Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo" alertan por la modificación al Decreto 003 de 2021, con el que se limita el derecho a la protesta permitiendo la intervención de la fuerza pública frente a los cortes de ruta temporales como permanentes. 

El gobierno de lván Duque anunció el viernes 18 de junio una modificación al Decreto 003 del 2021, con la cual limita la definición de protesta pacífica estipulando que los cortes de ruta -tanto los temporales como los permanentes- no constituyen una forma legítima de manifestación pacífica y por tanto pueden ser disueltos mediante la intervención represiva de la fuerza pública.

Dicho decreto, sin la anunciada modificación, por sí mismo constituía un cumplimiento insuficiente de la sentencia STC- 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 septiembre de 2020, que reconocía la violación sistemática del derecho a la protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La sentencia profirió, entre otras, las siguientes directrices: llamó al gobierno nacional a mantener la neutralidad frente a la protesta social, instó a la conformación de una mesa de trabajo para la reestructuración de las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y ordenó la creación de un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza frente a las protestas, encaminado a prevenir los abusos de la fuerza pública, a evitar la estigmatización de los manifestantes, a detener el uso desproporcionado de armas letales y menos letales, a evitar las detenciones ilegales y tratos inhumanos y a frenar los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En cumplimiento de la sentencia, el gobierno expidió el mencionado decreto constituido por declaraciones generales tendientes a reducir la respuesta inmediata de la policía nacional en las manifestaciones, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación entre organismos de control, autoridades, fuerza pública y manifestantes en los Puestos de Mando Unificados durante las protestas. Sin embargo, el gobierno se negó a discutir y a transformar las directrices operacionales que constituyen el marco institucional que ha posibilitado los abusos policiales violatorios del derecho constitucional a la protesta pacífica, en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con la modificación normativa anunciada el viernes, el gobierno pasa del cumplimiento insuficiente al desacato abierto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Frente a dicha conculcación de derechos, expresamos las siguientes consideraciones. La sentencia estipulaba con absoluta claridad que la reglamentación expedida para dar cumplimiento al fallo debía tener en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las recomendaciones de Naciones Unidas y las señaladas por la propia sentencia. No hay duda de que la prohibición de todos los cortes de ruta inscrita en la modificación del Decreto 003 de 2021 constituye una violación clara de dichas directrices.

La doctrina de la CIDH, que es coherente con la jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad al cual debe atenerse el gobierno colombiano, comprende los cortes de ruta como repertorio legítimo del ejercicio del derecho a la protesta. De igual forma la CIDH ha reconocido que la alteración del ejercicio del derecho de terceros producto de las protestas pacíficas hace parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. De igual forma, la CIDH ha indicado que ante la posible colisión de derechos, por ejemplo, el derecho de tránsito y el derecho de reunión, es preciso tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El gobierno nacional también ha violado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la modificación anunciada pretende delimitar por vía de un decreto un derecho constitucional, lo que solo puede hacerse a través de una ley estatutaria. Se trata, en resumidas cuentas, de una violación en diferentes niveles tanto de la Constitución Política como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En ese sentido, consideramos que la actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado de excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para este tipo de escenarios. Además, la presente criminalización del derecho a la protesta se articula con una visión estigmatizante de la conflictividad social, presente tanto en el gobierno como en la Policía Nacional, lo que configura el terreno propicio para la persistencia de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han enlutado al país en el marco de coyunturas recientes como el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las protestas populares contra la violencia policial de septiembre de 2020 y el paro nacional del 2021.

El gobierno también ha vuelto a incumplir de manera directa el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y ratificado por el Congreso de la República durante el 2016. El punto 2.2 del Acuerdo mandató la creación de un Proyecto de Ley de Garantías para la Participación y la Protesta, que tuviera como base un espacio nacional de diálogo a partir de una serie de lineamientos que incluían las garantías para la movilización y la armonización normativa para garantizar el derecho a la libertad de asociación y la protesta. A partir de una serie de encuentros, en los que participaron alrededor de 2500 personas en representación de al menos 1541 organizaciones sociales, se construyó un documento de lineamientos para la creación de dicho proyecto de ley, que el actual gobierno se empeña en desconocer. 

Por tanto, desde Democracia en Riesgo le exigimos al gobierno que desista de la anunciada modificación normativa, que avance en el cumplimiento cabal de la sentencia  STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que privilegie el diálogo social como mecanismo de respuesta a la protesta social, que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz y que rectifique su tendencia autoritaria que ha puesto en grave peligro a la democracia colombiana.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Continúan las presentaciones regionales de “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020”, espacios de conversación entre investigadores del libro, comunidades, instituciones del Estado, académicos, expertos y organizaciones de DD.HH

 Los resultados de la investigación que durante tres años realizó Cinep con el apoyo de Diakonía y produjo el libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020” son socializados en espacios regionales. Con un diálogo virtual desde Cúcuta, Norte de Santander, este miércoles 23 de junio continuaron las presentaciones, esta vez sobre el capítulo de Catatumbo, con la presencia de Lina Mejía, coordinadora de DD.HH. y D.I.H. de Vivamos Humanos; y Luis Eduardo Celis, analista de conflictos e integrante de la Fundación Paz y Reconciliación 

Estos eventos, que por razones de la pandemia se están realizando en una modalidad ‘mixta’ (presencial y virtual), han servido para socializar los hallazgos de la investigación en los territorios que aborda, para aportar a las apuestas de paz regionales como ocurrió en Quibdó, Chocó, el pasado viernes 28 de abril. En dicho encuentro estuvieron líderes y lideresas del alto, medio y bajo Atrato junto a investigadores, analistas e instituciones del Estado, frente a los que reiteraron la necesidad de impulsar un acuerdo humanitario en el Departamento.

Zenaida Martínez, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), afirma que el Acuerdo Humanitario es una oportunidad para que se piense en las personas que habitan el territorio: “si el Gobierno y el ELN retoman estos diálogos viviríamos mejor porque ya no habría actores armados”, por lo que pide que se retomen las conversaciones para evitar que sus hijos sigan siendo reclutados para la guerra.

Nevaldo Perea, integrante del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), sostiene que en el medio Atrato la situación de los jóvenes es de desesperanza “porque ellos terminan con mucho esfuerzo el bachillerato pero no pueden seguir la universidad, entonces se vuelven vulnerables para los actores armados que los usan como frente de guerra”. Por lo tanto, sostiene que el Acuerdo Humanitario Ya es una apuesta para lograr un consenso entre el Gobierno y las guerrillas que les dé una posibilidad de vida a los jóvenes.

En este evento estuvieron presentes entidades como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y Alcaldía de Quibdó así como el analista Víctor de Currea-Lugo y el coeditor de la publicación Andrés Aponte, que recordó que el ELN y las autodenominadas AGC son los actores que causan más conflictividades sociales en el departamento. 

El Acuerdo Humanitario Ya fue presentando en 2017 a la mesa de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la delegación del ELN en Quito, Ecuador, y contiene 11 puntos tendientes a buscar la paz en Chocó que incluyen el desmonte de estructuras paramilitares, el cese al fuego bilateral, el respeto por los territorios étnicos, entre otros. 

El próximo martes 29 de junio se realizará la presentación regional sobre el Sur de Bolívar en Barrancabermeja, Santander; y está por confirmarse la fecha y lugar sobre el capítulo de Cauca. Estos espacios propician el diálogo entre investigadores, comunidades y representantes del Estado, no obstante si desea asistir a ellos de forma virtual o presencial, puede enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con la solicitud.

Encuentre el libro "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020”  en este enlace: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-con-el-eln-las-consecuencias-de-un-federalismo-insurgente-1964-2020/ 

Encuentre el documento ocasional "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada" en el siguiente enlace: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-eln-documento-ocasional/ 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Tras sesionar en Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado, y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. El TPP es un tribunal de opinión y representa un llamado ético a los estados y la sociedad.

Por más de un siglo Colombia ha enfrentado “un proyecto  de  reorganización  social  a  través  del terror, en el que la comisión de muchos de los crímenes concretos denunciados (...) se subsume en el crimen, central en este análisis, de genocidio”, de acuerdo con el fallo del Tribunal que sesionó en su versión número 48 en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo pasados recibiendo información de 54 casos que evidenciaron el genocidio político, los crímenes contra la paz y la impunidad cometidos desde 1912 a la fecha. 

“El conjunto de la violencia estatal y para-estatal ha estado al  servicio  de  un  intento  sistemático,  organizado  y  constatable  de  destrucción  parcial  de la identidad nacional colombiana”, agrega el fallo. En su lectura virtual el jurado se refiririó al genocidio contra los pueblos étnicos, movimientos campesinos y sindicales, organizaciones político-electorales, personas exiliadas, y a casos como la masacre de las bananeras o las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” para explicar los fundamentos que los llevaron a condenar al Estado colombiano por estos crímenes. 

El Tribunal condenó al Estado de Colombia por crímenes  de  lesa  humanidad  y  crímenes  de  guerra, el incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  prevención,  investigación  y  sanción del genocidio; por  haber  adoptado doctrinas  militares  y  estrategias  de  seguridad  basadas  en  la existencia   de   un   enemigo   interno, haber  promovido  o  permitido  la  afectación  grave  de  los  territorios  y  de  los ecosistemas para  la  implantación  de  proyectos  económicos, y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos  de paz, entre otros.

Las recomendaciones del Tribunal 

En el fallo, que puede ser encontrado en https://www.tppcolombia.com/, también se hacen recomendaciones al Estado Colombiano, entre ellas: Respetar y hacer respetar los derechos humanos como se comprometió en los pactos internacionales y la Constitución colombiana, proceder a la restitución completas de tierras a los despojados, disolver las asociaciones "convivir" y estructuras paramilitares, sancionar debidamente a los autores de ejecuciones extrajudiciales y "aplicar   y   facilitar   la   aplicación   del   acuerdo   de   paz   de   2016   en   todos   sus componentes,  en  particular  el  Sistema  integral  de  verdad,  justicia,  reparación y  no repetición", entre otras.

Para el jurado del TPP, Daniel Feierstein, el tratamiento de la verdad sobre lo que pasó en Colombia resulta relevante porque “el genocidio cobra su realización simbólica en el momento en que un pueblo ya no es capaz de narrarse la historia que ha vivido, sino que la fragmenta y conceptualiza en formas que no le permiten recuperar la identidad que el momento material del genocidio había venido a destruir”. 

El pueblo se levanta por el pueblo

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep / PPP Javier Giraldo explicó la relevancia del Tribunal al señalar que este tipo de entidades serán necesarias “hasta que el último ser humano hambriento sea saciado, y hasta que se abra un camino de vida que acabe con la explotación de los muchos por los pocos”, y añadió que pese a que el TPP es un tribunal de opinión que no tiene un carácter vinculante, y no tiene el poder de ‘sentar en el banquillo’ a los acusados, en realidad ello es una virtud, porque los obliga a pronunciarse para crear sentidos apelando a la ética para que se respeten los DD.HH.

El sacerdote concluyó que el TPP cierra su tercera intervención en Colombia apuntando “las características genocidas de la trayectoria estatal, y lo hace en un momento en que el pueblo colombiano está levantado contra las manifestaciones de ese genocidio. Barricadas y puertos de resistencia se están multiplicando en toda la geografía nacional y quizá, por primera vez, se ponen en cuestión estructuras económicas, políticas, militares y culturales en las cuales soterradamente se ampararon por varios siglos las prácticas genocidas”, y añadió que “esta sentencia se le entrega y regala a un pueblo que despierta y busca caminos de emancipación de su opresión”.  

Encuentre el video completo de la lectura del fallo la rueda de prensa y el panel en: 

 

Encuentre el fallo completo en: https://www.tppcolombia.com/

 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo"  rechazan el Proyecto de Ley 595 de 2021, que pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular. 

El proyecto de Ley 595/2021, “Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”. presentando por la procuradora Margarita Cabello, respaldado por el Gobierno de Iván Duque mediante mensaje de urgencia y que está a punto de ser aprobado por el Congreso de la República constituye no sólo un evidente desconocimiento de las obligaciones del Estado Colombiano en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 8 de julio de 2020, en la que se declaró responsable al Estado de Colombia por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, sino también una muy grave afectación al sistema de pesos y contra pesos propio de todo sistema democrático en tanto supone el otorgamiento de potestades abusivas a dicha institución las cuales podrían derivar en serias vulneraciones a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

El proyecto de ley pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular en contravía de lo planteado por la Corte Interamericana que obliga a que dichas potestades solo reposen en el poder judicial y especialmente en jueces de carácter penal, esto es fundamental toda vez que el actual diseño institucional de la Procuraduría General se presta para un manejo arbitrario y partidista de estas funciones ya que la cabeza de dicha institución es electa por el Congreso de la República y los funcionarios de mayor jerarquía y con facultades sancionatorias son empleados que no provienen de un sistema de carrera, posibilitando todo esto, injerencias políticas externas e internas en el desarrollo de los procesos disciplinarios.

Así mismo vemos con enorme preocupación el aumento de las funciones de policía judicial a la Procuraduría General, ya que gracias a ellas dicha institución podría adelantar interceptaciones telefónicas, seguimientos, allanamientos entre otros procedimientos sin el control previo de un juez de garantías poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, pero especialmente de quienes ejerzan la política en oposición a los partidos políticos afines al procurador de turno. Vale la pena recordar que este tipo de potestades sin los controles constitucionales efectivos han servido en nuestra historia reciente para cometer graves arbitrariedades y delitos que se pueden cometer en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho.

También rechazamos que en medio de una de las peores crisis fiscales y económicas de nuestro país y a escasos meses de las elecciones de Congreso y presidenciales se usen este tipo de proyectos de ley para aumentar cargos públicos sin un límite específico, esta pretensión más que en unas necesidades de carácter misional sin los controles necesarios podrían derivar en un ejercicio claramente clientelar destinado a favorecer a los partidos políticos de la coalición de Gobierno que eligieron a la actual procuradora general.

De igual forma, vemos con extrañeza que el proyecto de ley contrario a lo establecido en la ley 5 de 1992 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional sea tramitado como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria tal y como debería ser, toda vez que dicho proyecto afecta de forma directa Derechos Fundamentales, eludiendo con esto tanto las mayorías, debates y el control previo de la Corte Constitucional que tienen las leyes de carácter estatutario.

Es por esto que desde Democracia en Riesgo llamamos al Congreso de la República a no aprobar el mencionado proyecto, a la comunidad internacional estar atenta y al conjunto de la ciudadanía para que ejerza el control político respectivo ante esta grave afectación de los derechos fundamentales, el Estado de derecho y la democracia en su conjunto.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP