Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto! En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 222 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

El presente informe es el Octavo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de agosto hasta el 30 de noviembre de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio. 

Este es el segundo informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Octavo Informe, publicado el 16 de febrero de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


 

A continuación el documento sintético del Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:  


Información para prensa:

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+57 321 4590847

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? Es la pregunta del informe que Oxfam Internacional entregó el pasado mes de enero.

El documento centra su atención en cómo el Covid-19 dejará cientos de millones de personas sumidas en la pobreza y cómo esta pandemia pasará a la historia como la primera vez en que la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en todos los países del mundo. Para Kristalina Gueorgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, la pandemia tendrá un impacto profundo. El incremento de la desigualdad dará lugar a una generación perdida en la década actual.

La encuesta realizada por Oxfam para este informe aplicada a 300 personas economistas de 79 países, da como resultado que el 87% de especialistas prevé que la desigualdad de ingresos aumentará con la pandemia. Y, más de la mitad de las respuestas dicen que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y dos tercios expresan que lo mismo sucederá con la desigualdad racial. De otra parte, dos terceras partes de economistas consideran que sus Gobiernos no han planificado medidas para luchar contra el aumento de la desigualdad.

En cambio, los impactos de la pandemia sobre los multi millonarios del mundo son mínimos: en tan solo 9 meses las mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas más pobres esta recuperación podría tardar más de una década. La fortuna de los multi millonarios del mundo aumentó cerca de 4 billones en esos 9 meses. Hoy esta fortuna suma cerca de 12 billones de dólares. Este incremento de la fortuna de los más ricos del mundo en medio de la pandemia, bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza y para financiar una vacuna universal contra la COVID-19. A pesar de estas dramáticas afirmaciones, el informe de Oxfam interpela a los Gobiernos y les urge a darse cuenta de la ventana de oportunidad, cada vez más pequeña que tienen, para construir una economía justa tras el paso de la pandemia. Una economía que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, deben transformar con urgencia el sistema económico actual que profundizó el patriarcado, la dominación blanca y los principios neoliberales. Si los gobiernos empiezan a tomar medidas para reducir la desigualdad, en una década habrá 860 millones de personas menos en situación de pobreza. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora Estamos en un momento crucial para la humanidad.

En la carta Fratelli Tutti el Papa Francisco expresa que el neoliberalismo es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a los desafíos cambiantes. La libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres. El golpe de la pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en todos los seres humanos y no solo en los beneficios de algunos. La pandemia nos llama a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

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En medio de esta compleja pandemia mundial las personas trabajadoras de la salud tienen contratos laborales precarios, salarios cada vez más bajos y en varias entidades pasan hasta dos años y no les pagan.

Pero el gremio de la salud no solo debe afrontar a diario la pandemia que nos agobia, también tienen que vérselas con los bancos, los arrendatarios, las empresas de servicios públicos y hasta las casas de cobranza. La situación económica de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud es crítica: no tienen derecho a primas, ni vacaciones, ni cesantías, con largos turnos de servicio y un sin número de irregularidades laborales, que de manera increíble existe sobre un sector que debería tener todas las garantías para trabajar bien en medio de semejante pandemia.

La Federación Nacional de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y sindicatos regionales de salud, han denunciado esta situación ante el presidente de la República, el ministro de salud, de trabajo, ante la Supersalud, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y absolutamente a nadie le interesa el gremio médico. Las directivas sindicales dicen:

“solamente en los programas diarios de las seis pm del presidente nos llaman héroes, dicen que estamos guerreando en primera línea. Si realmente les interesara, no creen que ya nos deberían solucionar el problema, pero no les interesa en absoluto, porque la salud no da votos”.

El Gobierno Nacional, es quien debe tomar cartas en el asunto y ver quién se está quedando con el dinero de la salud, si son las EPS o son las IPS o si son los mercaderes o ladrones de cuello blanco de la salud. Es un problema gravísimo porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la salud está contratada por órdenes de prestación de servicios, supuestamente concertados con cooperativas que se convirtieron en sindicatos de papel, que se quedan con los grandes recursos y que tercerizan y explotan a los trabajadoras y trabajadores de la salud. A pesar de que la ley dice que el talento humano en salud es un personal misional y que debe estar contratado única y exclusivamente de forma directa por el Estado, no se ha creado un régimen especial para el talento humano en salud, como lo tienen las Fuerzas Armadas o el gremio docente, de tal manera que no quede totalmente desamparado como quedó luego de entrar en escena la ley cien que privatizó la salud. Pero, lo peor, es que ni el Estado ni las empresas ni las instituciones de salud plantean alternativas ni tampoco hacen eco de las soluciones que plantea el gremio trabajador de la salud.

En mayo del año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la Enfermería, el Papa Francisco expresó:

“la pandemia ha evidenciado muchas deficiencias en la atención sanitaria. Es urgente que los gobiernos inviertan en sanidad, como bien común primario, fortaleciendo las estructuras y designando más personal de salud. Es importante reconocer efectivamente el papel esencial que desempeña esta profesión para el bienestar de la sociedad. Por eso, tienen derecho y merecen estar más valorados e involucrados en los procesos que afectan a la salud de las personas. Es importante mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.