Del 27 de noviembre al 04 de diciembre, nuestras publicaciones estarán a la venta con descuentos especiales. Podrás adquirir la colección Territorio, Poder y Conflicto; los Papeles de Paz, documentos ocasionales sobre diversos temas, la Revista Controversia, entre muchos otros títulos.

Durante más de cuatro décadas, el CINEP/PPP ha producido una gran variedad de publicaciones sobre Derechos Humanos, Estado, movimiento sociales, campesinos y campesinas, conflictos socio ambientales, paz, violencias, conflicto armado, mujeres, pueblos indígenas y afro, entre otros. Todo este acumulado investigativo estará a su disposición con descuentos entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, así:

20 % de descuento en todos los títulos.

30 % de descuento de 5 títulos en adelante

40 % de descuento en colecciones completas:  (Territorio, Poder y Conflicto, Papeles de Paz, Controversia, Noche y Niebla, entre otras).

Adicionalmente, para quienes adquieran más de una publicación se obsequiará el libro “Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima”.

Para consultar los títulos disponibles y la cantidad en promoción, ingresa a este este enlace: https://bit.ly/3nWOSTO

El catálogo de títulos de la colección Territorio, Poder y Conflicto se puede consultar en este enlace: https://bit.ly/2HJ1bnv

¿Cómo comprar? Enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando los títulos y cantidades deseadas. Además, se debe incluir el nombre del comprador, documento de identificación, dirección de envío, correo electrónico y número de teléfono celular. 

Esta promoción es válida en las fechas estipuladas, el costo de envío es adicional al valor de la publicación.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creados con el Acuerdo de Paz se han convertido en uno de los pilares de la política “Paz con legalidad” del actual gobierno de Colombia. En el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo, las organizaciones sociales hacen un balance de los mismos manifestando su preocupación por la falta de participación y la ausencia de transformación en los territorios.

Con motivo del cuarto aniversario del Acuerdo de Paz, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil que hace seguimiento a los PDET convocó un balance virtual en el que participaron líderes y lideresas de los territorios priorizados para implementar este fragmento del acuerdo: El desarrollo territorial a partir de los Planes contemplados en el Acuerdo con el fin de transformar los territorios. Justamente, según los líderes, los PDET no han logrado una transformación de sus regiones, y este es uno de sus mayores reclamos pues señalan que la ejecución de los mismos se ha quedado en múltiples obras. “Los PDET son cemento y no vemos la transformación”, aseguraron en la conversación virtual el pasado 24 de noviembre.

La conversación titulada “La palabra de las organizaciones sociales sobre los PDET” fue moderada por Gloria Castrillón, periodista de El Espectador, quien recordó que en los territorios donde estaban las y los invitados al foro virtual se vive actualmente una dura situación de derechos humanos. Desde Arauca, lamentaron por ejemplo, el secuestro de varias personas, mientras otras voces recalcaron el asesinato de sus compañeros defensores de derechos humanos por desconocidos y de los campesinos a manos del Ejército, como ha sucedido este año en Catatumbo y Antioquia durante operativos de sustitución forzosa de cultivos ilícitos. 

En la charla participaron: Álvaro Arroyo del PCN y la Mesa Distrital PDET Buenaventura; Magaly Belalcázar de la  Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y Mujeres, Amazonía y Paz; Luz Mary Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz; Albert Ochoa del Espacio Regional de Paz del Cauca y Martín Sandoval de la Veeduría departamental PDET y presidente Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Arauca. Este último aseguró que en Arauca el conflicto armado ha aumentado precisamente porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz. 

Sandoval coincidió con sus colegas líderes en que no ha habido participación durante la pandemia. Alberth Ochoa aseguró que la Agencia de Renovación del Territorio asegura que sí la hay, pero que lo realizado se trata de “socializaciones que no tienen nada que ver con participación”. Albert afirmó, con molestia, que los Pdet “están jugando con nuestros sueños”. Para Magaly Belalcázar: 

“Estamos muy lejos de una implementación real y efectiva para las mujeres. Las vacas tienen más tierra que las campesinas en Caquetá y Colombia. Además, los Pdet no tienen enfoque ambiental”.

Desde Buenaventura el reclamo se dio porque, según Álvaro Arroyo, no hay una coordinación propia de pdet para el Pacífico, nos juntaron con el Cauca. Además, en la ciudad portuaria aún no han culminado la ruta de iniciativas. “Pedimos al gobierno conservar la integralidad del Acuerdo y territorial”, agregó Álvaro.

Los PDET se dedicaron al cemento, aseguró Magaly Belálcazar.  “En los informes de la Consejería de Posconflicto detallan puentes peatonales, más de 500 horas de taller y otros. Pero las mujeres rurales estamos lejos de ser reconocidas en esos Programas”.

Martín Sandoval describió su experiencia de esta manera: “Se vienen haciendo cosas (...) pero sin las comunidades. (...) La frustración ha sido grande porque la implementación de los PDET no ha tenido en cuenta a las comunidades. Llegan a una vereda con una obra que la gente ni sabe y si la comunidad crítica, pues se la llevan para otra parte”.

Las diversas organizaciones que integran la Mesa y la apoyan increparon al gobierno a garantizar la participación de las organizaciones sociales y de víctimas de los territorios, y a una apertura al diálogo para escuchar sus reclamos.

Por Katalina Vásquez. Periodista CINEP/PPP

 

El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Quién es Joe Baiden? Joseph Robinette Biden, nació en Pensilvania, el 20 de noviembre de 1942. Ejerció como vicepresidente de los Estados Unidos durante los 8 años de la presidencia de Barak Obama, de 2009 a 2017. Y fue senador por el Estado de Delaware 36 años, 1973 a 2009. Toda una extensa y vasta experiencia en la vida política de los Estado Unidos.

Biden realizó sus estudios en la Universidad de Delaware y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa obtuvo el título de doctor en derecho en 1969. Biden, pertenece al partido demócrata. Fue presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza militar del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de los años 90. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en el 2007. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, ocupándose de temas como la política de drogas. Trabajó en el impulso de la ley de violencia contra las mujeres, si bien tuvo una acusación de agresión sexual por una mujer, que no ha prosperado. Es un político pro comunidad LGBT; apoyó el matrimonio igualitario y en su campaña prometió más leyes para proteger los derechos de esta comunidad. Además, por sus posiciones contra el racismo recibió amenazas de muerte, y su enfoque frente a las políticas migratorias señalan un horizonte más moderado, por eso el voto latino de apoyo a Biden fue evidente.

Que haya ganado Biden, como dijo Van Jones de la CNN, significa que “el carácter sí importa, que decir la verdad sí es importante y que ser una buena persona vale la pena”. Y añadió, “podrán estar un poco más tranquilos sin Donald Trump en la Casa Blanca: los inmigrantes, separados de sus hijos de manera arbitraria; los negros que han tenido que enfrentar, en los últimos años, el abuso de racistas que se han sentido empoderados con el racismo del presidente de Estados Unidos; y, los musulmanes que han sufrido los trinos de Trump quien los hace sentir no bienvenidos en su propio país”.

De otra parte, como lo afirmó Juanita León y Carlos Hernández en La Silla Vacía, aunque el triunfo de Joe Biden no cambiará substancialmente la relación bilateral con Colombia, que él y no Trump esté en la Casa Blanca sí crea un “tono”, un ambiente y una noción más “aceptable” en la política. Ahora bien, fue significativo que, durante la Cumbre Concordia Américas, realizada el año 2018 en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las FARC y expresó:

“el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado. Es importante moverse de la negociación a la implementación”.

El Papa Francisco, en septiembre de 2015, en su discurso al Congreso de los Estados Unidos, estando presente el entonces vicepresidente Biden, expuso la problemática de los migrantes y los refugiados y la prioridad de atender con dignidad a millones de personas que viajan al norte en busca de una vida mejor. Pidió un trato humano, justo y fraterno. Apoyado en Laudato Si, pidió la atención urgente a los graves problemas ambientales, establecer acciones y estrategias osadas para implementar una ‘cultura del cuidado’ y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente producir riqueza, pero de manera fecunda, cuidando la vida humana, la naturaleza y mejorando el mundo para todos y no para unos pocos. Esperemos que Biden no haya olvidado esta invitación del Papa.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el primer informe sobre el enfoque étnico en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período desde el primero de junio de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.  El análisis está orientado a la verificación del cumplimiento de los compromisos que respondan a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas, identificando oportunidades de mejoramiento para contribuir a su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la protección de sus identidades, de acuerdo con lo establecido en el capítulo étnico del A.F.

 

 

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