Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.

Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.

A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

El libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020” se lanzará el próximo jueves 8 de abril a las 10 am por Facebook y Youtube. Compartimos la columna de Fernán González SJ. con un adelanto del mismo.  

La vinculación de la presencia de los negociadores del Eln en Cuba a la campaña reeleccionista de Trump en Florida y el endurecimiento de las posiciones del gobierno de Duque frente a las posibilidades de reabrir las negociaciones con ese grupo, se juntan con algunas declaraciones de los dirigentes elenos y los debates internos de esta insurgencia para replantear las eternas preguntas sobre su voluntad de paz y su unidad de mando.

En ese sentido, varios artículos han empezado a hacer circular la idea de “federalismo insurgente” para referirse al Eln. Tales son los casos de los escritos conjuntamente por Luis Fernando Trejos y Andrés Aponte en La Silla Vacía y El Espectador, entre el 19 de febrero y el 5 de marzo, que se refirieron a este concepto para explicar las relaciones de este grupo con la economía cocalera, pero también para subrayar sus diferencias con las extintas Farc. Asimismo, en otro un artículo escrito por Juan Carlos Garzón y otros para Razón Pública, se recurre a la naturaleza federada del Eln para evidenciar la equivocación de la estrategia oficial de mostrar una supuesta división del grupo (Razón Pública, 15 de febrero de 2021). En una línea similar, María Victoria Llorente, directora de la FIP, en una reciente entrevista concedida a María Isabel Rueda, subrayaba lo poco que sabemos sobre las particularidades regionales de ese grupo y de su estructura federada que lo articula en torno a un proyecto común (El Tiempo, lunes 15 de febrero de 2021).

Todos estos planteamientos han servido para ambientar la difusión de los resultados de una investigación interdisciplinaria realizada por el equipo de Conflicto y Paz del CINEP, que ha propuesto una mirada más estructural sobre los cambios desarrollados por este grupo insurgente en sus años de existencia, pero, también de las diferencias de su estilo de actuar según las situaciones y tensiones de las diversas regiones donde hace presencia. Algunas ideas centrales de los resultados de este análisis, que han inspirado algunos de los textos citados anteriormente, están recogidos en el libro próximo a publicar: ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, que fue coordinado por Andrés F. Aponte y Fernán González, con el prólogo de Socorro Ramírez.

Como punto de partida, los investigadores hacen un llamado, bastante obvio, a insistir en la necesidad de asumir las consecuencias de las diferencias de enfoque y de comportamiento entre esta insurgencia y las extintas Farc. Si bien estas dos insurgencias emergieron en el mismo contexto nacional, de los inicios del Frente Nacional, e internacional, marcado por la Guerra Fría y la revolución cubana, las motivaciones, los líderes, el discurso revolucionario, la trayectoria militar y organizacional y las bases sociales sobre las que se anclaron, difirieron.

Así, las Farc surgieron gracias al impulso de jóvenes campesinos marginales, radicalizados y adscritos al Partido Comunista Colombiano, que buscaban acceder a tierras y representación política en sus localidades; bajo un marco de luchas agrarias en el mundo andino cafetero azotado por La Violencia. En cambio, el Eln surgió como un emprendimiento armado de jóvenes urbanos, en su mayoría universitarios, híper ideologizados, descontentos con las estrategias electorales del Partido Comunista, que buscaron insertarse en las tensiones del mundo rural, de los bolsones interiores de colonización, para cambiar la idea de Estado y sociedad, al concebir que el sistema político no daba espacio a sus visiones de sociedad.

Por eso, las bases sociales variaron en cada proyecto armado. Las Farc se apalancó sobre un grupo particular de pobladores (los campesinos colonos y luego los cocaleros), que dio forma a unas estructuras más cohesionadas de mando, que los asemejaban, en parte, a un ejército regular. En contraste, el Eln se insertó en los problemas de diversos grupos poblacionales (campesinos, sindicalistas, indígenas, comunidades negras, etc.), cuyas diversas apuestas organizativas y reivindicaciones explican no sólo los diversos rostros territoriales que posee esta guerrilla, sino también el carácter federado que asumió en su segunda época.

Un segundo llamado de nuestros jóvenes investigadores fue la necesidad de analizar la trayectoria y situación actual del grupo a partir de un lente organizacional y territorial, que entienda a este grupo como un conjunto variado de organizaciones dentro de un proyecto nacional. Este llamado es producto de una reinterpretación de la trayectoria de esta insurgencia, a la que corresponde una nueva narrativa de sus concepciones y accionar. Aunque, actualmente, varios estudios han venido señalando al Eln como marcado por una impronta federada, conviene recordar que esto no siempre fue así: en sus inicios, fue una guerrilla centralizada y caudillista que derivó en una conducción autoritaria, que privilegió la vía militar como mecanismo de resolución de controversias internas (1964-1974), llevándolo a su casi extinción con el desastre de Anorí (1973) y el movimiento hacia el “Replanteamiento” (1975-1983). Frente a esa situación, el Eln adoptó, como estrategia de recomposición, una política de cooptación de diversos emprendimientos armados locales, que se fueron articulando al proyecto nacional, bajo estrategia de centralización por cooptación.

Así, con el fin de evitar los males iniciales, los líderes del segundo momento del Eln, como el cura Pérez y Gabino, adoptaron una estructura colegiada y federada, con una dirección colectiva, horizontal y democrática, caracterizada por la amplia discusión política sobre la estrategia y la táctica armada. Esta estructura se mantiene, parcialmente, vigente en el presente, pero la falta de una eficaz dirección colectiva y el excesivo respeto a la autonomía de los frentes conducen en algunas ocasiones al llamado “debate en caliente”, que significa acciones inconsultas de algunos grupos para sentar su posición en el conjunto de la organización, el atentado contra la Escuela de Policía General Santander es un buen ejemplo.

De esa compleja organización se derivan dos rasgos centrales de esta insurgencia: en primer lugar, sus problemas de acción colectiva, porque la comandancia no tiene ni el poder ni la capacidad infraestructural para homogenizar ni alinear a todos sus frentes, como evidencian las reiteradas dificultades que ha afrontado para centralizar organizativa y políticamente al proyecto nacional. Y, en segundo lugar, el Eln presenta diversos rostros territoriales, que reflejan, como muestran los estudios regionales de caso de este libro, la variedad de sus bases y las reivindicaciones diferentes que pretende representar. Esto se evidencia en la falta de una directriz clara en materia de extracción de recursos: el debate frente a la coca ilustra esa situación, ya que cada grupo adopta posiciones diferentes en el tema según sus circunstancias, en contraste con la prohibición moralista del COCE.

Esto desemboca en un tercer rasgo que destacan los jóvenes investigadores del CINEP: la importancia que tienen las bases sociales en su estructuración y acciones: de ellas no solo se extrae información, recursos humanos (reclutas) y materiales, sino que ellas constituyen una instancia básica de coordinación, que le da forma a la organización armada y determina la lógica de la violencia que desarrolla cada grupo regional y local. Mientras menos sólidos sean los lazos verticales, que vinculan a los líderes con los pobladores y determinan la organización de su presencia en el territorio, mayores serán las probabilidades de que haya problemas de coordinación y constreñimientos para actuar colectivamente.

Además, si las bases sociales no son homogéneas en términos demográficos, así como en las reivindicaciones y demandas que tienen, mayor problema tendrá la organización nacional de articularlas en la llamada escisión maestra de la guerra. En efecto, cada emprendimiento armado local, como muestran sus frentes, tienden a responder más a las dinámicas territoriales que al mismo proyecto nacional. Por eso, la consideración de las bases sociales del grupo armado en cada territorio es muy importante no solo para entender la puesta en marcha que impulsa un proyecto armado en el territorio, que determina su trayectoria tanto en su accionar como en las negociaciones de paz y en su eventual tránsito a la vida civil.

Por último, concluyen los autores, estos tres rasgos conducen a la necesidad de replantear los esquemas de negociación y las estrategias de seguridad del Estado colombiano entre otras aristas. En primer lugar, la receta de tierras y curules, que fue bastante exitosa con las Farc, no responde a las demandas ni al discurso eleno. Para esta guerrilla es central el tema de los recursos naturales, las formas locales de participación y representación en el juego democrático y las formas de integración territorial, entre otros. Es decir, ella se auto representa como una instancia de intermediación entre un Estado homogéneo, que representa un claro bloque de poder, y una sociedad civil organizada, que se opone a las formas y apuestas de integración territorial que despliega el poder central. Por eso, sería necesario adoptar formas diferenciadas de acción estatal y de relacionamiento con el conjunto de la nación, que respondan de modo diferente a las diversas situaciones regionales y que rompan con la imagen bipolar del enfrentamiento entre buenos y malos, heredada de la Guerra Fría.

Respecto a las estrategias de seguridad, habría que agregar que los planes y apuestas desarrolladas contra las Farc, las cuales se mostraron muy exitosas al asestarle golpes a las cabezas más visibles de esta guerrilla, no solo no funcionan en el Eln, sino que también arrojan un impacto humanitario en las zonas donde se llevan a cabo. En lo que atañe a este último punto, la poca diferenciación entre los combatientes elenos y los pobladores es un factor crucial a tener en cuenta, ya que los efectos colaterales arrojados por estas estrategias terminan por refrendar la idea de un Estado represivo y militarista.

Pero, por otra parte, los investigadores también cuestionan la relación ambigua del Eln con la sociedad, que desconoce la existencia de amplios sectores de la sociedad que no se ven representados en la supuesta mediación de esta guerrilla con el Estado, cuyas opciones políticas no comparte. Lo mismo que la manera autoritaria como el Eln impone su hegemonía en las organizaciones, que no respeta la autonomía relativa de las comunidades, ni sus liderazgos, con un proyecto de corte jacobino, tan oligárquico y opresivo de las comunidades como el proyecto de las clases dominantes que pretende combatir. Además, el Eln debería sopesar las consecuencias que tiene su estrategia de penetrar los movimientos sociales para la deslegitimación de esas protestas y movilizaciones, que son puestos en la mira de la represión estatal y de otros actores armados.

Y, del lado de la sociedad colombiana en general, es necesario que sea consciente de la necesidad de superar la tendencia estigmatizante de la protesta social a partir de una mejor comprensión de la compleja situación que enfrentan las comunidades en medio del conflicto de legitimidades y del fuego cruzado entre los combatientes, en regiones necesitadas de una intervención estatal de carácter integral que afronte, de manera diferenciada, los problemas que han llevado a las organizaciones de protesta.

Para terminar, los investigadores concluyen que un regreso a las negociaciones sería la mejor demostración de que no están cerradas las vías democráticas de la necesaria transformación social que el país necesita con urgencia.

Este texto fue publicado en El Espectador y Razón Pública.

Por: Fernán González SJ., investigador del CINEP/PPP.  

Las voces y experiencias de las mujeres campesinas de Colombia son documentadas en la serie “Tierra de Mujeres” que compartimos hoy #8M cuando se conmemoran las luchas de las mujeres en todo el mundo. 

“Tierra de mujeres” es un proceso de formación radial sobre las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques. Las voces y experiencias de las mujeres rurales colombianas nos dan pistas sobre participación, tenencia, políticas públicas, desafíos y luchas por la tierra y el territorio de las mujeres.

Esta serie de siete episodios es un espacio para el aprendizaje sobre la justicia de género en la gobernanza de la tierra y el territorio.

 

 

Se trata de iniciativa de CINEP - PPP, ANUC y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP con el apoyo de FAO Colombia, Colnodo y la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra.

Esta semana en los #DiálogosCinep se encontraron voces desde Cauca, Buenaventura, Cartagena y Bogotá para hablar sobre su Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia con la moderación del médico y activista Víctor de Currea-Lugo. Estas son sus principales ideas. 

“Las balas acaban más vidas que la pandemia en el Cauca”, expresó Guido Rivera, coordinador suroccidente de la Coordinadora Nacional Agraria, a un año de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia por cuenta de la pandemia de la covid-19 en en el marco del diálogo Cinep “Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia”. 

Lucy Sosa, integrante de la Asociación de Mujeres, Derechos y Paz, sostuvo que “la pandemia no trajo pobreza a los territorios” sino que la agravó porque la economía en Cartagena está marcada por la informalidad, y tras los confinamientos decretados por la emergencia sanitaria “el pueblo cartagenero está padeciendo física hambre”. 

María Miyela Riascos, integrante de la Pastoral Social en Buenaventura, reafirmó lo señalado por Lucy al subrayar que en el puerto antes de la pandemia tenían cifras de 66% de pobreza multimodal, y tras la aparición del virus estos problemas se profundizaron hasta en un 30%. Todo ello, afirmó, en una ciudad que “moviliza el 60% de la mercancía que entra y sale del país”.

Además, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resaltó que el Gobierno está próximo a presentar una reforma para cubrir el hueco fiscal que actualmente tenemos pero, que “abrió el mismo Gobierno en 2018, cuando recortó impuestos a las grandes empresas”. En ese sentido, sostuvo que bajo el argumento de solventar algunas de las medidas económicas tomadas en medio de la pandemia, el ejecutivo pretende que olvidemos estos recortes billonarios de impuestos al capital, y que los financiemos poniendo a tributar más a las personas. 

Esta situación la calificó como injusta e innecesaria, al asegurar que “en Colombia hay un grupo de población con suficientes ingresos para ser solidario en momentos de pandemia”. Por lo tanto, dijo que era necesario modificar el sistema de tributación para que fuera más progresivo, haciendo que las personas de más altos ingresos en el país fueran gravados con mayor equidad, garantizando la financiación de propuestas como la renta básica. 

“Si subieramos nuestro nivel de tributación al promedio de América Latina nos alcanzaría para una renta básica que pusiera a los colombianos por encima de la pobreza monetaria”, sostuvo el experto en economía, y concluyó que por eso es importante que las voces de quienes entienden esta realidad desde los territorios sean escuchadas. 

Encuentre el conversatorio en Facebook, o en Youtube:

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.