Juan Pablo Guerrero Home fue nombrado como nuevo subdirector de Cinep / PPP, tras ocupar la coordinación del Programa Conflicto, Estado y Paz, la cual fue recibida por José Darío Rodríguez S.J.

Tras la posesión de la nueva directora de Cinep, Martha Lucía Márquez Restrepo, el pasado 9 de agosto, la Compañía de Jesús anunció el nombramiento de Juan Pablo Guerrero Home, como subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz. Juan  Pablo es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y Magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de la Universidad de Alcalá, en España. Este barranqueño, quien también obtuvo su grado como Magíster en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia, integra el equipo de Cinep desde 2008.

Tiene experiencia acompañando procesos sociales con enfoque de derechos, orientados principalmente a organizaciones étnico - territoriales y población vulnerable rural y urbana del departamento del Chocó y el Urabá Antioqueño.   Además, cuenta con amplia experiencia en la implementación de estrategias de recuperación integral de territorios despojados, la construcción de acciones y medidas de protección y autoprotección a líderes/as y sujetos colectivos étnicos – campesinos, víctimas por causa del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.

En 2019, fue seleccionado por la Unión Europea – Delegación Colombia y Bruselas como uno de los líderes jóvenes de la sociedad civil para hacer parte del programa European Union Visitors Programme (EUVP). Su experiencia también se ubica en la coordinación, la ejecución y el seguimiento de proyectos de cooperación internacional. 

En Cinep, lideraba la línea de gestión del territorio y coordinaba el Programa conflicto, estado y paz. A este cargo llega ahora el sacerdote jesuita José Darío Rodríguez Cuadros, magíster en sociología y PhD en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Ha colaborado en diferentes equipos del CINEP desde febrero de 2002.

En la coordinación del Programa de Movimientos Sociales, Derechos Humanos e Interculturalidad continúa Jenny Paola Ortiz Fonseca, Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestrianda en sociología en la Universidad Nacional. Jenny Paola hace parte del Cinep / PPP desde 2018.

Por su parte, Natalia Segura Vásquez, sigue al frente de la subdirección Administrativa, Financiera y de Proyectos. Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana con maestría en Estudios del Desarrollo del Institut de Hautes Éstudes Internationales et du Développement de Suiza.

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

El fallo sobre genocidio político que condenó al Estado colombiano desde el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue entregado a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda en la sede de Cinep. Víctimas y organizaciones del comité impulsor del Tribunal esperan que sea tenido en cuenta por las entidades y que la sociedad lo apropie como una herramienta de conocimiento y defensa de los derechos de los pueblos.

En la sede del Cinep / PPP en Bogotá se realizó la entrega de la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) a los organismos del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición, el pasado 18 de agosto. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz María Monzón; y la magistrada de la JEP Alexandra Sandoval recibieron el libro del fallo con la explícita solicitud de hacer honor a la memoria y la verdad de las víctimas que está recogida en este importante fallo.

Según las organizaciones del Comité Impulsor del TPP, con ello se busca que:

“Los mecanismos del Sistema tomen en cuenta sus conclusiones y recomendaciones en las distintas decisiones y planes de trabajo tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, acogiendo el enfoque del genocidio político continuado, la impunidad estructural y los crímenes contra la paz, como marco interpretativo de los hechos que es de su mandato conocer”.

El TPP -tribunal de opinión y ético- sesionó en Colombia entre el 27 y 29 de marzo pasados y profirió sentencia el 17 de junio: en ella condenó al Estado colombiano por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo.”  

En el TPP y el libro con la sentencia que fue publicado por Cinep se documentaron los casos de 55 grupos sociales afectados por el genocidio político en Colombia:

Los pueblos indígenas y afrodescendientes, grupos campesinos, organizaciones sindicales, movimientos políticos, movimiento estudiantil universitario, los líderes y lideresas sociales, y la población en el exilio. “En su fallo, el TPP contempló también al territorio y la naturaleza como víctima transversal de las prácticas de exterminio contra pueblos campesinos, indígenas y afro”, detallan las organizaciones en el comunicado sobre la entrega donde además se expresa que:

“Para el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV-, se espera que tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones del fallo del TPP en el informe que deberá producir. También que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- recoja la calificación jurídica de Genocidio continuado, crímenes de guerra y de lesa humanidad e impunidad, contenidos en la sentencia, y que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –UBPD- tome en cuenta el contexto y los hechos allí recogidos dentro de sus planes de búsqueda”.

 El Tribunal y su sentencia, si bien no tiene un carácter de obligatorio cumplimiento para el Estado, es un gran avance pues, como señala el comité impulsor del TPP en Colombia, “aporta elementos de análisis e interpretación en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para que hechos como lo que aquí se documentan cesen de manera definitiva y jamás se repitan”. 

El libro con la Sentencia puede ser descargado en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/genocidio-politico-impunidad-y-crimenes-contra-la-paz-en-colombia-sentencia/

Si desean solicitar un ejemplar impreso deben escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en caso de pertenecer a una institución o bien hacer parte de la comunidad académica.

Por Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Como parte de la Misión SOS Colombia, Monseñor Bruno-Marie Duffe visitó el país entre el 3 y 12 de julio pasado para escuchar testimonios de víctimas y familiares sobre hechos de violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional. 

Testimonio personal de Monseñor Bruno-Marie Duffe sobre la situación social en Colombia.

  1. Lo que viven, desde abril de 2021, muchos ciudadanos colombianos, y particularmente jóvenes, trabajadores sin empleo, mujeres e indígenas, migrantes en su propio país, se puede presentar como una «insurrección social y política». El «Paro Nacional» es una expresión de desesperanza y la expresión clara de una negativa al «demasiado»:

-          Demasiadas desigualdades sociales y económicas.

-          Demasiada corrupción y violencia contra los más pobres.

-          Demasiado desprecio para con los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras y los representantes de la sociedad civil.

 

  1. La respuesta del Estado es una «represión violenta, brutal y desmesurada» con acciones extremas: amenazas de muerte contra manifestantes y sus familias; detenciones; torturas; mutilaciones; agresiones sexuales; asesinatos de jóvenes y niños de menos de 16 años.

Esta agresión física – que caracteriza la represión al movimiento social –  quiere destruir, no solamente el movimiento mismo, sino también el cuerpo social, con el maltrato a los cuerpos de los actores.

 

  1. No hay ya referencia al derecho; no hay referencia a los derechos humanos fundamentales: derecho a la vida y a la integridad física y moral; derecho a la protección y a la participación ciudadana. Cada iniciativa popular parece interpretada por el Estado y la fuerza pública como una conspiración que debe ser aplastada.

La desnudez de los ciudadanos – caracterizada por la fragilidad extrema de los rostros (El filósofo Emmanuel Lévinas dijo: «la desnudez del rostro del otro te dice: «¡no matarás!») y particularmente la de los ojos – contrasta, de una manera enorme y dramática, con las máquinas de guerra utilizadas, de manera encarnizada, por la Policía y la fuerza pública, en particular por los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La respuesta de guerra contra el «grito de los pobres» provoca un trauma en todo aquél que tiene la inteligencia del sentido común y del corazón. Hacer la guerra contra su pueblo es, como dijo Hannah Arendt, un error criminal.

 

  1. Esta experiencia ciudadana y comunitaria tiene 3 bases y apoyos esenciales:

- El territorio: barrio; calle; comunidad; «casa común» (a veces viejas casas que son lugares de encuentros, conversaciones y formaciones diversas: política, arte, poesía, organización colectiva…).

- La práctica de la palabra y de la solidaridad concreta (incluso la curación de los heridos y la escritura de una memoria colectiva).

- El debate y el proyecto para el futuro (educación, empleos, desarrollo, afectividad, vida común).

  1. La paradoja más fuerte de esta situación es que los actores de la protesta social viven una experiencia de democracia «directa», frágil pero real.

Se puede hablar de «una ruptura entre dos mundos» que es también la ruptura muy grave del «pacto social»: condición del paso del «estado de guerra permanente» al «estado social durable» (cf. Thomas Hobbes). Los jóvenes encarnan una generación y un futuro que el poder, auto centrado y cerrado en una lógica de supervivencia, no quiere mirar. Esta ruptura social, amplificada por la violencia brutal y ciega de la fuerza pública y, al mismo tiempo, por la impunidad de los actores de crímenes, lleva a pensar en un futuro muy doloroso en Colombia. La ruptura es también entre el mundo social y el mundo político.

 

  1. La ausencia total de mediación es lo que aparece: de lugar o de vínculo para permitir una confrontación verbal entre las posiciones, con un debate contradictorio, lo que hace temer dos consecuencias inquietantes:

- Una «consecuencia ideológica», que puede justificar posturas sin voluntad real de salida del conflicto.

- Y una «consecuencia física», con una amplificación de la violencia hasta un control sistemático a las personas (que ya se está dando). Las dos posturas podrían confirmar que tenemos una nueva forma de dictadura.

Entonces la urgencia sería de crear y mantener espacios de intercambio entre ciudadanos y los que tienen una autoridad local (alcaldes) o más amplia («Defensoría del Pueblo» y personalidades de la Salud; de la Educación; de la Cultura; Premios Nobel; Iglesias). Muchos fueron sorprendidos de hallar un sacerdote en la calle, cerca de ellos, venido de Europa y que tenía su tiempo para escucharlos a ellos (y consolarlos también cuando unos padres lloraban a su hijo muerto en la tortura). Se trata de pensar y actuar mediante una mediación social – o inter-acción – que parece como el corazón de la referencia urgente al derecho humanitario.

 

  1. La referencia a los derechos humanos se reventó con la represión. Nadie cree ya en esa protección fundamental de la dignidad del otro, aunque los jóvenes expresan claramente su deseo de vivir, de vivir juntos y de realizar un proyecto de vida, personal y comunitaria. La dignidad se recibe para darla en la mirada al otro.

El papel de los jóvenes es central en la protesta social. Su deseo es claro: preparar y construir el futuro: formación, empleo, casa digna, vida digna, libertad de expresión, vida afectiva respetada, cultura.

Hay que decir claramente: el asesinato de jóvenes – con tortura, que busca reducir al silencio al que no se quiere escuchar – es una forma de «crimen contra la humanidad ». Los jóvenes son el futuro de Colombia, como en todos los países. Pero son también el futuro de la humanidad. Entonces matar a jóvenes, a sus hijos, es matar también el futuro de la humanidad. La palabra puede parecer dura pero ella describe realmente lo que se vive en Colombia, hoy.

 

  1. La conciliación «imposible» (por el momento presente), justificada, por un lado, por la impunidad, y, por otro lado, con una interpretación «sacrificial», más o menos inconsciente, de la «primera línea» (los que conducen la protesta y viven el riesgo de ser heridos o asesinados) hace pensar que el movimiento va a continuar en los meses que vienen. Cada día se anuncian nuevas muertes violentas de jóvenes. Eso amplifica la desesperanza de un pueblo que tiene tanta sed de paz. Las elecciones (en 2022) parecen para los actores del movimiento social, como el último momento de un mundo que se muere, sin proyecto ni dignidad: un mundo que va a desaparecer. En eso se expresa también “la ruptura” entre los mundos.

¿Es todavía viable una consideración pacífica del otro? ¿Cómo pensar un puente entre los mundos y las generaciones? Podríamos pensar en personalidades morales que hacen mucha falta. Existen personas que tienen una gran consciencia, pero ¿cómo pueden continuar sin apoyo? Aparece aquí el papel determinante de la comunidad internacional… actualmente silenciosa.

 

  1. Sin embargo, en Colombia, en América Latina y en el mundo actual, todos pueden ganar, ofreciendo cuidado – y curación – a los y las que están en la calle. Ellos y ellas llevan en efecto iniciativas que faltan en el desarrollo integral del país. Aprender, desarrollar sus talentos, trabajar, hablar con libertad y crear.

Como dice una inscripción sobre una pared de un barrio, en la región de Bogotá : «Crear es creer; creer es crecer».

Eso expresa el espíritu y el fondo del movimiento popular. No se trata solamente de rechazar un impuesto suplementario (particularmente injusto en un contexto de crisis sanitaria), sino de una petición de respeto a las personas: mujeres, jóvenes, pobres, migrantes, personas homosexuales, personas enfermas o frágiles, líderes sociales, tan maltratados desde años y detenidos como presos políticos. Las peticiones dicen que no se puede vivir en un sistema mafioso en el cual el narcotráfico conduce la economía y la vida pública.

(NB: El narcotráfico permanece en la sombra del país: sabemos que eso solo permite que se continúe un sistema de corrupción, en el que el derecho ha perdido su autoridad y trascendencia.)

 

  1. ¿Cómo se puede salir de la repetición que cierra la puerta a todas las iniciativas de paz?

 Necesita Colombia un proceso que tiene tres referencias determinantes:

- La necesidad de «un Pacto por la vida»: afirmar de nuevo el valor de cada vida, con una consideración a los niños, adolescentes y los que sufren de la injusticia social.

- La necesidad de afirmar de nuevo la autoridad del derecho público y de los derechos humanos que no permita que un movimiento social – con personas que tienen sus manos vacías y que no tienen armas – sea ahogado en sangre.

- La necesidad de una mediación social que es la única posibilidad de salvar el «pacto social», con una práctica, en todos los lugares: escuelas, empresas, barrios y campo, iglesias y casas comunes, de la palabra compartida, del debate y de una responsabilidad común para «el bien común».

La Iglesia puede ser un actor de la Palabra compartida, del diálogo, de la promesa mutua y del perdón. Viviendo con y para el pueblo, en memoria de Jesús, hombre libre e «hijo bien amado del Padre».

Me dijo Jonatan – estudiante que ha perdido un ojo, cuando una granada fue lanzada contra él –  «No puedo volver a ver claramente y eso es duro, pero tengo la vida y quiero continuar el movimiento para una vida mejor».

Y hemos llorado juntos silenciosamente.

Cada noche, yo rezo con Jonatan, con los padres que lloran a sus hijos y con todos y todas.

 

Bogotá, 4 de Agosto de 2021   

Por: Monseñor Bruno-Marie Duffe.

La filósofa y doctora en Ciencias Sociales Martha Lucía Márquez, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, asumió la dirección del Cinep / PPP este 9 de agosto convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. En la subdirección estará Juan Pablo Guerrero, quien coordinaba el programa de Conflicto, Estado y Paz en Cinep.

En un encuentro presencial y virtual con músicas y sabores del Pacífico, se llevó a cabo la posesión de la profesora Martha Lucía Márquez Restrepo como nueva directora del Cinep / PPP. Esta caleña criada en Bogotá es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, lugar en el que se desempeñaba como profesora. Esta institución universitaria que, como Cinep hace parte de la Compañía de Jesús en Colombia, facilitó el paso de Márquez a la Fundación que, con su llegada, abre espacio por primera vez a una mujer en este cargo directivo.

“Acompañaré al equipo del Cinep en la institucionalización y el avance de la propuesta de reestructuración diseñada colectivamente en 2019. Impulsaré con especial entusiasmo el enfoque de género y de sostenibilidad”, aseguró la profesora Márquez para quien, afirmó, es un honor hacer parte de esta institución que “ha ayudado al país a pensar el desarrollo, el problema agrario, la estructura de propiedad,  las formas del Estado en un país de la periferia, la violación de los derechos humanos, las violencias, la educación popular, la protesta y otras formas de movilización social, las experiencias de paz y de reconciliación, entre muchos otros temas”.

La nueva directora, una académica consagrada con abundantes publicaciones y especial interés y especialidad en el tema Internacional y la política bilateral con Venezuela, aseguró que desde las experiencias que trae consigo y  con los aprendizajes “que seguramente deberé emprender y desde mi visión situada de académica, profesora y mujer, aportaré a los proyectos para que en 2023 el Centro haya desarrollado las propuestas necesarias para la construcción de región y de nación , en aras de proteger la vida, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz”

Su nombramiento estuvo a cargo del Provincial de la Compañía de Jesús quien le encargó “adaptar la misión de la organización a los retos que nos plantea el país en términos de consolidación de la paz y la democracia, la búsqueda de la reconciliación, el respeto a los DDHH (civiles, políticos y DESCA) y la superación de los altos niveles de desigualdad que vive nuestra sociedad. Para ello es importante mantener un sano equilibrio entre la investigación y la educación y conceder el lugar que le corresponde a la incidencia política y la comunicación”

El Padre Provincial, Hermann Rodríguez S.J., recomendó también a Márquez  continuar procurando el respeto al pluralismo y la diversidad de opinión, valores y principios de la espiritualidad ignaciana que, si bien Cinep no sea una obra confesional, vale la pena promover. Y que “seas lo que siempre has sido: Maestra”.

Por su parte, Luis Guillermo Guerrero Guevara, director saliente tras nueve años de servicio en dicho cargo, agradeció a su equipo de trabajo, a la Compañía de Jesús y los sacerdotes Francisco de Roux y Mauricio García, y también al pueblo colombiano: un pueblo digno y valiente que se manifiesta y continúa en la búsqueda de una sociedad más justa. Guerrero continuará en Cinep como integrante del Programa 1 Conflicto, Estado y Paz e investigador de la línea Formación política y ciudadana.

Con libros en mano, y al calor de la marimba y el tambor, el equipo de Cinep dio la bienvenida a su nueva directora: “un nuevo miembro se suma con humildad y entusiasmo a este proyecto por la vida, la justicia y la paz”, como la misma Martha Lucía lo nombró al culminar sus palabras en la posesión que pueden encontrar en este link:

 

Juan Pablo Guerrero, subdirector de Cinep / PPP

Además, se eligió a Juan Pablo Guerrero Home como subdirector del Cinep / PPP. El Provincial le invita a apoyar las tareas encargadas a la Directora así como a favorecer el diálogo intergeneracional y fortalecer y articular los dos programas del Centro. Juan Pablo es barranqueño, politólogo javeriano, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá (España) y magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Ha estado vinculado al Cinep desde 2008 y cuenta con experiencia acompañando procesos sociales con enfoque de derechos, orientados principalmente a organizaciones étnico - territoriales y población vulnerable rural y urbana del departamento del Chocó y Urabá Antioqueño.

En 2019 fue seleccionado por la Unión Europea – Delegación Colombia y Bruselas – como uno de los líderes jóvenes de la sociedad civil para hacer parte del programa European Union Visitors Programme (EUVP), y actualmente se desempeñaba como coordinador del programa Conflicto, Estado y Paz y, responsable de la línea Gestión y recuperación integral de territorios del Cinep.

Les compartimos el contacto de la nueva Directora y Subdirector:

 

Martha Lucía Márquez Restrepo

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Juan Pablo Guerrero Home

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Por: Equipo Comunicaciones del CINEP / PPP.

Las organizaciones sociales de la Alianza Contra la Desaparición Forzada entregaron a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) -creada por el Acuerdo de Paz- el Informe sobre desaparición forzada en Guaviare y Boyacá este 5 de agosto. El informe completo es privado, sin embargo compartimos un resumen a continuación.

“Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá: consolidando el protagonismo de familiares y la comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” es el título del informe entregado a la UBPD este 5 de agosto de 2021, y fue elaborado durante tres años por la Alianza contra la Desaparición Forzada.

Las desapariciones registradas en este informe ocurrieron entre 1990 y 2018, aunque se recogieron datos para casos del periodo de La Violencia.

Y contiene información que se recolectó gracias a que las organizaciones pudieron reconocer y recorrer 41 espacios indicados por pobladores y familiares o documentados para investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos, correspondiendo 28 para el Guaviare, y 12 casos a la provincia de Lengupá, en Boyacá, que reúne los municipios de Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquirá. En total se registraron 50 espacios documentados con coordenadas exactas o relativas.

En la mayoría de los casos, la responsabilidad de las desapariciones reportadas en este informe (28) se atribuye a grupos paramilitares, 10 a las FARC-EP, uno al Ejército Nacional, 10 no tiene determinado un autor y sobre el caso del periodo de La Violencia se adjudica a los chulavitas.

El objetivo del Informe es identificar la violencia y el conflicto armado en los departamentos de Guaviare y Boyacá ha sido un proceso de largo aliento; así como la comprensión de sus dinámicas y el reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y étnicas como sujetos de derechos para permitirse acciones de exigibilidad de derechos como mecanismo para contrarrestar las violaciones a los Derechos Humanos.

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por los pobladores de los departamentos de Guaviare y Boyacá, entre ellos, los y las familiares de las víctimas de las personas dadas por desaparecidas, líderes y lideresas en los territorios, a partir de múltiples ejercicios originados en la confianza establecida con las organizaciones sociales y que permitió el acercamiento y la construcción de contextos y tejido social para la visibilización de las múltiples violencias ejercidas a lo largo de la historia por actores armados legales e ilegales. Este informe tiene la finalidad de dar a conocer a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) la información recolectada y analizada durante tres años con el objetivo de lograr la pronta localización, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos en el departamento de Guaviare y en la Provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá. 

La investigación no pretende generar una tesis explicativa de las razones del conflicto, pero sí es una iniciativa para la creación de la memoria histórica a partir del diálogo directo con las organizaciones sociales y las víctimas en territorios a partir de la pedagogía popular usada en la metodología y el fortalecimiento de los procesos organizativos con el objetivo de construir tejido social para la búsqueda de la verdad.

La creación de conciencia colectiva sobre la responsabilidad frente al delito de desaparición forzada ha sido una valorable decisión por parte familiares de víctimas de desaparición forzada, el compromiso con el trabajo en la defensa de los Derechos Humanos y el trabajo participativo en las acciones humanitarias de localización y búsqueda ha sido un largo proceso que han tenido que caminar en soledad y olvido. Este informe es el resultado del trabajo conjunto entre las organizaciones ya mencionadas.

El informe en primer lugar aborda el análisis del contexto histórico de la Provincia de Lengupá, Boyacá y el departamento de Guaviare, en segunda medida, hace un profundo análisis de la desaparición forzada y de los hallazgos forenses en el desarrollo del proyecto, en el tercer punto, se realiza un recuento histórico de los casos recolectados por la Red de Bancos de Datos denominada la Cronología de la Agresión y finalmente, se realizan algunas recomendaciones. Boyacá: La Provincia de Lengupá. La Provincia de Lengupá en Boyacá, es un territorio conformado por los municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Berbeo, Campohermoso y Zetaquira. Se ubica en la hoya hidrográfica del río Lengupá, se extiende desde el páramo de Vijagual hasta el inicio de los llanos orientales. Limita con la Provincia de Neira, Sugamuxi, Márquez, Valderrama y el departamento de Casanare. Es una tierra fértil donde se cultivan alimentos de clima templado, entre los que se destacan hortalizas, legumbres, caña de azúcar, café, plátano, frutas como chamba, gulupa, mora, pitahaya, entre otras.

El proyecto 

El proyecto “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: Consolidando el protagonismo de familiares y comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” ha abierto la posibilidad de reconstruir el tejido social a partir de la solidaridad, la participación activa y la escucha. De los casos documentados, es evidente la inoperancia de instituciones del Estado que no han atendido sus denuncias, que no recepcionan su documentación y que impiden el acceso a la justicia. La documentación y acción de exigencia institucional abren la posibilidad para el 2021 que más familiares se sumen a este proceso en el que la atención eficaz y la búsqueda e identificación sean la prioridad.

La invitación a familiares de personas desaparecidas es a sumarse a estos procesos en los que se puedan tramitar los dolores propios de la ausencia y se genere organización alrededor de las exigencias de atención, identificación y búsqueda. La topografía y el paisaje majestuoso de la Provincia guardan en sus suelos cuerpos sin identificar, vidas e historias de familias que les buscan y extrañan, que no descansan bajo la zozobra que dejan las desapariciones forzadas: ¿qué le pasó? ¿dónde está? Ante esta realidad, la solidaridad es el hilo y la puntada para la recomposición del tejido social, en el que se motiva la participación a través de la identificación de lugares que, como el Alto de La Buenavista, para actores armados como los paramilitares en los 90’s y principios de 2000 fue un botadero en el que se lanzaron cuerpos humanos. Ante la barbarie, se han desarrollado siete peregrinaciones en este lugar característico de la cruda y cruel violencia que sucedió en la Provincia, en la que se generan exigencias y propuestas de reparación colectiva, así como la invitación de señalar aquellos lugares conocidos por ocultar cuerpos de personas sin identificar. 

Guaviare

Es un departamento de Colombia, epicentro del conflicto armado durante varias décadas, especialmente, en la década de los años 80’s y 90’s y la década del 2000. Por ser un departamento, donde se desarrolló la economía ilegal de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y por ende los eslabones primarios del narcotráfico (cultivo, procesamiento de la pasta base de coca y el comercio local tanto de los precursores químicos para el procesamiento de la base de coca, como de la misma pasta de coca), así como un territorio donde hicieron y hacen presencia varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a partir del año 1997, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenientes del departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño. 

Los actores armados que históricamente han hecho presencia en el departamento del Guaviare, han sido en primer lugar los narcotraficantes quienes desde la década de los años 70’s generaron violencia y durante mucho tiempo victimizaron a la población, a través de asesinatos o los denominados ajustes de cuentas; fueron estas dinámicas las que justificaron la llegada al territorio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), quienes arribaron a comienzos de la década de los 80’s, entrando por la región del río Guayabero, caracterizada por ser una región histórica por su cercanía con La Macarena, Meta y en particular por la región del Pato Guayabero, lugar referente en los orígenes de esa insurgencia. 

Se estima que las cifras que tienen las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil son un subregistro de la situación del departamento, especialmente, con los casos de violencia sexual contra las mujeres y la desaparición forzada. Esto es consecuencia del terror que estos actores armados impregnaron en sus víctimas, la estigmatización social e institucional al que lamentablemente en la mayoría de los casos eran sometidas las víctimas como una forma de revictimización y de escarnio público, el cual conllevaba a que las víctimas tuvieran miedo y desconfianza para denunciar. 

Es importante resaltar que la sociedad civil a través de las organizaciones sociales y de víctimas han cumplido un papel importante y estratégico especialmente en la implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz, a través de ejercicio de pedagogía sobre el funcionamiento del SIVJRNR y del mandato de los tres mecanismos, especialmente de la UBPD, a través de la metodología de talleres, y actividades que han permitido compartir con las víctimas de desaparición forzada y con referentes sociales y comunitarios claves en el territorio en los procesos de búsqueda y localización de sus seres queridos. 

Este trabajo, según explican los investigadores e investigadoras, ha contribuido para que los tres mecanismos puedan encontrar comunidades con niveles de conocimiento sobre sus objetivos, sus mandatos y funcionamiento. Lo anterior, a partir del establecimiento de relaciones de confianza, permitiendo compartir la información sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión al conflicto armado, la desaparición de sus familiares, posibles lugares de enterramiento de cadáveres, información sobre los presuntos responsables y así iniciar los procesos de búsqueda en el departamento.

La alianza es integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Por la Paz (CINEP/PPP), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Corporación para la Vida, la Paz y el Desarrollo Sostenible (Vida-Paz) y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) con la coordinación del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la financiación de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Encuentra una entrevista sobre este informe en: https://www.instagram.com/tv/CSKl0sdpwBR/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Equipo Comunicaciones y Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del CINEP / PPP.