"Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que al atender la emergencia creada por el Covid-19 y bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países", compartimos el comunicado de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV).

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), iniciativa de la sociedad civil binacional, da su voz de alarma y expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos legales con Venezuela, sin haber explorado antes forma alguna de coordinación binacional para hacerle frente a la crisis que plantea la pandemia del COVID-19. Previamente, esos pasos formales, peatonales y de mercancías, estuvieron totalmente cerrados desde agosto de 2015, por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro; luego, se los abrió para las personas en horario restringido, y para las mercancías, solo por Zulia-La Guajira.

Ante la pandemia del COVID-19, el cierre de los pasos fronterizos formales no es una medida efectiva y resulta más bien contraproducente. A lo largo de los 2.219 kms. de línea limítrofe, los dos países comparten desde siempre una vecindad marcada por intensas interacciones que es imposible frenar. Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumentan los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalecen a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares.

Frente a la pandemia del Covid-19, pedimos que entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional propicien el diálogo y la coordinación de las entidades de Colombia y Venezuela -incluidas las del gobierno interino de Juan Guaidó-, responsables de los asuntos fronterizos y de salud, o sirvan de canal para que, por su medio, estas procesen de inmediato toda la información pertinente, tomen las medidas urgentes, fortalezcan los mecanismos de control médico en los pasos de frontera y provean un canal humanitario para la entrada y el retorno de personas.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que, al atender la emergencia mundial creada por el COVID-19, Colombia se acoja a los principios cobijados por el derecho internacional humanitario y, bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países. Igualmente, pedimos a las instituciones venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por canales regulares y agencias internacionales, y faciliten su entrega a instituciones sanitarias y ONG que ayuden a la población más vulnerable en la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en esta pandemia. Solicitamos a ambos países la reapertura del sistema consular y el tránsito legal por los pasos y puentes fronterizos.

Exhortamos también a la opinión pública para que, rechazando la xenofobia, refuerce los valores de solidaridad en la protección y acogida de seres humanos vulnerables que se han visto sometidos a una situación de extrema necesidad.


1. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
2. María Carolina Uzcátegui, empresaria venezolana.
3. Francisco Alfaro, investigador externo Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
4. Magali Alba, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.
5. Francisco Martínez, empresario venezolano.
6. Alberto Zeledón Molinares, Universidad de la Guajira.
7. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia.
8. Marleny Bustamante, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
9. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia.
10. Marina Sierra, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
11. Francisco Javier Sánchez, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
12. Amaury Padilla, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
13. Indira Urbaneja, ONG Reunificados, Venezuela.
14. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia.
15. Feliciano Reyna, Acción Solidaria Venezuela.
16. Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia.
17. Carmenza Muñoz, CINEP.
18. Hugo Ramirez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario.
19. Carlos Mejía, Oxfam Colombia.
20. Francine Jacome Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.
21. Ronal Rodriguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
22. Kristina Birke Daniels, FESCOL.
23. Alfredo Infante, Revista SIC, Centro Gumilla, Venezuela.
24. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
25. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
26. Mariela Ramírez, Activista Social, Venezuela.
27. Eduardo Soto, Servicio Jesuita a Refugiados, en Venezuela.
28. Pilar Gaitán, La Paz Querida.
29. María Teresa Garcés, La Paz Querida.
30. Deborah Van Berkel Sinergia, Venezuela.
31. Ramón Jimeno, Colombia.
32. Carlos A. Romero. Universidad Central de Venezuela.
33. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
34. Luis Eduardo Celis, PARES, Colombia.
35. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio.
36. Yaneth Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
37. Luz Stella Ortiz, Universidad Central de Venezuela.
38. Roberth Almanza, Institución educativa No 3 Maicao.
39. Mayra Medina, Pedagógico de Rubio (Upel) en Venezuela.
40. Karen Almanza Vides, Universidad de la Guajira.
41. Eimer Barajas, Esap Norte de Santander.
42. Meudis Quintero Ramos, Universidad de la Guajira.
43. Wendy Rojas, Universidad de la Guajira.
44. Maryoris Rojas, Universidad de la Guajira.
45. Suraya Pimienta, Universidad de la Guajira.
46. Fabio Mejia, Universidad de la Guajira.
47. Pedro Pinto, Universidad de la Guajira.
48. Andres Vides, Universidad de la Guajira.
49. Jo D’Elia, Civilis Derechos Humanos, Venezuela.
50. Jair Eduardo Restrepo Pineda, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
51. Carlos David Rojas Mora, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú.
52. Adriana Zapata Martínez, Universidad de Caldas.
53. Victor Alvarez, Economista y Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.

 

Colombia y Venezuela, 14 de marzo de 2020

 En la página web de la Biblioteca Virtual del Banco de la República ya se pueden descargar gratuitamente las primeras 100 publicaciones que hacen parte de la colección Cinep/PPP.


Gracias a más 45 años de investigación y trabajo con comunidades en Colombia, el Cinep/PPP cuenta con una bibliografía amplia de publicaciones académicas, que son el resultado de una mirada rigurosa y crítica a la realidad colombiana. En este abundante material pueden encontrarse artículos, sistematizaciones de experiencias y libros sobre derechos humanos, movimientos sociales, violencia política, conflictos en los territorios, iniciativas de paz y reconciliación, educación popular, interculturalidad, género y ruralidad.

El Banco de la República incorporó 100 de esas publicaciones a su biblioteca virtual para descarga gratuita y las catalogó de la siguiente manera:

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Que publica semestralmente, desde 1996, la revista Noche y Niebla donde se sistematizan las violaciones a los derechos humanos. En el catálogo virtual están disponibles 17 de estas sistematizaciones que se hacen en diversas regiones del país y registran un amplio universo de infracciones a las normas del derecho internacional humanitario y de violencia política.

Revista Cien Días

La revista Cien Días vistos por Cinep es una publicación institucional trimestral que desde 1988 ha relatado la realidad social, económica y política del país. Cada número de la revista recopila diversos puntos de vista de los investigadores del Cinep/PPP frente a un tema de coyuntura, para crear análisis rigurosos, analíticos y necesarios.

Construyendo paz con equidad desde Nariño

La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) junto con el Cinep/PPP desarrollan el convenio "Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus iniciativas de desarrollo económico y construcción de la paz. Construyendo Paz con Equidad desde Nariño". Que tiene como objetivo contribuir a la visibilización, el fortalecimiento y la ampliación de capacidades de las mujeres campesinas e indígenas y de sus organizaciones en diez municipios de la región.

Papeles de paz

El equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP junto con diversos aliados, realiza publicaciones de temas asociados al conflicto armado y la construcción de la paz. En el catálogo virtual pueden encontrarse 3 ediciones de libre descarga. 

Interculturalidad

A través de este proyecto se propone abordar la construcción de la interculturalidad en la escuela para responder a los retos que enfrenta la educación. En esta propuesta se trata de incorporar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mujeres rurales

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos "Mujer Rural y Derecho a la Tierra" de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC). La Iniciativa tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres. 

Guía para la paz territorial

Es una herramienta que aporta elementos para que, en cada región, sea posible diseñar estrategias de seguimiento, monitoreo y verificación sobre el cumplimiento del Acuerdo general para la terminación del conflicto entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Las publicaciones se producen dentro del proyecto “Estrategia de Gestión del Conocimiento, Posicionamiento y Sostenibilidad”, en el marco del programa Nuevos Territorios de Paz (GC NTP), apoyado por la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Colombia.

Datapaz

La base de datos de acciones colectivas/Datapaz es una base de datos que se basa en el archivo de prensa del Cinep/PPP. Contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, y está relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

Acompañamiento a organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba

Estas publicaciones fueron construidas desde las voces y el hacer de campesinos, indígenas, víctimas, mujeres y jóvenes del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio del departamento de Córdoba –GTTC; y recogen demandas y apuestas para la garantía de una vida digna en el territorio.

Acercando a la ciudadanía y al Estado en el marco de conflictos socioambientales en la Guajira 

Estas publicaciones son muestra del trabajo realizado por el Cinep/PPP en la Guajira desde el diálogo de saberes con la comunidad en procesos de interculturalidad que rescatan la memoria de los habitantes de la región. 

Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial

¿Qué piensan los jóvenes rurales? ¿Cuáles son sus ideas y aspiraciones para sus territorios? Los jóvenes rurales pueden convertirse en un actor importante para el fortalecimiento comunitario y la disminución de la pobreza e inequidad en sus territorios. Las publicaciones de esta sección indagan en las miradas de ellos para comprender el quehacer cotidiano en al campo colombiano.

Aquí encontrarás las primeras 100 publicaciones de la colección del Cinep/PPP en la Biblioteca Virtual del Banco de la República.


Esas publicaciones son una parte del catálogo completo del Cinep/PPP, para explorar las demás publicaciones ingresa aquí. Los libros impresos se pueden solicitar a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Por: Paola Llinás Aragón.

#CuarentenaNacional. Defendamos la Paz se une a los llamados a la acción y la responsabilidad. A continuación su comunicado completo:

Es hora de unirnos

Declaración de Defendamos la Paz

Ante la crisis global que está provocando la pandemia del COVID-19, Defendamos la Paz llama a toda la ciudadanía, a las organizaciones e instituciones de la sociedad colombiana a unir nuestros esfuerzos, recursos, capacidades y talento para superar en forma pronta y eficaz esta enfermedad planetaria.

  1. Solicitamos que en este momento crítico haya plena conciencia de la gravedad del problema, a actuar en forma responsable en el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones hechas por las autoridades, a trabajar en conjunto con ellas en la prevención y tratamiento del virus, a respaldar y cuidar al personal médico y del sector salud, y a cooperar con toda iniciativa cívica que controle y contrarreste el mal. A quienes lideran las fuerzas políticas a actuar con decisión para facilitar la puesta en obra de todas las medidas y reformas que requiere la salida de la crisis.
  2. Llamamos al Gobierno Nacional, a gobernadores y a alcaldes a incentivar el fortalecimiento de la red de salud; a estimular la coordinación entre el sector privado de salud y el sector público; a reforzar las medidas de aislamiento efectivo; a reforzar las instancias de atención e información que alivien el sistema hospitalario y eviten su colapso; a priorizar todas las formas de cuidado de los adultos mayores y de las personas que tengan enfermedades preexistentes o supresión inmunológica; a prestar la debida asistencia y recursos a los municipios y departamentos que no cuentan con infraestructuras hospitalarias ni personal suficiente para la atención de la creciente demanda, a proteger las poblaciones étnicas y rurales, y a compartir equitativamente las nuevas cargas en la atención del hogar con las mujeres.
  3. Llamamos al Gobierno Nacional a que atienda en forma simultanea los efectos recesivos que la actual situación trae sobre la economía. A diseñar una política que atienda la acentuación de la pobreza y la exclusión social de sectores de la población que no cuentan con recursos básicos de sustento, para desempleados o trabajadores sin contrato, y a adoptar medidas extraordinarias - dentro del respeto de los límites impuestos por la Constitución- que difieran el pago de deudas crediticias y servicios públicos.

Este difícil momento que afrontamos exige toda nuestra capacidad de sacrificio y colaboración. Pero también representa una oportunidad excepcional para reflexionar sobre nuestro modelo de vida y de sociedad; examen que permita encontrar soluciones para proteger la salud de todas y todos, transformar solidariamente nuestras relaciones económicas, y hacernos cargo del cuidado de la naturaleza. Es hora de unirnos.


Movimiento Defendamos la Paz

Colombia, 17 de marzo de 2020 

 

 

 

 -Segunda entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Argentina
Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta

Por: Unión y Progreso / Coordinadora de Tierras de Salta

Marcha a la capital de Salta.
 

En las últimas décadas, el modelo extractivista se ha profundizado en América Latina lo que genera una mayor expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras, donde las mujeres son quienes más sufren las consecuencias, porque deben afrontar solas las mayores cargas del sostenimiento familiar.

En Argentina, cada año aumentan los conflictos sociales vinculados a desalojos por avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y por acciones de la megamineria y desmontes.

Ante esta situación, el gobierno nacional y los provinciales no dan respuesta a las demandas de los perjudicados por estas actividades, al contrario, no cumple la legislación actual o, en los últimos años se han modificado leyes que agudizan aún más la situación descrita.

Ejemplo de lo anterior es la Ley 26.737 o “Ley de Extranjerización de Tierras”, promulgada en 2011, la cual establecía que las tierras rurales en manos extranjeras no podían superar el 15 por ciento del total. En 2016, el gobierno nacional lanzó el decreto presidencial 820/16 que modificaba el artículo 17 de la Ley 26.737 y actualizó la reglamentación del Código Civil y Comercial para flexibilizar la venta de campos y grandes extensiones con el fin de dinamizar la inversión extranjera productiva. Este decreto es impugnable por inconstitucional; un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía. Actualmente, su pedido de nulidad se tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5.

Cabe mencionar que del total de 7.490.265,42 hectáreas (cultivables) en todo el país declaradas en manos extranjeras, el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales solo el 7 por ciento están inscritas como extranjeras, mientras que el 93 por ciento están registradas como nacionales, pero con capitales extranjeros.

Sobre 596 grandes transacciones de tierras cargadas en Land Matrix para América Latina y el Caribe se observa que la principal intención de las transacciones de tierras ya concluidas está en la agricultura. Un 48 por ciento de la superficie se destina a cultivos de soja, maíz y caña de azúcar. Los inversores no latinos con mayor superficie de transacciones de tierras en la región son Estados Unidos, Holanda y China.

El estado nacional no cumple plenamente con el artículo 75 de la Constitución Nacional y las provincias dictan leyes que tampoco hacen cumplir o demoran su aplicación.

En Jujuy, los tribunales ordinarios no aplican la Ley 26.160 prorrogada por Ley 27.400 de emergencia en materia de posesión de comunidades indígenas, que frena los desalojos y despojos a comunidades. En ese sentido, la Comunidad Las Capillas del Pueblo Ocloya presentó en febrero de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja que tramita con el expediente CSJN- 00115/18 por desalojo en un proceso penal a miembros de la Comunidad Las Capillas. En la Justicia provincial existe demora en la tramitación de las causas y falta de aplicación de los derechos indígenas y ambientales, también exclusión y discriminación a las comunidades indígenas a través de Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy 69/2012 que las excluye de la adhesión a las Reglas de Brasilia de acceso a la Justicia a las personas en situación de vulnerabilidad.

En su informe “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, la ONG OXFAM da cuenta de que en Argentina, el 1 por ciento de la población concentra el 36 por ciento de la tierra. La situación descrita agudiza los conflictos ya existentes y trae nuevas dificultades a campesinas e indígenas para el acceso a la tierra.

Así, se producen numerosos conflictos por la tierra y los agricultores familiares deben ejercer presión y desarrollar luchas en defensa de su derecho de acceso a la tierra, como por ejemplo por la prórroga del artículo 9 de la Ley provincial 7658 de Salta, que frena los desalojos a familias campesinas.

Organización y defensoras ambientales

Presentación de la problemática y debate en diferentes foros.

En relación con el conflicto mencionado, quien estuvo al frente de numerosas luchas fue la organización Unión y Progreso, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta y, en particular, la presidenta de dicha organización Lucía Ruiz, quien junto a compañeras de distintas organizaciones en 2012 fueron a frenar un desmonte en defensa del ambiente y el derecho a la tierra de varias familias campesinas. Se pararon frente a las máquinas y expulsaron a los trabajadores del terrateniente Vidizzoni con quien desde 2009 estaban en conflicto.

A partir de ese momento comenzó la persecución a Lucía Ruiz y hasta el día de hoy continúa procesada. Actualmente, después de 6 años de iniciada la causa legal por la que le realizaron tres allanamientos a su casa, Lucía no se escondió, levantó los brazos y fue a luchar por la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658 para frenar el desalojo de familias campesinas.

Es importante destacar que durante el año 2019 el empresario Vidizzoni pidió al juez una condena excarcelable para las otras personas involucradas en el conflicto pero no para Lucia Ruiz, que ella siguiera en las mismas condiciones y fuera encarcelada. Esto se entiende únicamente por el carácter de dirigenta de Lucia a quien quieren frenar de cualquier forma.

María Tolaba, perteneciente a la organización Mujeres mejorando el Chaco, dice: “Luchamos por nuestros derechos resistiendo las distintas medidas judiciales como desalojos, resistimos organizando guardias en las casas y acompañando a las distintas familias que se encontraban más complicadas. Es así que en una asamblea con técnicos y abogados que actuaban, y hoy siguen acompañando a las organizaciones, entendimos que debíamos visualizar nuestra situación y conseguir algún amparo legal como es la prórroga del artículo 9 de la ley 7658 que frena los desalojos y cualquier causa o juicio iniciado en relación y perjuicio de las familias poseedoras”.

La principal estrategia en defensa de la tierra fue siempre la visibilización de estas luchas a través de movilizaciones a la capital provincia, permanecer junto a las referentes de las organizaciones, convocar a campesinas y campesinos a formar barreras para evitar los desalojos o la represión ante el avance de las fuerzas de seguridad.

Desde la Fundación Plurales venimos acompañando procesos organizativos y de apoyo a organizaciones de defensoras ambientales. Durante 2015 y hasta 2017 se desarrolló el Proyecto de Defensoras Ambientales financiado por la Unión Europea y ejecutado junto al Fondo Mujeres del Sur (de Argentina y Paraguay) y Cimcatt (Bolivia). Este proceso se articuló con las organizaciones de mujeres miembros del Colectivo del Chaco Trinacional y apostó fuertemente a apoyar acciones, fortalecer las organizaciones y visibilizar el papel que juegan las mujeres del territorio en la defensa de los derechos ambientales, en la lucha por la tierra, el acceso al agua, la disputas por la contaminación que actores empresariales con complicidades gubernamentales llevan adelante y, en síntesis, en la defensa de la vida en el territorio.

María Tolaba afirma que:

“Como estrategia de comunicación nos incorporamos a la red de radios rurales y mantenemos constante asesoramiento de la mesa de comunicación de Salta y Jujuy, porque tenemos la radio campesina en el predio de las organizaciones que es la herramienta de difusión más importante para unificar luchas y mantener informada a las familias del campo que solo tienen la radio para conectarse a los sucesos nacionales, provinciales y municipales, además de ser nuestro medio de convocatoria para las asambleas y en casos de urgencia para concurrir a apoyar a alguna compañera o compañero en situación de riesgo”.

“Se convoca a las organizaciones por la radio y se organiza ir al lugar para acompañar e impedir el desalojo, se para las máquinas o se hace corte de camino para que no lleguen a la casa o campo de quien es objeto de posible desalojo. Además de hacer presencia y rotar en el lugar para que siempre esté acompañada la familia mientras se hacen las denuncias y trámite a legales con abogados y se hace mucha difusión mediática. Se busca ayudar de la mejor manera dando contención a la familia y buscando los recursos para ayudar a la compañera o compañero. Se brinda seguridad a quien es amenazada, lo hacen desde la mismas organizaciones, es decir son las mismos compañeras que hacen de seguridad”.

“Nosotras siempre estamos buscando recursos de algún proyecto para poder cubrir gastos de abogados y recursos para poder sostener el lucha el tiempo que sea necesario. Hay abogados que lo hacen desde la militancia, pero siempre se necesita recursos movilidad, gestionar, dar visibilidad a la problemática. Otro problema es que si bien tenemos abogados que nos asesoran, pero no pueden litigar, ejemplo el caso de Lucía Ruiz, la causa está en juzgado de Tartagal y los abogados que nos ayudan son de Salta y no pueden litigar por tema de jurisdicción”.

María destaca también el rol de la mujer: “Desde el 2011 que se funda la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81 solo existían dos mujeres en la mesa en las reuniones, una era Lucía y la otra María Tolaba, actualmente de las 10 organizaciones campesinas siete son dirigidas por mujeres, es decir, que son mujeres la presidenta de cada organización, de ser minoría pasamos a ser mayoría y la cara representativa de la lucha campesina por la tierra el agua y el medio ambiente tiene rostro de mujer”.

Prórroga de la Ley 7658

La luchas por la prórroga de esta ley cuyo artículo 9 impedía el desalojo de las familias campesinas de sus tierras tuvo varias instancias que llevaron adelante las organizaciones campesinas, fundamentalmente las mujeres de esas organizaciones. Desde grandes movilizaciones del campo a la capital de la provincia de Salta, asentamientos frente a la legislatura provincial, hasta buscar el apoyo de legisladores, difundir por los medios de comunicación esta situación, hablar con funcionarios públicos y hacer charlas y debates en universidades y foros campesinos. Estas acciones tuvieron lugar durante 2017; en diciembre de ese año vencía la anterior prórroga de la Ley. El 15 de noviembre se logró la prórroga en la Cámara de Diputados y pasó a senadores. Al 30 de noviembre todavía no había dictamen de esta Cámara y desde las organizaciones campesinas se realizó el siguiente comunicado:

“Tras una reunión realizada en la zona norte, las asociaciones campesinas que integran la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 se decidió comunicar al actual ministro de Gobierno y Derechos Humanos de la provincia, Marcelo López Arias, para informarle que tienen previsto realizar una vigilia en la Legislatura desde el próximo 6 de diciembre hasta conseguir la media sanción que debe dar el Senado a la ley.

Asamblea de las organizaciones campesinas para definir acciones en defensa de las tierras.

Esta coordinadora representa a más de 800 familias campesinas que a su vez son miembros del Foro Provincial de Agricultura Familiar y decidió avisar a López Arias, al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y a la Policía de la Provincia, a fin de informar la protesta que se hará de manera "pacífica" a fin de evitar conflictos con las fuerzas de seguridad. Es así que en la nota indicaron que descuentan que "las autoridades garantizarán nuestro derecho a movilizarnos y a peticionar", a través de este tipo de protesta. Recordaron que esta será la segunda vigilia (en caso de concretarse), dado que en 2010, cuando se trató por primera vez la Ley 7658, realizaron la primera vigilia a la espera de la sanción de la normativa”

Finalmente, el primero de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó la ley que evita el desalojo de las familias campesinas por un año.

A modo de conclusión, se puede decir que:

La protección de las defensoras ambientales requiere tres acciones fundamentales: apoyar y fortalecer las personas, en este caso las mujeres y sus cuerpos como territorios de estas acciones de atropello. En segunda instancia consolidar las acciones de incidencia y mayor difusión de acciones empresariales y gubernamentales que puedan resultar en amenazas (como el caso de las marchas y concentraciones). La tercera instancia es trabajar en abordar las causas fundamentales. Esta es la acción más eficaz e implica alcances de mediano y largo plazo (como por ejemplo Leyes de No Desalojo como la implementada en Salta).

Estos niveles de acción posibles permiten realizar un plan de acciones integrales y que generen una articulación regional. 

Foto: Tomada de (http://www.plurales.org/recursos-naturales/recursos-naturales-genero/)


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El pasado 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe que evalúa la situación de derechos humanos en el país durante el año pasado. El documento enfatiza la violación a los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de derechos humanos, el modo de proceder de las fuerzas militares y de policía en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina la implementación del Acuerdo Final de Paz en perspectiva de derechos.

Si bien el Comisionado reconoce los esfuerzos del Gobierno y el compromiso de los excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación, el informe manifiesta, entre otros puntos, su preocupación por la persistencia de los altos niveles de violencia sobre personas defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes, el incremento de privaciones arbitrarias de la vida y las graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en medio del persistente conflicto armado.

El documento, resalta la acción de los grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo, los Caparros y la mafia, así como de las organizaciones criminales transnacionales que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas del narcotráfico, minería, despojo de tierras y la cooptación del Estado local y regional en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Guanía y Putumayo, entre otros departamentos.

Manifiesta su profunda preocupación por las disidencias de las FARC, la vuelta a las armas de algunos ex comandantes del equipo negociador de La Habana y la persistencia en la lucha armada del EPL y el ELN.

El informe registra 36 masacres con 133 personas asesinadas, la cifra más alta registrada desde 2014, además de 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incrementándose en un 50% comparado con el año 2018. Algunas de estas personas que participan en procesos judiciales y que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, son víctimas de hostigamientos. Por eso, una conclusión tajante del Comisionado es que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. 

A esto se suma que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado son insuficientes o corruptos. Particularmente, las autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas y de Policía, no cumplen de manera adecuada, eficiente y correcta su misión en un importante número de situaciones.

Los señores obispos de Apartadó, Quibdó y Tadó, en septiembre del año pasado, exhortaban a la comunidad del Chocó y al país diciendo: “Ante las problemáticas de un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y la delincuencia organizada, es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz. Se requieren políticos y gobernantes constructores de paz, porque como afirma el papa Francisco: la buena política está al servicio de la paz. En este sentido, el reclamo por el desarrollo debe inspirarse en criterios de humanismo, sustentabilidad y autonomía territorial”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General del CINEP/Programa por la Paz