Profesores rurales de territorios PDET están siendo desplazados de sus puestos por cuenta del concurso docente creado por el Acuerdo de Paz que, según denuncian, quedaría viciado tras ser modificado en el actual gobierno y no tomó en cuenta el arraigo territorial. Con el acompañamiento de Educapaz instauraron acción popular para proteger sus derechos.

Sorlinda Bocanegra es profesora de primaria en Planadas, Tolima, hace 16 años. Su plaza es una de las 123 que quedaron vacantes en ese municipio gracias al concurso impulsado por el decreto 882. Según relata, para ocupar su puesto se presentaron personas desde Cundinamarca y Huila principalmente, pero también de Cúcuta y Santander, muchos podrían ser apenas bachilleres. Ahora teme que, por cuenta de los cambios normativos al decreto que implementa uno de los mandatos del Acuerdo de Paz, pueda quedar sin puesto, y que sus estudiantes queden en manos de quienes no conocen la región. La preocupación de Sorlinda es compartida hoy por miles de maestros en las zonas de Colombia más aporreadas por el conflicto. 

El primer punto del Acuerdo de Paz -Reforma Rural Integral (RRI)- traza la ruta para mejorar las vida de campesinos y campesinas incluyendo el acceso a la tierra, la salud, la educación, entre otros derechos. Allí se contempla la implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER) con el que “se identifican las brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales”. El decreto 882 de 2017 forma parte del marco jurídico para el funcionamiento del PEER, pero según los maestros, es también el culpable del desplazamiento laboral del que están siendo víctimas. 

El decreto propone un concurso de méritos que se realiza por única vez para la contratación de docentes en municipios donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) si en dichos lugares no había la suficientes profesores para cubrir las plazas, asegura Alejandra Ramírez, profesional del CINEP/PPP en el equipo de Educapaz

“El propósito del concurso es que llegara capacidad humana para impartir educación. El problema es que impartieron el concurso como si todos los territorios tuvieran la misma ausencia de docentes idóneos para brindar esa educación. Entonces pasa que en el sur de Tolima tenemos docentes demasiado formados: normalistas superiores, profesionales, o que tienen maestrías y doctorados pero que perdieron su prueba”, afirma Ramírez.

Un concurso sin enfoque territorial

La normativa cambió entre 2017 y 2020, creando un concurso para ocupar plazas que ya tenían profesores del territorio, bajando los estándares para que se presentaran personas bachilleres y no solo normalistas, como era costumbre, y permitiendo la participación de personas en todo el territorio nacional, explica Alejandra. 

“Lo que ellos argumentan es que los acuerdos de paz tienen un enfoque territorial; pero la paz territorial no es igual para todos. Tienen que considerar las dinámicas del territorio, entonces el concurso debió darse de manera particular según cada zona PDET, y no todas las plazas debieron darse por igual. Tenían que haber unas particularidades”.

El decreto “es una distorsión al espíritu y letra del Acuerdo”, cuyo efecto inmediato implica que “están eligiendo profesores que no tienen arraigo en las regiones, y desplazando a educadores y sus núcleos familiares”. Así lo denunció la senadora Sandra Ramírez en sus redes sociales.

Un concurso viciado

La profesora Sorlinda explica que el concurso no valoró con mayor puntaje el arraigo y experiencia en el territorio, y asegura que se presentaron fraudes en las pruebas de 2019. Por más de una década, ella ha acompañado la formación de niñas y niños campesinos en Planadas, que junto a Ataco, Chaparral, y Rioblanco, hace parte de los cuatro municipios PDET en Tolima. En total, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (criticados por organizaciones sociales desde su puesta en marcha por el gobierno Duque) incluyen 170 municipios de Colombia. 

Sorlinda asegura que la filtración de respuestas de la prueba comenzaron a llegar a través de redes sociales en el primer receso de la jornada. “Personas manifestaron que los cuadernillos se estaban vendiendo”, agrega. Esta situación llevó a que el concurso se anulara solo para primaria. La Comisión Nacional del Servicio Civil declaró “irregularidades y dejó sin efectos las pruebas de docente primaria aplicadas en 23 ciudades en el marco del Concurso Especial Docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.

Entonces continuó el proceso para coordinadores, rectores y bachillerato. Luego, en 2020 se realizó el concurso de primaria, pero “se venden cuadernillos a un costo más alto y si la persona tenía dinero, podía comprarlo con una semana de anticipación pero si no tenía tanto, se lo daban con un día de anticipación”, sostiene Sorlinda. “Pero no a todos nos ofrecen el cuadernillo, sólo a aquellos que les falta ética. Ni siquiera para eso nos tomaron en cuenta”, concluye. 

Pese a esta situación, ella y sus compañeros se sintieron tranquilos tras la prueba “porque preguntaba cosas que hacíamos en el aula”, pero llegaron los resultados y comenzaron las decepciones: en Planadas solo pasaron 14 maestros de primaria, 20 de áreas especiales y 4 coordinadores. 

“A nosotros no nos hacen docentes unas pruebas, sino los años que hemos tenido aquí siendo profesores”, dice Sorlinda, quien camina por las vías sin pavimentar del Sur del Tolima bajo las lluvias y en botas de caucho para llegar hasta el aula y, así, intentar arrebatarle niños a la guerra. 

Además de la función propiamente docente, los profesores rurales también forman tejido social en las comunidades, explica Sorlinda, pues, por ejemplo, crean la confianza para recorrer el territorio.  “No se trata de poner en tela de juicio las capacidades de quienes pasaron el concurso, sino el impacto de desplazar al docente que en muchas ocasiones es el único representante del Estado en las zonas más apartadas”, agrega preocupada Alejandra Ramírez del Cinep / PPP.

Tras varios derechos de petición y oficios a distintas entidades, los profesores del sur del Tolima crearon la Mesa Nacional de Docentes Provisionales que, con el acompañamiento de Educapaz, logró instaurar una acción popular en la que también se pidió una medida cautelar para pausar el concurso docente en los municipios PDET en diciembre de 2020. 

Alejandra Ramírez explica que con esta acción popular se pretende defender el cargo docente, así como evitar las problemáticas que afectarían las comunidades si se produce el desplazamiento laboral. Para ello, acuden al testimonio de padres de familia, líderes comunales y JAC quienes piden al unísono que sus docentes no sean retirados. Por ahora, la acción fue firmada por 127 docentes y reposa en el Tribunal del Tolima. Aún se desconoce cuántos maestros rurales en el país se quedaron sin puesto gracias al decreto 882. La Mesa creada por los docentes avanza en conocer el panorama nacional que, como el de Tolima, tiene preocupadas a las comunidades educativas y rurales. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, al concurso se inscribieron 121.113 aspirantes para proveeer 6.564 vacantes ofertadas para 119 municipios Pdet.

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

A pesar de estar en el mayor pico de contagio por el virus, varios analistas sociales han preguntado sobre las tendencias sociales que se vislumbran en el mundo post pandemia. El periódico Vanguardia de México, publicó un artículo de Carlos Glatt, en el que expuso varias tendencias basadas en análisis de diversos expertos.

Una primera tendencia es la llegada acelerada de nuevas formas o paradigmas de trabajo. Se impone la hiper -conexión virtual, la presencia física, en una gran cantidad de trabajos es un escenario más, ya no es el único ni es imprescindible. El trabajo en línea desde nuestras casas o sedes adaptadas, se consolidará con nuevos ambientes tecnológicos y se crearán espacios para grandes encuentros digitales. Nadie quiere volver a la invivible vorágine del tráfico en las grandes ciudades, largos tiempos en trancones, cansancio, inseguridad y contaminación. Los enormes edificios de oficinas tendrán que ser reformados para otros usos. Muchos trabajos se pueden realizar dentro o fuera de una ciudad y generar el mismo o mejor valor. La empresa que no inviertan por lo menos un 10% en nuevas tecnologías desaparecerá. La forma de contratar personal se replanteará. Contratar a los mejores del mundo es cada vez más accesible. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales.

Otra tendencia muestra que la virtualidad está ganando espacio en escenarios socioculturales como las iglesias, museos, gimnasios, cines, bibliotecas y lugares de entretenimiento. La presencia en estos lugares puede llegar a ser limitada y costosa, tanto por el mantenimiento de la infraestructura como por el acceso a ellos.

Por otra parte, la educación profundizará el esquema híbrido, entre presencial y virtual; pero con innovadores desarrollos tecnológicos. El sistema médico se adaptará a lo digital, una cita médica en teleconferencia será cada día más normal. La gente se enfermará menos de pandemias si manejamos bien los alimentos y se trabaja el gran problema del hambre, la desigualdad y el desarrollo mundial. Finalmente, será urgente para la sociedad y las grandes industrias trabajar diversas estrategias científicas e interculturales frente al cambio climático, si queremos que el planeta sea una casa común, con inclusión, equidad y justicia para todas las especies.

En noviembre del año pasado el Papa Francisco, en Asís, exhortó a jóvenes empresarios a promover modelos económicos mundiales pos-pandemia que incluya a los pobres. Y añadió:

“el futuro, debe ser una época que nos recuerde que no estamos condenados a sostener modelos económicos cuyo interés se limita a la ganancia inmediata y a políticas públicas lucrativas sin importar sus consecuencias sociales y ambientales. Se debe ir más allá de satisfacer las necesidades más básicas. Tenemos que aceptar estructuralmente que los pobres tienen la dignidad suficiente para participar en nuestras reuniones y discusiones y traer pan a sus propias mesas”

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Luego de más de 14 fallos judiciales que ratifican la vulneración de derechos por parte de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos de las comunidades y el territorio guajiros, varias organizaciones denuncian ante la OCDE a esta empresa y sus aliados por los daños en la región.  

En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos en La Guajira por parte de las empresas que extraen carbón. Así lo explica Jenny Ortiz, investigadora de CINEP/PPP. En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19. 

Allí más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, y se han contaminado y/o desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento—,  entre las muchas afectaciones de la actividad extractiva en La Guajira. Por esta razón, GLAN, Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el CINEP/PPP  denunciamos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas.

Para conocer la situación de violaciones de derechos humanos en La Guajira le invitamos a consultar la Revista Noche y Niebla N°61: Minería de Carbón y Des-Arroyo.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Seguro que la mayoría de nosotros quisiéramos haber recibido como regalo de navidad una vacuna contra el Coronavirus que fuera poderosa, eficiente, duradera y capaz de liberarnos de los miedos y limitaciones que produce esta enfermedad. En estos momentos existe la vacuna contra el Covid-19, al parecer se venía investigando, antes de la aparición de la pandemia su fabricación, lo que favoreció que, en menos de un año, los laboratorios farmacéuticos más prestigiosos del mundo avanzaran con rapidez. Más de diez potenciales vacunas contra el coronavirus, hace pocas semanas, se encontraban en la fase tres de sus ensayos clínicos y ahora varias de ellas pasaron a la última etapa antes de la aprobación por parte de las agencias reguladoras en Europa y los Estados Unidos. Así las cosas, la comunidad científica mundial recibió con gran entusiasmo las buenas noticias sobre la vacuna desarrollada por las compañías farmacéuticas: Pfizer y BioNTech, un 95% de efectividad, ningún efecto secundario preocupante y buena protección para personas mayores de 65 años y de diferentes razas y etnias.

Pero estas empresas no son las únicas, desde noviembre el laboratorio Moderna informó que su inmunizador había registrado una tasa de efectividad del 94%. De igual manera la Universidad de Oxford en Inglaterra y AstraZeneca mostraron los resultados de su compuesto con un 70,4% de efectividad y puede llegar a más de un 90%. También existe la vacuna china CoronaVac (de Sinovac). Existe también la vacuna rusa Sputnik cinco, ya aprobada por el gobierno ruso con un 92% de efectividad. Por su parte, Johnson & Johnson, también creó una vacuna cuyas pruebas se han realizado en países latinoamericanos, entre ellos Colombia, pero aún falta terminar la fase tres para su aprobación. Otra vacuna es la Novavax, cuyos estudios se llevan a cabo en el Reino Unido y Estados Unidos, pero sus resultados tardarán hasta febrero del año entrante. Finalmente, existen otras dos vacunas en desarrollo, pero sin información definitiva: la CanSino de China que está en pruebas de fase tres en Pakistán, Arabia Saudita y México; y, la Covaxin desarrollada en India que acaba de entrar a la fase tres de ensayos clínicos.

Ahora bien, podemos ser optimistas y tener el beneficio de la vacuna todos los seres humanos. Pero, ¿la idea es volver al mundo que tenemos? ¿a una normalidad que creó el tipo de vida que hemos venido generando? ¡¿Una forma de desarrollo y de relación de la especie humana con las demás especies de la naturaleza, que en buena parte no funciona bien?! La pandemia visibilizó con claridad y gravedad que cada día se está ampliando la brecha entre la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza en el mundo. Se acelera cada día la desigualdad social en la distribución del ingreso, en la redistribución de la riqueza y en el acceso y uso de los patrimonios naturales, lo que ha traído más problemas estructurales y se ven venir mayores complicaciones sociales en el mediano y largo plazo con relación a la igualdad de oportunidades en la salud, la educación, la economía, la política, la profunda falta de reconocimiento de la diversidad cultural y el deterioro galopante de los patrimonios naturales y la contaminación del planeta. Necesitamos también una vacuna contra la pandemia de la desigualdad, contra la insaciable tendencia del ser humano a acaparar los beneficios de la naturaleza, una vacuna contra el ego humano que desactive la enfermedad de la injusticia y nos libere virus del egoísmo personal y colectivo.

El papa Francisco pidió, en una audiencia con miembros de la fundación italiana Banco Farmaceutico en septiembre de este año, que la vacuna contra Covid-19 sea universal y no solo esté al alcance de los países más ricos para que todos, incluso los más pobres, puedan curarse de esta pandemia. Y añadió:

"La reciente experiencia de la pandemia, además de una gran emergencia sanitaria en la que ya han muerto más de un millón de personas, se está convirtiendo en una grave crisis económica, que genera pobres y familias que no saben cómo salir adelante. Sería triste si en la entrega de la vacuna se diera prioridad a los más ricos o si pasara a ser propiedad de esta o aquella nación y no fuera para todos. A nivel ético, si existe la posibilidad de tratar una enfermedad con un fármaco, este debe estar al alcance de todos, de lo contrario se crea una injusticia”. 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

¡Gracias!

  • Jun 12, 2021
  • Publicado en Prensa

En 2020 mantuvimos en alto nuestro compromiso con una sociedad justa, sostenible y en paz. Agradecemos su compañía y apoyo y les compartimos algunos de nuestros logros.

 Por: Comunicaciones CINEP/PPP.