Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 10 de diciembre se conmemora el día de los Derechos Humanos. Este día, en 1.948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos; un hecho histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para Eleanor Roosevelt, una de las impulsoras de la declaración decía “en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano."

Este año, el tema del día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y su mensaje central plantea la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación del mundo. Y esta recuperación será posible, solo si la humanidad alcanza objetivos comunes, justos y solidarios, que nos lleve a ser capaces de generar igualdad de oportunidades para todas las personas, abordando los fracasos que ya venían y que la pandemia ha desnudando, teniendo acceso y realizando los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, para hacer frente a las desigualdades y a la discriminación arraigadas, sistemáticas, entre géneros, entre etnias y entre generaciones.

No hay duda que la enfermedad del COVID-19 se ve alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la exclusión política y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas de política pública y el compromiso de la sociedad en su conjunto para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo justo, solidario y con una relación de respeto de la humanidad con la madre naturaleza. En resumen, necesitamos otro tipo de desarrollo, basado en unas relaciones de crecimiento ecuánime entre la naturaleza y la humanidad, para cambiar las relaciones explotadoras de la especie humana sobre las demás especies, que acrecientan de manera inmisericorde las arcas de los grandes ricos del mundo. Una riqueza irracional, inmoral y generadora del hambre, la pobreza y las pandemias.

Necesitamos un nuevo compromiso social, nuevos paradigmas de vida, de economía y de política para generar una nueva época, una nueva era en el mundo. Toda la humanidad está involucrada en esto. Desde las personas hasta los Estados, desde la sociedad civil y las comunidades de base hasta los poderes económicos. La comunidad científica, las iglesias y religiones, todos tenemos una función que desempeñar en la construcción del mundo, ahora y después de la pandemia, de cara al buen vivir de las generaciones presentes y futuras.

A propósito de la realización de los derechos humanos para construir un mundo nuevo, el Papa Francisco en Laudato Sí número trece nos dice: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), el Programa Somos Defensores y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)  presentaron el 10 de diciembre el informe "El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos". Informe sobre su persecución, amenazas, ataques, homicidios y desapariciones forzadas” a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). El objetivo del documento es aportar insumos para promover políticas públicas y decisiones judiciales que garanticen la no repetición de hechos violentos en Colombia, además de contribuir a la verdad y ser un testimonio de las causas y efectos del conflicto armado, político y social en el país.

El informe, que tiene como fuente principal expedientes judiciales nacionales e internacionales, así como fuentes primarias y secundarias, documenta seis casos de graves vulneraciones a los derechos humanos de ocho personas defensoras y un familiar de una de ellas. Se trata de los homicidios del profesor Luis Felipe Vélez Herrera (1987), de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP) Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, junto al padre de ella, el señor Carlos Alvarado Pantoja (1997), del abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo (1998) y del periodista y humorista político Jaime Hernando Garzón Forero (1999).

Además de los asesinatos mencionados, también se recopila información sobre las desapariciones forzadas del abogado sogamoseño Alirio de Jesús Pedraza Becerra (1990) y de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa (2000), integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). Todos estos casos han sido acompañados por la CCJ en la justicia ordinaria nacional e internacional durante largo tiempo, como consecuencia de las solicitudes que han hecho las demás organizaciones participantes de este informe para que la Comisión los asumiera.

El documento, que aborda el contexto sociopolítico de las últimas dos décadas del siglo XX en Colombia, deja en evidencia los altos niveles de conflictividad social para el momento, así como los riesgos y la exposición de las personas defensoras de derechos humanos en el país. La coexistencia de grupos armados de todo tipo, algunos de ellos articulados con el establecimiento y el bloque político y social dominante, también es un aspecto relevante a considerar sobre los hechos registrados en el texto.

El informe recopila cuatro hallazgos que resultan esclarecedores sobre la dinámica macrocriminal que rodeó la comisión de estos delitos en ese contexto. El primero de ellos demuestra que los hechos documentados constituyen crímenes de lesa humanidad en los cuales el Estado colombiano tuvo un papel activo. El segundo hace referencia a la importancia de las actividades llevadas a cabo por las víctimas, como móvil para sus asesinatos y/o desapariciones. Se identificó que ellas cumplían un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos, toda vez que denunciaron públicamente la exacerbación de la injusticia social, el incremento de los episodios de violencia generalizada y las arbitrariedades cometidas por agentes del Estado.

El tercer hallazgo demostró que existen elementos comunes en los seis casos, pues el propósito de los perpetradores era desarticular o afectar los procesos sociales, movimientos, organizaciones o redes en los que participaban las víctimas de estos crímenes. El cuarto y último hallazgo da cuenta del modus operandi del terrorismo estatal.

En los seis homicidios analizados en el informe hubo perfilamientos, persecuciones y hostigamientos que no se quedaron en la estigmatización, sino que escalaron a amenazas, atentados y aportaron información precisa de la víctima, cuya fuente eran los aparatos de inteligencia estatal y los destinatarios eran otros agentes estatales o paramilitares.

De otro lado, se encontró que en las investigaciones por los seis crímenes hubo mecanismos de impunidad, precedidos por una larga inactividad de la Fiscalía, reiteradas reasignaciones de despacho instructor, reticencia a vincular a agentes estatales o a formular líneas de investigación que apuntaran en tal sentido y a identificar a máximos responsables, sumado a una inadecuada metodología en la investigación.

Contacto de prensa:

Paola Sánchez, área de comunicación y relaciones públicas de la Comisión Colombiana de Juristas, 321 8749523.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Setenta y dos años después de la resolución de Naciones Unidas que adopta el 10 de diciembre como día internacional de los derechos humanos, la situación de Colombia es alarmante. Desde Soacha, Nariño y La Guajira, las comunidades más golpeadas nos cuentan cómo se protegen de la violencia estatal y la confrontación entre ilegales y empresas que se disputan sus territorios por la coca, el oro y el carbón en la serie radial “Datos para la construcción de memoria y verdad”. Esta primera entrega y muchos más podcast podrán ser escuchados en Spotify

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política vienen en aumento desde el primer semestre de 2019. Así lo registra el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep que semestre a semestre realiza el informe del tema de la mano de organizaciones sociales de todo el país. Tres de ellas se podrán escuchar y conocer en la primera entrega de la serie radial que se estrena en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos de Nariño, la  Mesa de organizaciones de Mujeres de Soacha y Fuerza de Mujeres Wayuú en La Guajira coinciden en su preocupación por el incremento de las violencias en contra de los líderes sociales, firmantes de paz, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defensores del medio ambiente y el Acuerdo de Paz y general de las comunidades excluidas cuyas luchas pacíficas continúan a pesar de que su vida misma está en riesgo y siendo pisoteada sin que el Estado consiga protegerles y, en muchos casos, siendo sus mismos agentes quienes violentan a las comunidades hasta la muerte. La Policía colombiana, por ejemplo, pasó a ocupar el primer lugar en responsable de violadores de derechos humanos desplazando a los paramilitares, según el informe más reciente del Banco de Datos consignado en la revista Noche y Niebla No. 61. 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para “que los gobiernos tomen medidas, y por otro [lado] que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen” (ONU). Es un día en que mundialmente se vela por el respeto, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. 

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se observan altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. La violencia contra líderes y lideresas sociales continúan escalando en medio de una alarma nacional que no logra detener la barbarie. Desde la firma del Acuerdo de Paz van más de 600 defensores de derechos humanos asesinos y más de 200 en lo que va de 2020

También son preocupantes las cifras de homicidios que revela el informe. En 2019 “el ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”. En 2020, hasta el 22 de noviembre se registraban 309 personas asesinadas en 77 masacres (Indepaz, 2020). 

Las organizaciones sociales coinciden en la urgencia de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral y sin más incumplimientos de parte del gobierno, para mitigar las violencias de las que son víctimas día a día. Desde Nariño, Camila Alvarado y Juan Pablo Córdoba exponen que la coca y el incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) les tienen sumidos en un nuevo ciclo de horror.

“El territorio de Nariño tiene ciertas condiciones geográficas que han favorecido a la siembra de cultivos ilícitos y contribuye al financiamiento de ciertos grupos ilegales. Además, es objeto de disputas territoriales entre grupos armados, la fuerza pública y empresas multinacionales, actores fundamentales en el conflicto armado y las situaciones de violencia”, asegura Camila de la Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos, una de múltiples organizaciones que se articula a la Red Nacional BanDatos liderada por el Bando de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

 

Un denominador común causante de la violencia, que evidencia la primera entrega de la serie es precisamente el control territorial por parte de grupos armados legales como el Ejército quien ha asesinado campesinos y firmantes de paz como ocurrió con Dimar Torres, o bien, por parte de empresas legales como es el caso de Cerrejón y las mineras. 

En la primera entrega de la serie radial se advierten múltiples afectaciones producto de este fenómeno las cuales varían en relación con el lugar donde se dan las disputas o el despojo. 

En la Guajira Cerrejón ha despojado a la población de sus tierras durante 40 años y, aunque se prometió progreso, hoy sigue siendo uno de los departamentos más pobres el país donde escasea el agua en parte debido a la explotación carbonífera que anualmente extrae millones de toneladas en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En La Guajira 69 mil hectáreas han sido concesionadas a la empresa privada para explotación minera. Carbones del Cerrejón Limited explota actualmente 14.493, según Noche y Niebla.

Además del despojo, la acción minera por parte de la empresa ha causado la muerte de nuestros Mayores, la pérdida de su cultura y sus prácticas ancestrales, el deterioro del medio ambiente y la salud, entre otras afectaciones”, explica Camila Peláez, integrante del semillero de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu.

                                                                                                                         

El tercer episodio hace referencia al municipio de Soacha. Por medio de las voces de Soraya Garzón y Clemencia López, integrantes de la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, se vislumbra el panorama de violencia que se vive en el territorio, el cual se caracteriza por la presencia de grupos armados ilegales, la delincuencia común y el microtráfico: 

“Pero también es un municipio que, aunque no se reconozca eso por parte de las autoridades y de la administración municipal, tiene problemáticas muy grandes en cuanto a la invasión de terrenos para viviendas informales, problemas de violencias intrafamiliar, desnutrición y desempleo”, según Soraya.

                                                                                                                       

La serie podrá ser escuchada a través de nuestras cuentas de Spotify (https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw) y SoundCloud (https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1) desde este 10 de diciembre. 

Por Daniela Ramírez. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El quince de octubre pasado el Papa relanzó el Pacto Educativo Global: educar en un acto de esperanza para afrontar la pandemia. El Papa Francisco expresó: "Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de armonía social.

En septiembre del año pasado cuando se lanzó el Pacto Educativo Global nadie se imaginó la situación en la que se desarrollaría el Pacto. El contexto actual de Covid-diecinueve, ha acelerado y amplificado muchas de las emergencias y urgencias que se estaban experimentando y muchas otras se han revelado. A los graves problemas de salud se manifestaron con fuerza las desigualdades y exclusiones de millones de personas en la economía y las decisiones políticas. En este duro y complejo contexto los sistemas educativos de todo el mundo han sufrido la pandemia y han mostrado una marcada discriminación en las oportunidades educativas y tecnológicas. Datos recientes de los organismos internacionales hablan de una "catástrofe educativa”. La pandemia puede aumentar este año la brecha educativa ya alarmante con más de doscientos cincuenta millones de niños y niñas en edad escolar excluidos de toda actividad educativa.

Afirma el Papa que esta situación nos debe hacer tomar conciencia de que se necesita transformar, con mayor decisión y profundidad el actual modelo de desarrollo. Los sistemas de sociedad, los modos y estilos de vida social, económica y política, tienen a la mayor parte de los seres humanos empobrecidos y desechados y a los demás seres de la naturaleza usados y explotados.

En este contexto, el Papa señala que el poder transformador de la educación es un acto de esperanza que debe estar basado en la solidaridad y apuntar a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia y de la acumulación de poder económico y político. Y agrega: “La educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación es el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia”. Y continúa: “Para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, para que un educando piense lo que siente y lo que hace, sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa”. De esta manera, al fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las manos, la educación intelectual y socioemocional, el cultivo de los valores y las virtudes individuales y sociales, se fortalece una ciudadanía comprometida y solidaria con la justicia.”

El Pacto Educativo Global, propone siete principios orientadores: primero: la persona es el centro del proceso educativo. Segundo: escuchar la voz de los niños, niñas y jóvenes, sus sueños y cuestionamientos. Tercero: Impulsar la plena participación de las niñas en la educación. Cuarto: la familia es el primer e indispensable educador. Quinto: educar y educarnos para reconocer a los más vulnerables y marginados. Sexto: diseñar e investigar otras formas de vivir la economía, la política y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio de la humanidad. Y finalmente, el séptimo principio: salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios usando energías renovables y respetuosas del entorno natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de una economía incluyente, circular y en diálogo con las demás especies del planeta.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) preguntó a instituciones del Estado qué tienen en común los ataques violentos a excombatientes de las FARC y qué están haciendo para detenerlos. En la nota, algunos de los hechos relevantes.

Este martes 24 de noviembre, día en que se conmemoraban 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón, el partido FARC denunció el homicidio de Paula Andrea Osorio en Atrato (Chocó), con la que se cuentan 243 firmantes de la paz que han sido asesinados desde octubre de 2016. En medio de este contexto, este miércoles 25 de noviembre la JEP citó a una decena de instituciones del Estado a una audiencia pública para rendir cuentas sobre su gestión en la prevención de los homicidios y amenazas contra los excombatientes.

Durante la audiencia, el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP Giovanni Álvarez afirmó que de mantenerse la tendencia violenta “en 2024 habrán asesinado 1.600 excombatientes de las FARC”, es decir, más del 10% del total (13.394) que dejaron las armas en 2016. “Está muriendo un excombatiente de las FARC-EP cada 5 días”, aseguró Álvarez, añadiendo que dichos homicidios ocurrieron en 98 de los 565 municipios donde están asentados. 

Por su parte, la senadora Victoria Sandino reclamó por otras formas de violencia de la que son víctimas los militantes del partido, llegando a contarse 17 desapariciones forzadas y 50 tentativas de homicidio. A esta situación se añade que más de 30 familiares de excombatientes que también han sido víctimas de la violencia contra la colectividad.

El foco sobre la protección territorial y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías

En su intervención, la magistrada Reinere Jaramillo sostuvo que existen 82 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) que no tienen reconocimiento jurídico, y “más del 50% de los homicidios han ocurrido en 70 municipios donde se ubican esto asentamientos” que, como lo informó el Ministerio de Defensa, no tienen protección. Ante este cuestionamiento, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación se limitó a señalar que dichas Áreas no están en ausencia de definición porque no creen que deban tener una, en su lugar, Archila sostuvo que la pretensión con estos espacios es que “entren a formar parte del ordenamiento regular del territorio”. 

El representante por la Defensoría del Pueblo afirmó que la institución ha emitido 192 alertas tempranas, de las que 49 se refieren a riesgos diferenciales para población en proceso de reincorporación. Pero las alertas no han sido suficientes, según reconoció la vicefiscal general de la nación Martha Mancera, los resultados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en materia de protección individual “no son muy rápidos.

Más allá de la protección individual, o en términos de fuerza que puede representar un chaleco antibalas o la presencia de efectivos de la Policía Nacional en determinadas zonas, los magistrados de la JEP indagaron sobre la acción de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de desmontar aquellos grupos que atentan contra la vida de defensores de DD.HH. y excombatientes.

El alto comisionado para la paz Miguel Ceballos respondió a la pregunta afirmando que actualmente no hay una estructura jurídica en dicha Comisión que indique cuales son los grupos sucesores del paramilitarismo que están atentando contra la vida. En palabras del magistrado Gustavo Salazar, esto significa que no hay un reglamento para la operatividad de esta instancia que organizaciones de DD.HH. han identificado como clave, para avanzar hacia la consolidación de la paz.  

El magistrado Alejandro Ramellu, presidente de la sección de la JEP que citó al evento fue el encargado de cerrar la diligencia señalando que “estamos ante un enorme desafío como nación. Está en juego la implementación del Acuerdo de Paz. Pero no sólo este, sino futuros acuerdos”, razón por la que debe garantizarse la vida de quienes participan en el mismo.