En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


En medio de la pandemia la ciudadanía está llamada a ser responsable de sus actos. Pero no se puede hablar de ciudadanía en general, los ciudadanos y ciudadanas viven en territorios concretos, bajo condiciones y oportunidades diferentes. Sin embargo, las autoridades decretan el cumplimiento de normas para evitar el contagio y la expansión de la enfermedad, como si no existieran estas diferencias.

¿Cómo exigirle a una madre cabeza de hogar que cumpla con un confinamiento obligatorio si tiene hijos y trabaja como vendedora ambulante en la calle? ¿Cómo exigirle a una familia campesina, con las carencias de su vereda, que no vayan al pueblo a vender sus productos y a comprar artículos de primera necesidad?

Medidas generales sin condiciones para realizarlas solo llevan al fracaso. Buena parte de la población colombiana está en una compleja encrucijada: quedarse en casa sin lo básico para vivir, generando condiciones de salud riesgosas y ambientes de convivencia duros de sobrellevar o, salir a la calle a conseguir lo básico para vivir, pero exponiéndose al contagio. Mientras que las ayudas y subsidios del Estado llegan a cuenta-gotas.

Para superar este desafío de salud pública, de economía y de bienestar individual y comunitario, que implica la pandemia, es clave recordar algunos valores éticos y cívicos primordiales.

La solidaridad, entendida como la superación de nuestros instintos egoístas para adoptar una actitud de empatía y comprensión, no solo con las personas que amamos sino con los desconocidos.

La compasión que implica fraternidad y altruismo, más allá de buenas intenciones exige una actuación comprometida.

La reciprocidad: exige un reconocimiento y respeto de la dignidad humana que busca realizar en nosotros mismos el cambio que deseamos ver en el mundo.

La justicia, que implica reconocimiento de las diferencias, equidad y redistribución de los bienes en el marco de la realización de los derechos humanos.

La honestidad: busca la claridad en los actos en contra de la corrupción y la malversación de bienes y recursos.

Y, finalmente, el cuidado de sí, que implica ser responsable de nuestras actitudes y comportamientos en relación con el otro, a efectos de transformar mis propias limitaciones; esta es una práctica social, hoy más necesaria que nunca.

Pedro Trigo, teólogo jesuita nos dice:

“La pandemia también ha puesto al descubierto la gran dosis de solidaridad que existe. Sin ella se hubieran muerto muchísimos más. La solidaridad se organiza en redes de servicio y muestra que existen otras posibilidades y que no estamos condenados a la inhumanidad del desorden establecido. No solo dar cosas, también muchos dan de sí y se dan a sí mismos y por eso contribuyen decisivamente a que esta situación no deshumanice a los que la sufren y se creen ambientes liberados en los que reina la humanidad”. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del CINEP, fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 junto a Carlos Alvarado en Bogotá. Honramos su memoria y la de todos nuestros líderes sociales.

Este martes 19 de mayo, en un encuentro virtual convocado por el CINEP/PPP y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), se conmemoraron las vidas de los investigadores Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado,  y se recordaron sus luchas por la paz, los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Fue un encuentro emotivo y vital entre el hijo de Mario y Elsa, Iván Calderón, y otro “hijo del conflicto”, José Antequera, hoy director del CMPR. A ellos se unieron Rosario Saavedra, investigadora social, compañera y amiga de la pareja; Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de los Derechos Humanos, con la moderación de Fernanda Espinosa del CMPR.

“Fueron personas de una vitalidad, alegría y un afecto que nos tocaron a todos. Con una capacidad de liderazgo muy grande e Iván es el resultado de ese amor que se tuvieron y que nació en el Cinep”, aseguró Rosario Saavedra quien trabajó con los investigadores en el Cinep e inició la conversación.

Para Saavedra, Mario y Elsa fueron “pioneros en la utopía y la concepción de verdad del medio ambiente, constructores de todas las reservas en Tierra Alta y en la Reserva de Sumapaz”. Según la investigadora, los aportes de Mario Calderón son de vital importancia en la actualidad, en un contexto de cambio climático y de lucha por el medio ambiente. Además lo recordó como una persona alegre, académica y ambientalista, mientras dijo que Elsa Alvarado, en su profesión de comunicadora social, siempre tuvo una preocupación por los medios masivos y la opinión pública. Según Saavedra “le preocupaba ver cómo los medios masivos deformaban a la gente e incluso la manipulan. Se preguntaba hasta qué punto los medios llevan a la democracia, o al contrario, a la violencia”.

Por otro lado, Iván Calderón, hijo de Mario y Elsa, agradeció que la memoria de sus padres se mantenga viva y destacó a su abuelo, Carlos Alvarado, quien “como ingeniero civil también construyó país a su manera”. Además manifestó que conmemorarlos “es recordar el sacrificio que muchos defensores de Derechos Humanos han hecho en el país. Ese podría ser su legado más importante”.

Para Calderón Alvarado, la pareja era muy aclamada por ser “pacíficamente irreverentes desde el respeto, optimistas y siempre buscando alternativas visionarias”. Adicionalmente, contó que como parte de la herencia de sus padres, sigue trabajando como parte de la reserva del páramo de Sumapaz en el análisis y reconocimiento de conflictos ambientales y se preguntó por las estrategias de visibilización y de reconocimiento del conflicto que deberían tener las organizaciones sociales del país.

Por su parte, José Antequera expresó sus satisfacción de compartir el espacio con Iván Calderón, con quien “hemos construido una bella amistad y decimos que somos hermanos, hijos de la misma historia, como muchos hijos e hijas del país”. Para el director del CMPR, el asesinato de la pareja de investigadores y de don Carlos Alvarado fue un hecho muy particular para la narrativa de la ciudad que es importante tener en cuenta en las luchas actuales por la paz y contra la impunidad.

Antequera se refirió a la importancia de reconocer en este momento particular de la historia la importancia de las luchas de Mario y Elsa y su papel como defensores pertenecientes a la perspectiva histórica nacional.

Para él, “uno de los esfuerzos que debemos hacer es darle sentido a esta clase de acontecimientos. Las nuevas generaciones tienen que reconocer los referentes de defensa de la vida y así como reconocen líderes ambientales de otros países, tenemos que reconocer a los nuestros, con sus formas y sus valores”.

Alirio Uribe Muñoz, recalcó las enseñanzas de Mario y Elsa sobre la ruralidad de Bogotá, la importancia vital de los páramos y el agua en un contexto histórico en que se generaba terror en las ciudades y la guerra no daba tregua en las regiones.

“Con este crimen no sólo se castigó a ellos, sino a todos los defensores de Derechos Humanos y los académicos. Por eso es importante ubicar estos hechos como un crimen de Estado porque detrás hubo muchas acciones de inteligencia militar”, afirmó Uribe.

El abogado defensor de derechos recordó la iniciativa que llevó a cabo junto con el Cinep para que el 19 de mayo fuera declarado como una fecha de lucha contra la impunidad y la importancia de que “seguir dignificando la memoria de Mario, Elsa y don Carlos y entender por qué nos pasó esto y por qué no nos puede volver a pasar”.

En medio del encuentro, se compartieron mensajes de allegados, amigos, familiares y demás personas que se conectaron para recordar y reconocer la labor de Mario y Elsa. Marisol Isaza Ramos, profesora y conocida de la pareja, se unió a la conversación para recordar cómo su asesinato “quiso acallarnos y de alguna manera sí nos atomizó, pero nos multiplicó en los territorios”. Otros amigos de la pareja se unieron a pesar de la distancia de la cuarentena para rendirles un homenaje en vídeo.

El conversatorio cerró con una reflexión de Iván Calderón sobre lo que pensarían Mario y Elsa hoy en el contexto de la pandemia por el COVID-19. “Papá quizás estaría pensando en la exposición de las debilidades de todos los estados y la economía mundial y preguntándose por el rol de la iglesia, estaría muy feliz con este Papa. Y mamá podría llevar mucho más allá el proyecto de radios comunitarias hoy, estaría asombrada con el alcance de la tecnología”, concluyó.

A continuación el video del conversatorio completo:

Compartimos además las palabras de Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP: https://www.youtube.com/watch?v=KSTfkdOYtRk&feature=youtu.be

Por: Paola Llinás Aragón.

La falta de atención del Estado ante la pandemia del Covid 19 en Amazonas es un atentado contra la cultura, y la vida de la Amazonía y la humanidad, según las comunidades allí presentes que piden respaldo del mundo para evitar su extinción. Campañas de solidaridad y de exigencia de protección al Estado crecen cada día para abrazar al pueblo amazónico.

El Amazonas colombiano enfrenta una grave situación de amenaza la vida y pervivencia de los pueblos indígenas por el Covid19. Esta semana las organizaciones étnicas y sociales de esta zona del país prendieron una vez más las alarmas: Leticia reportó más casos en día que Bogotá, y se supo que la tasa de mortalidad por COVID-19 en ese departamento colombiano es 22,5 veces más que la nacional. De cada 100 mil habitantes están muriendo el 17.72%.

La crisis se profundiza día a día con la muerte de los mayores ancianos, la renuncia masiva de personal sanitario y la falta de recursos de parte del Estado para frenar la pandemia.

El lunes 11 de mayo se reportaron 191 nuevos casos de coronavirus en Amazonas, superando a la capital colombiana que registró 150 diagnósticos. La cifra se suma a los problemas reportados por los profesionales y organizaciones de la región que temen por un etnocidio. Por eso, la OPIAC y sus aliados lanzaron una campaña que salve a los pueblos indígenas de Amazonas de la extinción física, pues a éstos les llegó virus desde las áreas urbanas y no hay con qué enfrentarlo, con apenas un centro hospitalario en Leticia donde además la cárcel presenta hacinamiento del 53% con la mitad de los internos infectados.

Desde mediados de marzo, se prendieron las primeras alertas de riesgo frente al contagio del Covid-19 en la Amazonía por fallas en los controles en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia y el contacto fronterizo con Brasil, especialmente con Tabatinga en donde se presentó el primer caso el 1 de abril. Posteriormente, el 17 de abril se presentó el primer contagio en el municipio de Leticia y una semana después aumentarían a 37.  Días después comenzaron los fallecimientos. Al 15 de mayo, de acuerdo los registros del Ministerio de Salud, eran 1003 casos de Covid confirmados en Amazonas, 19 en Caquetá y 11 en Vaupés.

Sin embargo, de acuerdo con la rueda de prensa virtual realizada el 14 de mayo, hay gran subregistro de enfermos y fallecidos indígenas pues por el aislamiento muchos no han acudido al hospital ni se han movido de sus resguardos. Además, no hay presencia del Estado más allá de la capital Leticia, o bien se trata de uniformados armados que poco pueden hacer por la vida y atención de una crisis sanitaria.

De acuerdo con la OPIAC, que representa 168.500 indígenas, en la Amazonía hay 64 pueblos cada uno con su cultura y su idiomas asentados en 6 departamentos. El presidente Opiac, Julio César López, describió que: 

“La situación que se vive hoy en el Amazonas es el resultado de una larga historia de corrupción (…) Acá ha continuado la práctica de segregación tomando decisiones desde el escritorio (…)”

El líder indígena se quejó de que “los departamentos del Amazonas hemos servido para que los empresarios de la salud nos vean como mercancía, como objetos (…) La Ley 100 acabó con la posibilidad de construir un modelo de salud apropiado (…)”.

Según López “nuestra situación es reflejo de un abandono histórico. En 2009 la Corte Constitucional advirtió el riesgo de exterminio de nuestros pueblos amazónicos y ordenó al gobierno colombiano salvaguardar a estos pueblos de la extinción física y cultural, mediante acciones integrales que hoy 20 años después siguen en fase de formulación”.

Según lo divulgado en la rueda de prensa, el Covid podría haber llegado a los pueblos del Amazonas por los militares y policías, tal como se sospecha que sucedió en Vaupés. Las comunidades han desarrollado entonces sus propias estrategias de contención en la zona selvática y urbana. Les preocupa que la población que por el conflicto y desplazamiento están en las áreas urbanas se están infectado, y les preocupan además los mayores pues su riesgo de contagio al Covid19 “es un atentado contra nuestra cultura, a la vida de la Amazonía y la vida de la humanidad”.

Por otro lado, se divulgó la preocupación por la información falsa desde el gobierno nacional. López aseguró que:

“El gobierno dice que ha entregado a Opiac una cantidad de insumos para apoyar a nuestros compañeros indígenas en el territorio y eso es mentira. Cuando los compañeros de la base llaman a averiguar por los mercados, les dicen a ellos que con Opiac se ha hecho. Una total descoordinación del gobierno frente a esta situación”

Por su parte el profesor Juan Alvaro Echeverri, de la Universidad Nacional, recalcó que:  “El Estado considera a los indígenas personas pobres e ignorantes y esta pandemia nos debe llevar a reflexionar sobre nuestras relaciones con el medio ambiente y la cultura. Los indígenas no son ni pobres ni ignorantes. Todo lo contrario

“
Pero no vamos a desaparecer sin luchar y resistir, así nos han enseñado nuestros abuelos”, resaltó el Presidente de la Opiac en la conversación virtual del 14 de mayo mientras sorteaba las dificultades de conexión típicas de los territorios olvidados de Colombia. En la audiencia recordaron que, además del abandono histórico, los departamentos amazónicos no fueron siquiera priorizados para la inversión de recursos con el Acuerdo de Paz con es el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Pdets. 

Para donaciones desde Colombia: https://vaki.co/vaki/ApoyaLaVidaVinculatePorLaAmazonia/

Desde el exterior: https://www.gofundme.com/f/FOR-THE-HEALTH-OF-AMAZONIAN-INDIGENOUS-PEOPLE

 Vídeo rueda de prensa Por la Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos:

 

Por: Katalina Vásquez Guzmán