Organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos por los derechos humanos, el territorio y el agua en el departamento de La Guajira alertamos a todas las instituciones garantes de los Derechos Humanos en los municipios de Albania y Maicao, en el departamento de la Guajira y a toda la comunidad nacional e internacional por anuncio de desalojo por fuerza de la comunidad indígena wayuu de El Rocío para estos días 23 al 24 de julio de 2019. 


 

 
 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el tercer informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre los 30 meses, después de su firma. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes y de los aportes de distintas organizaciones que hacen seguimiento a la perspectiva de género en el A.F., además de la información proveniente de instituciones con responsabilidades en su implementación.  

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Atendiendo al mandato dado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI-, el Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos – CERAC, han ejercido desde noviembre de 2017 como Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional – STCVI-, con la responsabilidad central de presentarle informes periódicos a los Verificadores Internacionales, expresidentes Felipe González y José Mujica, con el fin de contribuir al proceso de verificación e impulso al Acuerdo Final (A.F.) firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC.

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Organizaciones, comunidades afectadas y expertos independientes ven con preocupación que las decisiones tomadas por la Corte en el caso del Arroyo Bruno están siendo desacatadas por la empresa Carbones del Cerrejón y algunas entidades del Gobierno.