Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La violencia sexual es un delito perverso y repugnante que se ensaña especialmente contra las niñas y mujeres jóvenes en Colombia. Según Medicina Legal, los delitos sexuales en el país se han mantenido por encima de los veintiún mil casos anuales en los últimos diez años. En dos mil dieciocho llegó a la alarmante cifra de veintidós mil setecientas ochenta y ocho denuncias. Es decir que, cada día, sesenta y dos niños, niñas y jóvenes entre los cero y diecisiete años, fueron abusados. Las niñas llevaron la peor parte; representan cerca del ochenta y cinco punto cinco por ciento de las denuncias. Actualmente, cada día de cuarentena son abusados sexualmente veintidós niñas y cuatro niños. Además de los reprochables hechos que con frecuencia suceden en el círculo familiar cercano, están los casos generados por integrantes de instituciones escolares, deportivas, de iglesias de distintas denominaciones, de la fuerza pública y de los actores armados ilegales, en medio del conflicto armado que aún vive el país. Infortunadamente, es un fenómeno tan recurrente que no se puede reducir a unos casos aislados, este problema es más profundo y estructural de lo que difunden los medios.

Pero lo más indignante y doloroso es que el noventa y ocho por ciento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad, según lo expresa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. La acción de la justicia es ineficiente y muchas veces normaliza y excusa estas conductas. La repetida impunidad, desalienta a las víctimas que ven como una y otra vez son revictimizadas en los procesos. Preguntémonos: ¿Cómo transformar la cultura machista y patriarcal que ha sido parte de la generación de este fenómeno? ¿Qué pasa cuando quienes deberían educar, proteger y defender los derechos de los menores son quienes los vulneran?

Las consecuencias que se derivan del abuso sexual a menores son múltiples: embarazos precoces y no deseados; aislamiento de las niñas; abandono del proceso escolar; exposición a trabajos precarios y se perpetúa el círculo del abuso sexual violento. Esto sin contar con las consecuencias psicológicas, morales y físicas.

En este contexto se necesita redoblar esfuerzos y compromisos que van desde la aplicación de políticas públicas pertinentes para trabajar el fortalecimiento de las familias, hasta programas de educación sexual en la escuela, articulados a programas que entidades eclesiales y de sociedad civil lleven a cabo. Programas que garanticen la igualdad de género, el cierre de brechas para que las menores y jóvenes tengan mayores oportunidades y elementos para fortalecer sus decisiones y afrontar situaciones de vulnerabilidad. De igual manera es necesario apoyar cambios de fondo en la aplicación de una justicia que realmente aporte a la superación de la impunidad contra las víctimas inermes.

En el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, en febrero del año pasado, el Papa Francisco nos hace ver que estamos ante un problema universal que desgraciadamente se ve en todas partes. El abuso sexual a menores es una plaga universal y a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. No se puede comprender el abuso sexual a menores sin tomar en consideración que siempre es la expresión del abuso de poder. Debemos tomar medidas prácticas, científicas y sociales, pero también medidas espirituales que el mismo Señor nos enseña para vencer el espíritu del mal.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

Más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado este miércoles 8 de julio en respaldo del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que en una reunión virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales dijo que el Gobierno estaba aplicando una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz y el pueblo que los acompaña. En ese sentido, es relevante recordar que según denuncia el partido FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 200 excombatientes.  

La declaración significó un pronunciamiento de la nunciatura apostólica en el que dice no estar de acuerdo con las afirmaciones del religioso, así como que tampoco comparte su visión respecto a la implementación del acuerdo de paz. No obstante, a la posición de Monsalve se unieron distintas organizaciones que ratificaron el análisis, y lo respaldaron llamándolo “artesano de la paz”. 

El caminante por la paz

Leyner Palacio, líder de Bojayá describe a Monseñor como una persona solidaria, sencilla, que comprende las realidades de las personas y que logra acercarse de forma muy fácil a la gente. Palacio destaca su compromiso: 

“Es impresionante ver cómo, cuando él identifica una vulneración de derechos humanos, se compromete con la solución de esa problemática”. 

Leyner sostiene que Darío Monsalve es un hombre que no tolera la injusticia y repudia cualquier actitud ambigua sobre la construcción de la paz. Por eso los califica como un artesano de la paz, una que construye de la mano de las víctimas, reuniéndose con los más vulnerables, pero también llevando sus mensajes a la institucionalidad. 

El líder de Bojayá asegura que Monseñor acogió el mensaje del Papa Francisco en el sentido de dar el primer paso para buscar una salida negociada al conflicto. “Darío Monsalve no ha dado un paso, sino varios y en distintas direcciones por la paz”, por ejemplo, impulsando acuerdos humanitarios regionales para que se respete a las comunidades más afectadas. 

Hay un grupo de obispos que se ha comprometido con la paz, Monsalve es uno de ellos

A propósito de la relevancia que han tenido grupos religiosos en la construcción de paz, acuerdos humanitarios y desescalamiento del conflicto, el sacerdote jesuita e integrante del CINEP/PPP Javier Giraldo explica que precisamente hay un grupo de obispos que está empeñado en esa labor, y Monsalve hace parte de ese grupo. “Yo lo conozco desde antes, pero desde que llegó a Cali asumió ese papel de constructor de paz en el sentido de estar comprometido con los grupos más vulnerables de la ciudad y todo el Pacífico”, afirma Giraldo. 

El genocidio, la hecatombe del Pacífico y la voz que amplifica el reclamo de las comunidades

En su comunicado, la Nunciatura manifiesta que se debe tener cuidado al usar el término genocidio en discusiones legítimas sobre las políticas de un gobierno. Sin embargo, Giraldo reclama que según el derecho internacional, el genocidio “es una serie de acciones que buscan destruir un grupo humano con identidad propia, por ejemplo, el grupo humano conformado por líderes sociales en diferentes regiones del país”. 

De acuerdo con esta posición, Leyner Palacio respalda las palabras de los religiosos en el sentido de calificar como genocidio al asesinato de líderes sociales, que solo en 2020, ya supera el centenar de casos. Además, declara la situación del Pacífico como una hecatombe cuyo reflejo se ve en Bojayá: “Hay más de 7 mil personas en confinamiento, es una zona de guerra y eso es contrario al deseo del 96% de los bojayaseños, que en 2016 dio un ‘sí’ a la paz”. 

Por esta razón, invitó a que más allá de criticar lo que Monseñor ha planteado, se revisen sus denuncias para que se corrija la situación humanitaria en la región y se evite que el Pacífico vuelva a vivir la crudeza de la guerra. 

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. 

El CINEP/Programa por la Paz continúa prestando su servicio con dedicación en medio de la enfermedad y crisis que nos impactan. Hemos estado en comunicación constante con las comunidades con quienes trabajamos en la región Pacífico, Sur de Córdoba, Sur de La Guajira, Cartagena de Indias, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, frontera colombo-venezolana, Sur del Tolima, Boyacá, Eje Cafetero, Putumayo, Amazonas, Bogotá y Soacha. A la par avanzamos en nuestros compromisos con cooperantes, entidades no gubernamentales, académicas y actores del sector público, por medio de encuentros virtuales. Y, aunque no somos una entidad humanitaria, estamos realizando algunas acciones en este sentido, pues las comunidades donde hacemos presencia están afectadas y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Con sentido de solidaridad, nos movilizamos y hacemos gestión de recursos para apoyar a los más vulnerables.

Como nos recuerda el profesor Jorge Giraldo Ramírez, “ante la vulnerabilidad y la fragilidad manifiesta de los seres humanos –manifiesta aún más con la pandemia que no reconoció clase social- hay que generalizar una ética basada en la consideración, la responsabilidad, y el cuidado. La consideración igual de cada persona demanda reflexión y contemplación; la responsabilidad demanda afecto y personalización; y el cuidado demanda lentitud y compasión”1.

Nos preocupan, en esta coyuntura, el riesgo de extinción de nuestros pueblos indígenas, la profundización de la desigualdad social y la fragilidad de la democracia, así como la transgresión de las garantías para la vida de líderes sociales y comunidades campesinas, y la débil implementación del Acuerdo de Paz. Por eso animamos a todos nuestros amigos y públicos a continuar juntos en nuestras causas pacíficas por una sociedad justa, sostenible y en paz. Que las vulneraciones a las y los excluidos de siempre y las que afloran en cuarentena no se vuelvan costumbre. Y que la indignación y defensa de los derechos humanos sigan siendo nuestra apuesta de vida.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz.


Giraldo R. Jorge. Consideraciones sobre la crisis. En: Pensar la Crisis. Perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros. – Medellín: Ed. Eafit, 2020.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


 El pasado diecinueve de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó, por unanimidad y mediante resolución, el racismo sistemático y la violencia policial. La resolución fue una iniciativa de urgencia generada por varios países africanos, luego del asesinato de George Floyd, el pasado mayo en Estados Unidos, y de las manifestaciones contra el racismo en varios países del mundo. Una primera redacción del texto pedía crear una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer el racismo en Estados Unidos, pero al final la redacción de la resolución fue suavizada, por presión del gobierno norteamericano; simplemente se pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elaborar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional y los malos tratos contra los africanos por las fuerzas de seguridad. Nuevamente, el gobierno norteamericano, da la espalda a las víctimas de la violencia policial y a las personas negras, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Pero Colombia no es la excepción en estos hechos de racismo y uso de la violencia sistemática. Los informes de la Defensoría, la Procuraduría y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, registran hechos perpetrados tanto por los grupos armados ilegales como por sectores de la fuerza pública sobre las comunidades indígenas, negras, campesinas, pobladores urbanos de barrios populares y, especialmente, sobre los líderes, lideresas y sectores juveniles de las universidades públicas y privadas. Un caso reciente fue la muerte de Anderson Arboleda en mayo pasado. Un joven de 21 años, afrodescendiente y residente en Puerto Tejada (Cauca) quien, según el relato de sus familiares, en plena cuarentena de Covid-19, al llegar a la puerta de su casa, dos uniformados le llamaron la atención, le pusieron un comparendo y la respuesta a la protesta del joven fueron cinco ‘bolillazos’ en la cabeza. Pasadas algunas horas, Anderson murió en la clínica Valle de Lilí de Cali.

Existen igualmente hechos registrados en diversas zonas del Chocó, Catatumbo, centro y sur del Pacífico colombiano, donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, son golpeadas por el conflicto armado, las mafias del narcotráfico y la corrupción del Estado. Estos hechos también expresan un racismo y una violencia sistemática. Sobre ellos, históricamente, ha recaído la exclusión, el no reconocimiento e irrespeto de sus modos de vida, de su sabiduría, de sus formas de convivencia, de sus maneras de relacionarse con la naturaleza, de sus economías, de sus experiencias espirituales, entre otros aspectos.

El racismo no solo es depreciar una raza distinta a la propia, sino desconocer y someter a los otros que son diferentes, que tienen otras costumbres y creencias, distintas a lo definido por la cultura dominante. Para el racismo, las otras culturas no tienen derecho a existir. En el centro del racismo está la negación por lo diferente. Busca reprimir, excluir y no reconocer la diversidad cultural, y se vuelve más violenta en la medida que ellas resisten y no declinan en sus costumbres, tradiciones y creencias. En este sentido las culturas dominantes y racistas definen y controlan qué es lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo justo y lo sagrado.

En los primeros días de este mes el Papa Francisco condenó el pecado del racismo y mencionó a George Floyd como víctima de un homicidio trágico. “No podemos cerrar los ojos a cualquier forma de racismo o exclusión al tiempo que pretendemos defender lo sagrado de toda vida humana”, dijo. En esta lógica, el Papa llamó al obispo de Texas, Mark Seiz, de El Paso, para apoyarlo en la campaña por la defensa de un trato justo para los inmigrantes y por su participación en la protesta pacífica que tuvo como consigna “las vidas negras importan” y en la que el obispo encabezó la oración inclinado de rodillas.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.