Los diversos movimientos sociales del país han convocado para mañana 21 de noviembre una jornada de paro nacional en contra de una serie de iniciativas gubernamentales, como los anuncios de reforma laboral y pensional y la renuencia sistemática a la implementación integral de los Acuerdos de Paz.

Como CINEP/Programa por la Paz asumimos la misión de apostar por la vida y trabajar por una sociedad justa, equitativa y en paz. En concordancia con dicho propósito saludamos esta movilización nacional e invitamos al conjunto de la sociedad colombiana a movilizarse masivamente.

Aunque el gobierno insiste en que no ha presentado los proyectos, los pronunciamientos de miembros del gabinete del presidente Duque respecto a las reformas pensional y laboral preocupan de sobre manera. En el caso de las pensiones, la iniciativa de marchitar Colpensiones para fortalecer los fondos privados de pensiones pretende resolver la crisis del actual sistema poniendo por encima del derecho a una pensión digna las ganancias de los dueños de los fondos. La experiencia internacional demuestra el fracaso de la privatización de las pensiones y la necesidad de concebir esta como un derecho, y no como un “ahorro individual” al margen de cualquier principio de generosidad y solidaridad intergeneracional.

Respecto a la reforma laboral, las pretensiones de permitir la contratación por horas, de reducir el salario mínimo para jóvenes menores de 25 años y de implementar salarios mínimos diferenciados por regiones implican la profundización de una política de reducción de costos laborales como herramienta para enfrentar el desempleo y la informalidad. Esta estrategia no ha dejado de fracasar en Colombia pues profundiza los males que pretende aliviar, así como la desigualdad social. Existen alternativas que pasan por concebir la protección y aumento del poder adquisitivo de las y los trabajadores como foco de la dinamización de nuestra economía.

Por otra parte, el gobierno nacional insiste en la implementación a paso de tortuga de los Acuerdos de Paz, renunciando del todo a su implementación integral y desfinanciando los programas e instituciones que de dicho acuerdo emanaron. Hoy vivimos las consecuencias nefastas de esa orientación gubernamental con la profundización de la violencia y la militarización de nuestros territorios, abundantes casos de ejecuciones extrajudiciales y el asesinato sistemático de líderes sociales.

Durante los días y semanas previos a la jornada de movilización, desde el gobierno y el partido de gobierno se ha pretendido instalar un ambiente de zozobra y pánico; se ha acudido a medidas como la militarización de ciudades y a allanamientos de hogares y sedes de promotores de la movilización, incluyendo colectivos artísticos y medios de comunicación.

Frente a estas iniciativas de talante autoritario, solo cabe recordar que el derecho a la protesta es esencial a una democracia, y es deseable y esperable en una sociedad como la nuestra, que se esfuerza por superar la violencia y por construir un orden social más justo y equitativo.

Según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la cifra de refugiados y migrantes venezolanos superó los cuatro millones en 2019. Esto ejemplifica lo que Francisco Alfaro Pareja, doctor en Estudios de Paz y Conflicto, denominó una “crisis humanitaria, multidimensional y compleja” en el evento Diálogo y negociación en Venezuela organizado por Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana.

La lectura actual de la crisis en Venezuela, normalmente, se remonta a la caída del petróleo en 2014, que dejó sin recursos al país, y más recientemente al debate político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó; sin embargo, para Alfaro la crisis posee unas raíces más profundas en la historia del país. Según señala el académico se trata de “un conflicto político largo en el tiempo donde Venezuela pasó de ser una democracia liberal a un autoritarismo hegemónico y en medio de eso tuvo una dinámica de regímenes híbridos que le permitió transitar progresivamente e incluso utilizando la democracia mayoritaria o plebiscitaria para llegar a esa deriva”.       

Este paso entre estas formas de gobierno se ejemplificó en la interpretación y aplicación en la legislación. Entre 1983 y 1999, el país hacía uso de la Constitución de 1961. En 1999, Hugo Chávez propuso una nueva constitución que se aceptó por medio de elección popular, esta dividió al país en dos: los que estaban a favor de la constitución actual y los que apoyaban la anterior. No obstante, entre 2007 y 2017 se crearon unas nuevas políticas por fuera de la Constitución correspondientes al socialismo del siglo XXI e hicieron que se fuera perdiendo el carácter democrático del país.

Para Alfaro, “la democracia es también la convivencia con las minorías, respeto a las minorías, alternancia en el poder, pluralismo político, separación de poderes. (...) Todo eso se fue perdiendo en Venezuela progresivamente y derivamos en esto con un acento bastante marcado a partir del año 2015”. Este cambio, por supuesto, se relaciona con la migración de los venezolanos hacia el exterior: más del 75% de los migrantes salieron del país después de esos años, lo que se interpreta como “una relación directa entre la autocratización del régimen o del gobierno y el aumento de la migración, o sea, que lo político sí incide sobre la social y lo económico”.

El ELN en la frontera  

Esta crisis se ve agravada por la presencia de actores armados en la frontera colombo-venezolana quienes desean apropiarse de tráfico en la zona. María del Carmen Muñoz Sáenz, coordinadora e investigadora de la línea Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, afirma que “hoy, por los vacíos territoriales que no copó la guerrilla colombiana y por la fragilidad de la institucionalidad venezolana tenemos cerca de 17 actores armados, bien organizados”. Esta organización se representa en el uso de redes, inteligencia y discursos para sacar ganancia de la situación actual.

Uno de los grupos armados presentes es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su presencia agrava la situación política del país a nivel internacional, así lo comenta Francisco Alfaro, “Venezuela se ha convertido de alguna manera en el problema político de la región con esa deriva autoritaria que de algún modo está actuando en convivencia y en aceptación del ELN dentro del territorio venezolano”. Este grupo que estaba operando en la zona suroccidental (Estado Táchira  y el Municipio Páez del Estado Apure) ahora se extendió a la Zona del Arco Minero (Estado Bolívar, Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro) donde se disputan el control de los recursos con militares que controlan empresas mineras, con grupos irregulares locales de Venezuela.

Alternativas para salir de la crisis

Ante esta situación Francisco Alfaro plantea cuatro posibles alternativas para salir de la crisis:

  • La primera, es la maduración del conflicto “ambas coaliciones (la de gobierno y la opositora), consideran que pueden vencer a la otra y cuando uno cree que puede derrotar al otro, ¿para qué negociar?, si estoy convencido de que al final le voy a ganar al otro; entonces es necesario que se entienda que por una vía impuesta no se va a solucionar el conflicto”.
  • Segunda, hay que seguir potenciando los mecanismos de diálogo y negociación. “En Venezuela hemos tenido cinco mecanismos desde el año 2002 y el que está en curso temporalmente suspendido es el Mecanismo de Oslo. Creo que ese mecanismo es el que hay que fortalecer porque ambas partes lo reconocen, al igual que la comunidad internacional y de los países de potencia, al menos tácito”.
  • Tercera, partir de los aprendizajes del pasado sobre la salida a la crisis. “Una salida electoral por sí sola, no garantiza una salida democrática sostenible en el tiempo; es decir, hay que pensar la salida electoral con otros elementos que acompañen esto” como el reconocimiento y trato a las minorías y la necesidad retomar el principio de independencia de los poderes y de pluralismo.
  • Y finalmente, la cuarta, es tener a las víctimas y el drama social como tema principal en la mesas de negociación. “Los que más sufren son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que llegan caminando a Colombia sigue a pie hasta Ecuador, unas travesías impresionantes”. Debido a esto, para Alfaro es fundamental el equilibrar paz, estabilidad y democracia con justicia y reparación de las víctimas. De igual manera, no se puede hacer uso de la justicia tradicional debido a la necesidad de incorporación de los actores a la vida democrática. Desde su opinión, “la justicia transicional, que es un experimento que se está haciendo en Colombia, nos puede enseñar [a los venezolanos] mucho sobre salidas judiciales a los victimarios y en términos generales Colombia nos puede mostrar lo que implica un conflicto y sus consecuencias”. 

 

El impacto de la situación venezolana en la región

La crisis venezolana en la región, para Francisco Alfaro, mostró la falta de gobernanza hemisférica. Esta hace referencia a la manera de lograr acuerdos políticos, económicos y sociales que tengan un verdadero impacto en el continente. Esta crisis evidenció “que el sistema interamericano y sus organismos de alguna manera no lograron cumplir su rol mediador y preventivo”.

Aparecieron nuevos organismos como el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo y Grupo de Contacto Internacional para mediar en la crisis. Muchas organizaciones se trancaron como la Organización de los Estados Americanos (OEA); fracasaron, el caso de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA); murieron, Petrocaribe; se dividieron, Comunidad Andina o se crearon otras con el mismo enfoque, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Por ello, dice Alfaro que es de esperar que “los países se empiecen a preguntar ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿hacia dónde debemos apuntar nuestra visión como continente? Hablamos mucho de integración de palabra, pero en los hechos es prácticamente nulo”.

En el marco de una iniciativa ciudadana

La Escuela de Paz y Cultura Ciudadana nace con el fin de construir un proyecto con las comunidades más afectadas por el conflicto armado colombiano a petición de la Conferencia Episcopal y la Provincia de los Jesuitas. En 2010, cuando por parte de los investigadores se había cumplido el ciclo del proyecto, la Conferencia Provincial para América Latina de los Jesuitas (CPAL) y la Conferencia Episcopal realizaron la petición de formar a la sociedad en ámbitos de civismo, institucionalidad, gobernanza en marco de la dignificación del ejercicio de la política y la ciudadanía. 

Así, en alianza con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, se construyó una malla curricular en un diplomado que se orienta a fortalecer el tejido social, la participación ciudadana, la incidencia política y el empoderamiento. En paralelo a ello, el equipo estaba en misión en la frontera colombo-venezolana donde coincidió con que el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto, otros obispos y los jesuitas de Venezuela pensaban en un proceso pedagógico binacional de fortalecimiento de capacidades para la democracia, el desarrollo humano y el fortalecimiento del tejido social. 

Con ello se conformó una plataforma binacional con más de 43 organizaciones de ambos países en los tres ejes de la frontera: Guajiro, Llanero y Andino. Allí se continuó con los diplomados y se decidió hacer una investigación sobre los retos para la construcción de la paz territorial: la visión de territorio y de la paz en la frontera colombo-venezolana con el objetivo de identificar cuáles son las representaciones que tiene la gente en los territorios sobre la paz, territorio y territorio de paz. Ante la crisis en 2018, se creó un frente humanitario y se construyó la Convergencia Ciudadana Colombo-venezolana para contribuir a una salida negociada y democrática en Venezuela donde se enmarcar el evento de Francisco Alfaro con el fin de obtener otras miradas a esta problemática.

Transmisión del evento aquí

 

Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones

A pocas horas de la apertura de las urnas, el Movimiento Defendamos la Paz:

 

En noviembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC. El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -CERAC-, que conforman la secretaría técnica del componente internacional para el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, acaban de publicar un informe sobre los treinta primeros meses de la implementación de este Acuerdo sobre lo cual se pueden señalar algunos aspectos para reflexionar.

Colombia pasó de ser por mucho tiempo un país de estudios sobre la violencia, a un país que es centro de atención en los estudios de paz. El proceso que se dio y el contenido del Acuerdo son considerados como una experiencia de interés político y académico, pues se logró identificar algunos de los problemas más importantes que históricamente han estado en el origen de los conflictos de diversa naturaleza, y en especial de aquellos que optaron por el uso de las armas, como una forma de hacer política y enfrentar al adversario.

Los seis puntos contenidos en el Acuerdo Final, dan cuenta de la complejidad y multicausalidad del conflicto, y establecen una serie de disposiciones que deben adelantarse en escenarios de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de construir una paz con justicia social, con equidad e inclusión y duradera. Estas disposiciones comprometen los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales, lo cual le da un carácter integral al Acuerdo, y si bien hace más compleja la implementación, puede sentar unas bases sólidas para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Es un Acuerdo que trasciende la paz negativa, que solo silencia las armas para avanzar hacia una paz positiva que implementa los derechos humanos.

Y si bien el gobierno actual, orientado por las visiones del partido Centro Democrático ha impuesto una dinámica de focalizar una lenta reincorporación a la vida ciudadana de los excombatientes de las FARC-EP y una pobre implementación del Acuerdo en los temas centrales del desarrollo rural integral, la participación política, la justicia especial para la paz, la búsqueda de la verdad y la reparación a las más de ocho millones y medio de víctimas, de todas maneras el Acuerdo Final, con todos sus límites, es una gran oportunidad para la búsqueda una paz que aspira a una justicia social con equidad y a una paz estable y duradera.

Recordemos que el Acuerdo de Paz, si lo dejan desarrollar, abre caminos para construir alternativas de largo alcance para generar una sociedad más democrática y amplía el desarrollo local y la paz territorial. El Acuerdo reconoce a las víctimas mediante los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición; crear una justicia transicional centrada en la reparación de las víctimas en lugar de simplemente castigar al victimario sin transformar la vida de las víctimas; además, se logra la reincorporación de los excombatientes de forma individual y colectiva y establece condiciones para que sociedad reconozca y respete los derechos de las mujeres excluídas, de los pueblos indígenas, afros y raizales. Si bien estos propósitos se pueden identificar en el Acuerdo Final, el camino de la implementación es complejo por diversas razones como: el asesinato y amenaza a los líderes, lideresas sociales y excombatientes, las distintas interpretaciones sobre el alcance de lo establecido, la limitada capacidad institucional para la implementación, los insuficientes recursos, el exceso de expectativas en el corto plazo, la defensa de intereses privados y situaciones coyunturales de la política nacional. A pesar de la importancia de los acuerdos de paz en el mundo, según estudiosos como Stedman, estos suceden en medio de la presencia de saboteadores del proceso y de élites renuentes a compartir el botín de poder.

Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

El Cinep/Programa por la Paz lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus fundadores y colaboradores más cercanos, Gilberto Gómez Arango. Extendemos nuestra solidaridad con su familia y compartimos su dolor ante su partida. Presentamos este pequeño homenaje a la vida y obra de un hombre que, décadas atrás, dejó sentadas las bases para lo que es y ha sido el Cinep/PPP durante estos años.

Gilberto Gómez ingresó a la compañía de Jesús en 1955. Hizo su pregrado en filosofía y letras en la Pontificia Universidad Javeriana. Terminó la maestría en economía de la Saint Louis university en Misuri. Para finales de los 60 existía el Centro de Investigación y Acción Social, CIAS como apuesta de la compañía en varios países. Tras la renuncia de los directivos de este centro, pasó a denominarse Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep. En este proceso el papel de Gilberto fue clave. Asumió la parte administrativa y organizativa y le tocó terminar de construir el edificio, apenas estaban los cimientos y la construcción generó muchas resistencias. A inicios de 1972 los jesuitas de la época realizaron una misa de inauguración cuando el edificio no estaba terminado. En el evento participó el embajador de Holanda, porque se construyó con el apoyo de la iglesia holandesa, y llovía más adentro que afuera, recuerda un asistente. Gilberto fue quien sentó las bases sólidas del Cinep en términos administrativos y de organización. Durante este periodo asumió la búsqueda de recursos que patrocinaron al centro durante los primeros años.

En 1975 recibió su título de licenciado en teología de la Frankfurt/M. y Doctor en economía de la Universidad de Londres. Ese mismo año ingresó al Cinep como investigador, año en el que también asumió la subdirección. Desde 1977 fue asesor financiero del Cinep/PPP, labor que seguía haciendo durante este año. Tras varios años de gerencia de los fondos de Cinep, inició su carrera por fuera. Tuvo una carrera muy exitosa en el sector financiero con diferentes entidades.

Dentro de la producción de textos de Gilberto en Cinep, se encuentran:

• El nuevo orden económico internacional y la trilateral. Revista Controversia n.º 68-69 (1978).
• El sector informal en el desarrollo de la economía colombiana. Informe final consultoría del Cinep para el PMUR
• Socialismo y Cristianismo [coautor] (1971). Documento de trabajo 4.
El nuevo orden económico mundial y la trilateral en Revista Controversia Núm. 68-69 (1978)