Con el lema “50 años por la vida, la justicia y la paz” el Cinep/PPP celebra 50 años de investigación, educación popular e incidencia en defensa de los Derechos Humanos con un nuevo sitio web, la producción de un libro sobre nuestra historia, descuentos en publicaciones, conversaciones virtuales y presenciales, y otras actividades.

En mayo próximo el Cinep/Programa por la Paz cumple 50 años. El legado de este Centro Social de la Compañía de Jesús se celebrará durante el año junto a las comunidades que acompañamos, organizaciones sociales y nuestros cooperantes. Trabajaremos en la producción de un libro y haremos diversas actividades presenciales y virtuales que buscan, además de mostrar la historia de la institución, dar la voz a los pueblos campesinos, indígenas, afros, mujeres, líderes sociales, y jóvenes quienes, como hace cinco décadas, están en el centro de nuestras acciones de investigación, acompañamiento, educación e incidencia.

Nuestro aniversario traerá consigo un nuevo sitio web para nuestras publicaciones y también para múltiples contenidos, entre ellos nuevos servicios virtuales. Esta será una de las formas en que el Cinep/Programa por la Paz buscará unirse al amplio público que ha protagonizado y seguido su labor en medio siglo de historia.

En este aniversario, además de disponer de un relato del enorme acumulado de la institución, se quiere proponer conversaciones y reflexiones de interés público para Colombia en momentos en que la sociedad, en especial las comunidades excluidas y víctimas, reclaman más que nunca la paz, la justicia social y el respeto por los derechos humanos con garantías para el ejercicio democrático. Por su parte, el libro conmemorativo abordará diversos temas de investigación y de interés actuales en un diálogo colectivo e intergeneracional sobre la historia de Cinep y su apuesta para los próximos años.

El Cinep/PPP nació el 30 de mayo de 1972 como el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de los jesuitas en Colombia, “una obra que nos ayuda a entender el contexto, a entender la realidad en la cual estamos trabajando”, relata Hermann Rodríguez S.J., provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. “El superior general en ese momento, el Padre Pedro Arrupe, pidió a las provincias de los jesuitas en América Latina que tuvieran centros de reflexión e investigación sobre temas sociales, políticos y económicos, de manera que nuestra acción como jesuitas en el campo educativo, de la pastoral social, de la acción parroquial no estuviera como desentendido del contexto en el cual se desarrollaba esa misión”, afirma el padre Rodríguez en entrevista con el Cinep/Programa por la Paz.

Más adelante, se transformó en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y, en 2006, se fusionó con el Programa por la Paz y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política potenciando el impacto de sus esfuerzos. A partir de ese momento, se conoce como Cinep/Programa por la Paz (Cinep/PPP), una institución que hace presencia territorial en 28 departamentos y 121 municipios de Colombia. Solo en 2021, Cinep trabajó con 378 organizaciones sociales del país. Y a inicios de 2022 fue reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como centro de investigación en su máxima categoría A1. Además, como Fundación cuenta con el sello de Calidad ISO Icontec 9001. 

En su largo trasegar, a la par con múltiples frutos en defensa de la vida y los territorios, la institución ha sufrido pérdidas irreparables como el asesinato de Elsa Alvarado, su padre don Carlos y Mario Calderón, y la de numerosos líderes y lideresas sociales que nos han ayudado en este caminar. Por eso, en homenaje a ellos, la conmemoración de nuestros 50 años comienza con una celebración de su vida.

Les compartimos los momentos agendados a la fecha y les invitamos a estar atentos a nuestros canales de información para unirse a las diversas actividades.

- Conversatorios 50 años Cinep en Filbo.

Presentación de novedades editoriales 2020-2022: Investigación y publicaciones durante la pandemia.

Miércoles 27 de abril, 5 pm.

Modalidad: Presencial en Sala C de Corferias, Bogotá (con transmisión por redes sociales Cinep).

"Las revistas del Cinep y su visión del país".

Viernes 29 de abril, 2 pm.

Modalidad: Presencial en Sala E de Corferias, Bogotá (con transmisión por redes sociales Cinep).

- Celebración ecuménica en homenaje a la vida de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado. 

Jueves 19 de mayo, 11 am.

Modalidad: Presencial en Cinep/PPP (Cra 5 No 33B-02 Bogotá). Cupo limitado.

Transmisión virtual por https://youtu.be/0rBY3D9ZSWM

Confirmar asistencia presencial a:
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- Lanzamiento Sitio web cinep.org.co

Lunes 30 de mayo.

Modalidad: Virtual.

- Celebración central

Acto de apertura: Martes 26 de julio, 5 pm.

Diálogos "El país que soñamos"

Modalidad: Presencial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, auditorio Luis Carlos Galán. Edificio 3. (con transmisión por redes sociales Cinep).

Miércoles 27 de julio, desde las 8:30 am.

Diálogos sobre Conflicto y derechos humanos; Tierra, despojo y extractivismo; y movilización.

También se realizarán actividades exclusivamente virtuales.

Jueves 28 de julio, desde las 9 am.

Diálogos sobre Educación; Investigación; y Paz.

Espera más detalles de nuestra programación en nuestro sitio web cinep.org.co y en las redes sociales con la etiqueta #Los50deCinep y #50añosporLaVida. Además, desde ahora podrás unirte a nuestros canales de información en tu celular:

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Por último, queremos compartir la alegría de alcanzar 50 años de luchas por una Colombia justa y en paz con descuentos de 15% en todos nuestros títulos a la venta y hasta el 50% en algunas publicaciones seleccionadas que pueden adquirir escribiendo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o en nuestra tienda virtual en https://www.cinep.org.co/publicaciones/

Por: Equipo de comunicaciones e incidencia Cinep / PPP.

Tras múltiples homicidios, amenazas, desapariciones, torturas, desplazamientos, confinamientos, retenciones, violencias sexuales, reclutamiento y utilización de niños en la guerra, y otras afectaciones por el conflicto armado que se recrudece en el sur del país, la sociedad civil de Nariño exige a los actores armados el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias y al gobierno impulsar diálogos urgentes para un Acuerdo Humanitario.

Consideraciones

La sociedad civil del departamento de Nariño y las organizaciones étnico-territoriales, mestizas y campesinas agobiadas por las graves y constantes afectaciones en las comunidades y sus territorios en razón al conflicto armado, previendo la necesidad de proteger los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos de la Ley 89 de 1890, Ley 70 de 1993 y los Tratados y estándares internacionales de Derechos Humanos y, promoviendo la necesidad de aplicar urgentemente el Derecho Internacional Humanitario, presentan la siguiente propuesta:

Principios Humanitarios

  1. Respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
  2. Respeto a la autonomía territorial y sus formas de gobierno.
  3. Implementación del enfoque étnico-territorial y del enfoque diferencial.
  4. Respeto de bienes civiles, sociales y de las fuentes de supervivencia económica. 

Contexto

En el marco del contexto de los últimos cuatro años, se ha presentado una continua violación de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario generando entre otras, homicidios selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, torturas, homicidios de autoridades étnicas, líderes sociales y comunales, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones de la libre movilidad, retenciones ilegales, violencia basada en género, violencia sexual, agresión sexual, abuso sexual, contaminación por uso de armas no convencionales, reclutamiento y utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y afectaciones a la población civil por erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito.

Esta situación se ha exacerbado por reconfiguración del conflicto armado en el país, especialmente en el Departamento, lo cual ha propiciado la presencia de múltiples actores armados en el territorio como la Fuerza Pública, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, las FARC-EP, los AGC-Contadores, los grupos sucesores del paramilitarismo y otros actores armados.

Este panorama ha permitido además la expansión del accionar armado y la afectación de la población civil en Nariño. En este sentido, persiste la vulneración de los derechos de las mujeres y el impacto diferenciado de la violencia sexual hacia las mujeres negras, indígenas, mestizas, campesinas y de la población LGTBI.

De igual forma, se presenta una dinámica creciente de economías extractivas y de explotación de los recursos naturales del territorio lo que afecta la sostenibilidad ambiental y la pervivencia de las comunidades étnicas.

La falta de inversiones y el abandono en estos territorios ha llevado a que miles de familias recurran al cultivo de hoja de coca, como mecanismo de subsistencia, lo cual ha traído enormes problemas a las comunidades y sus territorios. En respuesta a esta problemática, la región ha vivido un gran incremento de la presencia militar estatal, lo cual intensifica la violencia y sus consecuencias en contra de la población civil.

En razón a lo anterior, se evidencian múltiples afectaciones a la población civil del Departamento limitando el derecho a la participación, propiciando el menoscabo de la autonomía, cultura y territorio de comunidades indígenas, negras, mestizas y campesinas en Nariño y afectando el tejido organizativo y social.

Propuesta de la sociedad civil para un Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Nariño

Esta propuesta tiene como objetivo lograr un cumplimiento unilateral e irrenunciable de las obligaciones humanitarias de los actores del conflicto armado atendiendo a la realidad territorial y respetando los elementos propios de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas en Nariño desde una lógica étnico-territorial diferenciada.

Es así, como se presentan unos principios y acciones humanitarias mínimas demandables a los actores armados que permitan sustraer a la población civil de los efectos del conflicto.

A.    PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL Y DE LOS BIENES CIVILES, SOCIALES Y FUENTES DE SUPERVIVENCIA ECONÓMICA.

  1. Respetar la vida, integridad y libertad de la población civil, líderes y lideresas y defensores de derechos humanos.

  2. Abstenerse de llevar a cabo prácticas de desaparición forzada, de retenciones ilegales y/o privaciones arbitrarias de la libertad.

  3. Abstenerse de realizar actos de violencia sexual y/o cualquier otro acto que implique afectaciones a la integridad de la población civil, especialmente del uso de su cuerpo como arma de guerra.

  4. Respetar los bienes civiles, sociales y fuentes de supervivencia económica como viviendas, escuelas, casas y tiendas comunitarias, lugares de prácticas tradicionales, lugares sagrados y de culto, lugares de producción y/o bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, vehículos para el transporte terrestre, fluvial o marítimo y todos aquellos bienes que se destinen al uso civil. En la misma medida, respetar el medio ambiente como fuente de supervivencia de la población civil.

  5. Respetar las misiones humanitarias y sanitarias así como a sus bienes, centros de salud y personal médico, instalaciones, unidades y medios de transporte destinados a tareas sanitarias, misiones médicas, sanitarias o de cualquier otro instrumento de ayuda o de asistencia humanitaria.

B.    RESPETO A LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES.

  1. Abstenerse de ejercer cualquier tipo de ataque contra las comunidades, autoridades étnicas tradicionales y/o ancestrales del territorio.
  2. Respetar las actividades organizativas de Consejos Comunitarios, Resguardos y Cabildos Indígenas, comunidades indígenas y negras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y en general todas aquellas actividades y dinámicas de autonomía territorial.
  3. Respetar la integridad, autonomía y el gobierno propio de las comunidades étnicas tradicionales y ancestrales del territorio.
  4. No establecer objetivos militares, bienes o instalaciones militares en proximidades a bienes civiles, zonas pobladas, parcelas individuales o familiares y/o lugares de alta afluencia Esto incluye evitar su proximidad y abstenerse de realizar operaciones militares o ataques militares dentro de dichos territorios.
  5. No realizar ataques indiscriminados como bombardeos y otras acciones militares que puedan afectar a la población civil de forma directa o indirecta y en ese sentido respetar los condicionamientos humanitarios y los principios de proporcionalidad, precaución y distinción.
  6. Respetar la sagralidad de los territorios colectivos y ancestrales como resguardos indígenas, consejos comunitarios y territorios campesinos y en este sentido no intervenirlos o hacer uso de ellos como medio para para desenvolver el conflicto armado o para ejecutar operaciones o acciones militares.
  7. No realizar acciones que cambien o alteren las vocaciones productivas de las comunidades y que alteren las actividades o fuentes destinadas al desarrollo y la pervivencia de las mismas.

C.    PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL.

  1. Proscribir todos los actos de violencia en razón al conflicto que afecten la vida e integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI y de las comunidades étnicas.

  2. Cesar cualquier acto de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, miembros de las comunidades indígenas, negras, mestizas y campesinas, y miembros de las comunidades LGBTI. 

  3. Abstenerse de realizar actos de violencia sexual, explotación sexual, abuso sexual y/o cualquier otro acto que implique el uso del cuerpo de la mujer como instrumento de

  4. Abstenerse de ejecutar actos de violencia económica, social, cultural y cualquier otro acto que suponga la destrucción del conocimiento ancestral de las

  5. No impedir el retorno de los derechos de propiedad de las tierras a las mujeres por desplazamiento y/o cualquier otro acto de violencia vivida en los territorios ancestrales y

  6. Propiciar reparaciones individuales y colectivas hacia las mujeres por las pérdidas espirituales, humanas, territoriales y económicas vividas en razón del

D.    RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

  1. Proscribir el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y
  2. Finalizar la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, así como su presencia en zonas o campamentos

E.     RESPETO A LA LIBRE MOVILIDAD.

  1. Abstenerse de realizar acciones que afecten la libre movilidad de la población civil y/o acciones como desplazamientos, confinamientos, hostigamientos, bloqueos, asedios y cualquier otro tipo de restricción de movilidad o locomoción.

F.     PREVENCIÓN EN EL USO DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR.

  1. Abstenerse de usar armas, métodos y medios no convencionales en ninguna parte del territorio, entre ellas cilindros bomba, tatucos, minas antipersonal, armas trampa y/o cualquier otro artefacto que pueda afectar la vida e integridad de la población civil de forma directa o indirecta.
  2. Adelantar acciones de desminado humanitario en el entorno de las comunidades, escuelas y caminos veredales, ríos, bienes de carácter civil, social y/o bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

G.    CESE AL FUEGO BILATERAL Y SALIDA POLÍTICA Y NEGOCIADA DEL CONFLICTO.

  1. Propender por la convergencia de voluntades para lograr un cese al fuego multilateral que permita el escalamiento humanitario en la región.
  2. Minimizar los impactos del conflicto armado en la población civil y en ese sentido, retomar de manera urgente e inmediata los diálogos entre actores armados para la salida pacífica, política y negociada del conflicto.

H.    NO INCENTIVAR LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO.

  1. Permitir la implementación integral del Acuerdo Final, así como del contenido del Punto 4 del mismo, especialmente en lo referente a los pactos adelantados para el territorio de acuerdo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y de las actividades de sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito con las autoridades étnico territoriales.
  2. Abstenerse de promover, incentivar o sembrar cultivos de uso ilícito, así como otros cultivos o actividades que vayan en detrimento y afecten la autonomía territorial, identidad cultural y propiedades colectivas de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas.

Seguimiento y Verificación

Para el presente Acuerdo se propone que se constituya un comité de seguimiento y verificación el cual estará integrado por quienes suscriben el mismo en articulación con la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz y que cuente con el acompañamiento de organismos multilaterales y otras organizaciones e instituciones garantes y acompañantes que hacen presencia en el territorio.

Suscriben la presente propuesta,

Mesa Interétnica de Nariño                                                           

Consejo Comunitario Acapa

Palenque Afro Urbano                                                             

Consejo Comunitario Alto Mira Palenke Currulao de Nariño                                                      

Consejo Comunitario Rio Rosario

Agencia de Desarrollo del Pazcifico                                          

Red del Pacífico Nariñense- REDHPANA

Mesa Municipal de Mujeres Voces del Pacifico

Asociación de Lideresas del Pacifico Nariñense Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera

ABC Pacifico                                                                      

Resguardo Piguanbi Palangala Federación Comunal de Nariño                                                           

Pueblo Indígena Esperara Siapidara- ASIESNA

Asociación Porvenir Campesino -ASOPORCA                                   

Federación de Pescadores Artesanales Organización Biopacífico Colombia                                                             

Fundación Arcoíris

Red de Consejos Comunitarios del Pacifico -RECOMPAS                   

Red de Pobladores del Alto Patía- ASOPATÍA

Acompañan la presente propuesta,

Expresidente Ernesto Samper                                                                

Senador Antonio Sanguino

Senador Roy Barreras                                                                 

Senador Guillermo García Realpe

Senador Iván Cepeda                                                                  

Senadora Ángela María Robledo

Senadora Sandra Ramírez                                                                   

Senador Pablo Catatumbo

Senadora Aida Avella                                                                 

Representante María José Pizarro

Corporación Vivamos Humanos MamaCoca

Asociación de Municipios de la Costa Pacífica Sur- ASOMPAS

Resguardo Magui del Pueblo Awá del Municipio de Ricaurte

Red de Acueductos Comunitarios de Arboleda-Nariño

Personería de El Charco

Gobernación de Nariño- Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos

Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Nariño

Red de Programas de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ

Partido Comunes Nariño

Comité Agrario del Movimiento Campesino El Peñol Personería de Leiva

Personería de Policarpa                                                                        

Personería de Tumaco

Personería de Santa Bárbara                                                                   

Personería de El Rosario

Personería de Francisco Pizarro                                                                   

Personería de La Tola

Alcaldía de Cumbitara                                                                        

Personería de Cumbitara

Alcaldía Olaya Herrera                                                                       

Alcaldía de Santa Bárbara

Alcaldía de Mallama                                                                           

Alcaldía Roberto Payán Secretaría de Gobierno- Alcaldía de Policarpa                                                         

Coordinación Nacional Agraria- Nariño

Comité de Integración del Macizo Colombiano- CIMA Nariño

Territorio Campesino Agroalimentario de Norte de Nariño- Sur del Cauca

Movimiento Étnico Estudiantil Unidos por el Pacífico -META

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos- CPDH-Nariño

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda                       

Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño

Grupo Nariño Humanitario (Campaña Colombiana contra Minas, Fight for Humanity, Compromiso Humano, Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS)

Cofundadora de la Red Departamental de Mujeres

Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEUU

TELEMBI PACUAL Corrientes de Vida y Paz(UNIPA Telembi, Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, Consejería de Mujeres Indígenas, Movimiento Juvenil 15 de Agosto, Bernardo Erazo Consejo Departamental de Paz, Consejería de la mujer AWA indígena del Sandé)

Coordinación Territorial Tumaco Comisión de la Verdad

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz- INDEPAZ

Rodeemos el Diálogo

Representante Legal Iglesia Cristiana Pacto con Dios                        

Representante Legal de la Iglesia de Cristo Bet-EL Ministerio Bajo el Poder del Espíritu Santo                                                 

Asociación Colombia Profunda

Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar

Asociación de Parceleros del Toco- ASOCOMPARTO SOGUAMAR

Asociación de campesinos víctimas del conflicto armado de Aguas Blancas y Mariangola A

Asociación para el desarrollo de la mujer campesina Corporación para el Desarrollo Regional

MOVICE Capítulo Atlántico

Fundación Campesino Afrovíctimas del Cesar

Ruta Pacífica Valle del Cuca

ASODEMCUR

ENDA-Colombia

Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar ASCOCAMTICE

Comité Cívico por la defensa del agua, el territorio y los ecosistemas de Curumaní

Red de Derechos Humanos del Putumayo de Piamonte, Cauca y Cofanía

Jardines de Sucumbíos-Ipiales Nariño

Corporación para Educación y Autogestión Ciudadana- CEAC

Colectivo de Paz

Unión de Ciudadanas de Colombia

Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda         

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-WOLA

Fundación Sol y Tierra                                                           

Martha Burbano: Santamaría Fundación

Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino ORDEURCA

Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja- CREDHOS

Mesa Departamental de Mujeres de Nariño

Corporación Nibaru

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -REINICIAR

Consejo de Paz del municipio de Samaniego

 

A continuación el comunicado:

 

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Con alertas sobre el riesgo electoral en los próximos comicios se desarrollaron los #DiálogosCinep “La voz de las regiones de cara a las elecciones”. También se concluyó con la esperanza puesta en una ciudadanía que apuesta por la paz y la democracia. 

Este miércoles 9 de marzo los Diálogos Cinep escucharon “la voz de las regiones de cara a las elecciones” en los que Diego Rubiano, sub coordinador del observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) sostuvo que tras la firma del Acuerdo de Paz se habían celebrado los comicios más pacíficos pero ahora “estamos viendo unos niveles de violencia política como los de los 90”, agregando que “tenemos un retroceso lamentable, en medio de una crisis humanitaria profunda”.

Luis Carlos González, líder de la Asociación de Consejos comunitarios del Norte del Cauca, señaló que el incumplimiento del Acuerdo de Paz hace que las comunidades sean vulnerables y las elecciones estén en riesgo. Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga estuvo de acuerdo con el líder, añadiendo que actualmente “la violencia en general está equiparando al año 2014, que fue el último año más violento antes del Acuerdo”.

Desde el Bajo Atrato el líder José Angel Palomeque se refirió a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, afirmando que en algunos casos los aspirantes a estas curules aún no han recibido los dineros para adelantar sus campañas y a día de hoy “los aspirantes están dando la batalla desde donde pueden y lo que tienen para poder tener esa curul”. 

Pese a este panorama, tanto la directora de la Asociación Minga como el líder de Cauca estuvieron de acuerdo en que el país ha cambiado, y a día de hoy las personas son conscientes del valor de su voto, hay mayor participación en las candidaturas por parte de mujeres y pueblos étnicos; y hay una ciudadanía movilizada que indica que “hemos crecido como país” y que debemos hacer “uso del poder que nos da la Constitución” mediante el voto.

Con la moderación y cierre de Luis Guillermo Guerrero, investigador del Cinep / PPP, concluyeron los primeros Diálogos Cinep del año que quedaron grabados en el canal de Youtube:

Por: Equipo de comunicaciones e incidencia Cinep / PPP.

 

Desde 2021 se ha intensificado el conflicto armado en Guapi, Cauca, y, tras el paro armado decretado por el ELN, el temor de la población aumenta. Según una docente del territorio, la educación es la más afectada. En medio de los enfrentamientos, una niña resultó herida el pasado martes 22 de febrero.

Comunidades de Guapi denuncian que actores armados establecen horarios de circulación y los amenazan constantemente. Según los habitantes, la violencia arreció desde octubre de 2021 y se ha extendido hasta ahora, con un pico entre el 23 y 26 de febrero pasado cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado. Una docente del municipio, quien por seguridad pidió reserva de su nombre, habló con Cinep / PPP sobre las preocupaciones de los habitantes de esta olvidada zona del Pacífico colombiano, y la urgencia de un acuerdo humanitario.

¿Qué está pasando en Guapi?

Docente: Desde el mes de octubre de 2021 se han comenzado a presentar desplazamientos de la gente de la zona rural a la cabecera municipal. Esto se ha incrementado porque en la ruralidad se ha intensificado mucho el conflicto. Hay dos grupos al margen de la ley enfrentados y la población civil está en medio. 

Ese conflicto está concentrado en tres consejos comunitarios: Alto Guapí, Río San Francisco y Río Napi, esos son los consejos donde se ha vivido más el desplazamiento. Tenemos aproximadamente unos 300 niños desplazados en Guapí cabecera, lo cual ha llevado a que las maestras estén orientando las clases acá.

Ese conflicto también se ha ubicado en la cabecera municipal desde diciembre. Se han venido escuchando rumores de amenazas y la gente que se ha venido desplazando no está declarando por temor, porque los grupos armados les ponen condiciones para dejarlos venir y de alguna manera les restringen la posibilidad de que cuenten sus afectaciones.

En Guapi cabecera municipal hemos sido víctimas de amenazas y panfletos. No sabemos quién creó un grupo de WhatsApp y ahí se la pasan mandando mensajes amenazantes a la comunidad: Que van a poner bombas en los colegios u otros lugares y han asumido una guerra fuerte hacia la administración municipal. Eso ha detonado que las confrontaciones se agudicen en el municipio.

En el marco del paro armado que declaró el ELN se agravó la situación. El martes pasado en horas del recreo, a las 9:30 am, se presentó un enfrentamiento en el sector de La Once entre dos grupos. Había muchos niños y niñas y en ese cruce de armas resultó herida una niña de 12 años del Colegio San José. 

La niña recibió una bala en el pie, y hubo muchos niños que se lesionaron porque se formó un alboroto muy fuerte. Una niña tuvo convulsiones y quedó con una afectación psicológica; otros niños están en la misma situación. 

A raíz del paro armado, todos los días los pasamos encerrados porque los comunicados decían que teníamos que estar en la casa porque se iban a seguir enfrentando. La noche del jueves 24 de marzo hubo una confrontación en el barrio Puerto Cali y hubo capturados del ELN.

Este lunes todo se normalizó. La gente fue abriendo poco a poco, pero todavía se siente el temor. El comercio se cierra hacia las seis de la tarde. Antes de esto la gente ya estaba cerrando el comercio más temprano por la amenaza, y evitando salir mucho a la calle; ahora esto se agudizó más.

Este lunes se puede decir que el 90% de los niños no asistieron a clase, ahora está aumentando un poco el nivel de asistencia pero hay padres que se abstienen de mandar a sus hijos porque hay amenazas muy contundentes con relación a que van a poner bombas en colegios o en medio de la población civil.

¿Cómo ha afectado a la educación la intensificación del conflicto en Guapi?

D: El sector más afectado con esto ha sido la educación. A nivel rural podemos decir que el año pasado los niños y niñas no tuvieron clase porque los docentes de la zona rural viven en Guapi cabecera municipal, entonces habían ocasiones en que los maestros no podían subir a orientar sus clases por las confrontaciones. A veces el maestro subía cuando se le permitía el acceso, porque el enfrentamiento en la ruralidad ha sido permanente durante el año pasado. 

Desde octubre iniciaron los desplazamientos masivos y todo este tiempo esos niños no han estudiado. Son niños que están quedando con un vacío grandísimo a nivel de formación y también tienen su proyecto de vida afectado: son niños que tenían un contexto de vida diferente, tenían su dinámica cultural propia y tienen que desplazarse y volver a construir su vida. Son niños que han tenido una intermitencia en su formación educativa y que ha sido por la intensificación del conflicto. ¡Todo es muy difícil!

Una defensora me decía que había aproximadamente 60 familias que se han desplazado y no se quedan en Guapi, se van para Cerrito, Guacarí o Pradera y es gente que no declaró porque tenía temor pero que allá sí lo está haciendo. Todo eso ha incidido de manera directa en el proceso educativo de los niños y las niñas.

Ahora, tampoco la Secretaría de educación departamental ha tomado medidas para afrontar esta problemática. Recientemente, con algunos profesores se avanzó reubicando a los niños y profes en una sede educativa de Guapi cabecera para que reciban sus clases. En este momento hay aproximadamente nueve docentes orientando sus clases en la normal durante la jornada de la tarde, porque es el único colegio que está vacío en esa jornada. 

Pero los niños no están asistiendo mucho a clase, entonces hay que hacer un seguimiento para saber qué está pasando, cómo están sus familias, cómo están sus hogares.

¿Qué piden las comunidades para salir de esta situación?

D: Que haya acuerdos humanitarios. Exigimos que el Gobierno mire estas comunidades para sentarse con ellas y reflexionar sobre cómo se está presentando el conflicto y cómo nos está afectando como comunidad. Que el Gobierno Nacional haga una mesa no solo en Guapi sino en el Pacífico, porque esto también está pasando en Timbiquí y López de Micay, y que se revise la situación de la educación en el marco de esta emergencia y se hable de cómo el conflicto se ha agudizado.

Desde la educación, pedimos una mesa de educación en emergencia para hablar de cómo está crisis de orden público ha afectado la educación, y donde se pueda regular y se puedan tomar decisiones. Porque nosotros somos del departamento del Cauca pero no sentimos la participación de la Secretaría de Educación acá; necesitamos que asuma su rol y que vea que Guapi es parte del Cauca y tome medidas, imparta decretos y ponga a funcionar esas políticas públicas en el marco de toda esta crisis.

Por: Equipo de comunicaciones Cinep / PPP 

El próximo 13 de marzo serán los comicios para elegir los próximos congresistas. En los territorios PDET se elegirán además los 16 representantes por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Así es cómo funcionarán estas circunscripciones.

Luego de 5 años de curso en el Congreso, en agosto de 2021 se aprobó el Acto Legislativo que permitió a las víctimas y sus organizaciones tener representación en el legislativo a través de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Sebastián Beltrán, investigador de la Línea de construcción de Estado y paz en regiones conflictivas e integrante de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (STCIV) explicó la historia, funcionamiento y riesgos que enfrentan estas curules. 

¿Qué son las curules de paz y cómo lograron convertirse en Ley después de cinco años de firmado el Acuerdo de Paz?

SB: Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron creadas por el Acuerdo Final de Paz, contemplado en el punto 2 de participación política como una forma de garantizar la representación política en los territorios afectados por el conflicto armado y con una precaria presencia estatal. Su rol era lograr una mayor inclusión política y electoral de aquellos territorios afectados y por eso quedó en el punto 2 y no en el punto 5 de víctimas. 

Su desarrollo estuvo bastante trancado, como sabemos en el Congreso su votación fue aprobada pero la mesa directiva del Senado de ese entonces no quiso avalarla porque decía que no había suficiente cuórum mientras que los sectores afines a la paz afirmaban que sí alcanzaba la mayoría. 

Debido a esto se interpusieron distintos recursos como una tutela en 2018 a cargo del senador Roy Barreras que establecía que efectivamente se habían alcanzado los votos y se estaban vulnerando los derechos de reparación a las víctimas, durante 3 años no pasó nada hasta que en mayo de 2021 la Corte Constitucional le dio la razón a esta tutela reactivando así las Circunscripciones y el Acto Legislativo 002 le dio el marco jurídico y normativo que hoy conocemos.

Para que un Proyecto de Ley se convierta en Ley tiene que llevar la firma del Presidente, en su momento hubo una resistencia del Presidente, que dijo que iban a demandar la decisión pero no prosperó esta iniciativa, se retiró esta acción del Gobierno y procedió a firmar el Acto Legislativo convirtiéndolo en Ley.

¿Cómo se eligen las curules, dónde se eligen y quiénes pueden votar por ellas?

SB: Son un total de 16 circunscripciones que sumarán 16 escaños en la Cámara de Representantes, estas coinciden con las zonas donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los candidatos son dos por circunscripción: una mujer y un hombre. La idea es que aquellos territorios rurales dispersos, excluidas las cabeceras municipales, puedan acercarse a sitios de votación para elegir los candidatos de esa circunscripción especial. 

Esto tiene que ajustarse al censo electoral que tenga la Registraduría para el momento que se haga la votación y así será la elección. Se trata de 167 municipios en las circunscripciones, así:

1. Cauca

2. Bajo Cauca 

3. Chocó

4. pacífico y Nariño

5. sur de Meta y Guaviare

6. Caquetá

7. Catatumbo

8. pacífico, Valle del Cauca, Cauca y el Distrito Especial de Buenaventura

9. Montes de María

10. Putumayo

11. sur de Bolívar

12. Urabá

13. sur de Córdoba

14. Magdalena, La Guajira y Cesar

15. Arauca 

16. sur de Tolima

En las mesas de estos lugares habrá un tarjetón con los candidatos de cada circunscripción, así cada persona se acercará con su cédula a la mesa y podrá acceder a los tarjetones de las circunscripciones ordinarias y de las especiales de paz.

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz?

SB: La Misión de Observación Electoral (MOE) ha hecho un gran seguimiento al tema de riesgo de seguridad como de fraude electoral y yo quisiera mencionar a grandes rasgos los problemas que veo, el primero es la falta de financiación y la poca claridad en las reglas de juego, esto se deriva de lo rápido que fue todo: el Acto Legislativo salió en agosto, la reglamentación de la Registraduría salió a finales de septiembre al igual que la del Consejo Nacional Electoral. Entonces todo fue tan rápido que hay muchas personas que no tenían claro cómo iban a funcionar las Circunscripciones, no hubo una pedagogía para capacitar tanto a las organizaciones sociales como de víctimas en la reglamentación que implicaba el desarrollo de estas elecciones en diferentes municipios del país. 

También están las limitaciones en la participación: hay que entender que algunos de estos municipios son de difícil acceso, y la cabecera municipal está muy alejada de las zonas rurales, puede que esté a varias horas en río, varias horas en carretera, por trocha. Entonces las personas también tienen una dificultad de desplazamiento para acceder a estas mesas de votación y esto puede limitar la participación.

Sumado a esto también tenemos un problema de cedulación: hay un porcentaje importante de personas que no cuentan con la cédula y ese es un requisito indispensable para acceder a la mesa de votación. Esto era una tarea de la Registraduría que hizo varías campañas de cedulación pero queda la duda sobre el impacto real en la participación. Este problema quedó reflejado en el Décimo informe de la STCIV, donde hicimos un seguimiento al tema.

Otra cosa que puede afectar la participación claramente es la presencia de grupos armados, hay territorios en los que tienen un fuerte control sobre el movimiento de las poblaciones, desplazamientos y confinamientos que pueden llegar a afectar la participación real. Sumado a esto desde el Gobierno también se pueden suspender las elecciones en algunos municipios por temas de orden público, esto quedó consignado en el Acto Legislativo.

Y por otra parte está el tema de la seguridad física, especialmente la presión de actores armados como la falta de presencia del Estado, sabemos que se ha desarrollado el “Plan Ágora 2” y el “Plan Democracia” para proteger a los candidatos y los distritos electorales, pero la respuesta ha sido lenta, sabemos que durante las elecciones la violencia aumenta y eso lo vemos en territorios como Arauca.

Una gran pregunta es cómo con la situación actual puede haber garantías para salir a votar.

También hay una cuestión sobre cómo se seleccionan los candidatos, el Acto Legislativo pone unos principios de no pertenecer a partidos tradicionales, pertenecer a una organización social o de víctimas, entonces serán claves las comisiones de seguimiento electoral, que pueden ser un paso importante para salvaguardar el espíritu que tengan las Circunscripciones. Sin embargo, también creo que la amenaza latente de que partidos tradicionales o gente afín a otros sectores puedan participar, esto se deriva de lo rápido que fue el proceso y que algunos líderes en zona, como las Circunscripciones no arrancaban, para poder luchar por sus agendas se involucraron con partidos para ir en estas elecciones lo que llevó a que se les quitará la posibilidad de participar en estas Circunscripciones y en algunos territorios eso obligó a tener que elegir nuevas caras visibles para participar.

También la falta de experiencia de algunas de estas organizaciones llevó a que busquen o puedan buscar un apoyo en las personas que saben hacer políticas en estas regiones y creo que esa es la gran dificultad que afrontamos, y es ahí donde debe haber una capacitación de las organizaciones sociales como una acción real por parte de las autoridades electorales en mirar cuales son las certificaciones de esa candidatura y si efectivamente puede aplicar a estas Circunscripciones.

Otra de las dificultades que tienen las organizaciones que están participando en esta campaña es el acceso a medios, el Acto 002 lo limita un poco porque solo permite acceder al espectro electromagnético del Estado, entonces, las candidaturas no tienen espacio en radio o televisión y se han movido mucho a través de las redes sociales de los candidatos, de las organizaciones y esto nos lleva a pensar a futuro, en próximas elecciones, a brindarles más visibilidad. También el tema de pedagogía es fundamental para que los candidatos se puedan proyectar hacia afuera.

Encuentra en este enlace la lista de personas candidatas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: https://www.cinep.org.co/Home2/images/2022Noticias/20220131_candidatos-congreso-citrep_18012022.xlsx 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP