona rural de Buenaventura, explica las razones para esta suspensión y los tres puntos que plantean las comunidades para reiniciar el proceso.

¿Cómo valoran la implementación del PDET en la subregión del Pacífico Medio?

Desde la firma del pacto subregional el 23 de febrero de 2019, dejamos en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) unas iniciativas que invitaban a la creación de unas mesas técnicas subregionales para hacer seguimiento a la implementación del PDET, para ello se crearon mesas municipales para hacer ese seguimiento. Hoy por hoy se pudo conformar la mesa subregional que tiene la delegación de cada uno de los municipios para hacer el seguimiento a la implementación.

En el inicio del proceso hubo una participación comunitaria muy importante, porque nosotros fuimos quienes construimos el documento, se recogieron las iniciativas de acuerdo a la armonización entre los documentos propios de cada comunidad. Avanzamos en la construcción de planes y en la asamblea que permitió llegar a presentar las iniciativas.

¿Qué problemas están enfrentando para avanzar ahora?

En la actualidad las comunidades han sido relegadas del proceso porque casi no participan, sólo son convocadas para una que otra reunión para trabajar la hoja de ruta, mecanismos de consulta, pero en la reunión para trabajar el Plan de Acción 2021 no se convocó a las comunidades, entonces no participamos de forma directa.

Adicionalmente, nosotros como Pacífico Medio teníamos una coordinación que estaba encargada pero no nombrada, cuando se inició la implementación nos unieron con el PDET de Alto Patía – Norte del Cauca. Es decir hoy tenemos una sola coordinación, y todas las decisiones que toman para el Pacífico Medio se deben consultar con el coordinador de Alto Patía – Norte del Cauca.

Sentimos que así se viola el Decreto 893 que crea las diferentes subregiones: si hay dieciséis subregiones PDET, deben haber dieciséis coordinaciones. 

No nos parece que se una una estructura administrativa a otra, porque a la hora de la implementación hay problemas, ejemplo puntual: El PDET del Alto Patía - Norte del Cauca ha logrado inversiones y acá no lo tenemos; en cuanto a obras por impuestos allá tienen once y acá no tenemos ninguna. Entonces sentimos que la gestión se ha quedado allá.

Al tener una coordinación directa nosotros creemos que podemos tener una mayor capacidad de gestión, y hoy los resultados de acuerdo a las inversiones que hay nos dicen que sí es necesario tener una coordinación que sea autónoma.

A ello se suma que el avance de los proyectos ha sido muy lento, y hay dificultad para que sean aprobados. Entonces, parece que tampoco hubiera voluntad de parte del Estado para sacar adelante los proyectos para estas zonas. Actualmente no tenemos ni un proyecto en nuestra Subregión PDET.

Vamos a llegar a 3 años de haber firmado el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) y nuestras comunidades siguen esperando obras, realmente estructurales, y eso es lo otro: uno de los objetivos era cerrar las brechas entre el campo y los cascos urbanos, entonces se supone que vamos a trabajar proyectos de envergadura. Pero las decisiones no se han tomado con la comunidad.

¿Qué soluciones plantean a estos problemas?

Las comunidades no vamos a participar en ninguna actividad que sea en el marco de los PDET hasta que logremos concertar unos puntos que establecimos:

  1. Descentralización del PDET Alto Patía.
  2. Que se reconozca a la mesa subregional creada por las autoridades étnicas, porque nosotros somos delegados por ellos y somos quienes debemos ser convocados para legitimar las decisiones.
  3. Que haya un plan de choque, de estructuración y aprobación de los proyectos, porque este PDET al ser el de menos inversión debería tener un recurso que permita asegurar recursos.

Hoy tenemos una experiencia con el consorcio que se ganó una licitación para las obras PDET y hay municipios como en el caso de Timbiquí o Guapi que aún, después de casi tres años, no han empezado la construcción de las Obras PDET. Aquí en Buenaventura hace un año estamos en ese dilema porque no les habían consignado el recurso.

Si esas obras de menor impacto y menor cuantía, que eran las que iban a mostrar la presencia del Estado en los territorios tienen tanta complejidad y han sido tan difíciles de implementar, imagínese los proyectos de envergadura. Entonces necesitamos un equipo que quiera avanzar. Hoy en día estamos muy rezagados. 

Y se quiere transmitir ese rezago a los entes territoriales porque la Agencia de Renovación del Territorio (ART) sólo articula, pero quien tiene que cumplir a las comunidades es el Gobierno. 

Además acá no se tiene en cuenta que este PDET es cien por ciento étnico, y debería involucrar en sus equipos de trabajo a personas que conocen de las dinámicas regionales, pero en los espacios de reunión vemos a personas que vienen de afuera de los territorios. Sumado a ello necesitamos poder estructurar, hacer seguimiento y un plan de aprobación a los proyectos.

De otra forma, se nos van a ir los 15 años y ni siquiera vamos a tener Obras por Impuestos.

Por eso nosotros le pedimos a la ART que convoque a una reunión con personas con capacidad de decisión como el consejero Emilio Archila, que puedan permitir una solución a las dificultades y también pedimos unos garantes que puedan ayudar a encontrar una salida. Esta convocatoria fue en septiembre, pero nosotros no vimos claridad sobre quienes van a venir; el pasado 6 de octubre les pedimos claridad sobre esto porque la reunión era para el 13 de este mes y no llegaron. Por eso nosotros requerimos un nuevo encuentro.

Le invitamos a consultar los informes generales de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) que incluyen la revisión sobre el estado de la implementación en las subregiones PDET de Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio en: https://www.cinep.org.co/Home2/temas/secretaria-tecnica.html.

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo  de comunicaciones Cinep / PPP.

 

Hace 20 años, las comunidades de los Montes de María tuvieron que dejar sus tierras tras recibir amenazas de paramilitares y ver a algunos de sus compañeros y vecinos morir a causa de la violencia con la que estos grupos armados ilegales azotaron la región. En 2012, acogidos por la ley de víctimas y la restitución de tierras, iniciaron el proceso de restitución de sus predios, pero hasta el momento no han recibido sus parcelas.

Para revisar los avances de los procesos de restitución, posibles soluciones a los inconvenientes y analizar el impacto de la no restitución sobre la implementación del proceso de paz, el viernes 17 de noviembre de 2017 se realizó la Mesa de Diálogo: Derechos de las Víctimas, Restitución y Desarrollo Territorial, organizada en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla” que desarrollan el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa Por la Paz (Cinep-PPP) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Unión Europea. 

El profesor investigador de la Universidad Javeriana, Juan Guillermo Ferro, uno de los acompañantes de las comunidades de Montes de María, conversó con nosotros sobre las conclusiones a las que llegaron en el encuentro:

¿Cuál es la principal conclusión sobre los procesos de restitución en Montes de María?

Juan Guillermo Ferro: Una primera conclusión es que las políticas de restitución de tierras y de reparación colectiva tienen como elemento común la lentitud y las trabas de distinta índole para poderse llevar a cabo. En el caso de la restitución hay una serie de impedimentos fruto de los criterios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para rechazar a los solicitantes.

Hay problemas de tipo más político en el sentido que el Estado está muy interesado en un modelo de desarrollo mucho más centrado en la agroindustria exportadora de monocultivo que en apoyar economías campesinas. Entonces no hay una prioridad en restituir y reparar. En las comunidades ya empieza a haber un escepticismo.

¿Por qué se han demorado tanto los procesos de restitución?

J.G.F: Son procesos que incluso pueden ser un poco perversos, en la medida en que la política no está parada, sino que está funcionando a un ritmo paquidérmico. Eso lo que genera es que la gente no se radicaliza en movilizaciones o en acciones colectivas más confrontacionistas (sic) para reclamar. Cada dos meses aparece algún dato, a los tres meses se hace una visita o aceptan un documento, le dicen a la gente que ya está en trámite. La gente no protesta más porque dice que ahí va la cosa, que aceptaron unas solicitudes y que ya volvieron a meter la demanda. Ese es el efecto perverso que tiene esa lentitud.

¿Y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

J.G.F: Es la última política que se está empezando a implementar en el territorio. La gente realmente está desmotivada y desconfiada, porque como dicen algunos campesinos: si a mí no me han restituido la tierra, no me han reparado, cuál es la planificación que voy a hacer o sobre qué territorio voy a planear.

Los PDET están manejando unos esquemas y tiempos excesivamente rápidos, en mayo ya tienen que estar listos, que hacen muy difícil la participación. No se están haciendo convocatorias abiertas a la comunidad, sino que están seleccionando ciertas personas. Están quedando unos planes como listas de mercado, que realmente no estarían configurando las bases y planes de desarrollos muchos más estructurados.

Son los líderes de las organizaciones los que tienen que representar a las comunidades en los planes y escenarios de discusión, ¿no?

J.G.F: Las organizaciones en Montes de María están muy debilitadas porque fueron las que más sufrieron con las masacres, con las incursiones paramilitares, los asesinatos selectivos, el exilio… Hubo un movimiento fuertísimo en los años 70 u 80, que ahora es un movimiento tremendamente fracturado y debilitado.

Pese a la asiduidad de talleres, capacitaciones, escuelas de ciudadanía, toda la cantidad de cosas que hemos hecho las organizaciones acompañantes, desde que paró supuestamente la guerra por ahí en el 2008, las comunidades siguen débiles. Siendo autocríticos, tenemos que reconocer que tal vez no estamos haciendo bien las cosas o que la debilidad del movimiento es tal que es muy poquito lo que se ha hecho.

¿Las políticas de víctimas, reparación y restitución no han fortalecido las organizaciones comunitarias?

J.G.F: El Estado ha sacado un montón de políticas públicas y todo el mundo se desgasta en ellas para que funcionen, pero lo que ha provocado es que las organizaciones dejen de lado su propia agenda y sus propias propuestas. Ahí es donde hay otro elemento que podríamos llamar perverso, poner a la gente a desgastarse, organizarse, reunirse, criticar o aportar a la política pública, pero esa política nunca se desarrolla totalmente o no cumple sus objetivos.

Hay una distracción del movimiento social en atender la política pública y nosotros como agentes acompañantes podemos haber estado cayendo en la trampa de hacer este juego y más bien deberíamos estar acompañando agendas propias, sin perder el ojo avizor de lo que el Estado hace porque nadie le puede quitar la importancia a lo que el Estado hace, pero no centrar toda la actividad en eso.

Pero esas políticas públicas han sido construidas para responderle a las necesidades de las regiones y las víctimas, en el marco de un escenario de paz, posconflicto y posacuerdo.

J.G.F: Si no hay restitución, si no hay reparación, si no funciona la planeación participativa, pues entonces no habrá paz ni duradera ni estable, como se definió en los acuerdos de las FARC y el Gobierno. Si no hay estas bases, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Aquí podemos estar hablando de una paz inestable y efímera, porque no hay manera de avanzar si no se resuelve el tema del acceso a la tierra, si no se repara a las víctimas, si no se le apuesta a la economía campesina. En Colombia no tenemos una política que le dé a la economía campesina un verdadero fortalecimiento, no se cree en sus bondades; se cree que los campesinos son atrasados, pobres, brutos, que no saben producir ni comercializar, y eso marca las dinámicas en los territorios y las políticas públicas.

¿Qué ha funcionado hasta el momento?

J.G.F: Las organizaciones se mantienen, tienen algunas iniciativas. La gente de la alta montaña, que son los del centro de Montes de María, los del Carmen de Bolívar, se han movilizado fuertemente contra el abandono de sus territorios; los de Playón en Marialabaja contra el acaparamiento del agua; este último es un grupo pequeño, pero muy interesante que ha bloqueado varias veces el distrito de riego diciendo que si no hay agua para ellos, no hay agua para la palma, porque el agua está privatizada y es usada más para la palma que para el consumo de la gente.

Los campesinos han hecho mucha resistencia a los cultivos de palma.

J.G.F: Sí, no sólo a la palma, a los monocultivos de gran extensión para la exportación. Eso es una cosa muy reciente, unos quince años, se desarrolló precisamente después de la arremetida paramilitar. A los palmeros no les gusta que se les diga eso, pero es cierto. El desarrollo de estas propuestas vino después del desplazamiento, del abandono de tierras y la compra oportunista y de mala fe que muchos empresarios, a través de testaferros, fueron haciendo. Los campesinos muestran que ellos muchas veces no tenían otra salida que vender y vender mal.

¿Qué podrían sembrar los campesinos al regresar a sus tierras?

J.G.F: Hay otro problema y es que el retorno ha sido muy lento y sin recursos. Hay algunas instituciones que le dicen al campesino, listo, ya puede volver a su tierra, pero el campesino no tiene los apoyos, el crédito, la infraestructura para reiniciar su proyecto y entonces termina vendiendo la tierra que le restituyeron. No se está haciendo algo para restituir una cultura, una sociedad, una economía, ni la vocación campesina.

Muchos de los reclamantes son mayores de 50 años de edad, lo que podría dificultar el retorno de la vida campesina. ¿La región se está quedando sin campesinos?

J.G.F: Los pocos a los que les han restituido muchas veces no tienen el apoyo de sus hijos porque ya pasaron 20 años desde que fueron desplazados; entonces estos muchachos, que eran niños en el momento del desplazamiento, han ido ocupando otras actividades, algunas legales y otras ilegales: microtráfico, delincuencia común, mototaxismo, comercio, el rebusque. La gente ha perdido la relación directa con el campo.

¿Y sobre el tema de la contaminación medioambiental?

J.G.F: Los ecólogos del equipo nos han dicho que una de las cosas que no mira la restitución es todo el despojo que se dio en materia de recursos naturales, de acceso al agua, de bosques y de contaminación por aguas industriales. La restitución mira solo el predio, mira mucho la tierra, el impacto físico, pero no mira todas las relaciones que los campesinos tenían con la tierra, con la represa, el arroyo, el bosque, todas estas conexiones socioambientales de las comunidades. El despojo no solamente fue de tierras sino también de acceso a los recursos naturales con los que los campesinos contaban anteriormente.

¿Cómo ve el panorama para el año entrante con las elecciones presidenciales?

J.G.F: Muy complejo, puede llegar un gobierno que diga que hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz y hay estaríamos peor.

 

Astrid Toscano Villán
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

 

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz