Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Es inadmisible que la construcción de la paz en Colombia nos lleve a reeditar la violencia y el conflicto armado. Fue lo primero que los jóvenes que votaron por el sí y por el no a la paz quisieron expresar los días posteriores al plebiscito por la paz en 2017. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos días en Colombia por parte de sectores del gobierno y del partido Centro Democrático es una estrategia que se basa en oponerse, de manera tajante, a que el Acuerdo de Paz se desarrolle y eche raíces en la sociedad colombiana. No hay voluntad política, si bien se hicieron muchos de los cambios exigidos por ellos luego del Plebiscito. Ese fue el Acuerdo Final que se firmó y el Congreso confirmó. 

Existen varios hechos para afirmar lo anterior: no hay gestión ni priorización de recursos para financiar el Acuerdo de Paz, lo que se está invirtiendo es en gran parte el presupuesto normal. No hay una estrategia efectiva de seguridad para parar el genocidio en contra de los excombatientes del partido FARC. Tampoco se avanza en el punto de reforma rural integral, ni de participación política, ni se aplica la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, como si fuera poco, se ataca con vehemencia y con argumentos inconsistentes el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para las víctimas. 

Hemos sido testigos, en las últimas semanas, de la presión que ha recibido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y especialmente, su presidente el Sacerdote Jesuita, Francisco de Roux Rengifo, de manera directa por miembros del partido de gobierno levantando acusaciones infundadas cuyo fin es poner en tela de juicio un trabajo difícil en un país que ha vivido sesenta años de violencia. 

La verdad que se pretende construir sobre el conflicto no puede ser una verdad filosófica, ni tampoco religiosa, ni ideológica, ni científica. Tampoco puede ser una verdad que solo sea la versión de un solo sector de la sociedad. La verdad que se busca es una verdad histórica, compartida, que surge de la confianza de múltiples actores, que se teje con los finos hilos de acuerdos profundos y transparentes y con agujas de confianza y honestidad, por parte de todos los sectores sociales. Una verdad que no es absoluta, ni taxativa ni cerrada, sino una verdad que nos dé la posibilidad de hacer la justicia restaurativa que necesitemos y no una justicia punitiva para el castigo de algunos que se los haga ver como únicos culpables. Una verdad que repare a las víctimas y les restablezca sus derechos como ciudadanos. Una verdad que nos dé la oportunidad reconciliarnos para hacer justicia social, que genere los cambios necesarios para que seamos reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas. Una verdad que no puede ser puesta en el marco de los dividendos políticos, ni de sus mezquinos intereses. 

El evangelista Juan nos dice: "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Esta verdad es una experiencia de seguimiento a Jesús, en la que el creyente genuino experimenta la verdad como un acontecimiento de libertad y de amor. El criterio para discernir y vivir la verdad es todo aquello que conduce al proyecto del Reino de Dios, el cual es: que la historia, la creación en su conjunto y los seres humanos, en comunión, vivamos en camino hacia la plenitud de la justicia, de la libertad y del amor gratuito con Dios. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El veinte de julio pasado inició una nueva legislatura del Congreso de Colombia, con la esperanza de que realmente tenga un papel pertinente en tiempos de covid-19. Pues, hasta el momento, como lo analiza la Misión de Observación Electoral -MOE-, en un reciente informe, el Congreso se volvió un espectador de las medidas adoptadas por el Presidente de la República, no actuó como un órgano de control político y se limitó a ser un apéndice del Gobierno.

El Informe de la MOE agrega que, durante la última legislatura, el Congreso no contó con una adaptación rápida al contexto generado por el Covid-19, lo que no permitió una formulación de propuestas dirigidas a enfrentar la emergencia.

Nos recuerda este informe que, adicional al control judicial realizado por la Corte Constitucional, el Congreso de la República está llamado a realizar un control político al Gobierno nacional respecto a la declaratoria del estado de emergencia y el correcto ejercicio de las facultades excepcionales que le son otorgadas por la Constitución Política. Sin embargo, debido a las controversias generadas sobre la forma en que debía sesionar el Congreso, si eran válidas o no las sesiones virtuales o si necesariamente tenían que ser presenciales, se perdió tiempo valioso para ejercer un control dinámico y efectivo a las medidas adoptadas en el estado de excepción y no generó respuestas a la crisis desde las demandas de la ciudadanía. No hay duda que, el momento que atraviesa nuestro país requiere más que nunca del correcto funcionamiento del Congreso. Más que nunca su trabajo debe ser eficiente y eficaz, pero todo quedó reducido al formalismo y a los mecanismos metodológicos de cómo sesionar, desatendiendo lo que los ciudadanos necesitan: legislar para solucionar los problemas acuciantes de semejante pandemia.

A esto se agrega los debates sobre los acuerdos interpartistas para elegir al nuevo presidente del Congreso y de cómo en esto se favorece más las conveniencias que las calidades profesionales, políticas y éticas de los candidatos. Para el caso actual, el acuerdo interpartidista para elegir la presidencia del Congreso, promocionó el nombre de Arturo Char. Según el analista León Valencia, el señor Char está señalado por Aida Merlano de participar en la trama de corrupción que la llevó a la cárcel y también de haber participado en la burlesca fuga que protagonizó la condenada. Igualmente, la Corte Suprema adelanta una indagación. A pesar de ser un impedimento ético indiscutible su opción está en pie. Pero si esto fuera poco, añade Valencia, la organización “Trabajen Vagos” le registra, a Char, ciento cuarenta y nueve inasistencias al Congreso entre los años dos mil catorce a dos mil dieciocho. Es decir, ¿una persona que no tomó en serio su responsabilidad como congresista, metido en deshonestas investigaciones judiciales, es quien ha sido tenido muy en cuenta para orientar las labores del Congreso? En Colombia seguimos utilizando los cargos públicos para alimentar los bolsillos propios y para desarrollar el más desvergonzado clientelismo político; mezclado con negocios legales e ilegales, que a su vez están defendidos por las armas de grupos ilegales y algunos sectores armados legales.

Necesitamos en Colombia una nueva visión y práctica del papel del Congreso como el espacio de poder que legisla, que elabora las leyes que nos gobiernan. En consecuencia, debería ser el escenario por excelencia de la participación y de la democracia de una nación. Por eso, es indispensable y estamos en mora, desde hace ya décadas, de corregir el rumbo del Congreso, ponerlo al servicio de la construcción de un país diverso e incluyente, limpiarlo de las elites clientelistas y corruptas que lo utilizan para sus beneficios egoístas.

El Papa Francisco en el mensaje para la celebración del Día Mundial de la Paz del año pasado expresó: “Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción".

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La violencia sexual es un delito perverso y repugnante que se ensaña especialmente contra las niñas y mujeres jóvenes en Colombia. Según Medicina Legal, los delitos sexuales en el país se han mantenido por encima de los veintiún mil casos anuales en los últimos diez años. En dos mil dieciocho llegó a la alarmante cifra de veintidós mil setecientas ochenta y ocho denuncias. Es decir que, cada día, sesenta y dos niños, niñas y jóvenes entre los cero y diecisiete años, fueron abusados. Las niñas llevaron la peor parte; representan cerca del ochenta y cinco punto cinco por ciento de las denuncias. Actualmente, cada día de cuarentena son abusados sexualmente veintidós niñas y cuatro niños. Además de los reprochables hechos que con frecuencia suceden en el círculo familiar cercano, están los casos generados por integrantes de instituciones escolares, deportivas, de iglesias de distintas denominaciones, de la fuerza pública y de los actores armados ilegales, en medio del conflicto armado que aún vive el país. Infortunadamente, es un fenómeno tan recurrente que no se puede reducir a unos casos aislados, este problema es más profundo y estructural de lo que difunden los medios.

Pero lo más indignante y doloroso es que el noventa y ocho por ciento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad, según lo expresa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. La acción de la justicia es ineficiente y muchas veces normaliza y excusa estas conductas. La repetida impunidad, desalienta a las víctimas que ven como una y otra vez son revictimizadas en los procesos. Preguntémonos: ¿Cómo transformar la cultura machista y patriarcal que ha sido parte de la generación de este fenómeno? ¿Qué pasa cuando quienes deberían educar, proteger y defender los derechos de los menores son quienes los vulneran?

Las consecuencias que se derivan del abuso sexual a menores son múltiples: embarazos precoces y no deseados; aislamiento de las niñas; abandono del proceso escolar; exposición a trabajos precarios y se perpetúa el círculo del abuso sexual violento. Esto sin contar con las consecuencias psicológicas, morales y físicas.

En este contexto se necesita redoblar esfuerzos y compromisos que van desde la aplicación de políticas públicas pertinentes para trabajar el fortalecimiento de las familias, hasta programas de educación sexual en la escuela, articulados a programas que entidades eclesiales y de sociedad civil lleven a cabo. Programas que garanticen la igualdad de género, el cierre de brechas para que las menores y jóvenes tengan mayores oportunidades y elementos para fortalecer sus decisiones y afrontar situaciones de vulnerabilidad. De igual manera es necesario apoyar cambios de fondo en la aplicación de una justicia que realmente aporte a la superación de la impunidad contra las víctimas inermes.

En el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, en febrero del año pasado, el Papa Francisco nos hace ver que estamos ante un problema universal que desgraciadamente se ve en todas partes. El abuso sexual a menores es una plaga universal y a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. No se puede comprender el abuso sexual a menores sin tomar en consideración que siempre es la expresión del abuso de poder. Debemos tomar medidas prácticas, científicas y sociales, pero también medidas espirituales que el mismo Señor nos enseña para vencer el espíritu del mal.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


 El pasado diecinueve de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó, por unanimidad y mediante resolución, el racismo sistemático y la violencia policial. La resolución fue una iniciativa de urgencia generada por varios países africanos, luego del asesinato de George Floyd, el pasado mayo en Estados Unidos, y de las manifestaciones contra el racismo en varios países del mundo. Una primera redacción del texto pedía crear una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer el racismo en Estados Unidos, pero al final la redacción de la resolución fue suavizada, por presión del gobierno norteamericano; simplemente se pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elaborar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional y los malos tratos contra los africanos por las fuerzas de seguridad. Nuevamente, el gobierno norteamericano, da la espalda a las víctimas de la violencia policial y a las personas negras, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Pero Colombia no es la excepción en estos hechos de racismo y uso de la violencia sistemática. Los informes de la Defensoría, la Procuraduría y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, registran hechos perpetrados tanto por los grupos armados ilegales como por sectores de la fuerza pública sobre las comunidades indígenas, negras, campesinas, pobladores urbanos de barrios populares y, especialmente, sobre los líderes, lideresas y sectores juveniles de las universidades públicas y privadas. Un caso reciente fue la muerte de Anderson Arboleda en mayo pasado. Un joven de 21 años, afrodescendiente y residente en Puerto Tejada (Cauca) quien, según el relato de sus familiares, en plena cuarentena de Covid-19, al llegar a la puerta de su casa, dos uniformados le llamaron la atención, le pusieron un comparendo y la respuesta a la protesta del joven fueron cinco ‘bolillazos’ en la cabeza. Pasadas algunas horas, Anderson murió en la clínica Valle de Lilí de Cali.

Existen igualmente hechos registrados en diversas zonas del Chocó, Catatumbo, centro y sur del Pacífico colombiano, donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, son golpeadas por el conflicto armado, las mafias del narcotráfico y la corrupción del Estado. Estos hechos también expresan un racismo y una violencia sistemática. Sobre ellos, históricamente, ha recaído la exclusión, el no reconocimiento e irrespeto de sus modos de vida, de su sabiduría, de sus formas de convivencia, de sus maneras de relacionarse con la naturaleza, de sus economías, de sus experiencias espirituales, entre otros aspectos.

El racismo no solo es depreciar una raza distinta a la propia, sino desconocer y someter a los otros que son diferentes, que tienen otras costumbres y creencias, distintas a lo definido por la cultura dominante. Para el racismo, las otras culturas no tienen derecho a existir. En el centro del racismo está la negación por lo diferente. Busca reprimir, excluir y no reconocer la diversidad cultural, y se vuelve más violenta en la medida que ellas resisten y no declinan en sus costumbres, tradiciones y creencias. En este sentido las culturas dominantes y racistas definen y controlan qué es lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo justo y lo sagrado.

En los primeros días de este mes el Papa Francisco condenó el pecado del racismo y mencionó a George Floyd como víctima de un homicidio trágico. “No podemos cerrar los ojos a cualquier forma de racismo o exclusión al tiempo que pretendemos defender lo sagrado de toda vida humana”, dijo. En esta lógica, el Papa llamó al obispo de Texas, Mark Seiz, de El Paso, para apoyarlo en la campaña por la defensa de un trato justo para los inmigrantes y por su participación en la protesta pacífica que tuvo como consigna “las vidas negras importan” y en la que el obispo encabezó la oración inclinado de rodillas.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

El movimiento Defendamos la Paz ha enviado una carta dirigida a Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como protesta frente a la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz y ocultar la inacción del Gobierno respecto a su implementación. A continuación la carta completa.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020

Señor
Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación en Colombia
NACIONES UNIDAS
Ciudad


Apreciado Señor Ruiz Massieu:

Nos dirigimos a usted para compartir nuestra preocupación y, a través suyo, alertar al Secretario General y a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las embestidas en contra de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus.

Como movimiento Defendamos la Paz, elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz. La crisis sanitaria no solo permite ocultar la inacción del Gobierno. Más importante aún, alimenta la campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación de la paz.

Defendamos la Paz se pronuncia en contra de designios para que las reformas del Acuerdo de Paz, que el Gobierno y el partido de Gobierno fracasaron en obtener por vía legislativa, se hagan realidad por la puerta de atrás, mientras la ciudadanía permanece concentrada en la pandemia.

Llamamos la atención de la Misión de Verificación, de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad sobre los hechos listados a continuación.

  1. EL AUMENTO DE ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES

Nos acercamos a la cifra de 200 excombatientes asesinados. La Misión de Verificación ha registrado 197 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP.

En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a 24 de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no son convocados por el Gobierno.

A continuación sigue la carta completa: