Yanilda González, doctora en ciencia política de Princeton, dedica sus días a investigar a la Policía en contextos democráticos, e insiste en que se necesita consenso social. Esta es su lectura de una coyuntura que sacude a Colombia y a otros países.

El reciente e histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que señaló que hay “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas”, puso sobre la mesa una discusión que ya se venía dando: ¿qué hacer para evitar al máximo los excesos de la Policía, especialmente en manifestaciones? Yanilda González es doctora en ciencia política de la prestigiosa Universidad de Princeton y profesora asistente en Harvard, desde donde investiga el papel de la Policía en contextos democráticos atravesados por altos niveles de desigualdad. Esta es su visión.

Los hechos recientes en Colombia han venido a sumarse a una ola de protestas que han ocurrido en otros lugares del mundo, en los que las demandas ciudadanas para reformar instituciones como la Policía cada vez cobran mayor importancia. ¿Cómo interpretar este estallido?

El momento que vivimos debemos verlo en el contexto más amplio de las grandes manifestaciones que sucedieron el año pasado. El estallido social que se dio en países como Colombia, Chile y Haití, donde no eran protestas en principio en contra de la Policía, pero en muchos casos vimos que la Policía se puso en el centro de la historia a través de abusos cometidos en contra de algunos manifestantes.

En el caso de Colombia, lo vimos con las intervenciones del Esmad. Y eso no pasa con otras burocracias del Estado. La Policía es la cara más visible del Estado en este tipo de eventos y, en muchos contextos, como por ejemplo lo que pasa en Bielorrusia, lo que se ve es que están defendiendo los intereses de un Gobierno y no los de los ciudadanos que están manifestándose.

Entonces no nos debe sorprender que ahora lo que observamos sean estallidos centrados en la cuestión policial que se expresan precisamente cuando se presentan escándalos muy específicos, como los de George Floyd, en Estados Unidos, o Javier Ordóñez, en Colombia. Ahora, la pregunta es por qué sucedió esto con el caso de Ordóñez y no con el de Ánderson Arboleda, en Puerto Tejada. Esto demuestra cuestiones más profundas y estructurales como la desigualdad y el racismo, y el papel que tiene la Policía en la reproducción de este tipo de situaciones.

En esta tensión inherente entre el modelo de control y el modelo de protección del rol que tiene la Policía en la sociedad, ¿qué lugar tienen los abusos policiales?

Es difícil decir que el problema se genera por un solo factor. Diría que hay que ver cómo se refuerzan distintos factores: intereses políticos, demandas de la sociedad y rutinas burocráticas. Esa interacción es la que hace que tengamos policías con pocos controles civiles y externos.

En algunos casos como Trump en Estados Unidos vemos que hay políticos que quieren controlar ese brazo armado para sus propios intereses. Y eso genera unos incentivos perversos en los que algunos sectores civiles no tienen interés de restringir las funciones de policía por cuestiones políticas.

Por otro lado, tenemos sociedades desiguales en las que el discurso que domina en la cotidianidad se basa en el miedo y genera demandas fragmentadas donde la protección de los sectores más privilegiados muchas veces implica la represión de los sectores menos favorecidos. Entonces muchas veces desde la misma sociedad surge esta presión que impide que la Policía pueda brindar una protección más universal.

Finalmente, en el interior de la Policía hay condiciones más micro, como las políticas de cuotas que induce a los policías a requisar y buscar sospechosos y el policía en su mente, por lo general, no contempla los estándares legales, sino que busca cómo cumplir con estas metas para avanzar en sus carreras.

Al ver esas dinámicas de refuerzo entre estos tres factores que señala, ¿bajo qué circunstancias es posible impulsar reformas?

Aquí uno de los puntos claves es superar la fragmentación de las demandas sociales. Si bien todos pueden compartir una baja confianza respecto a la institución, esto no necesariamente se traduce en un consenso sobre la dirección en que se espera avanzar. Mientras algunos pueden demandar mayores controles a la Policía, otros sectores sociales pueden estar más interesados en otorgarle mayores facultades para que resuelva problemas, como son los altos niveles de violencia o criminalidad. Muchas veces los mismos sectores que no confían en la Policía son quienes terminan exigiendo una Policía de mano dura. De modo que sin consenso social no puede haber un consenso político sostenible para llegar a una reforma policial.

Y eso fue lo que vimos en el proceso de 1993 en Colombia donde se juntaron muy diversos sectores políticos y sociales para pensar unas reformas de fondo. Ahí convergieron los sectores que usualmente se manifiestan en contra de los abusos de la policía con otros inesperados como Fenalco, o la Cámara de Comercio de Bogotá, y esto fue clave para que varios sectores políticos atendieran estas demandas. Sin embargo, ese compromiso que se expresó en el 93 se perdió rápidamente con el Gobierno de Samper lo cual comprometió su viabilidad porque esa articulación de demandas sociales se perdió rápidamente y llevó a que ese esfuerzo reformista se desmantelara.

¿Qué papel tienen los gobiernos subnacionales en países unitarios como Colombia, donde el Gobierno Nacional tiene papel preponderante en las posibilidades de reforma de la Policía?

Esa es precisamente una de las características del caso colombiano. Uno pensaría que en esas condiciones sería más sencillo introducir reformas que en países federales como Brasil o Argentina, donde los Estados son los que tienen la autoridad legal sobre la policía. En el caso colombiano es más complicado porque, si bien la Constitución de 1991 y la Ley de Policía de 1993 definió algunos parámetros sobre cuáles son los instrumentos que disponen alcaldes y gobernadores para que la Policía coopere con sus políticas de seguridad a nivel práctico, no disponen de mayores recursos administrativos o legales para definir las acciones de esta institución. De modo que es al Gobierno nacional al que le corresponde esa tarea y acá hay mucha mayor claridad de lo que nos llevaría a pensar el actual debate político que se desarrolla en el país.

Pero aquí vuelvo al punto y es que, si hay una mayor convergencia social sobre las demandas de reformar, habría una mayor presión para que políticos y autoridades en diferentes niveles coordinaran sus acciones. Pero el hecho cierto es que muchas de estas autoridades locales ni siquiera se preocupan por este tipo de situaciones y argumentan la falta de instrumentos para justificar su desinterés.

Ahora, cuando hay interés en estos temas como ocurrió por parte de la alcaldesa de Bogotá, vemos que no tiene otra opción que recurrir a su capacidad de denunciar y visibilizar lo que está sucediendo, porque no tiene otros recursos legales para limitar este tipo de comportamientos por parte de la Policía.

¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en espacios que, en el caso colombiano, se diseñaron en principio para tener unas políticas de seguridad y una Policía que responda mejor a las demandas de la sociedad?

Es una idea que tiene mucho potencial y que responde a estos principios democráticos para controlar la acción policial. Pero lo que he visto en mis investigaciones sobre este tema es que la aspiración de tener un espacio abierto para recoger distintas visiones no se corresponde con la realidad, pues suelen excluir precisamente a aquellos sectores que sufren en una mayor proporción los abusos policiales. Entonces son los sectores más privilegiados los que lo aprovechan. Paradójicamente, muchas veces estos espacios sirven para promover una agenda antiderechos que va en contravía de su espíritu inicial, y eso es precisamente lo que estoy investigando ahora en varios países de América Latina.

¿Qué hacer para mantener viva esta agenda reformista y las demandas de transformación? ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos?

Acá hay algunas ideas. Está la democratización de la información y de los medios de comunicación. Un gran obstáculo para quien desea impulsar reformas policiales es que los datos sobre la actuación policial son muy escasos. De modo que no tenemos información que nos muestre claramente cómo esto reproduce los patrones de desigualdad. Brasil es una excepción, pues ahí te puedo decir el perfil de las víctimas de violencia policial según su edad, su color de piel y el barrio donde vive. En Colombia no tenemos esa información. En estas circunstancias la democratización de la información sí ayuda a que más personas adquieran conocimiento de lo poco que sabemos, lo que puede contribuir a que las demandas de reforma traspasen ciertas brechas sociales. Y en esta dirección la transparencia de datos tiene que ser una demanda clave para comprender qué es lo que está pasando.

Por supuesto, esto no hace todo. El caso de Brasil lo evidencia: hay buena información, pero no se ha consolidado una reforma sustantiva. Pero sí hay que comenzar por ahí. ¿Por dónde seguir? Es difícil decirlo, pero creo que lo que estamos viendo con la movilización de jóvenes en distintos lugares del mundo exigiendo un cambio es una señal alentadora para explorar en qué sentido debemos seguir avanzando.

 Por: Víctor Barrera, investigador de CINEP/PPP. 

*Esta entrevista fue publicada originalmente en El Espectador

 Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

 Ana, hija de dos luchadores por la verdad y la paz está desaparecida. Invitamos a compartir esta información y elevar la solidaridad para encontrar a Ana en bienestar.

Ana Lucía Fernández Villa, joven de Medellín, desapareció este lunes. Su familia y las autoridades la buscan con el apoyo de la ciudadanía que ha manifestado su solidaridad ante este lamentable hecho. La Alcaldía activó la ruta de búsqueda urgente.

Ana fue vista por última vez en el Sur de la ciudad, sector El Poblado Aguacatala. Vestía tenis  y morral blancos, chaqueta azul con logo de Nike, y blue jean. Su madre, Marta Villa, es la actual coordinadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia, mientras Rubén Fernández, el padre, integra el equipo del Centro de Fe y Culturas.  Rubén ha enviado un mensaje público autorizando la difusión de la información sobre la desaparición de su hija.

El movimiento de mujeres Estamos Listas ha instado a las autoridades locales y nacionales a disponer todos los recursos posibles para buscar inmediatamente a Ana y todas las mujeres desaparecidas a fin de salvaguardar su vida. 

“El asunto está en manos de las autoridades correspondientes. La institucionalidad se ha movido mucho y nos está acompañando y asesorando. Esperamos que las gestiones arrojen algún resultado”, dijo Rubén Fernández a El Espectador.

Actualización: Ana apareció, y está con su familia. 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Los hechos fueron dolorosos e indignantes. Tras el homicidio de Javier Ordóñez, en dos días de protesta, fueron catorce las personas asesinadas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y cerca de trecientos entre ciudadanos y policías lesionados, según el balance nacional del Ministerio de Defensa. La mayoría de fallecidos y heridos fueron jóvenes, mujeres y hombres. De nuevo son ellos quienes en el país son víctimas de la polarización y la violencia. ¿Por qué en lugar de oportunidades de educación y de trabajo decente y estable para la juventud, la sociedad y el Estado propicia la pérdida de sus sueños y sus esperanzas?

Lo que vimos en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Tunja y otras ciudades del país ha sido una fuerte expresión de protesta juvenil que indignada rechazó el equivocado e infame uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y hechos de tortura contra civiles inermes. Si nadie hubiera salido a protestar en la calle y, en su lugar, el silencio hubiese imperado, sería la comprobación indiscutible del alto deterioro moral de nuestra sociedad. Pero afortunadamente los jóvenes se pronunciaron.

Otro asunto muy diferente fue el indeseable vandalismo que se presentó y en el cual algunos medios centraron la atención de la opinión pública. La destrucción de los CAI de la policía, de los buses y algunos locales comerciales, es un hecho oportunista de quienes buscan sacar partido de la protesta legítima, bien para sembrar zozobra o para estigmatizar la protesta social y justificar la errática represión frente al descontento.

Desde algunos sectores de la sociedad se pide una urgente y planificada transformación del cuerpo policial. El profesor Alejo Vargas la resume así: mejorar el proceso de selección de los miembros; profundizar el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener el tema de los Derechos Humanos, más allá de un curso de algunas horas debe ser una dimensión importante en la formación. Otro punto es la apropiación de la doctrina operacional de la policía, sus preceptos éticos y legales donde se fundamenta su actuación, de manera que sus miembros tengan clara su identidad como servidores públicos, dedicados a la protección a la seguridad y el cuidado de la convivencia ciudadana, enfatizando la prevención, mostrando sus valores éticos en sus actuaciones y por este camino ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía y, finalmente, el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas a las sociedad y a sus instancias superiores.

El domingo trece de septiembre el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio expresaba en la homilía del canal RCN televisión, a propósito de los hechos vividos: “Ha sido una semana complicada, muy difícil en Bogotá con muchas heridas, con muertes, con destrucción y también en el país y en el mundo. Queremos empezar una semana distinta, una semana donde aprendamos a escucharnos. Por eso, nos están proponiendo que, para respetar la vida y para construir la paz, es necesario que nos escuchemos. Las regiones necesitan ser escuchadas, los indígenas, los campesinos, los que están sin empleo. Escucharnos para que no sea necesario destruirnos ni agredirnos, para encontrar el diálogo sincero y el silencio que valora el mensaje del otro. Escuchar su vida, su historia, sus necesidades, su clamor y poder tender una mano. El Papa nos propone algo que llama mucho la atención pero que es desafiante: la amistad social. Que debe ser vivida con humildad. Necesitamos liderazgo, para construir la amistad social, no para protagonismos aprovechando el luto, el duelo, el dolor, la muerte y la confusión. No necesitamos liderazgos llenos de vanidad, no necesitamos liderazgos orgullosos, necesitamos nuevos liderazgos al servicio de la amistad social. Liderazgos sin armas, sin violencia, sin necesidad del odio, liderazgos con sabiduría, para reclamar nuestros derechos con inteligencia, respetando la vida del otro”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

El presente informe es el séptimo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 13 meses de la implementación del mismo comprendidos entre junio de 2019 y julio de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio. 

Este es el primer informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los seis informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Séptimo Informe, publicado el 22 de septiembre de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


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