Esta semana Patricia Linares entregó su cargo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

Tras dos años de funcionamiento, avances y tensiones en la Jurisdicción Especial de Paz, llega un nuevo presidente justo en momentos en que el partido de Gobierno nacional impulsa un referendo para hacer “reformas de fondo o derogar” la JEP. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

El magistrado Eduardo Cifuentes, abogado de profesión y ahora nuevo presidente de la Jurisdicción recibe una entidad que goza del apoyo de grandes sectores sociales y ciudadanos en Colombia, así como de la comunidad internacional. 

En el acto de posesión que tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción el miércoles 4 de noviembre,  el magistrado Cifuentes aseguró que la JEP tiene un marco legal sólido gracias al blindaje constitucional del Acuerdo Final de Paz y todas las instituciones creadas en el marco del mismo. Por eso, “la JEP es inderogable en el derecho interno e internacional, y el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz”, puntualizó.  El nuevo presidente de la JEP convocó a un movimiento ético y espiritual por la defensa de la paz.

El embajador de Alemania Peter Ptassek, la embajadora de Suecia Helena Storm, y la embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart reiteraron su apoyo al nuevo director de la Jurisdicción, así como a la labor de la Jep. A este espaldarazó se sumó el de la Corte Penal Internacional (CPI), que representada por el vicefiscal James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, declaró que la JEP se puede convertir en un modelo de justicia referente en el mundo.

Entre los avances que se producirán prontamente el Presidente de la JEP habló de los casos 001 y 003, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que “están próximos a adoptar escritos de determinación de hechos y conductas”. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Alexandra Sandoval, dedicó una parte de su discurso al avance de la entidad, resaltando la labor de Linares.

Más de 308 mil víctimas acreditadas, más de 12 mil comparecientes

El comunicado de la Jurisdicción sobre el balance de la labor de Linares abre señalando que ella “fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado”. La magistrada Patricia Linares abrió camino inicialmente con un difícil tránsito en el Congreso y en medio de un panorama político de ataques dirigidos desde la oposición a la paz por parte de la derecha.

Pese a los percances, Linares deja la presidencia con una Jurisdicción funcionando en pleno, que ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas (entre ex integrantes de FARC, agentes del Estado y terceros civiles); ha iniciado 7 macrocasos sobre algunos de los temas relevantes del conflicto; ha tomado 21 medidas cautelares como la que protegió el cementerio de Dabeiba; y ha acreditado más 308 mil víctimas para que participen en los distintos momentos procesales de los macro casos abiertos. 

Avances que Linares califica como “firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar” gracias al apoyo de víctimas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores políticos. La magistrada concluyó su balance llamando al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al tiempo que recordando a sus colegas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la JEP por dos años, que “50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez R., Comunicaciones CINEP/PPP.

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Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Minga indígena llegó a Bogotá el diecinueve de octubre tras varios de días de movilización desde el Cauca, a ella se unieron los estudiantes, las comunidades campesinas y afrocolombianas, así como colectivos culturales y de derechos humanos. Pero, ¿cuál era el propósito de la Minga? Los coordinadores expresaron que el objetivo central de ella era político y no precisamente reivindicativo, es decir, no se trataba de pedir cosas o beneficios, sino de hacer un llamado por la defensa de la vida, del territorio, la democracia y de la paz. Y esto, debido a cuatro puntos principales: el primero, los asesinatos de los líderes sociales, muchos de ellos indígenas. El segundo, el incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas Farc; en tercer lugar, el incumplimiento de los pactos alcanzados en las pasadas movilizaciones del año pasado y, en cuarto lugar, la concentración de poder por parte del actual gobierno, debilitando la democracia y el Estado social de derecho.

Una meta de la Minga era preguntarle el presidente Iván Duque, qué había hecho para detener el baño de sangre que vive el departamento del Cauca en un año en un año que suma nueve masacres, con treinta y seis víctimas mortales. Además, con diez asesinatos de integrantes de organizaciones afiliadas a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-, cifra que hace parte de los setenta y seis homicidios de líderes que ya registra esta zona del país, afirmaban representantes de la movilización.

Pero a pesar del llamado de la Minga al diálogo, el presidente no accedió. La Minga buscaba crear un diálogo sincero desde sus territorios, como ciudadanos, como constituyente primario del Estado.

El presidente no se acercó, lo máximo que hizo fue enviar emisarios del alto gobierno, pero no escuchó en directo la voz de la Minga. El gobierno fue sordo y no estableció una relación directa para generar una conversación sincera y transparente entre diversos, para crear un camino constructivo que ayudara a debilitar alternativas de confrontación, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan a represar los problemas, a no afrontarlos y a hundir a la gente en el dolor y la pobreza.

Si la Minga buscaba un diálogo directo con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen como tal. El diálogo con la Minga, era una gran oportunidad. Pero de nuevo se desaprovechó y el Gobierno prefirió señalarla como una estrategia de los violentos y desconocerla.

Finalmente, la Minga dejó siete enseñanzas ejemplares: primera, la protección de bienes públicos, durante siete días no se conoció ningún acto de vandalismo o daño. Segunda: la limpieza de los lugares en los que se hospedaron los indígenas quedó impecables. Tercera: fue una movilización organizada tanto en Bogotá, como en su recorrido por las carreteras nacionales, sin bloqueos al transporte público. Cuarta: la guardia indígena estableció mecanismos para evitar las infiltraciones de personajes que pretendieran producir disturbios. Quinta: la minga mantuvo su propia movilización si bien apoyaron el paro nacional convocado por centrales obreras, Fecode y estudiantes, entre otros sectores. La sexta enseñanza se refiere al uso de canales democráticos para dar cuenta de los resultados políticos de la Minga a las comunidades. Finalmente, la séptima enseñanza se refiere a la distancia que tomó la Minga de los intereses partidistas.

En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco no dice: “los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia. Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

En estos meses finales de 2020 se están cumpliendo cuatro años de la firma del Acuerdo Final con las Farc-EP para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. A pesar del reconocimiento nacional e internacional de la firma de la paz en Colombia, su implementación ha sido un proceso tortuoso, debido a la derrota por estrecho margen del plebiscito aprobatorio, a cambios en el contexto político en el país y a los complejos trámites propios de la institucionalización de lo acordado. Cuatro años es un lapso de tiempo razonable para hacer balances ponderados de los logros y las dificultades en la implementación de dichos acuerdos bien en conjunto o bien en cada uno de los seis grandes puntos pactados: 1) Reforma Rural Integral; 2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución a cultivos ilícitos; 5) víctimas; y 6) implementación, verificación e implementación.  

Para el Cinep, la verificación de la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final es una tarea que ha adelantado periódicamente en estos años junto con Cerac como parte de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional de los acuerdos, establecida en el punto 6.3.

En esta ocasión, por medio de su revista emblemática Controversia, convoca a estudios que evalúen críticamente la implementación de dichos acuerdos como también a reflexiones sobre procesos similares en el país, en América Latina y en otras regiones del mundo.

Fechas:

  • Apertura: 1 de noviembre de 2020.
  • Cierre: 28 de febrero de 2021.
  • Publicación: segundo semestre de 2021.
  • Editor del dossier: Mauricio Archila Neira.
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el cuarto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período desde el primero de junio de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes y de los aportes de distintas organizaciones que hacen seguimiento a la perspectiva de género en el A.F., además de la información proveniente de instituciones con responsabilidades en su implementación.  

 

 

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