El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

En medio de esta compleja pandemia mundial las personas trabajadoras de la salud tienen contratos laborales precarios, salarios cada vez más bajos y en varias entidades pasan hasta dos años y no les pagan.

Pero el gremio de la salud no solo debe afrontar a diario la pandemia que nos agobia, también tienen que vérselas con los bancos, los arrendatarios, las empresas de servicios públicos y hasta las casas de cobranza. La situación económica de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud es crítica: no tienen derecho a primas, ni vacaciones, ni cesantías, con largos turnos de servicio y un sin número de irregularidades laborales, que de manera increíble existe sobre un sector que debería tener todas las garantías para trabajar bien en medio de semejante pandemia.

La Federación Nacional de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y sindicatos regionales de salud, han denunciado esta situación ante el presidente de la República, el ministro de salud, de trabajo, ante la Supersalud, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y absolutamente a nadie le interesa el gremio médico. Las directivas sindicales dicen:

“solamente en los programas diarios de las seis pm del presidente nos llaman héroes, dicen que estamos guerreando en primera línea. Si realmente les interesara, no creen que ya nos deberían solucionar el problema, pero no les interesa en absoluto, porque la salud no da votos”.

El Gobierno Nacional, es quien debe tomar cartas en el asunto y ver quién se está quedando con el dinero de la salud, si son las EPS o son las IPS o si son los mercaderes o ladrones de cuello blanco de la salud. Es un problema gravísimo porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la salud está contratada por órdenes de prestación de servicios, supuestamente concertados con cooperativas que se convirtieron en sindicatos de papel, que se quedan con los grandes recursos y que tercerizan y explotan a los trabajadoras y trabajadores de la salud. A pesar de que la ley dice que el talento humano en salud es un personal misional y que debe estar contratado única y exclusivamente de forma directa por el Estado, no se ha creado un régimen especial para el talento humano en salud, como lo tienen las Fuerzas Armadas o el gremio docente, de tal manera que no quede totalmente desamparado como quedó luego de entrar en escena la ley cien que privatizó la salud. Pero, lo peor, es que ni el Estado ni las empresas ni las instituciones de salud plantean alternativas ni tampoco hacen eco de las soluciones que plantea el gremio trabajador de la salud.

En mayo del año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la Enfermería, el Papa Francisco expresó:

“la pandemia ha evidenciado muchas deficiencias en la atención sanitaria. Es urgente que los gobiernos inviertan en sanidad, como bien común primario, fortaleciendo las estructuras y designando más personal de salud. Es importante reconocer efectivamente el papel esencial que desempeña esta profesión para el bienestar de la sociedad. Por eso, tienen derecho y merecen estar más valorados e involucrados en los procesos que afectan a la salud de las personas. Es importante mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Profesores rurales de territorios PDET están siendo desplazados de sus puestos por cuenta del concurso docente creado por el Acuerdo de Paz que, según denuncian, quedaría viciado tras ser modificado en el actual gobierno y no tomó en cuenta el arraigo territorial. Con el acompañamiento de Educapaz instauraron acción popular para proteger sus derechos.

Sorlinda Bocanegra es profesora de primaria en Planadas, Tolima, hace 16 años. Su plaza es una de las 123 que quedaron vacantes en ese municipio gracias al concurso impulsado por el decreto 882. Según relata, para ocupar su puesto se presentaron personas desde Cundinamarca y Huila principalmente, pero también de Cúcuta y Santander, muchos podrían ser apenas bachilleres. Ahora teme que, por cuenta de los cambios normativos al decreto que implementa uno de los mandatos del Acuerdo de Paz, pueda quedar sin puesto, y que sus estudiantes queden en manos de quienes no conocen la región. La preocupación de Sorlinda es compartida hoy por miles de maestros en las zonas de Colombia más aporreadas por el conflicto. 

El primer punto del Acuerdo de Paz -Reforma Rural Integral (RRI)- traza la ruta para mejorar las vida de campesinos y campesinas incluyendo el acceso a la tierra, la salud, la educación, entre otros derechos. Allí se contempla la implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER) con el que “se identifican las brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales”. El decreto 882 de 2017 forma parte del marco jurídico para el funcionamiento del PEER, pero según los maestros, es también el culpable del desplazamiento laboral del que están siendo víctimas. 

El decreto propone un concurso de méritos que se realiza por única vez para la contratación de docentes en municipios donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) si en dichos lugares no había la suficientes profesores para cubrir las plazas, asegura Alejandra Ramírez, profesional del CINEP/PPP en el equipo de Educapaz

“El propósito del concurso es que llegara capacidad humana para impartir educación. El problema es que impartieron el concurso como si todos los territorios tuvieran la misma ausencia de docentes idóneos para brindar esa educación. Entonces pasa que en el sur de Tolima tenemos docentes demasiado formados: normalistas superiores, profesionales, o que tienen maestrías y doctorados pero que perdieron su prueba”, afirma Ramírez.

Un concurso sin enfoque territorial

La normativa cambió entre 2017 y 2020, creando un concurso para ocupar plazas que ya tenían profesores del territorio, bajando los estándares para que se presentaran personas bachilleres y no solo normalistas, como era costumbre, y permitiendo la participación de personas en todo el territorio nacional, explica Alejandra. 

“Lo que ellos argumentan es que los acuerdos de paz tienen un enfoque territorial; pero la paz territorial no es igual para todos. Tienen que considerar las dinámicas del territorio, entonces el concurso debió darse de manera particular según cada zona PDET, y no todas las plazas debieron darse por igual. Tenían que haber unas particularidades”.

El decreto “es una distorsión al espíritu y letra del Acuerdo”, cuyo efecto inmediato implica que “están eligiendo profesores que no tienen arraigo en las regiones, y desplazando a educadores y sus núcleos familiares”. Así lo denunció la senadora Sandra Ramírez en sus redes sociales.

Un concurso viciado

La profesora Sorlinda explica que el concurso no valoró con mayor puntaje el arraigo y experiencia en el territorio, y asegura que se presentaron fraudes en las pruebas de 2019. Por más de una década, ella ha acompañado la formación de niñas y niños campesinos en Planadas, que junto a Ataco, Chaparral, y Rioblanco, hace parte de los cuatro municipios PDET en Tolima. En total, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (criticados por organizaciones sociales desde su puesta en marcha por el gobierno Duque) incluyen 170 municipios de Colombia. 

Sorlinda asegura que la filtración de respuestas de la prueba comenzaron a llegar a través de redes sociales en el primer receso de la jornada. “Personas manifestaron que los cuadernillos se estaban vendiendo”, agrega. Esta situación llevó a que el concurso se anulara solo para primaria. La Comisión Nacional del Servicio Civil declaró “irregularidades y dejó sin efectos las pruebas de docente primaria aplicadas en 23 ciudades en el marco del Concurso Especial Docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.

Entonces continuó el proceso para coordinadores, rectores y bachillerato. Luego, en 2020 se realizó el concurso de primaria, pero “se venden cuadernillos a un costo más alto y si la persona tenía dinero, podía comprarlo con una semana de anticipación pero si no tenía tanto, se lo daban con un día de anticipación”, sostiene Sorlinda. “Pero no a todos nos ofrecen el cuadernillo, sólo a aquellos que les falta ética. Ni siquiera para eso nos tomaron en cuenta”, concluye. 

Pese a esta situación, ella y sus compañeros se sintieron tranquilos tras la prueba “porque preguntaba cosas que hacíamos en el aula”, pero llegaron los resultados y comenzaron las decepciones: en Planadas solo pasaron 14 maestros de primaria, 20 de áreas especiales y 4 coordinadores. 

“A nosotros no nos hacen docentes unas pruebas, sino los años que hemos tenido aquí siendo profesores”, dice Sorlinda, quien camina por las vías sin pavimentar del Sur del Tolima bajo las lluvias y en botas de caucho para llegar hasta el aula y, así, intentar arrebatarle niños a la guerra. 

Además de la función propiamente docente, los profesores rurales también forman tejido social en las comunidades, explica Sorlinda, pues, por ejemplo, crean la confianza para recorrer el territorio.  “No se trata de poner en tela de juicio las capacidades de quienes pasaron el concurso, sino el impacto de desplazar al docente que en muchas ocasiones es el único representante del Estado en las zonas más apartadas”, agrega preocupada Alejandra Ramírez del Cinep / PPP.

Tras varios derechos de petición y oficios a distintas entidades, los profesores del sur del Tolima crearon la Mesa Nacional de Docentes Provisionales que, con el acompañamiento de Educapaz, logró instaurar una acción popular en la que también se pidió una medida cautelar para pausar el concurso docente en los municipios PDET en diciembre de 2020. 

Alejandra Ramírez explica que con esta acción popular se pretende defender el cargo docente, así como evitar las problemáticas que afectarían las comunidades si se produce el desplazamiento laboral. Para ello, acuden al testimonio de padres de familia, líderes comunales y JAC quienes piden al unísono que sus docentes no sean retirados. Por ahora, la acción fue firmada por 127 docentes y reposa en el Tribunal del Tolima. Aún se desconoce cuántos maestros rurales en el país se quedaron sin puesto gracias al decreto 882. La Mesa creada por los docentes avanza en conocer el panorama nacional que, como el de Tolima, tiene preocupadas a las comunidades educativas y rurales. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, al concurso se inscribieron 121.113 aspirantes para proveeer 6.564 vacantes ofertadas para 119 municipios Pdet.

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

A pesar de estar en el mayor pico de contagio por el virus, varios analistas sociales han preguntado sobre las tendencias sociales que se vislumbran en el mundo post pandemia. El periódico Vanguardia de México, publicó un artículo de Carlos Glatt, en el que expuso varias tendencias basadas en análisis de diversos expertos.

Una primera tendencia es la llegada acelerada de nuevas formas o paradigmas de trabajo. Se impone la hiper -conexión virtual, la presencia física, en una gran cantidad de trabajos es un escenario más, ya no es el único ni es imprescindible. El trabajo en línea desde nuestras casas o sedes adaptadas, se consolidará con nuevos ambientes tecnológicos y se crearán espacios para grandes encuentros digitales. Nadie quiere volver a la invivible vorágine del tráfico en las grandes ciudades, largos tiempos en trancones, cansancio, inseguridad y contaminación. Los enormes edificios de oficinas tendrán que ser reformados para otros usos. Muchos trabajos se pueden realizar dentro o fuera de una ciudad y generar el mismo o mejor valor. La empresa que no inviertan por lo menos un 10% en nuevas tecnologías desaparecerá. La forma de contratar personal se replanteará. Contratar a los mejores del mundo es cada vez más accesible. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales.

Otra tendencia muestra que la virtualidad está ganando espacio en escenarios socioculturales como las iglesias, museos, gimnasios, cines, bibliotecas y lugares de entretenimiento. La presencia en estos lugares puede llegar a ser limitada y costosa, tanto por el mantenimiento de la infraestructura como por el acceso a ellos.

Por otra parte, la educación profundizará el esquema híbrido, entre presencial y virtual; pero con innovadores desarrollos tecnológicos. El sistema médico se adaptará a lo digital, una cita médica en teleconferencia será cada día más normal. La gente se enfermará menos de pandemias si manejamos bien los alimentos y se trabaja el gran problema del hambre, la desigualdad y el desarrollo mundial. Finalmente, será urgente para la sociedad y las grandes industrias trabajar diversas estrategias científicas e interculturales frente al cambio climático, si queremos que el planeta sea una casa común, con inclusión, equidad y justicia para todas las especies.

En noviembre del año pasado el Papa Francisco, en Asís, exhortó a jóvenes empresarios a promover modelos económicos mundiales pos-pandemia que incluya a los pobres. Y añadió:

“el futuro, debe ser una época que nos recuerde que no estamos condenados a sostener modelos económicos cuyo interés se limita a la ganancia inmediata y a políticas públicas lucrativas sin importar sus consecuencias sociales y ambientales. Se debe ir más allá de satisfacer las necesidades más básicas. Tenemos que aceptar estructuralmente que los pobres tienen la dignidad suficiente para participar en nuestras reuniones y discusiones y traer pan a sus propias mesas”

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Luego de más de 14 fallos judiciales que ratifican la vulneración de derechos por parte de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos de las comunidades y el territorio guajiros, varias organizaciones denuncian ante la OCDE a esta empresa y sus aliados por los daños en la región.  

En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos en La Guajira por parte de las empresas que extraen carbón. Así lo explica Jenny Ortiz, investigadora de CINEP/PPP. En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19. 

Allí más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, y se han contaminado y/o desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento—,  entre las muchas afectaciones de la actividad extractiva en La Guajira. Por esta razón, GLAN, Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el CINEP/PPP  denunciamos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas.

Para conocer la situación de violaciones de derechos humanos en La Guajira le invitamos a consultar la Revista Noche y Niebla N°61: Minería de Carbón y Des-Arroyo.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.