Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

Hasta el 20 de septiembre están abiertas las inscripciones para la Escuela de Formación Política Poder y Paz, en la que se fortalecerán con herramientas y debates las candidaturas de las y los líderes para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).

Hasta el 20 estarán abiertas las inscripciones de la Escuela de formación política para candidatas y candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz “Poder y Paz”. Un total de 30 cupos están disponibles para apoyar a quienes se presentarán en la próxima jornada electoral por estas Circunscripciones, especialmente en las regiones del Caribe ampliado y Pacífico colombiano.

La escuela se desarrollará entre los meses de octubre (de forma virtual) y noviembre (de forma presencial) de 2021. 

Estos son los requisitos:

  • Ser colombiana/colombiano de nacimiento.
  • Tener más de 25 años.
  • Ser víctima del conflicto armado acreditada por la UARIV.
  • Ser lideresa, líder o defensora, defensor territorial en temas de paz, ambiente y/o mujeres dentro de una organización social, campesina o étnica. 
  • Haber nacido, vivir o estar viviendo en alguna de las regiones de la circunscripción transitoria especial por tres años consecutivos (las circunscripciones del Caribe y Pacífico son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bajo Cauca, Chocó, Montes de María, Magdalena, César, La Guajira, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Urabá). 
  • No haber sido candidato a cargo de elección popular por un partido o movimiento político con personería jurídica o representación en el Congreso de la República, o haber ocupado cargo directivo de estos.
  • No haber sido beneficiario de programas de reintegración o reincorporación. 
  • Llenar el formulario y adjuntar perfil en: https://co.boell.org/es/form/escuelo-ctep

En la escuela habrá espacios de aprendizaje colectivos sobre la estructura del Estado, el proceso electoral de las circunscripciones, y las principales demandas de las organizaciones sociales para garantizar los derechos de las víctimas, las mujeres y a la tierra y el territorio. También se entregarán herramientas para el diseño de campañas políticas. 

Las 30 personas seleccionadas serán notificadas a más tardar el 24 de septiembre de 2021. 

La Escuela Poder y Paz es organizada por Broederlijk Delen, el Cinep / PPP, el Centro de Pensamiento Áncora y la Fundación Heinrich Böll.

Más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Encuentre el PDF con más información de la Escuela a continuación: 

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Con 87 personas asesinadas y más de 3 mil detenidas en el Paro Nacional, los Diálogos Cinep pusieron “el cuidado” como tema central de conversación con personal médico, un sacerdote, una académica y la moderación del Cinep destacando el papel del diálogo, las mujeres y la comunicación a la hora de cuidarnos en el ejercicio del derecho a la protesta.

Según la Campaña Defender La Libertad, hasta el 21 de julio, en el marco del Paro Nacional en Colombia, 87 personas han sido asesinadas, 1905 “fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Polícia Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados”, y 3.365 fueron han sido detenidas, muchas de ellas en el marco de actuaciones “arbitrarias”. Por eso, este 8 de septiembre los Diálogos Cinep volvieron para hablar sobre cuidado y movilización.

Con la participación de Stephania Recalde, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; Julián Zuluaga, médico del bloque popular de la salud de Medellín; y el padre Venanzio Munyiri, director de la Pastoral Afro de la Arquidiócesis de Cali y la moderación de Rodrigo Ante Meneses, los diálogos Cinep permitieron ver las diferentes formas de cuidado en el Paro Nacional. 

El padre Venanzio, misionero de la Consolata y oriundo de Kenia, África, expuso nueve formas de cuidado que la comunidad de Cali aplicó durante las propuestas: 

  1. La presencia en el lugar de los hechos.
  2. La identificación de actores y espacios para saber ubicarse evitando el peligro o alertando sobre el mismo.
  3. La conciencia de estar en medio de una crisis sanitaria y la necesidad de aplicar medidas de bioseguridad.
  4. Los encuentros periódicos y espacios de escucha.
  5. La detección temprana de cualquier amenaza contra la manifestación o quienes están cerca.
  6. La prudencia en el uso de la palabra y la verificación de lo que se comparte.
  7. La permanencia posterior a los hechos, es decir, el acompañamiento luego de terminada la movilización o al establecer una mesa de diálogo.
  8. El cuidado espiritual. 

El religioso también explicó que las ollas comunitarias y los puntos de atención médica sirvieron como lugares de encuentro alrededor de los que se tejió comunidad. Adicionalmente, la demarcación del territorio mediante la resignificación de espacios con el derrumbamiento de estatuas o la creación de monumentos llevó a identificar intereses comunes y arraigo con los espacios. 

Y en cuanto a la comunicación, el padre destacó la necesidad de la escucha, la responsabilidad sobre lo que se dice y se comparte, y el servicio que prestan las redes sociales para denunciar. El Director de la Pastoral Afro de Cali subrayó las acciones artísticas, el deporte y las bibliotecas comunitarias como expresiones “que siempre habían estado allí pero se pusieron al servicio del Paro”; y por último, sostuvo que el enfoque diferencial logró unir las voces de mujeres, personas afros y de pueblos indígenas en torno a clamores comunes por una vida digna.

Stephania Recalde, trabajadora social y autora del artículo “Al otro lado del miedo está el país que soñamos” publicado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, destacó el papel que ellas tuvieron al llevar el cuidado “de la casa a la barricada”, manifestando que las mujeres no solo fueron operarias de acciones de cuidado sino también gestoras de estrategias. En ese sentido, recordó la acción de las mamás de la Primera Línea que protegían a quienes se manifestaban y realizaban labores como organizar la alimentación en las ollas comunitarias o exigir el respeto a la vida.

Julián Zuluaga, médico y brigadista de la salud en Medellín, habló del papel que tuvieron las brigadas médicas en curar más allá de los “sufrimientos de la carne”. Para Zuluaga, quienes integraron cuerpos médicos para proteger y cuidar a los manifestantes aprendieron a hablar con otros actores de la movilización para hacer posible este cuidado. “Estos escenarios nos permiten reconocer la otredad que sufre y asumir nuestro papel político”, concluyó.

La permanencia posterior a los hechos: El diálogo como posibilidad

Stephania Recalde analizó el diálogo desde dos perspectivas: de lo comunitario, y hacia afuera. En cuanto al diálogo comunitario recalcó su trascendencia para que diferentes personas se encontraran en espacios como asambleas comunitarias permitiendo “acuerdos entre personas que opinan distinto” para alcanzar agendas conjuntas. De otra parte, el diálogo hacia las instituciones y otras organizaciones “se convierte en una posibilidad de cuidado cuando tiende puentes”, afirmó, concluyendo que ello puede “generar propuestas para mejorar la vida de las personas”. 

Por último, Venanzio Munyiri aseveró que era necesario “pasar de la mesa de diálogo a la cultura de diálogo”, porque entender el diálogo como un camino y no como un fin en sí mismo es “la condición mínima para solucionar un conflicto”. El Padre concluyó señalando que “cuando no hay diálogo consideramos al otro como amenaza, y consideramos su eliminación”.

Esta conversación contó con la moderación de Rodrigo Ante, investigador del Programa Conflicto, Estado y Paz del Cinep / PPP.

Encuentra los Diálogos Cinep sobre Cuidado y Movilización a continuación:

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

El Cinep / PPP, el CAJAR y CENSAT denuncian que tras realizar una visita de verificación encontraron la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, en La Guajira, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona.

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.

Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por lo que “el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer? Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte”, afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo principios de precaución y prevención ambiental.

A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de “interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la economía del país golpeada por la pandemia”. Nos preguntamos si insistir en la profundización y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero minero.

A continuación el comunicado: 

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

Entre el 5 y 12 de septiembre se celebra la Semana por la Paz con el lema #VerdadQuePodemos, como una invitación a tomar un rol protagónico en la construcción de una cultura de paz basada en el respeto por la verdad. El Cinep se une con tres conversaciones sobre mujeres, experiencias de paz y Revista Cien Días.

Del 5 al 12 de septiembre se desarrolla la versión 34 de la Semana por la Paz, iniciativa que desde 1987 ha visibilizado el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones e instituciones que trabajan por la construcción y consolidación de la paz. En esta ocasión, el lema de la semana es #VerdadQuePodemos “invitando a la ciudadanía a tomar un rol protagónico en la construcción de una cultura para la paz, basada en la acogida consciente y respetuosa de la verdad que todas y todos debemos conocer, y en la diversidad de caminos que hemos encontrado para reconciliarnos”.

El Cinep / PPP se une a la Semana con tres eventos:

 

Miércoles 8 de septiembre 9 am. 

30 años después: ¿Ciudadanos o vándalos? presentación de la edición #102 de la Revista Cien Días vistos por Cinep”, con Fernán González S.J., Rodrigo Ante, Alejandra Alfonso, Deicy Giraldo, Daniela Torres y John Montoya S.J. Modera José Darío Rodríguez S.J.

Transmisión por: https://www.youtube.com/c/javerianacali

 

Miércoles 8 de septiembre 3pm. 

“Memoria y Verdad de las Mujeres Víctimas”, con la participación de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del Cinep / PPP.

Transmisión por:  

https://us02web.zoom.us/j/87114666109?pwd=cU9MSDNRWGxLVDd2Vm51b0VYeUtsZz09.

 

Viernes 10 de septiembre. 10 am. 

“Conversatorio ¡En el SIP podemos!”, con la participación de Caribe Afirmativo, Fundepaz, Corambiente, Cabildo Misak de Guambia (Cauca), Asprodema, Teatro Esquina Latina, Asinch y el Consorcio para el Desarrollo Comunitario. Un espacio creado por el Sistema de Iniciativas de Paz (SIP), integrado por Cinep/PPP y otras organizaciones.

Transmisión por: Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz  

 

Conéctate con la paz, y replica en redes sociales este evento con la etiqueta #VerdadQuePodemos. 

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.