Con preocupación por la expansión del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social se lanzó este jueves 21 de abril la revista Noche y Niebla No. 64 "El estigma como política de Estado", informe producido por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.

Con la participación de Martha Márquez, directora de Cinep; Javier Giraldo S.J. y Alejandro Angulo S.J. del Banco de Datos del Cinep; Olga Silva de Humanidad Vigente; y Alcibiades Rodríguez, líder indígena sikuani; se presentó la Revista Noche y Niebla No. 64 con el balance de Derechos Humanos, DIH y violencia política del año 2021. Además, se manifestaron las preocupaciones por la crisis humanitaria que vive actualmente el país.

“El Cinep/PPP asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIHC a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”, explicó la directora del Cinep / PPP, Martha Lucía Márquez, al iniciar la conversación que se transmitió vía web.

Santander (321), Bogotá (205) y Cauca (191), fueron los departamentos con más violaciones a los Derechos Humanos, siendo la Policía Nacional (con 1102 hechos registrados) y los grupos paramilitares ( con 286 victimizaciones) los mayores responsables en el territorio nacional. 

En cuanto a la violencia político social, Cauca (con 331 hechos) sigue siendo el departamento con mayores niveles de victimización, seguido por Norte de Santander (116), Valle de Cauca (75), Huila (58),  Nariño (57) y Antioquia (48). En esta categoría los hechos victimizantes que más se presentaron fueron los asesinatos, amenazas y lesiones físicas; y los presuntos responsables fueron en su mayoría.

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) ocurrieron principalmente en Cauca, que registró 153 hechos de este tipo; y Antioquia, con 42; Guaviare, con 27; Valle del Cauca, con 25; y Bogotá D.C con 23. Los grupos guerrilleros ELN, EPL y disidencias de las FARC fueron los principales infractores del DIH en 2021 con 188 hechos, seguidos de los paramilitares con 74 y los combatientes sin identificar con 54. El Ejército Nacional (38 hechos) y la Policía (16) también violaron el DIH.

“Los más preocupante de 2021 es el avance y desarrollo muy grande del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social, una persecución que ha ido dando al traste con la credibilidad de la justicia en Colombia”, explicó el padre Javier Giraldo SJ. fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

 

El Banco manifestó su preocupación porque, explican, tras las movilizaciones sociales del año pasado “se ha demonizado exacerbadamente a los jóvenes de la Primera Línea (...) La justicia que aplican los jueves viola sin consideración los principios que el derecho internacional ha conquistado durante siglos como debido proceso”.

Martha Lucía Márquez agregó que:

“Presentamos Noche y Niebla 64 en un contexto en el que se fortalecen los vientos de guerra, siguen los cuestionamientos al proceso de implementación de los acuerdos de La Habana (Cuba), la ejecución de excombatientes de las FARC-EP (más de 300 desde 2016), así como la sistemática persecución, estigmatización, judicialización y asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humano y miembros de la Primera Línea”, agregando que Cinep / PPP reitera hoy su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia.

Qué está pasando en la Orinoquía

La crisis humanitaria y social en la Orinoquía, región que ocupa un 30% del territorio colombiano, también se manifestó en esta rueda de prensa. De acuerdo con el boletín producido por el Banco “los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, habitantes ancestrales de estos territorios, viven hoy la tragedia causada por la fallida implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. A eso se suma la presencia y el accionar de los grupos paramilitares y las disidencias”. 

Además, los constantes operativos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación que han estado inscritos en la política de consolidación territorial, marcada por la “estabilización” son, de hecho, la imposición de mega operaciones como la denominada “Artemisa”, que han causado mayor empobrecimiento de las comunidades, su expulsión y el desplazamiento de personas de aquellos territorios que hacen parte de las áreas de manejo especial, Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas, según describe el Banco de Datos del Cinep. 

Por su parte, Alcibiades Rodríguez, autoridad indígena que se desplazó de Vichada a Bogotá para compartir su testimonio, expresó que “la falta de compromiso gubernamental desconoce los derechos constitucionales de las comunidades campesinas e indígenas. La concentración de la tierra está asignada a los grandes empresarios del país. Declarando a las autoridades indígenas y campesinas como invasores de sus propios territorios”.

Alcibiades enfatizó en que el desconocimiento a la propiedad provoca el despojo de sus propios territorios. “Reclamar nuestros derechos, proteger la naturaleza y defender nuestro pueblo. Somos 102 pueblos indígenas en la Orinoquia colombiana, muchos de ellos en vía de extinción. Y el gobierno desconoce su existencia sin importarle sus derechos fundamentales”.

Entre tanto, Olga Silva, directora de Humanidad Vigente enfatizó en “la relación entre las violaciones a los DDHH, el desplazamiento y el crecimiento del monocultivo de palma aceitera”. Según Olga, “los grandes proyectos institucionales han despojado 7600 hectáreas, causando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas”.

Olga Silva presentó además a la Red Llano y Selva con la cual el Banco de Datos produjo el artículo regional de esta edición de Noche y Niebla. Silva aseguró “hay una infraestructura social en la cual la distribución de la riqueza nacional ha sido mantenida durante muchos años en manos de un grupo muy pequeño y poderoso (...) En la Orinoquía, el Estado ha impuesto a través de una estrategia de terror mediante el paramilitarismo y grandes proyectos industriales vaciando territorios de las comunidades ancestrales”.

Por su parte, el padre Alejandro Angulo S.J. afirmó al cierre del conversatorio y rueda de prensa que la revista muestra una realidad que nos obliga a reflexionar sobre el estado de la sociedad. “Las violaciones de derechos humanos han llegado a un nivel de impunidad impresentable”, aseguró el jesuita para quien existe “una infraestructura social en la cual la distribución de la riqueza nacional ha sido mantenida durante muchos años en manos de un grupo muy pequeño y poderoso”.

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 64 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1814

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Katalina Vásquez G. Periodista Cinep / PPP

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil internacional acompañan la Misión por la Vida y por la Paz a la Orinoquía y Llanos Orientales e instan a los Gobierno Nacional y Departamentales a brindar garantías a las personas y organizaciones participantes.

Las organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben el presente comunicado acompañamos la Misión por la Vida y por la paz a la Orinoquia y los Llanos Orientales en los departamentos de Meta y Guaviare convocada por un muy importante grupo de organizaciones de la sociedad civil colombiana, defensoras de derechos humanos, articuladas en la Red Llano y Selva.


Con el objetivo de verificar y documentar la grave situación humanitaria y de riesgo que viven las comunidades, los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, intensificada por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, por la presencia y actuación de diferentes grupos armados y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.


Como Organizaciones Internacionales de sociedad civil estaremos atentas al desarrollo de esta iniciativa que tendrá lugar entre el 18 y 27 de julio de 2020 y exhortamos al Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales de Meta y Guaviare a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, reconocer el carácter humanitario de la misión y respetar el Derecho Internacional Humanitario.


Espacio de Cooperación para la Paz.  

 

A continuación el comunicado completo: 

 

En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo: