Desde 2021 se ha intensificado el conflicto armado en Guapi, Cauca, y, tras el paro armado decretado por el ELN, el temor de la población aumenta. Según una docente del territorio, la educación es la más afectada. En medio de los enfrentamientos, una niña resultó herida el pasado martes 22 de febrero.

Comunidades de Guapi denuncian que actores armados establecen horarios de circulación y los amenazan constantemente. Según los habitantes, la violencia arreció desde octubre de 2021 y se ha extendido hasta ahora, con un pico entre el 23 y 26 de febrero pasado cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado. Una docente del municipio, quien por seguridad pidió reserva de su nombre, habló con Cinep / PPP sobre las preocupaciones de los habitantes de esta olvidada zona del Pacífico colombiano, y la urgencia de un acuerdo humanitario.

¿Qué está pasando en Guapi?

Docente: Desde el mes de octubre de 2021 se han comenzado a presentar desplazamientos de la gente de la zona rural a la cabecera municipal. Esto se ha incrementado porque en la ruralidad se ha intensificado mucho el conflicto. Hay dos grupos al margen de la ley enfrentados y la población civil está en medio. 

Ese conflicto está concentrado en tres consejos comunitarios: Alto Guapí, Río San Francisco y Río Napi, esos son los consejos donde se ha vivido más el desplazamiento. Tenemos aproximadamente unos 300 niños desplazados en Guapí cabecera, lo cual ha llevado a que las maestras estén orientando las clases acá.

Ese conflicto también se ha ubicado en la cabecera municipal desde diciembre. Se han venido escuchando rumores de amenazas y la gente que se ha venido desplazando no está declarando por temor, porque los grupos armados les ponen condiciones para dejarlos venir y de alguna manera les restringen la posibilidad de que cuenten sus afectaciones.

En Guapi cabecera municipal hemos sido víctimas de amenazas y panfletos. No sabemos quién creó un grupo de WhatsApp y ahí se la pasan mandando mensajes amenazantes a la comunidad: Que van a poner bombas en los colegios u otros lugares y han asumido una guerra fuerte hacia la administración municipal. Eso ha detonado que las confrontaciones se agudicen en el municipio.

En el marco del paro armado que declaró el ELN se agravó la situación. El martes pasado en horas del recreo, a las 9:30 am, se presentó un enfrentamiento en el sector de La Once entre dos grupos. Había muchos niños y niñas y en ese cruce de armas resultó herida una niña de 12 años del Colegio San José. 

La niña recibió una bala en el pie, y hubo muchos niños que se lesionaron porque se formó un alboroto muy fuerte. Una niña tuvo convulsiones y quedó con una afectación psicológica; otros niños están en la misma situación. 

A raíz del paro armado, todos los días los pasamos encerrados porque los comunicados decían que teníamos que estar en la casa porque se iban a seguir enfrentando. La noche del jueves 24 de marzo hubo una confrontación en el barrio Puerto Cali y hubo capturados del ELN.

Este lunes todo se normalizó. La gente fue abriendo poco a poco, pero todavía se siente el temor. El comercio se cierra hacia las seis de la tarde. Antes de esto la gente ya estaba cerrando el comercio más temprano por la amenaza, y evitando salir mucho a la calle; ahora esto se agudizó más.

Este lunes se puede decir que el 90% de los niños no asistieron a clase, ahora está aumentando un poco el nivel de asistencia pero hay padres que se abstienen de mandar a sus hijos porque hay amenazas muy contundentes con relación a que van a poner bombas en colegios o en medio de la población civil.

¿Cómo ha afectado a la educación la intensificación del conflicto en Guapi?

D: El sector más afectado con esto ha sido la educación. A nivel rural podemos decir que el año pasado los niños y niñas no tuvieron clase porque los docentes de la zona rural viven en Guapi cabecera municipal, entonces habían ocasiones en que los maestros no podían subir a orientar sus clases por las confrontaciones. A veces el maestro subía cuando se le permitía el acceso, porque el enfrentamiento en la ruralidad ha sido permanente durante el año pasado. 

Desde octubre iniciaron los desplazamientos masivos y todo este tiempo esos niños no han estudiado. Son niños que están quedando con un vacío grandísimo a nivel de formación y también tienen su proyecto de vida afectado: son niños que tenían un contexto de vida diferente, tenían su dinámica cultural propia y tienen que desplazarse y volver a construir su vida. Son niños que han tenido una intermitencia en su formación educativa y que ha sido por la intensificación del conflicto. ¡Todo es muy difícil!

Una defensora me decía que había aproximadamente 60 familias que se han desplazado y no se quedan en Guapi, se van para Cerrito, Guacarí o Pradera y es gente que no declaró porque tenía temor pero que allá sí lo está haciendo. Todo eso ha incidido de manera directa en el proceso educativo de los niños y las niñas.

Ahora, tampoco la Secretaría de educación departamental ha tomado medidas para afrontar esta problemática. Recientemente, con algunos profesores se avanzó reubicando a los niños y profes en una sede educativa de Guapi cabecera para que reciban sus clases. En este momento hay aproximadamente nueve docentes orientando sus clases en la normal durante la jornada de la tarde, porque es el único colegio que está vacío en esa jornada. 

Pero los niños no están asistiendo mucho a clase, entonces hay que hacer un seguimiento para saber qué está pasando, cómo están sus familias, cómo están sus hogares.

¿Qué piden las comunidades para salir de esta situación?

D: Que haya acuerdos humanitarios. Exigimos que el Gobierno mire estas comunidades para sentarse con ellas y reflexionar sobre cómo se está presentando el conflicto y cómo nos está afectando como comunidad. Que el Gobierno Nacional haga una mesa no solo en Guapi sino en el Pacífico, porque esto también está pasando en Timbiquí y López de Micay, y que se revise la situación de la educación en el marco de esta emergencia y se hable de cómo el conflicto se ha agudizado.

Desde la educación, pedimos una mesa de educación en emergencia para hablar de cómo está crisis de orden público ha afectado la educación, y donde se pueda regular y se puedan tomar decisiones. Porque nosotros somos del departamento del Cauca pero no sentimos la participación de la Secretaría de Educación acá; necesitamos que asuma su rol y que vea que Guapi es parte del Cauca y tome medidas, imparta decretos y ponga a funcionar esas políticas públicas en el marco de toda esta crisis.

Por: Equipo de comunicaciones Cinep / PPP 

El próximo 13 de marzo serán los comicios para elegir los próximos congresistas. En los territorios PDET se elegirán además los 16 representantes por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Así es cómo funcionarán estas circunscripciones.

Luego de 5 años de curso en el Congreso, en agosto de 2021 se aprobó el Acto Legislativo que permitió a las víctimas y sus organizaciones tener representación en el legislativo a través de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Sebastián Beltrán, investigador de la Línea de construcción de Estado y paz en regiones conflictivas e integrante de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (STCIV) explicó la historia, funcionamiento y riesgos que enfrentan estas curules. 

¿Qué son las curules de paz y cómo lograron convertirse en Ley después de cinco años de firmado el Acuerdo de Paz?

SB: Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron creadas por el Acuerdo Final de Paz, contemplado en el punto 2 de participación política como una forma de garantizar la representación política en los territorios afectados por el conflicto armado y con una precaria presencia estatal. Su rol era lograr una mayor inclusión política y electoral de aquellos territorios afectados y por eso quedó en el punto 2 y no en el punto 5 de víctimas. 

Su desarrollo estuvo bastante trancado, como sabemos en el Congreso su votación fue aprobada pero la mesa directiva del Senado de ese entonces no quiso avalarla porque decía que no había suficiente cuórum mientras que los sectores afines a la paz afirmaban que sí alcanzaba la mayoría. 

Debido a esto se interpusieron distintos recursos como una tutela en 2018 a cargo del senador Roy Barreras que establecía que efectivamente se habían alcanzado los votos y se estaban vulnerando los derechos de reparación a las víctimas, durante 3 años no pasó nada hasta que en mayo de 2021 la Corte Constitucional le dio la razón a esta tutela reactivando así las Circunscripciones y el Acto Legislativo 002 le dio el marco jurídico y normativo que hoy conocemos.

Para que un Proyecto de Ley se convierta en Ley tiene que llevar la firma del Presidente, en su momento hubo una resistencia del Presidente, que dijo que iban a demandar la decisión pero no prosperó esta iniciativa, se retiró esta acción del Gobierno y procedió a firmar el Acto Legislativo convirtiéndolo en Ley.

¿Cómo se eligen las curules, dónde se eligen y quiénes pueden votar por ellas?

SB: Son un total de 16 circunscripciones que sumarán 16 escaños en la Cámara de Representantes, estas coinciden con las zonas donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los candidatos son dos por circunscripción: una mujer y un hombre. La idea es que aquellos territorios rurales dispersos, excluidas las cabeceras municipales, puedan acercarse a sitios de votación para elegir los candidatos de esa circunscripción especial. 

Esto tiene que ajustarse al censo electoral que tenga la Registraduría para el momento que se haga la votación y así será la elección. Se trata de 167 municipios en las circunscripciones, así:

1. Cauca

2. Bajo Cauca 

3. Chocó

4. pacífico y Nariño

5. sur de Meta y Guaviare

6. Caquetá

7. Catatumbo

8. pacífico, Valle del Cauca, Cauca y el Distrito Especial de Buenaventura

9. Montes de María

10. Putumayo

11. sur de Bolívar

12. Urabá

13. sur de Córdoba

14. Magdalena, La Guajira y Cesar

15. Arauca 

16. sur de Tolima

En las mesas de estos lugares habrá un tarjetón con los candidatos de cada circunscripción, así cada persona se acercará con su cédula a la mesa y podrá acceder a los tarjetones de las circunscripciones ordinarias y de las especiales de paz.

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz?

SB: La Misión de Observación Electoral (MOE) ha hecho un gran seguimiento al tema de riesgo de seguridad como de fraude electoral y yo quisiera mencionar a grandes rasgos los problemas que veo, el primero es la falta de financiación y la poca claridad en las reglas de juego, esto se deriva de lo rápido que fue todo: el Acto Legislativo salió en agosto, la reglamentación de la Registraduría salió a finales de septiembre al igual que la del Consejo Nacional Electoral. Entonces todo fue tan rápido que hay muchas personas que no tenían claro cómo iban a funcionar las Circunscripciones, no hubo una pedagogía para capacitar tanto a las organizaciones sociales como de víctimas en la reglamentación que implicaba el desarrollo de estas elecciones en diferentes municipios del país. 

También están las limitaciones en la participación: hay que entender que algunos de estos municipios son de difícil acceso, y la cabecera municipal está muy alejada de las zonas rurales, puede que esté a varias horas en río, varias horas en carretera, por trocha. Entonces las personas también tienen una dificultad de desplazamiento para acceder a estas mesas de votación y esto puede limitar la participación.

Sumado a esto también tenemos un problema de cedulación: hay un porcentaje importante de personas que no cuentan con la cédula y ese es un requisito indispensable para acceder a la mesa de votación. Esto era una tarea de la Registraduría que hizo varías campañas de cedulación pero queda la duda sobre el impacto real en la participación. Este problema quedó reflejado en el Décimo informe de la STCIV, donde hicimos un seguimiento al tema.

Otra cosa que puede afectar la participación claramente es la presencia de grupos armados, hay territorios en los que tienen un fuerte control sobre el movimiento de las poblaciones, desplazamientos y confinamientos que pueden llegar a afectar la participación real. Sumado a esto desde el Gobierno también se pueden suspender las elecciones en algunos municipios por temas de orden público, esto quedó consignado en el Acto Legislativo.

Y por otra parte está el tema de la seguridad física, especialmente la presión de actores armados como la falta de presencia del Estado, sabemos que se ha desarrollado el “Plan Ágora 2” y el “Plan Democracia” para proteger a los candidatos y los distritos electorales, pero la respuesta ha sido lenta, sabemos que durante las elecciones la violencia aumenta y eso lo vemos en territorios como Arauca.

Una gran pregunta es cómo con la situación actual puede haber garantías para salir a votar.

También hay una cuestión sobre cómo se seleccionan los candidatos, el Acto Legislativo pone unos principios de no pertenecer a partidos tradicionales, pertenecer a una organización social o de víctimas, entonces serán claves las comisiones de seguimiento electoral, que pueden ser un paso importante para salvaguardar el espíritu que tengan las Circunscripciones. Sin embargo, también creo que la amenaza latente de que partidos tradicionales o gente afín a otros sectores puedan participar, esto se deriva de lo rápido que fue el proceso y que algunos líderes en zona, como las Circunscripciones no arrancaban, para poder luchar por sus agendas se involucraron con partidos para ir en estas elecciones lo que llevó a que se les quitará la posibilidad de participar en estas Circunscripciones y en algunos territorios eso obligó a tener que elegir nuevas caras visibles para participar.

También la falta de experiencia de algunas de estas organizaciones llevó a que busquen o puedan buscar un apoyo en las personas que saben hacer políticas en estas regiones y creo que esa es la gran dificultad que afrontamos, y es ahí donde debe haber una capacitación de las organizaciones sociales como una acción real por parte de las autoridades electorales en mirar cuales son las certificaciones de esa candidatura y si efectivamente puede aplicar a estas Circunscripciones.

Otra de las dificultades que tienen las organizaciones que están participando en esta campaña es el acceso a medios, el Acto 002 lo limita un poco porque solo permite acceder al espectro electromagnético del Estado, entonces, las candidaturas no tienen espacio en radio o televisión y se han movido mucho a través de las redes sociales de los candidatos, de las organizaciones y esto nos lleva a pensar a futuro, en próximas elecciones, a brindarles más visibilidad. También el tema de pedagogía es fundamental para que los candidatos se puedan proyectar hacia afuera.

Encuentra en este enlace la lista de personas candidatas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: https://www.cinep.org.co/Home2/images/2022Noticias/20220131_candidatos-congreso-citrep_18012022.xlsx 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

 

El 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones de 296 parlamentarios, entre ellos 10 congresistas del Partido Comunes y 16 representantes a las circunscripciones especiales de paz, todos cargos creados gracias al Acuerdo de Paz. Los retos de la participación política en ese escenario no son pocos ni fáciles de superar. El mayor de los riegos, la violencia directa, aniquila literalmente al ciudadano que ejerce y reclama sus derechos. Sin embargo, a la luz del proceso iniciado en 1990, es innegable que se han abierto mayores espacios institucionales de participación, lo que permite afirmar que Colombia transita un largo proceso de transición hacia la democratización política, desde la promulgación de la Constitución de 1991. En este proceso, en el que también se producen retrocesos autoritarios, el Acuerdo de Paz es un hito decisivo y la implementación de algunos de sus puntos se juegan en estas parlamentarias.

Históricamente, las elecciones para Cámara y Senado han estado marcadas por un alto nivel de abstención (más del 50%) debido a factores como la preeminencia que tienen las elecciones presidenciales y, por lo tanto, la menor cantidad de recursos lícitos (publicidad) y no lícitos (clientelismo y compra de votos) que se mueven en estos comicios.  A esto se suma el descrédito del poder legislativo, la ausencia de senadores oriundos que hagan campaña en sus departamentos, tal como ocurre en Amazonas, Guaviare, Vaupés y Vichada entre otros y, por supuesto, por la violencia. Como lo ha señalado la Misión de Observación electoral (MOE), los municipios con menor participación se ubican en zonas de conflicto, a saber, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Arauca y Putumayo.

La MOE divulgó el 6 de febrero un informe en el que señalaba que, aunque hay menos municipios en riesgo electoral hoy que en 2014 y 2018, los riesgos persisten. Específicamente, si en 2014 y 2018, 260 y 170 municipios respectivamente acusaban riesgos, hoy son 131 los que afrontan amenazas por cuenta de la violencia, el fraude electoral, el clientelismo, la falta de mecanismos de control, la falta de acceso a la información adecuada, entre otros. A esto se suma que esa misma organización señala que entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de enero del 2022  se registraron 147 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, en la totalidad de las 16 CITREP (Circunscripciones territoriales electorales de paz), representando el 32% de todos los hechos violentos ocurridos en el país (455) y el 60,5% de los asesinatos (49 de los 81). Esto supuso un incremento de 150% en las agresiones contra líderes sociales en estos territorios[1]. Todo lo anterior puede anticipar la continuación de la tendencia a la baja participación o a la participación obligada por actores armados o corruptas maquinarias políticas. Lo primero, seguramente se reforzará por cuenta de la ausencia de grandes electores que motivaron el voto en las contiendas legislativas pasadas: Álvaro Uribe Vélez, Antanas Mockus, Jorge Robledo, David Barguil y Roy Barreras.

En el escenario actual, el cierre de los espacios de participación electoral tiene graves consecuencias. Por un lado, dificultará que quienes ocupen las 16 curules de Paz sean efectivamente víctimas del conflicto, como se pretendía con el Acuerdo de La Habana, con el fin de fortalecer el enfoque territorial para la construcción de paz. Ya se sabe del intento de cooptación o de suplantación de candidatos de estas regiones más afectadas por el conflicto, por parte de  políticos tradicionales y de actores armados.

Por otro lado, en estas elecciones y en las presidenciales, se juega el segundo quinquenio de implementación del Acuerdo de Paz. En este marco, la elección del legislativo es fundamental, pues tiene facultades de control sobre el ejecutivo, lo que le permitiría  presionar para avanzar en la implementación de lo acordado. A este respecto es importante señalar el fracaso de este gobierno en garantizar la seguridad de los reincorporados, lo que derivó en la declaración del estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, así como los atrasos en la Reforma Rural Integral, particularmente en la Constitución del Fondo de Tierras y en Catastro Multipropósito. Si se analiza la implementación desde el capítulo étnico, el retraso es mayor, como lo deja ver el tercer informe de verificación del enfoque étnico, realizado por la La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional.

Adicionalmente, el Congreso elegido será clave para garantizar que no se obstaculice el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y, muy especialmente, para asegurar la apropiación por parte del gobierno y de la sociedad del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Por último, y no por ello menos importante, el nuevo Congreso que se instalará el 7 de agosto deberá legislar para hacerle frente a los costos sociales que ha dejado el modelo económico excluyente que ha convivido con los procesos de democratización política. No olvidemos que la Constitución de 1991 se aprobó en el mismo gobierno que anunció las medidas neoliberales como puerta de entrada al futuro y que la paz del Acuerdo de La Habana es la paz liberal que descansa sobre la posibilidad del país de insertarse en los circuitos económicos internacionales[2].

En este complejo escenario, desde el Cinep / PPP trabajamos para que los espacios que se puedan abrir con la participación electoral se fortalezcan desde todas las orillas posibles. De allí que no solo denunciemos la violencia política, la violación de los Derechos Humanos e infracciones al DIH, la criminalización de la protesta social y el despojo, sino que acompañemos a las comunidades en el desarrollo de capacidades que les permitan exigir sus derechos y participar en formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas que los garanticen.

[1] Misión de Observación Electoral, MOE 2022. Quinto informe preelectoral de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales (13 de marzo de 2022). Disponible en https://www.moe.org.co/quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-lideres-politicos-sociales-y-comunales/

[2] Márquez, Martha Lucía; Muñoz, María del Carmen; Wilches Viviana; Acosta Andrés y Barrera, Daniel 2021 “Visiones sobre la paz y la violencia en territorios fronterizos de Colombia”; en Gabaldón, Luis Gerardo (editor) Homicidio, riesgo, significado y castigo Universidad Católica Andrés Bello ISBN 978-980- 244-971-2

Por: Martha Lucía Márquez, directora general CINEP/Programa por la Paz.

La Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano, presentó en diciembre de 2021 un informe sobre la grave situación de derechos humanos, ambientales, territoriales y culturales derivada de la extracción carbonífera en La Guajira y Cesar. El informe se da después de las dos audiencias que se celebraron el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2021, donde se comunicaron las vulneraciones a los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en estos dos departamentos. El incumplimiento de la sentencia que protege al arroyo Bruno y los impactos sociales y laborales ocasionados por la salida de Prodeco de la región, fueron algunos de los temas de mayor impacto en estas audiencias. 

La Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano1, aseguró en su informe que “Han quedado en evidencia los grandes impactos ambientales, económicos, culturales y sociales ocasionados en estos territorios concesionados a las grandes multinacionales extractivas”. Representantes de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afro y sindicales participantes en las audiencias públicas así lo aseguraron, al denunciar la crisis humanitaria que viven los departamentos de La Guajira y Cesar, luego de más de 30 años de operación minera de carbón en sus territorios.

En la Audiencia del 28 de octubre en la ciudad de Bogotá se denunció el incumplimiento de la sentencia SU 698 de 2017 de la Corte Constitucional, que busca evitar la consumación de un daño ambiental irremediable en el Arroyo Bruno. Por su parte, en la Audiencia del 19 de noviembre, llevada a cabo en el municipio de la Jagua de Ibírico, Cesar, se escucharon las voces de las comunidades afectadas por la operación minera, los efectos que está teniendo la salida de la multinacional Glencore (Prodeco en Colombia) y el indebido manejo de los pasivos ambientales ocasionados por la actividad carbonífera.

A las audiencias fueron convocadas varias entidades estatales. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se ausentó del espacio en Bogotá, evidenciando una vez más la falta de voluntad para la escucha y el diálogo. La Comisión Accidental, considerando que delegados de comunidades de La Guajira viajaron a Bogotá para hablar con las entidades del orden nacional, tuvo que hacer un llamado a los funcionarios de la ANLA, increpando “por que la institucionalidad nacional no ha ido a su territorio, ahora que ellos están acá, ustedes se niegan a venir”. La ausencia de representantes de las entidades encargadas ejercer control y seguimiento sobre las actividades mineras es un retrato claro de lo que ocurre en el territorio: el abandono de los controles efectivos a una actividad que se extiende infinitamente sin cumplir con la normatividad ambiental nacional y la debida diligencia en la observancia de los derechos humanos. Esta es una de las razones por las cuales proliferan denuncias sobre las afectaciones sociales, a la salud y el ambiente en las zonas de influencia de los frentes mineros.

A estas denuncias se sumaron varios miembros de la Comisión Accidental, quienes recalcaron el incumplimiento de las Sentencias emitidas contra Cerrejón y las empresas multinacionales que explotan los territorios al norte del país. Los abusos de poder cometidos en el proceso del arroyo Bruno dejaron en evidencia las fragilidades institucionales para hacer efectivo el cumplimiento de la Sentencia SU-698 de 2017, en la que se demostró que la destrucción del arroyo Bruno afectará gravemente a las comunidades aledañas. Pese a que la Corte Constitucional ordenó que se tomará en cuenta la voz de las comunidades y se respetará el principio de precaución ambiental, lo cierto es que la institucionalidad ha cerrado las puertas para un diálogo efectivo y garante de los Derechos Humanos de las comunidades para avalar la ampliación de la frontera extractiva en La Guajira.

En el informe presentado por la Comisión Accidental, los congresistas también manifestaron que las preocupaciones han aumentado “ante los incumplimientos que reiteradamente han denunciado las comunidades de La Guajira sobre la decisión judicial del Arroyo Bruno y/o por el anuncio realizado el año pasado por actores económicos del departamento del Cesar que de forma intempestiva anunciaron su retiro de la región sin la debida planeación y participación de las comunidades”. En este caso, las organizaciones continuaremos acompañando a las comunidades afectadas para lograr justicia, el respeto a los derechos humanos y la permanencia en el territorio, exigiendo del Estado una transición energética justa.

En el caso del Cesar, la situación está marcada por la elusión de responsabilidad de las empresariales con las comunidades en proceso de reasentamiento y los trabajadores, tras la renuncia de sus títulos mineros y la declaración de insolvencia financiera, sin adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Por esta razón, la Comisión expresó que “empresas como Prodeco anunciaron despidos masivos y su intención de renunciar a los títulos mineros argumentando la inviabilidad económica de la operación. Dicho anuncio se realizó sin socializar la decisión con los trabajadores directos e indirectos, y sin darles a esta ninguna alternativa pese a que dedicaron su vida a la exploración y explotación del mineral“. Es evidente que en Colombia no hay acciones ni mecanismos efectivos para hacer frente a las afectaciones generadas por las actividades de la minería de carbón. Los daños se han acumulado por décadas, se han contaminado fuentes hídricas y se han destruido los suelos, cambiando drásticamente la vocación agropecuaria de la ruralidad. Por esta razón nos sumamos al llamado de la Comisión respecto a la urgente necesidad de “regulación de los pasivos ambientales y sociales que las actividades extractivistas dejan en los territorios”.

 Las conclusiones del informe de la Comisión Accidental son claras: más de 30 años de minería en estos departamentos no han traído el desarrollo ni el progreso que prometieron al principio. Hoy en día, tanto La Guajira como el Cesar registran indicadores preocupantes de pobreza extrema, desempleo y desnutrición infantil. Tal como lo reseña la Comisión, “la pobreza es mayor en los municipios con minería que en aquellos donde no existe la minería.” Además, en un escenario de crisis climática como la actual, estos son dos de los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad climática. Por esta razón, seguiremos en nuestros procesos de resistencia y exigencia para evitar que se consoliden las catástrofes que pueden generar la expansión de la frontera extractiva en la región.

Finalmente, manifestamos nuestro compromiso de acompañar las acciones que emprenda la Comisión Accidental durante 2022 para que el país y el mundo conozcan los impactos de la minería transnacional de carbón, las consecuencias en el ambiente y los daños a perpetuidad en el territorio y la vida de las comunidades, con el ánimo de que se tomen las medidas a nivel político y administrativo para impedir que sigan ocurriendo.

Febrero 2022

DESCARGAR INFORME DE COMISIÓN ACCIDENTAL 

1 El 8 de septiembre de 2021, la mesa directiva del Senado de la República expidió la Resolución 037, mediante la cual se crea la Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano. Está conformada por Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Wilson Arias, Sandra Ramírez, Feliciano Valencia, Aida Avella, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Jorge Eduardo Londoño y Jesús Alberto Castilla.

Suscriben

Caravana La Guajira le habla al país. La Guajira.

Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Jagua de Ibirico (Coacneja). La Jagua de Ibirico, Cesar.

Consejo Comunitario de Conunidades Negras Casimiro Meza Mendoza (Coconebo). La Jagua de Ibirico, Cesar

Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec). San Martín, Cesar. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).

CENSAT AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia.

Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz (Cinep-PPP) Pensamiento y Acción Social (PAS).  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación publicó el resultado de la Convocatoria para el reconocimiento y medición de grupos de investigación que calificó con la más alta categoría a los grupos “Violencia, paz y formación del Estado en Colombia” y “Movimientos sociales” del Cinep / PPP.

El pasado 25 de enero fueron publicados los resultados de la “Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” en la que los grupos de investigación “Violencia, paz y formación del Estado en Colombia” y “Movimientos sociales”, liderados por Fernán González S.J. y Mauricio Archila respectivamente, fueron categorizados en el grupo “A1”.

En el país solo 828 grupos de investigación forman parte de esta categoría, con la que se reconocen los aportes a la ciencia, formación de nuevos investigadores y relación con otros centros de investigación, entre otros factores, de los grupos postulados.

A continuación los resultados:

 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP