El 24 de noviembre se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. Cinep / PPP es una de las organizaciones que integra la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación en la implementación y desde entonces realiza seguimiento al Acuerdo. Compartimos algunos hallazgos de la Secretaría y miradas de nuestros investigadores. 

El Acuerdo de Paz que se negoció en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, durante más de cuatro años por el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc - Ep fue firmado, finalmente, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, tras sufrir la derrota en el plebiscito por la paz, y haber sido firmada una primera versión del documento en Cartagena en septiembre. Tras el triunfo del No al acuerdo en las urnas, el mismo fue modificado en mesas con los sectores opositores, entre ellos el equipo político del actual gobierno nacional de Iván Duque, en cuyo periodo presidencial se ha concentrado la mayor parte de la implementación del Acuerdo que resultó ser uno de los más aplaudidos internacionalmente y, al mismo tiempo, con abundantes contradictores y ataques entre los colombianos y colombianas.

Según los investigadores de Cinep / PPP en la en la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (ST), uno de los problemas que enfrenta la implementación es la selectividad por parte del gobierno sobre las políticas del Acuerdo que apoya o no. Eso explica, según ellos, que haya puntos del Acuerdo Final con mayor desarrollo respecto a otros. 

El panorama que presenta el Décimo y más reciente informe general de la ST incluye punto a punto los logros destacados, así como los retrasos, preocupaciones y retos a superar para cumplir la meta pactada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón: alcanzar una paz estable y duradera. 

Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Respecto al primer punto del Acuerdo Final, la Secretaría destaca la creación del Fondo de Tierras como un logro parcial, dado que hasta el 20 de junio de 2021 han ingresado 14.571 predios con un total de 1.385.066 hectáreas de las 3 millones que había previsto del Acuerdo para su distribución. A ello se suma que, de esta cantidad, solo se han entregado 4.521 hectáreas por mes, lo que significa que “a este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo solo se distribuirán el 21,7% de lo pactado”.

La Secretaría también destaca el avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que contaron con “una alta participación comunitaria” tanto en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) como en la elaboración de las Hojas de Ruta Única (HRU); sin embargo, señala que las comunidades ahora perciben una disminución en su participación. Tal es el caso de la subregión Pacífico Medio, donde las comunidades hace pocas semanas suspendieron su participación en las actividades PDET en exigencia de garantías.

Punto dos: Participación Política, apertura democrática para construir la paz

En cuanto a la participación política se destacan los avances en cuanto a derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política con el Estatuto de la Oposición, así como la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz.

Sin embargo, la ST cuestiona que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad haya sido convocada “en pocas ocasiones, lo cual es preocupante frente a la crisis de inseguridad que viene atravesando el país”. En materia de garantías de seguridad la Secretaría “no identifica ningún logro significativo”, pues si bien hay avances normativos, persisten retrasos los retrasos en la implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

“La magnitud y persistencia de las agresiones a líderes, lideresas y excombatientes representa un riesgo para la apertura democrática, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil”, asegura la ST. “Cada líder social asesinado es una voz silenciada en la democracia que fractura la confianza en la institucionalidad y obstaculiza la participación política”, concluye.

Punto tres: Fin del Conflicto

Aunque la Secretaría sostiene que hay avances en la entrega de tierras a excombatientes, “la deficiencia de tierra sigue siendo uno de los principales retos para la sostenibilidad a mediano y largo plazo del proceso” de la reincorporación. A ello se suma el asesinato de total de 291 ex combatientes desde la firma del Acuerdo hasta el 20 de septiembre, según registros de Cerac, la otra organización que integra la ST.

“No garantizar la protección de los excombatientes impacta la implementación del A.F., y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad”, sostiene la Secretaría.

Además, la ST asegura que “la permanencia de grupos armados en los territorios, los enfrentamientos y los intereses económicos y políticos a nivel local han hecho que, a pesar de la reducción de las acciones ofensivas, el país presente un preocupante nivel de agresiones a excombatientes, líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos junto con un incremento en los casos de desplazamiento masivo y de masacres”.

 Punto cuatro: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

La Secretaría destaca el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). También se dio  “la generación de oportunidades laborales para recolectores y recolectoras quienes fueron empleados en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria y mejoramiento ambiental”. 

Por su lado, a lo largo de los 5 años de la implementación organizaciones sociales y campesinas del territorio han denunciado los incumplimientos del PNIS y equipos como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep han registrado las agresiones que llegan incluso hasta la muerte de los cultivadores de la hoja de coca que se oponen a la erradicación forzada en medio de operativos donde videos y registros evidencian el uso desproporcionado de la fuerza como ocurrió en Tumaco,  Nariño, vereda El Tandil, el 5 de octubre de 2017 cuando fueron asesinados 7 campesinos que protestaban ante los incumplimientos del Acuerdo de Paz y exigían no erradicar forzosamente ni con glifosato.

Según la ST, las condiciones de seguridad en los territorios juegan un papel contra la implementación dado que “pone en riesgo la vida de los involucrados con el PNIS, ya sean líderes que lo promuevan, técnicos de apoyo al programa o beneficiarios”. A ello se suma que algunos de los beneficios que otorga el Programa están condicionados por la verificación del levantamiento de los cultivos, misma que está obstaculizada por las condiciones de seguridad.

Punto cinco: Víctimas 

La Secretaría Técnica subraya que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -hoy llamado Sistema Integral para la Paz- continuaron el desarrollo de su labor pese a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, “las constantes violaciones a los DDHH en diversos territorios del país y los ataques permanentes al desarrollo e integridad de sus actividades por parte de los detractores del proceso de paz”.

Los avances destacados de cada una de las entidades son:

  • La Comisión de la Verdad:  “la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto”, acciones que se tendrán que materializar en el informe final y recomendaciones que serán presentados en junio de 2022.

 

  • La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas: “el logro principal es la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda y la puesta en marcha de varios planes regionales de Búsqueda”, además del hallazgo de varios cuerpos.

 

  • La Jurisdicción Especial para la Paz: “i) la estructuración de un modelo restaurativo de justicia transicional; ii) la expedición de medidas cautelares como un mecanismo idóneo, ágil y efectivo para salvaguardar los derechos de las víctimas” en el marco de su mandato.

Punto seis: Implementación, Verificación y Refrendación

Se avanzó en la inauguración de 11 de las 20 Emisoras de Paz que funcionarán hasta 2026. Sin embargo, en cuanto a la financiación se señala que si bien los recursos han tenido un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del Acuerdo, “a este ritmo de ejecución la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”.  

Organizaciones de víctimas y sociedad civil que acompaña el Proceso han manifestado su preocupación por la baja en la pedagogía del Acuerdo en los últimos años.

Los informes de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://bit.ly/SecretariaTecnicaCSIVI 

Los Seminarios de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://www.youtube.com/channel/UCaOM6QXVKq71BqVu1ZIP2Uw/featured 

Las opiniones de los investigadores de la Secretaría pueden ser consultadas en: https://soundcloud.com/verificacion-de-los-acuerdos 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos rechazamos categóricamente el asesinato de Michelsen Vargas Velazco, joven campesino de 31 años, oriundo del corregimiento Santa Rosa, Municipio de Bolívar, Santander, quien, el 13 de noviembre en ejercicio legítimo del derecho a la protesta social que se desarrollaba en contra CENIT* y Ecopetrol, fue atacado y herido gravemente por agentes del ESMAD. Luego de 5 (cinco) días en una UCI de Tunja, el 18 de noviembre falleció producto de la brutal agresión.

Los campesinos y trabajadores del Municipio de Bolívar completan más de 50 días de protesta contra CENIT y Ecopetrol por el incumplimiento de acuerdos entre la empresa y las comunidades. La movilización se desarrolló en la Estación de Bombeo Santa Rosa, en el Poliducto del Oriente, que conduce la gasolina a Bogotá D.C. mediante tubería de 20 pulgadas. Las exigencias de la comunidad van desde reubicaciones por la demolición de varias viviendas, deterioro de las vías, afectaciones ambientales y la irregular contratación de personal de seguridad, entre otras.

La comunidad denuncia que durante la protesta ha sido atacada en más de cuatro (4) oportunidades por el Ejército y la Policía. El 13 de noviembre mientras la comunidad en movilización desarrollaba actividades lúdicas con niños, niñas y personas de la tercera edad, la Policía y el ESMAD irrumpieron violentamente. A pesar de que por micrófono se les advirtió que en el evento había niños y personas de la tercera edad, esto no les persuadió del brutal ataque que dejó varias personas heridas y detenidas arbitrariamente**.

Michelsen Vargas Velazco fue impactado en su cabeza por un proyectil del ESMAD mientras protegía la vida y la integridad de los niños, niñas, personas de la tercera edad y demás miembros de la comunidad atacada indiscriminadamente. Sin tener en cuenta la evidente gravedad de sus heridas fue esposado en el suelo, detenido arbitrariamente, negando de facto la asistencia médica oportuna.

A pesar de las manifestaciones y los reclamos nacionales e internacionales por el desmonte del ESMAD, éste sigue atentando indiscriminadamente contra la vida y la integridad de los colombianos. Por tanto, exigimos que cesen las prácticas genocidas y de exterminio al pueblo que, legítimamente se moviliza, se opone a la degradación ambiental y lucha por la permanencia en los territorios.

Exigimos justicia pronta y castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Michelsen Vargas Velazco y de todos los líderes y lideresas asesinadas por el Estado. Hoy las organizaciones sociales y de derechos humanos alzamos una sola voz que grita: paren el genocidio.

*CENIT Transporte y Logística de hidrocarburos S.A.S. se creó el 15 de junio de 2012, dentro de sus accionistas se encuentran EPI-Ecopetrol Pipelines International Limited, la sociedad extranjera Equion Energía Limited y la sociedad Sento S.A.S.; esta sociedad comercial se dedica al transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de transporte y/o almacenamientos propios o de terceros en la República de Colombia o en el exterior; actualmente tiene 167’775.741 acciones por valor de $1.981.542’341.959 (Aproximadamente 509.502.208 USD). Esta empresa ha tenido varios requerimientos de las autoridades por afectaciones ambientales al derramar crudo en ecosistemas sensibles, afectando la biodiversidad y el patrimonio ecológico de los colombianos.

**El 15 de noviembre de 2021 el Juez de Control de Garantías del caso dejó libre de cargos a los campesinos aprehendidos por la Policía Nacional, en esta oportunidad la justicia verificó los elementos de prueba como los videos que demuestran que el Esmad disparó directamente dentro de una casa donde estaban familias con niños y niñas.

A continuación el comunicado: 

  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Manifestamos nuestra preocupación por la negación al acceso previo a la información y falta de garantías al Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales en el proceso de consulta previa sobre el proyecto minero de la empresa Best Coal Company - BCC que impacta esta importante reserva agrícola y ambiental.

Las organizaciones abajo firmantes respaldamos las denuncias del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales por la arbitraria negación del acceso a la información, presiones irregulares y falta de garantías para proteger de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto extractivo de minería de carbón a cielo abierto que pretende instaurar en el sur de La Guajira la empresa Best Coal Company -BCC, propiedad del conglomerado multinacional turco Yilmaden holding.

Las irregularidades que se han venido denunciado se intensificaron en la primera jornada de apertura de la pre-consulta programada unilateralmente por el Ministerio del Interior el pasado 20 de octubre. La comunidad acudió a la jornada, pero la compañía y el Ministerio del Interior continuaron negando y condicionando el acceso a la información a una reunión posterior en la cual prometieron que entregarían un disco duro.

Aun cuando un fallo de tutela de 2019 amparó el derecho de consulta de esta comunidad al no haber sido reconocidas por el Ministerio del Interior, esta protección se ha truncado por la negación sistemática de acceso previo de la información y estudios preliminares que se tienen del proyecto. Negar el acceso previo a la información es atentar contra la consulta en sí misma.

La comunidad ha advertido de estas situaciones al juez de instancia y han acudido a una acción de tutela sin que sus reclamaciones hayan sido atendidas. En decisiones cuestionables, se consideró que la empresa podía condicionarla pese a que no existe algún condicionante legal sobre la oportunidad para la entrega de la información. Además, es particularmente preocupante que luego de la primera jornada de pre-consulta celebrada el pasado 20 de octubre tampoco les fue suministrada la información.

Esta comunidad ha reiterado en todas sus comunicaciones su voluntad de participar en la consulta previa, pero el hecho de pedir garantías ha implicado que sean amenazadas con que se les va a “aplicar” el test de proporcionalidad. Un ejemplo de esto se dio en la primera jornada de pre-consulta donde funcionarios del Ministerio del Interior les advirtieron que los iban a reportar ante la autoridad judicial de no querer participar por solicitar la información del proyecto y pedir el acompañamiento de los entes de control.

El manejo del lenguaje dentro de las comunicaciones del Ministerio y de la empresa BCC también es cuestionable. En lugar de primar el respeto y la buena fe frente a cada participante se ha descalificado a las comunidades de un supuesto desconocimiento e ignorancia de sus derechos. Esta situación se repitió constantemente durante el desarrollo de la jornada de la apertura de la pre-consulta, pese a los llamados de respeto que emitieron las comunidades. El Ministerio del Interior debe pronunciarse ante estas declaraciones de la empresa y garantizar el máximo respeto en el desarrollo de la consulta.

También es alarmante que en comunidades cercanas donde se consideran “exitosas” las consultas previas para este proyecto, se están evacuando las etapas de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en jornadas que duran un día. La evaluación de los impactos sociales, ambientales, espirituales, culturales y en ddhh que implica la aprobación de un megaproyecto extractivo no debería ser tomado a la ligera por parte de las instituciones nacionales.

Otra situación que denuncian las comunidades es que, al parecer, el Ministerio del Interior pretende delegar aspectos de la planificación de la consulta previa a la empresa consultada. Reiteramos que esta obligación del Estado, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse otorgando atribuciones a la misma empresa interesada en la explotación en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta.*

Este tipo de prácticas que buscan acelerar las reuniones para que la consulta se reduzca a un mecanismo ‘express' coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se convierten en una forma de coacción sin garantías. A su vez, los condicionamientos para el acceso previo a la información van en contravía de los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa de los pueblos étnicos ante actividades extractivas, los derechos de democracia y justicia ambiental, así como a las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos.

Cañaverales es una despensa agrícola fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de la región que se abastece de las aguas del manantial y del río Cañaverales. Este territorio, cuna cultural y musical, se encuentra en peligro ante los intereses de un grupo inversionista turco que está desconociendo derechos fundamentales. Exigimos que para las próximas jornadas programadas en el proceso de pre-consulta se otorguen las garantías del proceso consultivo de la comunidad de Cañaverales.

*Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador.

A continuación el comunicado: 

  

Por: La Guajira le Habla al País - CAJAR - Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz -CINEP/PPP- CENSAT.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia a favor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ordenando al Estado reparación por las “chuzadas” ilegales que el antiguo DAS realizó en su contra. Estos hechos, que son de conocimiento público, vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes.

Esta persecución, de la que fueron objeto no solo el Cinep sino personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de oposición de todo el país, ocurrió durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde 2011, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

“Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, asegura Martha Lucía Márquez, directora del Cinep. Para Gustavo Gallón, director de la CCJ, “la presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además, configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

Para ambas organizaciones, que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social por perseguirla y estigmatizarla permite recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores.

No obstante, persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando.

En el año 2019 la sede de la CCJ fue objeto de sobrevuelos con drones en dos ocasiones, mientras que Cinep y organizaciones sociales siguen siendo blanco de perfilamientos del Ejército, como reveló la Revista Semana en 2020*.

Además, recientemente ha habido espionajes y seguimientos recientes no solo a estas organizaciones sino en las sedes y casas de quienes promueven el derecho a la protesta.

En la sentencia SC3- 21032890 de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió a la carpeta titulada “CINEP”, encontrada por la Fiscalía en una de las oficinas del antiguo DAS, como una de las pruebas allegadas al proceso. En esta había un registro fotográfico de los miembros del Cinep y sus actividades, identificación y establecimiento de sus contactos y amistades, seguimiento personal, ubicación de su residencia, y la completa individualización de sus abonados telefónicos.

El 25 de julio de 2019 el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá decidió condenar al extinto DAS, y en este caso a quien le corresponden las cargas procesales tras el desmantelamiento de este organismo de inteligencia, es decir, la Fiduprevisora. Esta entidad decidió apelar la decisión de condena el 5 de agosto de 2019, manifestando que “no existen derechos absolutos sobre la intimidad y buen nombre”. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que las actividades desarrolladas por el extinto DAS fueron cometidas dentro de un plan criminal claro, y que, pese a conocer la ilegalidad de las acciones, el organismo y sus directores determinaron la comisión de los ilícitos de forma institucional, produciéndose así la vulneración de derechos fundamentales.

Las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia acogieron los planteamientos de la demanda interpuesta, entre ellos:
  • Que existió una gran operación de inteligencia al interior del DAS contra personas defensoras de derechos humanos, partidos políticos, periodistas, magistrados de altas cortes y organizaciones no gubernamentales.
  • Se probó que el DAS, a través del grupo G3, obtuvo información privada de los blancos objeto de la operación de inteligencia ilegal, interceptó correos electrónicos y abonados telefónicos ilegalmente y realizó seguimientos ilegales de los objetivos de esta gran operación.
  • Así mismo, se determinó que estas acciones no corresponden a los fines institucionales del Estado ni a la filosofía del Estado social de derecho, por lo que concluyeron que el daño era atribuido al DAS, entendiendo que no fue una acción individual sino un despliegue institucional.
El Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas seguirán trabajando en pro de los derechos humanos en Colombia y denunciando la falta de garantías que existe en el país para ejercer la defensa de estos derechos.
 

Por: Comunicaciones CCJ y Cinep / PPP.

El pueblo Guajiro ya no aguanta más. Jóvenes, mujeres y líderes sociales guajiros recorrieron más de 1000 kilómetros para llegar a Bogotá y reclamar justicia y verdad al Estado Colombiano. Denuncian una grave crisis humanitaria que padecen por más de 12 años y la impunidad socioambiental con la que han operado las multinacionales para extraer carbón por más de 40 años.

A pesar de que hemos recurrido a diferentes estrategias de lucha para exigir nuestros derechos y defender la vida, la naturaleza y el territorio guajiro, no hemos sido escuchados. Hemos agotado todas las vías sociales, políticas, culturales y jurídicas y aun así el panorama en La Guajira no cambia. Por eso venimos a exigir justicia y a contarle al país el verdadero costo del llamado “desarrollo” de la mega minería de carbón, lo que le han hecho a la salud, a nuestros ríos y arroyos, a nuestro sueño, espiritualidad y cultura, lo que le ha pasado a nuestros cerros y valles y las injusticias que han tenido que vivir nuestras comunidades porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados sistemáticamente. 

Sentimos que lo que están haciendo en nuestra tierra es el desangramiento de nuestras comunidades y también de la naturaleza. Por sacar millones de toneladas de carbón para exportarlas en su totalidad, la empresa Carbones el Cerrejón de la que han sido dueñas las multinacionales BHP-GLENCORE Y ANGLOMERICAN, son responsables de haber secado, desviado y alterado más de 17 cuerpos de agua; del desplazamiento, despojo y confinamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y wayuu; de la alteración de gran parte del bosque seco tropical; de la contaminación de nuestras aguas, suelos y aire, de las enfermedades respiratorias y de la piel de niños, niñas y madres wayuu, de las afectaciones a la salud de las y los trabajadores, del daño a nuestra cultura y la transformación abrupta del territorio y del paisaje social y natural. Todo esto, que sucede año tras año y que sigue sucediendo en nuestros territorios, nos representa un ecocidio y etnocidio. 

Hemos logrado que diferentes tribunales y altas cortes ratifiquen la responsabilidad de la empresa y del Estado en la vulneración de distintos derechos humanos. Existen más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las practicas de injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia, las órdenes para la garantía de estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento. 

A esta situación se suman planes de expansión de la voracidad extractivista en un territorio en crisis hídrica y altamente vulnerable  la crisis climática. No solo se quieren seguir intensificando en las explotaciones ya existentes sino que se proyectan nuevas minas de carbón como la de Best Coal Company -BCC- de capital turco del grupo Yilmaden que se quiere imponer en el sur de La Guajira. 

Ante la injusticia permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y los abusos por parte de las  empresas extractivas de carbón, hoy exigimos: 1. Justicia ante el ecocidio y etnocidio ocasionado por las multinacionales con complicidad del Estado colombiano 2. Seguimiento real a las Sentencias y fallos judiciales y mecanismos para su efectivo cumplimiento. 3. Iniciar procesos de investigación disciplinaria a funcionarios que no han cumplido con las obligaciones proferidas por la Corte Constitucional como la Sentencia SU 698/17 y T 329/17 4. Retorno al cauce natural de las aguas desviadas del arroyo Bruno 5. Se adopten de manera prioritaria y en aplicación del principio de precaución medidas que atiendan la gravedad de los riesgos y afectaciones a la salud asociados a actividad de megaminería. 6.Reconocimiento de la verdad y reparación integral al territorio y a cada una de las comunidades víctimas del mal llamado desarrollo 7. Plan de Cierre de la mina de carbón del Cerrejón con participación de las comunidades y los trabajadores 8. Cese a la ampliación de la frontera minero energética en La Guajira. 

¡Basta de impunidad socioambiental en La Guajira, queremos y soñamos con justicia ahora! 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.