El testimonio de Benito Osorio ante la JEP reitera la importancia de la participación de terceros civiles para alcanzar la verdad y la justicia completas por el conflicto armado en Colombia. En 2020, Cinep / PPP entregó a la Jurisdicción un completo informe que sustenta cómo, en Urabá y Bajo Atrato, el pretexto de la guerra contrainsurgente sirvió para que “paras” y empresarios despojaran del territorio al campesinado y así implementaran proyectos económicos agroindustriales. Entrevista con Julián Salazar, investigador de la  Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep / PPP que acompaña las comunidades víctimas y reclamantes.

El exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego es uno de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el Acuerdo de Paz. Uno de los siete macrocasos que adelanta desde que entró en funcionamiento  en 2017 es el que prioriza la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en Antioquia y Chocó: el macrocaso 04 en el cual fue vinculado Benito Osorio tras solicitud de sus abogados.

Desde sus declaraciones de agosto del año pasado, el ex gobernador señaló a empresarios y miembros de la Fuerza Pública de tener relaciones con grupos paramilitares, entre ellos a José Felix Lafaurie y el general ( r) Rito Alejo del Río. Su testimonio fue revelado por Noticias Caracol la semana pasada, generando polémica y la respuesta del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso respaldando la declaración del ex gobernador contra Lafaurie, presidente de Fedegán 

Según Osorio, Lafaurie le entregó a Mancuso nombres de quienes elegirían el nuevo fiscal general de la nación para que el jefe paramilitar hiciera presión a favor de Mario Iguarán, quien finalmente resultó elegido en el cargo. Sobre el compareciente pesa una condena de 19 años de prisión por el despojo de tierras en Córdoba, y gracias a estas declaraciones y “por cumplir con los compromisos de la Jurisdicción” obtuvo libertad transitoria por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la semana pasada. 

La JEP destacó que Osorio Villadiego dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas, donde la casa Castaño cedió el control territorial de la zona al bloque 'Élmer Cárdenas' y brindó información sobre el destino de los predios y su explotación agrícola y forestal a empresarios.

Sobre la relación de los privados, los “paras” y el despojo en Urabá y Bajo Atrato, el CINEP / PPP y las víctimas entregaron a la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó.

Allí el Cinep documentó que de las 107 mil hectáreas que componen el Consejo, el 49% de la comunidad hace uso efectivo de 0.1 a 20 hectáreas, mientras que los terceros ajenos al territorio hacen uso de 9 a 10 mil hectáreas. Además, el 95% de las tierras productivas del territorio legalmente titulado están en manos de empresarios y paramilitares mientras que la comunidad dispone de un 5%.

Esta investigación fue adelantada por la Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep que durante 20 años ha acompañado el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó logrando que la JEP acreditara como víctima colectiva a las 48 comunidades y 5.803 personas que la integran. Julián Salazar, abogado investigador de la línea, comenta en entrevista los principales hallazgos y proyecciones de esta investigación y sus opiniones sobre las declaraciones de Benito Osorio.

¿Quiénes han sido los despojadores en el Bajo Atrato y Urabá de acuerdo a sus investigaciones?

Julián Salazar: La expansión del fenómeno paramilitar desde finales de los 80 y comienzos de los 90 se vio desde el Urabá Cordobés y descendió hasta el norte de Urabá, bajando hasta el centro y sur del Urabá antioqueño. Precisamente esa expansión se dio bajo el pretexto de combatir la insurgencia en la zona, especialmente en el Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano. Ese pretexto solo sirvió para implementar proyectos económicos agroindustriales que se caracterizaban por la siembra de palma aceitera y por la llegada de grandes empresarios que pusieron su ojo en la zona. La expansión paramilitar en clave económica fue principalmente agenciada bajo un proyecto macro criminal por parte de la casa Castaño y sus diferentes frentes que hacían presencia en la zona, especialmente el frente bananero, y también el frente Alex Hurtado, encabezado por “HH”. También hacía presencia en Belén de Bajirá y Riosucio el Bloque Elmer Cárdenas.

En nuestras investigaciones hemos podido determinar que los paramilitares llegaban bajo amenazas, intimidaciones y homicidios para desplazar a población campesina y étnica para que luego llegaran comisionistas y personas que compraban la tierra a estas personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento, vendían a bajo precio.

En la expansión de este proyecto paramilitar se tejieron relaciones con diferentes instituciones privadas como públicas, entonces cuando se empezó a ampliar este proyecto en Córdoba se tejieron unas relaciones con el Fondo Ganadero de Córdoba, que por ejemplo en el caso de Tulapas, concertó con la casa Castaño que una vez se hiciera el desplazamiento estas tierras pasarían a sus manos y luego se realizaría su venta a un valor mucho más alto. 

En el caso del Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó hay una caracterización de despojadores que el Cinep ha encontrado en sus estudios de larga data en la zona y que incluyen al Bloque Bananero y Helmer Cárdenas, así como comisionistas y empresarios que compraban la tierra entre los que podemos destacar a Juan Guillermo González, José Vicente Cantero,  Ángel Adriano Pino, Francisco Castaño y Wilmer Dorancé Romero, quién pidió pista en la JEP y no fue incluido porque no cumplió con sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.

También hay que hacer una mención a Sor Teresa Gómez, que con su cooperativa Asoprobeba, ejerció el despojo de tierras campesinas en las que pretendían hacer una especie de mini reforma agraria y tener una serie de grandes cultivos de palma aceitera y ganadería. Estos son principalmente los despojadores que tenemos identificados en La Larga y Tumaradó. 

En el caso de las declaraciones de Benito Osorio se evidencian las relaciones, la connivencia y el contubernio que se tejió entre los paramilitares, el Fondo Ganadero de Córdoba y otras élites políticas de la zona.

¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Hay diferentes fuentes donde hemos contrastado la información: unas fuentes primarias de entrevistas y diálogos con gente de las comunidades que son quienes han sufrido el flagelo de la violencia y el desplazamiento y que son los que tienen esa información a viva voz. Y también hay una contrastación de fuentes secundarias. Allí hay una producción de sentencias judiciales por parte de la Jurisdicción Especializada de Justicia y Paz que es la que se ha encargado de analizar todo el fenómeno paramilitar en Colombia y se creó con la Ley 975 de 2005.

Hay toda una serie de pronunciamientos y fallos que, en cierta forma, ha permitido esclarecer el fenómeno paramilitar en la zona. A pesar de que  hay unos vectores de impunidad muy grandes, estas sentencias han aportado mucho a la verdad judicial. Y también hay una gran producción académica sobre el tema, organizaciones que se han encargado de producir informes y documentos sobre el fenómeno del desplazamiento y despojo en Urabá, y en los que se ha procurado establecer estas relaciones y estos nexos entre los grupos paramilitares y agentes económicos y políticos en el despojo de la tierra. Entonces hay todo un ecosistema de información y fuentes que hemos logrado contrastar y analizar.

¿Qué información ha aportado a la JEP y la CEV el Cinep / PPP sobre el despojo de tierras en el Urabá y Bajo Atrato?

JS: En septiembre de 2020 presentamos el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó, en el que nos propusimos evidenciar las dinámicas de violencia en este consejo comunitario, trazar la genealogía de la violencia al interior del mismo desde que hizo presencia las FARC, pasando por la presencia paramilitar hasta cómo se ha reconfigurado el conflicto armado posterior a la firma del Acuerdo.

Pero adicionalmente ponemos la lupa en cómo la violencia, el despojo y desplazamiento permitió que llegaran estos proyectos económicos agroindustriales de expansión de la frontera agrícola, y cómo todos estos proyectos tienen un cambio en el uso del suelo y tienen toda una serie de impactos ambientales. Entonces lo que evidenciamos es que los proyectos de ganadería, de cultivo de banano, de la palma aceitera y de explotación de madera han generado todo un cambio en los ecosistemas del Consejo y que estos impactos han generado una vulneración en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En este informe le decimos a la JEP y la CEV que en el conflicto armado no solo se violaron derechos civiles y políticos, no solo se cometieron homicidios, desplazamientos o masacres, sino que también se violaron estos otros derechos sobre los que hay que poner el ojo. Por ejemplo, hay una vulneración en el acceso al agua, en el trabajo de las comunidades, a la cultura, al medio ambiente y realmente hay que llamar la atención para que la Jurisdicción comience a considerar esto en su análisis jurídico sobre los diferentes casos. 

Nosotros también como representantes judiciales hemos venido retroalimentando a la JEP, especialmente en lo atañe a la presentación de observaciones sobre las versiones voluntarias que han hecho los comparecientes de FARC y Fuerza Pública. Allí hemos hecho un trabajo de sistematización de estas versiones y hemos presentado una serie de observaciones encaminadas a evidenciar que hay asuntos que faltan por esclarecer y sobre los que se debe aportar verdad.

¿Qué nos falta por saber sobre el despojo de tierras en este macro caso?

JS: Los mecanismos transicionales vigentes, me refiero a la Ley 975 y la Ley 1448, aún se encuentran en mora de develar una verdad amplia y completa respecto de la participación de actores económicos y terceros civiles en el marco del conflicto armado aunque hay que reconocer los avances, especialmente en el proceso de Justicia y Paz, en donde se ha abonado un camino para evidenciar las distintas interacciones entre actores económicos y grupos que participaron en el conflicto.

Sin embargo, todavía hay una brecha de impunidad respecto del nexo, la connivencia y el contubernio que hubo entre los grupos paramilitares y los poderes económicos, ya sean personas naturales o jurídicas, e inclusive con los poderes políticos que hubo en la zona.

La más reciente declaración de Benito Osorio en su versión voluntaria nombra al Presidente de Fedegán y otros personajes sobre los que dice que apoyaron a los paramilitares para que pudieran acceder a cargos públicos y pudieran estar en las élites políticas de Córdoba y Urabá. 

Entonces todavía falta por esclarecer cuáles son estas relaciones, por qué se motivaron, cuál era el propósito de generar estas relaciones y habrá que establecer cómo fue ese patrón macro criminal del desplazamiento forzado y posterior despojo de tierras para que después llegaran estos empresarios.

Además, se tendrá que aclarar cómo los paramilitares apoyaron, ya sea de forma logística o financiera, a estas personas, especialmente las élites políticas para que llegaran a cargos públicos. Es un tema que se deberá seguir trabajando, pero lo que uno concluye es que los grupos paramilitares no solo proveían seguridad sino que también tejían relaciones simbióticas en las que confluían los intereses de ambas partes. Ellos son actores armados con intereses políticos, militares y económicos, y esto ha confirmado que esos intereses económicos han llevado a crear estas relaciones que contribuyeron al conflicto armado.

Y adicionalmente, estos actores económicos se beneficiaron del conflicto armado porque así logran la compra a un precio muy bajo de la tierra de los campesinos desplazados.

También hay que decir que con los arreglos institucionales y por el paso que tuvo el Acuerdo de Paz por el Congreso, todos estos terceros civiles no son actores que tengan obligación de presentarse a la JEP sino que es de carácter voluntario si ellos lo desean. En este caso hay dos terceros que podrían aportar información: uno es Benito Molina, que está compareciendo; y el otro es Benito Osorio Villadiego, que tenía una voluntad particular de contar los nexos entre paramilitares y actores económicos, pero lastimosamente era una persona muy adulta y cuando iba a empezar a hablar falleció.

Esto quizás es una lección muy importante para la JEP, especialmente por la demora que ha tenido para empezar a recibir estos testimonios y que se hagan las versiones voluntarias. Este señor ya había expresado su voluntad pero la Jurisdicción por sus demoras, y tras la muerte de este señor, nos deja a medias y ahora solo resta el testimonio de Benito Molina.

La información de Osorio y la posterior carta de Mancuso reiteran el debate sobre la entrada de exparamilitares a la JEP: ¿Valdría la pena que la Jurisdicción los recibiera?

JS: Este debate de la entrada de paramilitares a la JEP evidentemente lo tenía que resolver la Jurisdicción y lo ha ido resolviendo y zanjando aunque aún quedan dudas por resolver. Allí hay que saber que la JEP tiene toda una estructura jurídica en la que tiene unas competencias y unas reglas sobre lo que puede conocer, entre esas reglas hay un factor que es el de competencia personal. Este factor ha quedado claro en que hay unos comparecientes que lo hacen de manera obligatoria y otros que lo hacen de forma voluntaria.

Los que lo hacen de manera obligatoria son exintegrantes de las FARC - EP y los exintegrantes o integrantes de la Fuerza Pública; los comparecientes voluntarios son los terceros civiles y agentes del Estado que no son integrantes de la Fuerza Pública. Allí hay una puerta que dejó el Acuerdo de Paz y es que otros grupos armados organizados que suscriban un acuerdo de paz también se pueden acoger a la Jurisdicción pero esto todavía no ha sucedido.

Respecto a los terceros civiles, son aquellas personas que no pertenecen a grupos armados al margen de la Ley, pero que de manera directa o indirecta han contribuido con los delitos que se han cometido en el marco del conflicto armado, especialmente los financiadores en la dinámica del conflicto.

Allí la JEP ha sido muy enfática en que la regla general es que no tiene competencia para conocer las conductas cometidas por paramilitares, y uno podría traer a colación otros argumentos como que en la esencia del Acuerdo de Paz nunca estuvo contemplado incluir a los paramilitares y también que los paramilitares tienen un juez natural que es la jurisdicción especializada de Justicia y Paz. Por lo tanto, la JEP no tendría por qué conocer las conductas de los paramilitares.

Pero como toda regla general tiene su excepción, la Sala de Apelación ha establecido dos reglas generales para saber si la JEP tiene la competencia de recibir paramilitares en sus análisis: que los paramilitares hayan cumplido distintos roles dentro de la estructura, que hayan participado como combatientes y como tercero civil, especialmente, como un financiador con un nexo muy estrecho con el conflicto armado aunque esa relación está muy gaseosa; y la otra regla es que efectivamente el compareciente que esté pidiendo pista en la JEP tiene que hacer una contribución a la verdad que sea más allá de lo establecido en la jurisdicción ordinaria. 

Es decir, hay un umbral muy claro y es lo que ya se dijo en la jurisdicción ordinaria: si el compareciente no está dispuesto a hacer una contribución que supere el umbral de lo dicho en esa jurisdicción, realmente no hay posibilidades de que pueda entrar a la JEP. Esto se hace porque hay un interés particular que es de las víctimas de acceder a la verdad, la justicia y la reparación. 

Esto es lo que la Sala de Apelación ha denominado un test de verdad, aunque todavía carece de unas reglas claras y uno podría pensar que ese test se puede zanjar con otro mecanismo que también tiene la Jurisdicción Especial para la Paz como es el compromiso concreto, claro y programado, que es una herramienta que se tiene para que los terceros digan qué están dispuestos a contar, en qué están dispuestos a reparar y aportar a las garantías de no repetición.

Este es el debate al interior de la JEP y que empezó cuando Salvatore Mancuso solicitó su entrada diciendo que antes de ser un combatiente, él había financiado las estructuras paramilitares. Sin embargo, lo que argumentó la magistratura en ese momento es que no se logró comprobar que él hubiera participado como tercero civil y por eso no logró su entrada. 

Sin embargo, es importante decir que hubo un salvamento de voto de dos magistradas en donde se decía que todavía no había información suficiente para lograr concluir que Salvatore Mancuso había participado como tercero civil.  Lo que dicen las magistradas es que habría que generar un diálogo con Mancuso, y mirar si se puede conseguir más información al respecto. Entonces todavía hay vacíos que se deben subsanar.

Por último, es relevante tener en cuenta el principio de integralidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir, que se deben tener en cuenta los aportes de paramilitares en las diligencias de escucha que ha realizado la Comisión de la Verdad, de tal forma que pueda integrarse a los hallazgos de la JEP para tener un relato más completo sobre todo el fenómeno. 

 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el tercer informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este tercer informe realiza una mirada retrospectiva de lo alcanzado en la implementación del Capítulo y el enfoque transversal étnico desde la firma del Acuerdo el 24 de noviembre de 2016 hasta agosto de 2021. Hace un análisis detallado sobre algunas de las salvaguardas del Capítulo Étnico y los avances más significativos para hacerlas efectivas a lo largo de la interpretación e implementación del Acuerdo (A.F., 2016, p. 206) y se realiza un análisis prospectivo sobre cómo sostener los avances alcanzados y qué medidas tomar para lograr los objetivos del A.F. y el Capítulo Étnico.

 

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El inicio de año ha estado marcado por la violencia en Colombia, en especial en Arauca que suma 455 familias desplazadas, 33 homicidios y la explosión de un carro bomba en Saravena. Abandono estatal, olvido de la frontera y disputa ilegal tras dejación de armas de la ex guerrilla de Farc serían algunas razones.

Este miércoles 19 de enero en la noche un carro bomba explotó en Saravena, Arauca, dejando a cuatro personas heridas y una más fallecida, hecho que se suma a los asesinatos de los líderes Miguel Alexi Amado en Arauquita y José Abelino Pérez en ese departamento. Según la Defensoría del Pueblo a la fecha se registran 455 familias desplazadas, afectando a 1.486 personas en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Apure (Venezuela), configurando una crisis humanitaria por “las acciones de los grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza”.

A estas acciones se suma el secuestro de nueve personas en lo corrido del año, tres de ellas raptadas el domingo 23 de enero, mismo día en que otras cuatro habían sido liberadas. Según el defensor del pueblo Carlos Camargo, las cifras de desplazamiento podrían ser superiores dado los subregistros en este tipo de afectaciones.

“Solo esta semana han sido asesinados dos líderes sociales en los municipios de Arauquita y Arauca. Miguel Alexi Amado y José Avelino Pérez, líderes campesinos, culturales y defensores de derechos humanos fueron perseguidos y asesinados por defender la vida”, señala el Congreso de los Pueblos en comunicado. El carro bomba estalló frente a la sede de esta organización en Saravena. 

Víctor Barrera, investigador del Cinep / PPP, explica que la situación de Arauca es producto de una sucesión de retaliaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) relacionadas con el incumplimiento o la ruptura de un acuerdo de distribución de poder que existía entre estas dos organizaciones. Según Barrera, este grupo disidente hacía parte del frente décimo y hoy se reclaman como las verdaderas FARC.

Las disidencias de la Segunda Marquetalia “han entrado en un juego de alianzas para derrotar a las disidencias del frente décimo que no han querido plegarse a la Segunda Marquetalia sino que están un poco a la sombrilla de Gentil Duarte”, explica Barrera. Esta guerrilla fue fundada por los otrora negociadores del Acuerdo de paz y luego líderes del rearme de Farc “Iván Márquez” y otros que se presumen ya asesinados como “Jesús Santrich”, “El Paisa” y “Romaña”.

Barrera resaltó que aunque se ha dicho que esta confrontación se debe a la lucha por el control de las rentas ilegales, también debe tomar en cuenta la puja por el control territorial que ejercen estas organizaciones con presencia histórica en la región. Esto ocurre, explica, en un territorio en el que “si el Estado existe, lo hace en una altísima presencia militar” y con una oferta de seguridad limitada a proteger la infraestructura petrolera.

Por su parte, hay quienes aseguran que la grave crisis en Arauca tiene que ver con las políticas del gobierno Duque. De acuerdo con Humanidad Vigente, “la ola de violencia que vive la población de Arauca y el movimiento social, es producto del abandono Estatal y social, la crisis humanitaria, la militarización y las zonas de guerra llamadas 'zonas futuro'; lo que viene antecedido históricamente por hacer del departamento un laboratorio de guerra contra su población”. 

Frontera olvidada

Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Arauca es uno de los once departamentos que la integran. Según Martha Márquez, directora del Cinep / PPP y experta en relaciones binacionales Colombia - Venezuela,  “desde 1830 hay un abandono de las fronteras y cuando se hace presencia es de forma militar”, lo que ha permitido que estos territorios “sean controlados por actores armados que se dedican a las economías ilegales”.

“El Estado venezolano permite actores armados como los de la Segunda Marquetalia, el ELN pelea por territorios con las disidencias y el Estado colombiano hace presencia militar”, concluye Martha Márquez.

En el complejo departamento fronterizo de Arauca, el ELN buscó extenderse “a lo largo de la cuenca del río Orinoco y penetró con mayor profundidad al interior de Venezuela” tras la firma del Acuerdo de Paz que provocó la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) del territorio, de acuerdo con el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada publicado por Cinep / PPP en 2021. Según sus autores, el frente Domingo Laín que hace presencia en Arauca se ha permitido mostrar un “modelo organizacional, pero también un apoyo material para otras estructuras” de la guerrilla. Arauca ha sido fortín histórico de esta guerrilla que aún no deja las armas y que habría denunciado recientemente en sus redes sociales que la cruda confrontación obedece al patrocinio de Estados Unidos a las disidencias de las Farc. 

Guerras locales

En otras regiones la situación no es mejor: El 14 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, joven indígena ambientalista de tan solo 14 años de edad, en Cauca; el 17 de enero, Mario Jonathan Palomino, profesor y ambientalista, en El Carmen de Viboral, Antioquia; y el mismo día se encontró el cuerpo de Luz Marina Arteaga, lideresa y reclamante de tierras que había sido desaparecida desde el 12 de enero en Casanare. A ello se suman las denuncias por las situaciones de riesgo que denuncian comunidades de Chocó, Montes de María y Magdalena producto de la presencia y acciones de actores armados ilegales en sus territorios. 

Para Víctor Barrera en este difícil inicio de año se continúa la tendencia de recrudecimiento del conflicto que viene del año pasado. Él recordó que incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un comunicado a inicios de 2021 llamando la atención sobre la situación de violencia exacerbada contra firmantes de la paz y defensores de DD.HH.

Hay un “deterioro paulatino, sostenido, pero diferenciado a nivel territorial de las condiciones de seguridad”. Este contexto se produce debido a la reconfiguración y fragmentación organizacional tras el desarme de las FARC que sigue en curso, y genera una “competencia armada por saber quién se impone sobre quién o qué tipo de alianzas pueden estabilizar las dinámicas de la violencia sin que ello implique la desaparición de las organizaciones armadas”.

Para el investigador, este deterioro está marcado por las historias regionales de la violencia que había previamente en los territorios y que dan cuenta de guerras locales que ya no se inscriben en un relato nacional y que todavía tienen “ese fuerte localismo que hace que estas disputas sean mucho más exacerbadas”.

El ELN, las disidencias y el Clan del Golfo serían los actores más visibles de esta confrontación:

“Estamos observando un ELN que está buscando posicionarse como una amenaza frente al Estado a través de ataques terroristas pero también con una capacidad bélica importante en regiones donde ha tenido una presencia como en el Catatumbo y Arauca”, sostiene el experto, añadiendo que esta será una dinámica que probablemente continuará este año. 

De otra parte, afirma que hay una gran diversidad de disidencias que serían, entre 22 y 30, “dependiendo de las fuentes” y que están fragmentadas.

Por último, tras la captura de su máximo líder, “Otoniel”, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia también conocidas como Clan del Golfo o Urabeños) presentan “más continuidad que un cambio”. Aunque Barrera apunta que hay varias hipótesis que sostienen que se convertirán en estructuras autónomas que competirán entre sí, “al menos lo que estamos viendo es que este grupo armado tiene una organización que les permite ir mucho más allá de un liderazgo individual y en algunas regiones hemos visto que estas estructuras conservan un control significativo e importante”. 

Se demuestra así, según Barrera, que “una ausencia total de una política de seguridad consistente respecto al nuevo contexto de estas guerras locales que demandan transformaciones que este gobierno no está interesado en tomar”. Adicionalmente, la violencia deja de ser selectiva contra personas defensoras de DD.HH. y “se convierte en una violencia indiscriminada que pone a la población civil en el centro de la confrontación en algunos territorios del país”.

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el Sexto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. En este informe la ST ha enfocado su análisis en los principales logros obtenidos en temas estratégicos, su avance y relevancia, para señalar las oportunidades que se presentan al preservar lo logrado y para llamar la atención sobre los riesgos que existen en las garantías de la implementación del enfoque de género que ha quedado plasmado en el A.F., por las falencias verificadas en la implementación.

 

 

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Desde el 11 de enero el Cinep / PPP retomó actividades. Aunque las instalaciones no están abiertas al público ni empleados para mitigar la propagación de la Covid19, los siguientes servicios están disponibles: Biblioteca, consultas de la base de datos de ddhh y violencia política y la base de datos de luchas sociales; y consulta y descarga de nuestras publicaciones y revistas. 

En 2022, y desde el 11 de enero, el Cinep / PPP continuó realizando su labor misional y prestando los servicios de Biblioteca y acceso a las bases de datos de forma virtual, mientras el edificio estará cerrado al público tomando en cuenta el aumento de casos de Covid. Por esta razón, el préstamo del auditorio y salones para público externo, y la realización de eventos están restringidos. 

De otra parte, la Biblioteca continuará realizando el préstamo interbibliotecario; la solicitud de bibliografía a través de este formulario; la consulta de libros de forma virtual; la capacitación en el uso de sus recursos; y el servicio de reprografía. Mayor información: 318 374 1375 o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El acceso a la Base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia continuará de forma gratuita con una consulta de máximo 2 mil registros en https://www.nocheyniebla.org/?page_id=1372. También se puede tener una mirada a la Base de Datos de Luchas Sociales en Colombia en nuestra página web. Para las demás bases de datos del Sistema de Información General (SIG) se debe solicitar el ingreso enviando un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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Por Equipo de comunicaciones CINEP / PPP