El presente es el Décimo informe que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, adicionalmente, la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas por la STCVI: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio.

Este informe se produce en el marco de la segunda fase de funcionamiento de la STCVI que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Décimo informe, publicado en octubre de 2021, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.

A continuación el Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: 


 

A continuación el documento sintético del Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: 


 

Información para prensa:

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+57 321 4590847

Comunidades de López de Micay, Timbiquí, Guapi y la zona rural de Buenaventura suspendieron su participación en el proceso PDET del Pacífico Medio, región de la que hacen parte, hasta que se garantice su participación y avances efectivos en  la implementación en la subregión.

Desde el 29 de septiembre las comunidades adscritas a la subregión PDET del Pacífico Medio,  integrado por los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapí y Buenaventura zona rural declararon una suspensión total de toda actividad en el marco de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, y pidieron una reunión con entes estatales y garantes para abordar sus demandas y plantear soluciones. 

En entrevista con Cinep / PPP, Wisne Hinestroza, delegado de la Mesa Técnica Distrital de la zona rural de Buenaventura, explica las razones para esta suspensión y los tres puntos que plantean las comunidades para reiniciar el proceso.

¿Cómo valoran la implementación del PDET en la subregión del Pacífico Medio?

Desde la firma del pacto subregional el 23 de febrero de 2019, dejamos en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) unas iniciativas que invitaban a la creación de unas mesas técnicas subregionales para hacer seguimiento a la implementación del PDET, para ello se crearon mesas municipales para hacer ese seguimiento. Hoy por hoy se pudo conformar la mesa subregional que tiene la delegación de cada uno de los municipios para hacer el seguimiento a la implementación.

En el inicio del proceso hubo una participación comunitaria muy importante, porque nosotros fuimos quienes construimos el documento, se recogieron las iniciativas de acuerdo a la armonización entre los documentos propios de cada comunidad. Avanzamos en la construcción de planes y en la asamblea que permitió llegar a presentar las iniciativas.

¿Qué problemas están enfrentando para avanzar ahora?

En la actualidad las comunidades han sido relegadas del proceso porque casi no participan, sólo son convocadas para una que otra reunión para trabajar la hoja de ruta, mecanismos de consulta, pero en la reunión para trabajar el Plan de Acción 2021 no se convocó a las comunidades, entonces no participamos de forma directa.

Adicionalmente, nosotros como Pacífico Medio teníamos una coordinación que estaba encargada pero no nombrada, cuando se inició la implementación nos unieron con el PDET de Alto Patía – Norte del Cauca. Es decir hoy tenemos una sola coordinación, y todas las decisiones que toman para el Pacífico Medio se deben consultar con el coordinador de Alto Patía – Norte del Cauca.

Sentimos que así se viola el Decreto 893 que crea las diferentes subregiones: si hay dieciséis subregiones PDET, deben haber dieciséis coordinaciones. 

No nos parece que se una una estructura administrativa a otra, porque a la hora de la implementación hay problemas, ejemplo puntual: El PDET del Alto Patía - Norte del Cauca ha logrado inversiones y acá no lo tenemos; en cuanto a obras por impuestos allá tienen once y acá no tenemos ninguna. Entonces sentimos que la gestión se ha quedado allá.

Al tener una coordinación directa nosotros creemos que podemos tener una mayor capacidad de gestión, y hoy los resultados de acuerdo a las inversiones que hay nos dicen que sí es necesario tener una coordinación que sea autónoma.

A ello se suma que el avance de los proyectos ha sido muy lento, y hay dificultad para que sean aprobados. Entonces, parece que tampoco hubiera voluntad de parte del Estado para sacar adelante los proyectos para estas zonas. Actualmente no tenemos ni un proyecto en nuestra Subregión PDET.

Vamos a llegar a 3 años de haber firmado el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) y nuestras comunidades siguen esperando obras, realmente estructurales, y eso es lo otro: uno de los objetivos era cerrar las brechas entre el campo y los cascos urbanos, entonces se supone que vamos a trabajar proyectos de envergadura. Pero las decisiones no se han tomado con la comunidad.

¿Qué soluciones plantean a estos problemas?

Las comunidades no vamos a participar en ninguna actividad que sea en el marco de los PDET hasta que logremos concertar unos puntos que establecimos:

  1. Descentralización del PDET Alto Patía.
  2. Que se reconozca a la mesa subregional creada por las autoridades étnicas, porque nosotros somos delegados por ellos y somos quienes debemos ser convocados para legitimar las decisiones.
  3. Que haya un plan de choque, de estructuración y aprobación de los proyectos, porque este PDET al ser el de menos inversión debería tener un recurso que permita asegurar recursos.

Hoy tenemos una experiencia con el consorcio que se ganó una licitación para las obras PDET y hay municipios como en el caso de Timbiquí o Guapi que aún, después de casi tres años, no han empezado la construcción de las Obras PDET. Aquí en Buenaventura hace un año estamos en ese dilema porque no les habían consignado el recurso.

Si esas obras de menor impacto y menor cuantía, que eran las que iban a mostrar la presencia del Estado en los territorios tienen tanta complejidad y han sido tan difíciles de implementar, imagínese los proyectos de envergadura. Entonces necesitamos un equipo que quiera avanzar. Hoy en día estamos muy rezagados. 

Y se quiere transmitir ese rezago a los entes territoriales porque la Agencia de Renovación del Territorio (ART) sólo articula, pero quien tiene que cumplir a las comunidades es el Gobierno. 

Además acá no se tiene en cuenta que este PDET es cien por ciento étnico, y debería involucrar en sus equipos de trabajo a personas que conocen de las dinámicas regionales, pero en los espacios de reunión vemos a personas que vienen de afuera de los territorios. Sumado a ello necesitamos poder estructurar, hacer seguimiento y un plan de aprobación a los proyectos.

De otra forma, se nos van a ir los 15 años y ni siquiera vamos a tener Obras por Impuestos.

Por eso nosotros le pedimos a la ART que convoque a una reunión con personas con capacidad de decisión como el consejero Emilio Archila, que puedan permitir una solución a las dificultades y también pedimos unos garantes que puedan ayudar a encontrar una salida. Esta convocatoria fue en septiembre, pero nosotros no vimos claridad sobre quienes van a venir; el pasado 6 de octubre les pedimos claridad sobre esto porque la reunión era para el 13 de este mes y no llegaron. Por eso nosotros requerimos un nuevo encuentro.

Le invitamos a consultar los informes generales de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) que incluyen la revisión sobre el estado de la implementación en las subregiones PDET de Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio en: https://www.cinep.org.co/Home2/temas/secretaria-tecnica.html.

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo  de comunicaciones Cinep / PPP.

 

El pasado lunes 4 de octubre el gobierno venezolano anunció la reapertura de la frontera que comparte este país con Colombia tras 2 años de cierre. Ante esta situación, el Cinep / PPP y otras organizaciones plantean la necesidad de reiniciar las relaciones institucionales entre ambos países, y desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad.

La crisis política de Venezuela, la tensión entre Miraflores y La Casa de Nariño, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, el cierre de pasos fronterizos formales entre dos países hermanos, generan un sinfín de problemas que afectan directamente a los pobladores, a los comerciantes, a los ciudadanos de un país que viven en el vecino, así como a población fronteriza que tiene una condición binacional dada por sus lazos étnicos, familiares y otros factores que así lo han favorecido. 

Es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, que han generado pérdidas sociales, económicas, humanas, y han beneficiado a la ilegalidad y criminalidad. Por ello no sólo es urgente abrir el flujo comunicativo interinstitucional sino también desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad. 

Gremios empresariales, cámaras de comercio, gobiernos locales, académicos, sociedad civil organizada de Colombia y Venezuela, han mantenido un esfuerzo sostenido en favor de la reapertura total de los pasos fronterizos, de los consulados, de los canales institucionales de comunicación entre los dos Estados. Desde esos esfuerzos queremos aprovechar el desbloqueo de los puentes para procurar que ambos gobiernos asuman las consecuencias de las crisis y las tensiones. Venezuela y Colombia no pueden continuar en la actual dinámica destructiva. 

Quienes suscribimos el presente comunicado celebramos el retiro de los contenedores que impedían la circulación entre ambos países a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, esperamos que pronto se haga otro tanto en el Puente Unión y urgimos a las instituciones pertinentes de cada país a que inicien inmediatamente un diálogo que busque hacerle frente a la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad, y generar la reactivación de la actividad económica y comercial entre los dos países. Han surgido iniciativas de diversos sectores, como las consignadas por actores de Táchira y Norte de Santander en la Declaración de San Antonio del pasado 3 de octubre. A continuación, recogemos algunas de esas propuestas:

  • Acordar y aplicar un control sanitario y de bioseguridad conjunto, que permita el restablecimiento del tránsito de personas empezando por el ámbito fronterizo andino en donde parte del Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada. 
  • Fortalecer el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que regresan a su país, de jóvenes que estudian en ciudades colombianas, así como de poblaciones indígenas y de quienes tienen que pasar a abastecerse y buscar servicios o tienen nexos familiares a uno u otro lado de la frontera. 
  • Acordar y aplicar controles sanitarios y aduaneros conjuntos, estimular un esfuerzo sostenible para la reactivación de la actividad empresarial paralizada tras seis años del cierre de pasos fronterizos. 
  • Reactivar los servicios consulares, lo que no implica un reconocimiento político entre uno u otro gobierno sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país que residen en el otro. 
  • Revivir la institucionalidad necesaria para atender la frontera. Como primer paso, podría reconstruirse la Comisión Binacional Fronteriza involucrando autoridades locales, con el objetivo de definir los procedimientos para combatir todos los grupos armados irregulares que operan en la frontera. 
  • Partir del nuevo marco jurídico fronterizo colombiano (leyes de fronteras 2135 y de Zona Económica Especial y Social) y venezolano (Zonas Económicas Especiales de Ureña y San Antonio), analizar convergencias, divergencias y formas de reactivación de los aparatos productivos y económicos. 
  • Acordar y aplicar medidas que permitan revisar y atender asuntos ambientales derivados de ecosistemas estratégicos compartidos, vinculando a las autoridades locales que han tratado de hacerle frente a los problemas y necesidades más urgentes al respecto. 
  • Generar coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, cámaras de comercio, y con organizaciones sociales que atienden migrantes o fortalecen nexos positivos entre los dos países. 

A continuación el comunicado:

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El 7 de octubre, la Misión SOS Colombia entregó su informe final exigiendo garantías a la protesta en Colombia y denunciando las violaciones a derechos humanos que viven los manifestantes en el marco del Paro Nacional desde abril del presente año.

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, entregó su Informe Final donde sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad.  

La Misión visitó 11 regiones el 3 y el 12 de julio de 2021 y recibió 180 testimonios directos y más de 70 informes de organizaciones sociales.  Uno de los comisionados internacionales, Félix Ovejero, responsable de las Américas del Sindicato Comisiones Obreras de España afirmó en la rueda de prensa que, gracias a los testimonios recogidos por la Misión y las reuniones que sostuvieron con entidades territoriales y organismos de control, pudieron establecer que:

“El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”. Es decir que “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”

El informe relata once estrategias de tratamiento de guerra dado a la protesta social en Colombia:

  1. Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
  2. La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
  3. Casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD.
  4. Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la Fuerza Pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
  5. Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
  6. Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aun cuando éstas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
  7. Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
  8. Se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la Fuerza Pública atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
  9. Se pudo identificar en distintos testimonios violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.
  10. Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
  11. Utilizar la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.

En su Informe Final por las garantías a la protesta y contra la impunidad, la Misión identificó tres grupos a quienes eventualmente se les puede atribuir responsabilidad penal: 

Agentes del Estado: Fuerza Pública (Policía Nacional, ESMAD, Fuerzas Militares), Ministerio de Defensa y Presidencia de la República

Grupos paramilitares: los cuales en algunos casos habrían actuado en connivencia con la Fuerza Pública

Personas civiles armadas: las cuales, en connivencia con la Fuerza Pública como se evidencia en el material probatorio y audiovisual reunido por la Misión, perpetraron acciones violentas.

Impunidad y daño a quienes se movilizan son intencionados

Jessica Arellano, integrante de ALUNA Acompañamiento Psicosocial de México, expresó la preocupación de la Misión ante la impunidad demostrada en “las pocas investigaciones penales y disciplinarias contra integrantes de la Fuerza Pública”, así como en el seguimiento a la actuación de agentes estatales, empresariales y “del fenómeno paramilitar”.

¿Para qué disparar a los ojos de los y las manifestantes?, ¿cuál es el objetivo de que no puedan ver?, ¿para qué torturar sexualmente a las mujeres y dejar huellas en sus cuerpos físicos y emocionales?, cuestionó Arellano quien comentó 

“La hipótesis de esta Misión es que la actuación de las fuerzas del Estado tiene como objetivo causar un daño profundo a modo de castigo ejemplar”.

Las recomendaciones 

Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos, concluyó el evento presentando las recomendaciones de la Misión SOS Colombia al Estado y entidades internacionales en cinco áreas: 

La garantía en el acceso a la justicia a las víctimas de las violaciones de DD.HH. en el marco de las protestas; que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las manifestaciones y las personas que brindan apoyo a los manifestantes; el reinicio de un espacio de diálogo por parte del Gobierno con los sectores involucradas en en el Paro Nacional para abordar sus causas estructurales; la realización de una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos no se repitan.

El informe contiene también 18 acciones inmediatas que se solicitan al Gobierno de Colombia, 8 acciones solicitadas a Instancias Multilaterales Internacionales, 14 acciones que involucran al Estado colombiano, 4 a la Comunidad Internacional y 6 a las empresas.

Encuentre el Informe acá: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20211008_Informe_Mision_SOS.pdf 

  

 

Encuentre la transmisión del lanzamiento en español acá: https://fb.watch/8vehCeweMk/ 

Encuentre la transmisión del lanzamiento en inglés acá: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo Comunicaciones Cinep / PPP

El 7 de octubre a las 9 am será entregado el informe con la participación de delegados de México, España y Estados Unidos.

A 5 meses del Paro Nacional en Colombia la impunidad sigue reinando en las violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes que exigen al gobierno de Iván Duque respeto al derecho a la protesta, cesar las reformas tributarias y laboral que empobrecerán aún más la clase media y popular, y garantías para la vida y la implementación del Acuerdo de Paz, entre muchas demandas históricas de los jóvenes, y los pueblos indígenas, campesinos, populares, afros y mujeres colombianas.

El informe final de la Misión SOS Colombia con estas preocupaciones y recomendaciones para el Estado colombiano y entidades internacionales será presentado a prensa mundial y público general. Y por eso queremos invitarles a agendarse y participar de la presentación el próximo jueves 7 de octubre desde las 9 de la mañana (hora Colombia).

La transmisión en español será por Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz y las páginas de las demás organizaciones convocantes. En inglés se trasmitirá por Youtube en: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0. Para periodistas y medios de comunicación se permitirá el acceso a la sala*.

Participarán de este evento como voceros de la Misión SOS Colombia Félix Ovejero, responsable de las américas del Sindicato Comisiones Obreras de España; Jessica Arellano López, integrante de ALUNA acompañamiento psicosocial de México; y Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos. La moderación estará a cargo de la periodista mexicana Laura Carlsen, integrante de Asociadas por lo Justo.

La Misión SOS Colombia documentó 11 patrones de violaciones de DD.HH. durante el Paro Nacional

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia se desarrolló del 3 al 12 de julio con la participación de más de  41 delegados internacionales de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá, y visitó 11 regiones de Colombia: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander.

Tras escuchar los testimonios de víctimas, familiares y autoridades, la Misión presentó el pasado  lunes 12 de julio su informe preliminar en el que documentó 11 patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional entre los que se encuentran los homicidios selectivos, lesiones personales, tortura, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones forzadas.

*Si tiene acreditación de prensa, favor escribir un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para enviarle el enlace de acceso a la sala de prensa.

Encuentre el comunicado en español a continuación:

  

Encuentre el comunicado en inglés a continuación:

  

 

Por Comité de Comunicaciones Misión SOS Colombia.