Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La violencia sexual es un delito perverso y repugnante que se ensaña especialmente contra las niñas y mujeres jóvenes en Colombia. Según Medicina Legal, los delitos sexuales en el país se han mantenido por encima de los veintiún mil casos anuales en los últimos diez años. En dos mil dieciocho llegó a la alarmante cifra de veintidós mil setecientas ochenta y ocho denuncias. Es decir que, cada día, sesenta y dos niños, niñas y jóvenes entre los cero y diecisiete años, fueron abusados. Las niñas llevaron la peor parte; representan cerca del ochenta y cinco punto cinco por ciento de las denuncias. Actualmente, cada día de cuarentena son abusados sexualmente veintidós niñas y cuatro niños. Además de los reprochables hechos que con frecuencia suceden en el círculo familiar cercano, están los casos generados por integrantes de instituciones escolares, deportivas, de iglesias de distintas denominaciones, de la fuerza pública y de los actores armados ilegales, en medio del conflicto armado que aún vive el país. Infortunadamente, es un fenómeno tan recurrente que no se puede reducir a unos casos aislados, este problema es más profundo y estructural de lo que difunden los medios.

Pero lo más indignante y doloroso es que el noventa y ocho por ciento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad, según lo expresa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. La acción de la justicia es ineficiente y muchas veces normaliza y excusa estas conductas. La repetida impunidad, desalienta a las víctimas que ven como una y otra vez son revictimizadas en los procesos. Preguntémonos: ¿Cómo transformar la cultura machista y patriarcal que ha sido parte de la generación de este fenómeno? ¿Qué pasa cuando quienes deberían educar, proteger y defender los derechos de los menores son quienes los vulneran?

Las consecuencias que se derivan del abuso sexual a menores son múltiples: embarazos precoces y no deseados; aislamiento de las niñas; abandono del proceso escolar; exposición a trabajos precarios y se perpetúa el círculo del abuso sexual violento. Esto sin contar con las consecuencias psicológicas, morales y físicas.

En este contexto se necesita redoblar esfuerzos y compromisos que van desde la aplicación de políticas públicas pertinentes para trabajar el fortalecimiento de las familias, hasta programas de educación sexual en la escuela, articulados a programas que entidades eclesiales y de sociedad civil lleven a cabo. Programas que garanticen la igualdad de género, el cierre de brechas para que las menores y jóvenes tengan mayores oportunidades y elementos para fortalecer sus decisiones y afrontar situaciones de vulnerabilidad. De igual manera es necesario apoyar cambios de fondo en la aplicación de una justicia que realmente aporte a la superación de la impunidad contra las víctimas inermes.

En el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, en febrero del año pasado, el Papa Francisco nos hace ver que estamos ante un problema universal que desgraciadamente se ve en todas partes. El abuso sexual a menores es una plaga universal y a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. No se puede comprender el abuso sexual a menores sin tomar en consideración que siempre es la expresión del abuso de poder. Debemos tomar medidas prácticas, científicas y sociales, pero también medidas espirituales que el mismo Señor nos enseña para vencer el espíritu del mal.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


 El pasado diecinueve de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó, por unanimidad y mediante resolución, el racismo sistemático y la violencia policial. La resolución fue una iniciativa de urgencia generada por varios países africanos, luego del asesinato de George Floyd, el pasado mayo en Estados Unidos, y de las manifestaciones contra el racismo en varios países del mundo. Una primera redacción del texto pedía crear una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer el racismo en Estados Unidos, pero al final la redacción de la resolución fue suavizada, por presión del gobierno norteamericano; simplemente se pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elaborar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional y los malos tratos contra los africanos por las fuerzas de seguridad. Nuevamente, el gobierno norteamericano, da la espalda a las víctimas de la violencia policial y a las personas negras, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Pero Colombia no es la excepción en estos hechos de racismo y uso de la violencia sistemática. Los informes de la Defensoría, la Procuraduría y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, registran hechos perpetrados tanto por los grupos armados ilegales como por sectores de la fuerza pública sobre las comunidades indígenas, negras, campesinas, pobladores urbanos de barrios populares y, especialmente, sobre los líderes, lideresas y sectores juveniles de las universidades públicas y privadas. Un caso reciente fue la muerte de Anderson Arboleda en mayo pasado. Un joven de 21 años, afrodescendiente y residente en Puerto Tejada (Cauca) quien, según el relato de sus familiares, en plena cuarentena de Covid-19, al llegar a la puerta de su casa, dos uniformados le llamaron la atención, le pusieron un comparendo y la respuesta a la protesta del joven fueron cinco ‘bolillazos’ en la cabeza. Pasadas algunas horas, Anderson murió en la clínica Valle de Lilí de Cali.

Existen igualmente hechos registrados en diversas zonas del Chocó, Catatumbo, centro y sur del Pacífico colombiano, donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, son golpeadas por el conflicto armado, las mafias del narcotráfico y la corrupción del Estado. Estos hechos también expresan un racismo y una violencia sistemática. Sobre ellos, históricamente, ha recaído la exclusión, el no reconocimiento e irrespeto de sus modos de vida, de su sabiduría, de sus formas de convivencia, de sus maneras de relacionarse con la naturaleza, de sus economías, de sus experiencias espirituales, entre otros aspectos.

El racismo no solo es depreciar una raza distinta a la propia, sino desconocer y someter a los otros que son diferentes, que tienen otras costumbres y creencias, distintas a lo definido por la cultura dominante. Para el racismo, las otras culturas no tienen derecho a existir. En el centro del racismo está la negación por lo diferente. Busca reprimir, excluir y no reconocer la diversidad cultural, y se vuelve más violenta en la medida que ellas resisten y no declinan en sus costumbres, tradiciones y creencias. En este sentido las culturas dominantes y racistas definen y controlan qué es lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo justo y lo sagrado.

En los primeros días de este mes el Papa Francisco condenó el pecado del racismo y mencionó a George Floyd como víctima de un homicidio trágico. “No podemos cerrar los ojos a cualquier forma de racismo o exclusión al tiempo que pretendemos defender lo sagrado de toda vida humana”, dijo. En esta lógica, el Papa llamó al obispo de Texas, Mark Seiz, de El Paso, para apoyarlo en la campaña por la defensa de un trato justo para los inmigrantes y por su participación en la protesta pacífica que tuvo como consigna “las vidas negras importan” y en la que el obispo encabezó la oración inclinado de rodillas.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El año pasado, los cultivos de coca y la producción de cocaína aumentaron en Colombia. Fueron doscientas doce mil hectáreas y novecientas cincuenta toneladas de cocaína, una cifra récord, según mediciones del gobierno estadounidense. Desde esta cifra el presidente Trump incitó al mandatario colombiano Iván Duque a retornar a la fumigación con glifosato, suspendida desde hace cinco años por el gobierno Santos, ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que consideró este herbicida como probablemente cancerígeno. La meta es reducir a la mitad los sembrados en tres años, incluyendo la erradicación manual forzada y un desarrollo alternativo, mil veces prometido, pero nunca bien diseñado.

¿Pero qué están viviendo hoy las comunidades cocaleras en Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, sur del Tolima, norte del Cauca, bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, sur de Córdoba y del Pacífico?

El gobierno está aplicando la erradicación forzosa de los cultivos de coca, apoyado en la militarización y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, a esto se suma la presión de los grupos armados ilegales del narcotráfico y las guerrillas por el control de la producción y de las rutas del narcotráfico, lo que ha causado hechos violentos, judicialización de la movilización social y deplorables asesinatos en varias regiones.

Por otra parte, ciento treinta mil familias de estas comunidades, con la esperanza de transformar su economía, se acogieron al Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), producto del Acuerdo de paz, una alternativa de erradicación voluntaria que propone un proceso de transición económica, legalización de tierras, construcción de vías, servicios públicos, fomento, asistencia técnica y bancarización agropecuaria, productos comercializables y rentabilidad. Sin embargo, el gobierno, no está cumpliendo con el desarrollo del PNIS, los procedimientos en esa dirección son lentos, no hay voluntad política ni financiación ni las estrategias para perseguir a los narcotraficantes, reales dueños del negocio, son eficientes. En su lugar, el gobierno está aplicando prioritariamente la erradicación forzada y abre la puerta a la posibilidad de la aspersión con glifosato. Paradójicamente, ya está probado por años que estas estrategias son más costosas, ineficientes, impulsa la acción de los ilegales, no resuelve los profundos problemas de las comunidades y, al contrario, las hunde más en sus agobiantes problemas.

Hace un año los obispos del Pacífico y del Suroccidente del país expresaron un rotundo no a la fumigación con glifosato, al afirmar: “Rechazamos frontalmente la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de la República de Colombia de reanudar las negativas para la vida humana y el medio ambiente; consideramos que el gobierno debe tener en cuenta que la presencia de estos cultivos es, en muchos casos consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones. Invitamos al gobierno a que se exploren mecanismos complementarios que den una respuesta más integral sobre esta problemática que afecta a nuestros pueblos. Igualmente convocamos a toda la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante; reiteramos el llamado al gobierno a que se priorice la protección de la vida humana, del medio ambiente y la sustitución voluntaria de cultivos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

“Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia”.

Papa Francisco, Vaticano, 27 de marzo de 2020

Como director del CINEP/Programa por la Paz, expreso un cálido saludo a las personas, organizaciones, agencias y entidades de cooperación, así como a las instituciones sociales, académicas y públicas con las que realizamos en alianza nuestra labor. Mis mejores deseos de buena salud y bienestar en medio de esta grave situación en la que necesitamos la mayor fortaleza y solidaridad.

El CINEP/PPP, durante dos meses de confinamiento, no ha parado ni un solo día de realizar sus servicios de investigación, construcción de información, acompañamiento, comunicación e incidencia, en medio de los cambios que exige el actual contexto de la pandemia.

Esta situación ha obligado a organizar planes de contingencia con nuestros Equipo de trabajo los cuales han sido consultados con los aliados locales, regionales y nacionales, y debidamente concertados con las agencias internacionales de cooperación, las redes internacionales a las que pertenecemos y las organizaciones e instituciones aliadas en el país.

Como todos sabemos, estamos aún en un tiempo de desarrollo de la enfermedad y el estado de incertidumbre tiene un alto nivel de presión, sin llegar aún al máximo de desarrollo. Aun así, sabemos y estamos acompañando, en medio de las limitaciones del aislamiento obligatorio, la dura y dolorosa situación que viven las comunidades y organizaciones sociales con las que nos relacionamos en todo el Pacífico colombiano, en el sur de Córdoba, sur de la Guajira, Sierra de Santa Marta, la frontera colombo/venezolana desde la Guajira hasta Arauca, el Putumayo, algunas comunidades indígenas de la Amazonia, campesinas del Valle del Cauca, Magdalena medio, Boyacá y urbanas en Soacha. El equipo de personas del CINEP/PPP está atento a la situación de las comunidades locales donde hacemos presencia, estamos haciendo llegar no solo nuestra voz de ánimo, sino también algunas ayudas materiales para las emergencias de alimentación y salud. Esto ha sido posible porque las agencias y entidades aliadas están comprometidas con la difícil situación que viven las comunidades, así como por el esfuerzo personal y colectivo de nuestro equipo quienes han donado parte de su salario a la campaña de solidaridad que estamos realizando.

De otra parte, nos preocupa sobremanera que, en medio de semejante situación de enfermedad, se continúe asesinando, amenazando y persiguiendo a los líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, especialmente en la zona andina del departamento del Cauca, pero igualmente en norte de Santander, Putumayo y Antioquia, por solo nombrar algunas regiones. Igualmente, estamos impulsando en diversos escenarios de redes y aportando con análisis para que el actual Gobierno y el ELN vuelvan a reiniciar las conversaciones y que propicien un diálogo que genere resultados efectivos en términos humanitarios y de paz para el país.

A todas las personas y entidades que les llega este Boletín del CINEP/PPP, aliados, locales, nacionales e internacionales, les queremos agradecer su apoyo, credibilidad y solidaridad en nuestro trabajo. Nosotros estamos atentos, con el mayor interés, a sus solicitudes e invitaciones.

Fraternalmente; Luis Guillermo Guerrero Guevara. Director general CINEP/PPP.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


En medio de la pandemia la ciudadanía está llamada a ser responsable de sus actos. Pero no se puede hablar de ciudadanía en general, los ciudadanos y ciudadanas viven en territorios concretos, bajo condiciones y oportunidades diferentes. Sin embargo, las autoridades decretan el cumplimiento de normas para evitar el contagio y la expansión de la enfermedad, como si no existieran estas diferencias.

¿Cómo exigirle a una madre cabeza de hogar que cumpla con un confinamiento obligatorio si tiene hijos y trabaja como vendedora ambulante en la calle? ¿Cómo exigirle a una familia campesina, con las carencias de su vereda, que no vayan al pueblo a vender sus productos y a comprar artículos de primera necesidad?

Medidas generales sin condiciones para realizarlas solo llevan al fracaso. Buena parte de la población colombiana está en una compleja encrucijada: quedarse en casa sin lo básico para vivir, generando condiciones de salud riesgosas y ambientes de convivencia duros de sobrellevar o, salir a la calle a conseguir lo básico para vivir, pero exponiéndose al contagio. Mientras que las ayudas y subsidios del Estado llegan a cuenta-gotas.

Para superar este desafío de salud pública, de economía y de bienestar individual y comunitario, que implica la pandemia, es clave recordar algunos valores éticos y cívicos primordiales.

La solidaridad, entendida como la superación de nuestros instintos egoístas para adoptar una actitud de empatía y comprensión, no solo con las personas que amamos sino con los desconocidos.

La compasión que implica fraternidad y altruismo, más allá de buenas intenciones exige una actuación comprometida.

La reciprocidad: exige un reconocimiento y respeto de la dignidad humana que busca realizar en nosotros mismos el cambio que deseamos ver en el mundo.

La justicia, que implica reconocimiento de las diferencias, equidad y redistribución de los bienes en el marco de la realización de los derechos humanos.

La honestidad: busca la claridad en los actos en contra de la corrupción y la malversación de bienes y recursos.

Y, finalmente, el cuidado de sí, que implica ser responsable de nuestras actitudes y comportamientos en relación con el otro, a efectos de transformar mis propias limitaciones; esta es una práctica social, hoy más necesaria que nunca.

Pedro Trigo, teólogo jesuita nos dice:

“La pandemia también ha puesto al descubierto la gran dosis de solidaridad que existe. Sin ella se hubieran muerto muchísimos más. La solidaridad se organiza en redes de servicio y muestra que existen otras posibilidades y que no estamos condenados a la inhumanidad del desorden establecido. No solo dar cosas, también muchos dan de sí y se dan a sí mismos y por eso contribuyen decisivamente a que esta situación no deshumanice a los que la sufren y se creen ambientes liberados en los que reina la humanidad”. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.