El movimiento Defendamos la Paz ha enviado una carta dirigida a Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como protesta frente a la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz y ocultar la inacción del Gobierno respecto a su implementación. A continuación la carta completa.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020

Señor
Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación en Colombia
NACIONES UNIDAS
Ciudad


Apreciado Señor Ruiz Massieu:

Nos dirigimos a usted para compartir nuestra preocupación y, a través suyo, alertar al Secretario General y a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las embestidas en contra de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus.

Como movimiento Defendamos la Paz, elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz. La crisis sanitaria no solo permite ocultar la inacción del Gobierno. Más importante aún, alimenta la campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación de la paz.

Defendamos la Paz se pronuncia en contra de designios para que las reformas del Acuerdo de Paz, que el Gobierno y el partido de Gobierno fracasaron en obtener por vía legislativa, se hagan realidad por la puerta de atrás, mientras la ciudadanía permanece concentrada en la pandemia.

Llamamos la atención de la Misión de Verificación, de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad sobre los hechos listados a continuación.

  1. EL AUMENTO DE ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES

Nos acercamos a la cifra de 200 excombatientes asesinados. La Misión de Verificación ha registrado 197 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP.

En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a 24 de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no son convocados por el Gobierno.

A continuación sigue la carta completa:

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El pasado 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe que evalúa la situación de derechos humanos en el país durante el año pasado. El documento enfatiza la violación a los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de derechos humanos, el modo de proceder de las fuerzas militares y de policía en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina la implementación del Acuerdo Final de Paz en perspectiva de derechos.

Si bien el Comisionado reconoce los esfuerzos del Gobierno y el compromiso de los excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación, el informe manifiesta, entre otros puntos, su preocupación por la persistencia de los altos niveles de violencia sobre personas defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes, el incremento de privaciones arbitrarias de la vida y las graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en medio del persistente conflicto armado.

El documento, resalta la acción de los grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo, los Caparros y la mafia, así como de las organizaciones criminales transnacionales que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas del narcotráfico, minería, despojo de tierras y la cooptación del Estado local y regional en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Guanía y Putumayo, entre otros departamentos.

Manifiesta su profunda preocupación por las disidencias de las FARC, la vuelta a las armas de algunos ex comandantes del equipo negociador de La Habana y la persistencia en la lucha armada del EPL y el ELN.

El informe registra 36 masacres con 133 personas asesinadas, la cifra más alta registrada desde 2014, además de 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incrementándose en un 50% comparado con el año 2018. Algunas de estas personas que participan en procesos judiciales y que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, son víctimas de hostigamientos. Por eso, una conclusión tajante del Comisionado es que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. 

A esto se suma que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado son insuficientes o corruptos. Particularmente, las autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas y de Policía, no cumplen de manera adecuada, eficiente y correcta su misión en un importante número de situaciones.

Los señores obispos de Apartadó, Quibdó y Tadó, en septiembre del año pasado, exhortaban a la comunidad del Chocó y al país diciendo: “Ante las problemáticas de un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y la delincuencia organizada, es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz. Se requieren políticos y gobernantes constructores de paz, porque como afirma el papa Francisco: la buena política está al servicio de la paz. En este sentido, el reclamo por el desarrollo debe inspirarse en criterios de humanismo, sustentabilidad y autonomía territorial”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General del CINEP/Programa por la Paz

Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

El 11 de marzo el Comité Cedaw hizo públicas sus observaciones al Estado Colombiano. Destacan entre ellas la insistencia en la implementación del Acuerdo de Paz con miras a la garantía de los derechos de las mujeres rurales, la protección a las defensoras y la necesidad de avanzar en la formulación de indicadores desagregados y diferenciados geográficamente pues sólo a través de estos se podrán desarrollar políticas que realmente protejan a las mujeres. En el caso específico de las mujeres rurales y campesinas, el Comité llama la atención sobre la necesidad de estrategias para fortalecer la participación de estas mujeres en instancias de negociación, planeación y toma de decisiones, y de medidas para aumentar el acceso a tierras.

 

Lee también: