El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia a favor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ordenando al Estado reparación por las “chuzadas” ilegales que el antiguo DAS realizó en su contra. Estos hechos, que son de conocimiento público, vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes.

Esta persecución, de la que fueron objeto no solo el Cinep sino personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de oposición de todo el país, ocurrió durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde 2011, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

“Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, asegura Martha Lucía Márquez, directora del Cinep. Para Gustavo Gallón, director de la CCJ, “la presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además, configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

Para ambas organizaciones, que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social por perseguirla y estigmatizarla permite recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores.

No obstante, persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando.

En el año 2019 la sede de la CCJ fue objeto de sobrevuelos con drones en dos ocasiones, mientras que Cinep y organizaciones sociales siguen siendo blanco de perfilamientos del Ejército, como reveló la Revista Semana en 2020*.

Además, recientemente ha habido espionajes y seguimientos recientes no solo a estas organizaciones sino en las sedes y casas de quienes promueven el derecho a la protesta.

En la sentencia SC3- 21032890 de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió a la carpeta titulada “CINEP”, encontrada por la Fiscalía en una de las oficinas del antiguo DAS, como una de las pruebas allegadas al proceso. En esta había un registro fotográfico de los miembros del Cinep y sus actividades, identificación y establecimiento de sus contactos y amistades, seguimiento personal, ubicación de su residencia, y la completa individualización de sus abonados telefónicos.

El 25 de julio de 2019 el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá decidió condenar al extinto DAS, y en este caso a quien le corresponden las cargas procesales tras el desmantelamiento de este organismo de inteligencia, es decir, la Fiduprevisora. Esta entidad decidió apelar la decisión de condena el 5 de agosto de 2019, manifestando que “no existen derechos absolutos sobre la intimidad y buen nombre”. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que las actividades desarrolladas por el extinto DAS fueron cometidas dentro de un plan criminal claro, y que, pese a conocer la ilegalidad de las acciones, el organismo y sus directores determinaron la comisión de los ilícitos de forma institucional, produciéndose así la vulneración de derechos fundamentales.

Las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia acogieron los planteamientos de la demanda interpuesta, entre ellos:
  • Que existió una gran operación de inteligencia al interior del DAS contra personas defensoras de derechos humanos, partidos políticos, periodistas, magistrados de altas cortes y organizaciones no gubernamentales.
  • Se probó que el DAS, a través del grupo G3, obtuvo información privada de los blancos objeto de la operación de inteligencia ilegal, interceptó correos electrónicos y abonados telefónicos ilegalmente y realizó seguimientos ilegales de los objetivos de esta gran operación.
  • Así mismo, se determinó que estas acciones no corresponden a los fines institucionales del Estado ni a la filosofía del Estado social de derecho, por lo que concluyeron que el daño era atribuido al DAS, entendiendo que no fue una acción individual sino un despliegue institucional.
El Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas seguirán trabajando en pro de los derechos humanos en Colombia y denunciando la falta de garantías que existe en el país para ejercer la defensa de estos derechos.
 

Por: Comunicaciones CCJ y Cinep / PPP.

El pueblo Guajiro ya no aguanta más. Jóvenes, mujeres y líderes sociales guajiros recorrieron más de 1000 kilómetros para llegar a Bogotá y reclamar justicia y verdad al Estado Colombiano. Denuncian una grave crisis humanitaria que padecen por más de 12 años y la impunidad socioambiental con la que han operado las multinacionales para extraer carbón por más de 40 años.

A pesar de que hemos recurrido a diferentes estrategias de lucha para exigir nuestros derechos y defender la vida, la naturaleza y el territorio guajiro, no hemos sido escuchados. Hemos agotado todas las vías sociales, políticas, culturales y jurídicas y aun así el panorama en La Guajira no cambia. Por eso venimos a exigir justicia y a contarle al país el verdadero costo del llamado “desarrollo” de la mega minería de carbón, lo que le han hecho a la salud, a nuestros ríos y arroyos, a nuestro sueño, espiritualidad y cultura, lo que le ha pasado a nuestros cerros y valles y las injusticias que han tenido que vivir nuestras comunidades porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados sistemáticamente. 

Sentimos que lo que están haciendo en nuestra tierra es el desangramiento de nuestras comunidades y también de la naturaleza. Por sacar millones de toneladas de carbón para exportarlas en su totalidad, la empresa Carbones el Cerrejón de la que han sido dueñas las multinacionales BHP-GLENCORE Y ANGLOMERICAN, son responsables de haber secado, desviado y alterado más de 17 cuerpos de agua; del desplazamiento, despojo y confinamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y wayuu; de la alteración de gran parte del bosque seco tropical; de la contaminación de nuestras aguas, suelos y aire, de las enfermedades respiratorias y de la piel de niños, niñas y madres wayuu, de las afectaciones a la salud de las y los trabajadores, del daño a nuestra cultura y la transformación abrupta del territorio y del paisaje social y natural. Todo esto, que sucede año tras año y que sigue sucediendo en nuestros territorios, nos representa un ecocidio y etnocidio. 

Hemos logrado que diferentes tribunales y altas cortes ratifiquen la responsabilidad de la empresa y del Estado en la vulneración de distintos derechos humanos. Existen más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las practicas de injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia, las órdenes para la garantía de estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento. 

A esta situación se suman planes de expansión de la voracidad extractivista en un territorio en crisis hídrica y altamente vulnerable  la crisis climática. No solo se quieren seguir intensificando en las explotaciones ya existentes sino que se proyectan nuevas minas de carbón como la de Best Coal Company -BCC- de capital turco del grupo Yilmaden que se quiere imponer en el sur de La Guajira. 

Ante la injusticia permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y los abusos por parte de las  empresas extractivas de carbón, hoy exigimos: 1. Justicia ante el ecocidio y etnocidio ocasionado por las multinacionales con complicidad del Estado colombiano 2. Seguimiento real a las Sentencias y fallos judiciales y mecanismos para su efectivo cumplimiento. 3. Iniciar procesos de investigación disciplinaria a funcionarios que no han cumplido con las obligaciones proferidas por la Corte Constitucional como la Sentencia SU 698/17 y T 329/17 4. Retorno al cauce natural de las aguas desviadas del arroyo Bruno 5. Se adopten de manera prioritaria y en aplicación del principio de precaución medidas que atiendan la gravedad de los riesgos y afectaciones a la salud asociados a actividad de megaminería. 6.Reconocimiento de la verdad y reparación integral al territorio y a cada una de las comunidades víctimas del mal llamado desarrollo 7. Plan de Cierre de la mina de carbón del Cerrejón con participación de las comunidades y los trabajadores 8. Cese a la ampliación de la frontera minero energética en La Guajira. 

¡Basta de impunidad socioambiental en La Guajira, queremos y soñamos con justicia ahora! 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El presente es el Décimo informe que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, adicionalmente, la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas por la STCVI: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio.

Este informe se produce en el marco de la segunda fase de funcionamiento de la STCVI que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Décimo informe, publicado en octubre de 2021, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.

A continuación el Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: 


 

Información para prensa:

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+57 321 4590847

Comunidades de López de Micay, Timbiquí, Guapi y la zona rural de Buenaventura suspendieron su participación en el proceso PDET del Pacífico Medio, región de la que hacen parte, hasta que se garantice su participación y avances efectivos en  la implementación en la subregión.

Desde el 29 de septiembre las comunidades adscritas a la subregión PDET del Pacífico Medio,  integrado por los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapí y Buenaventura zona rural declararon una suspensión total de toda actividad en el marco de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, y pidieron una reunión con entes estatales y garantes para abordar sus demandas y plantear soluciones. 

En entrevista con Cinep / PPP, Wisne Hinestroza, delegado de la Mesa Técnica Distrital de la zona rural de Buenaventura, explica las razones para esta suspensión y los tres puntos que plantean las comunidades para reiniciar el proceso.

¿Cómo valoran la implementación del PDET en la subregión del Pacífico Medio?

Desde la firma del pacto subregional el 23 de febrero de 2019, dejamos en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) unas iniciativas que invitaban a la creación de unas mesas técnicas subregionales para hacer seguimiento a la implementación del PDET, para ello se crearon mesas municipales para hacer ese seguimiento. Hoy por hoy se pudo conformar la mesa subregional que tiene la delegación de cada uno de los municipios para hacer el seguimiento a la implementación.

En el inicio del proceso hubo una participación comunitaria muy importante, porque nosotros fuimos quienes construimos el documento, se recogieron las iniciativas de acuerdo a la armonización entre los documentos propios de cada comunidad. Avanzamos en la construcción de planes y en la asamblea que permitió llegar a presentar las iniciativas.

¿Qué problemas están enfrentando para avanzar ahora?

En la actualidad las comunidades han sido relegadas del proceso porque casi no participan, sólo son convocadas para una que otra reunión para trabajar la hoja de ruta, mecanismos de consulta, pero en la reunión para trabajar el Plan de Acción 2021 no se convocó a las comunidades, entonces no participamos de forma directa.

Adicionalmente, nosotros como Pacífico Medio teníamos una coordinación que estaba encargada pero no nombrada, cuando se inició la implementación nos unieron con el PDET de Alto Patía – Norte del Cauca. Es decir hoy tenemos una sola coordinación, y todas las decisiones que toman para el Pacífico Medio se deben consultar con el coordinador de Alto Patía – Norte del Cauca.

Sentimos que así se viola el Decreto 893 que crea las diferentes subregiones: si hay dieciséis subregiones PDET, deben haber dieciséis coordinaciones. 

No nos parece que se una una estructura administrativa a otra, porque a la hora de la implementación hay problemas, ejemplo puntual: El PDET del Alto Patía - Norte del Cauca ha logrado inversiones y acá no lo tenemos; en cuanto a obras por impuestos allá tienen once y acá no tenemos ninguna. Entonces sentimos que la gestión se ha quedado allá.

Al tener una coordinación directa nosotros creemos que podemos tener una mayor capacidad de gestión, y hoy los resultados de acuerdo a las inversiones que hay nos dicen que sí es necesario tener una coordinación que sea autónoma.

A ello se suma que el avance de los proyectos ha sido muy lento, y hay dificultad para que sean aprobados. Entonces, parece que tampoco hubiera voluntad de parte del Estado para sacar adelante los proyectos para estas zonas. Actualmente no tenemos ni un proyecto en nuestra Subregión PDET.

Vamos a llegar a 3 años de haber firmado el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) y nuestras comunidades siguen esperando obras, realmente estructurales, y eso es lo otro: uno de los objetivos era cerrar las brechas entre el campo y los cascos urbanos, entonces se supone que vamos a trabajar proyectos de envergadura. Pero las decisiones no se han tomado con la comunidad.

¿Qué soluciones plantean a estos problemas?

Las comunidades no vamos a participar en ninguna actividad que sea en el marco de los PDET hasta que logremos concertar unos puntos que establecimos:

  1. Descentralización del PDET Alto Patía.
  2. Que se reconozca a la mesa subregional creada por las autoridades étnicas, porque nosotros somos delegados por ellos y somos quienes debemos ser convocados para legitimar las decisiones.
  3. Que haya un plan de choque, de estructuración y aprobación de los proyectos, porque este PDET al ser el de menos inversión debería tener un recurso que permita asegurar recursos.

Hoy tenemos una experiencia con el consorcio que se ganó una licitación para las obras PDET y hay municipios como en el caso de Timbiquí o Guapi que aún, después de casi tres años, no han empezado la construcción de las Obras PDET. Aquí en Buenaventura hace un año estamos en ese dilema porque no les habían consignado el recurso.

Si esas obras de menor impacto y menor cuantía, que eran las que iban a mostrar la presencia del Estado en los territorios tienen tanta complejidad y han sido tan difíciles de implementar, imagínese los proyectos de envergadura. Entonces necesitamos un equipo que quiera avanzar. Hoy en día estamos muy rezagados. 

Y se quiere transmitir ese rezago a los entes territoriales porque la Agencia de Renovación del Territorio (ART) sólo articula, pero quien tiene que cumplir a las comunidades es el Gobierno. 

Además acá no se tiene en cuenta que este PDET es cien por ciento étnico, y debería involucrar en sus equipos de trabajo a personas que conocen de las dinámicas regionales, pero en los espacios de reunión vemos a personas que vienen de afuera de los territorios. Sumado a ello necesitamos poder estructurar, hacer seguimiento y un plan de aprobación a los proyectos.

De otra forma, se nos van a ir los 15 años y ni siquiera vamos a tener Obras por Impuestos.

Por eso nosotros le pedimos a la ART que convoque a una reunión con personas con capacidad de decisión como el consejero Emilio Archila, que puedan permitir una solución a las dificultades y también pedimos unos garantes que puedan ayudar a encontrar una salida. Esta convocatoria fue en septiembre, pero nosotros no vimos claridad sobre quienes van a venir; el pasado 6 de octubre les pedimos claridad sobre esto porque la reunión era para el 13 de este mes y no llegaron. Por eso nosotros requerimos un nuevo encuentro.

Le invitamos a consultar los informes generales de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) que incluyen la revisión sobre el estado de la implementación en las subregiones PDET de Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio en: https://www.cinep.org.co/Home2/temas/secretaria-tecnica.html.

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo  de comunicaciones Cinep / PPP.

 

El pasado lunes 4 de octubre el gobierno venezolano anunció la reapertura de la frontera que comparte este país con Colombia tras 2 años de cierre. Ante esta situación, el Cinep / PPP y otras organizaciones plantean la necesidad de reiniciar las relaciones institucionales entre ambos países, y desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad.

La crisis política de Venezuela, la tensión entre Miraflores y La Casa de Nariño, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, el cierre de pasos fronterizos formales entre dos países hermanos, generan un sinfín de problemas que afectan directamente a los pobladores, a los comerciantes, a los ciudadanos de un país que viven en el vecino, así como a población fronteriza que tiene una condición binacional dada por sus lazos étnicos, familiares y otros factores que así lo han favorecido. 

Es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, que han generado pérdidas sociales, económicas, humanas, y han beneficiado a la ilegalidad y criminalidad. Por ello no sólo es urgente abrir el flujo comunicativo interinstitucional sino también desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad. 

Gremios empresariales, cámaras de comercio, gobiernos locales, académicos, sociedad civil organizada de Colombia y Venezuela, han mantenido un esfuerzo sostenido en favor de la reapertura total de los pasos fronterizos, de los consulados, de los canales institucionales de comunicación entre los dos Estados. Desde esos esfuerzos queremos aprovechar el desbloqueo de los puentes para procurar que ambos gobiernos asuman las consecuencias de las crisis y las tensiones. Venezuela y Colombia no pueden continuar en la actual dinámica destructiva. 

Quienes suscribimos el presente comunicado celebramos el retiro de los contenedores que impedían la circulación entre ambos países a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, esperamos que pronto se haga otro tanto en el Puente Unión y urgimos a las instituciones pertinentes de cada país a que inicien inmediatamente un diálogo que busque hacerle frente a la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad, y generar la reactivación de la actividad económica y comercial entre los dos países. Han surgido iniciativas de diversos sectores, como las consignadas por actores de Táchira y Norte de Santander en la Declaración de San Antonio del pasado 3 de octubre. A continuación, recogemos algunas de esas propuestas:

  • Acordar y aplicar un control sanitario y de bioseguridad conjunto, que permita el restablecimiento del tránsito de personas empezando por el ámbito fronterizo andino en donde parte del Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada. 
  • Fortalecer el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que regresan a su país, de jóvenes que estudian en ciudades colombianas, así como de poblaciones indígenas y de quienes tienen que pasar a abastecerse y buscar servicios o tienen nexos familiares a uno u otro lado de la frontera. 
  • Acordar y aplicar controles sanitarios y aduaneros conjuntos, estimular un esfuerzo sostenible para la reactivación de la actividad empresarial paralizada tras seis años del cierre de pasos fronterizos. 
  • Reactivar los servicios consulares, lo que no implica un reconocimiento político entre uno u otro gobierno sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país que residen en el otro. 
  • Revivir la institucionalidad necesaria para atender la frontera. Como primer paso, podría reconstruirse la Comisión Binacional Fronteriza involucrando autoridades locales, con el objetivo de definir los procedimientos para combatir todos los grupos armados irregulares que operan en la frontera. 
  • Partir del nuevo marco jurídico fronterizo colombiano (leyes de fronteras 2135 y de Zona Económica Especial y Social) y venezolano (Zonas Económicas Especiales de Ureña y San Antonio), analizar convergencias, divergencias y formas de reactivación de los aparatos productivos y económicos. 
  • Acordar y aplicar medidas que permitan revisar y atender asuntos ambientales derivados de ecosistemas estratégicos compartidos, vinculando a las autoridades locales que han tratado de hacerle frente a los problemas y necesidades más urgentes al respecto. 
  • Generar coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, cámaras de comercio, y con organizaciones sociales que atienden migrantes o fortalecen nexos positivos entre los dos países. 

A continuación el comunicado:

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.