Esta semana en los #DiálogosCinep se encontraron voces desde Cauca, Buenaventura, Cartagena y Bogotá para hablar sobre su Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia con la moderación del médico y activista Víctor de Currea-Lugo. Estas son sus principales ideas. 

“Las balas acaban más vidas que la pandemia en el Cauca”, expresó Guido Rivera, coordinador suroccidente de la Coordinadora Nacional Agraria, a un año de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia por cuenta de la pandemia de la covid-19 en en el marco del diálogo Cinep “Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia”. 

Lucy Sosa, integrante de la Asociación de Mujeres, Derechos y Paz, sostuvo que “la pandemia no trajo pobreza a los territorios” sino que la agravó porque la economía en Cartagena está marcada por la informalidad, y tras los confinamientos decretados por la emergencia sanitaria “el pueblo cartagenero está padeciendo física hambre”. 

María Miyela Riascos, integrante de la Pastoral Social en Buenaventura, reafirmó lo señalado por Lucy al subrayar que en el puerto antes de la pandemia tenían cifras de 66% de pobreza multimodal, y tras la aparición del virus estos problemas se profundizaron hasta en un 30%. Todo ello, afirmó, en una ciudad que “moviliza el 60% de la mercancía que entra y sale del país”.

Además, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resaltó que el Gobierno está próximo a presentar una reforma para cubrir el hueco fiscal que actualmente tenemos pero, que “abrió el mismo Gobierno en 2018, cuando recortó impuestos a las grandes empresas”. En ese sentido, sostuvo que bajo el argumento de solventar algunas de las medidas económicas tomadas en medio de la pandemia, el ejecutivo pretende que olvidemos estos recortes billonarios de impuestos al capital, y que los financiemos poniendo a tributar más a las personas. 

Esta situación la calificó como injusta e innecesaria, al asegurar que “en Colombia hay un grupo de población con suficientes ingresos para ser solidario en momentos de pandemia”. Por lo tanto, dijo que era necesario modificar el sistema de tributación para que fuera más progresivo, haciendo que las personas de más altos ingresos en el país fueran gravados con mayor equidad, garantizando la financiación de propuestas como la renta básica. 

“Si subieramos nuestro nivel de tributación al promedio de América Latina nos alcanzaría para una renta básica que pusiera a los colombianos por encima de la pobreza monetaria”, sostuvo el experto en economía, y concluyó que por eso es importante que las voces de quienes entienden esta realidad desde los territorios sean escuchadas. 

Encuentre el conversatorio en Facebook, o en Youtube:

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto. En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 225 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

El presente informe es el Octavo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de agosto hasta el 30 de noviembre de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio. 

Este es el segundo informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Octavo Informe, publicado el 16 de febrero de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


 Información para prensa:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

+57 321 4590847

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? Es la pregunta del informe que Oxfam Internacional entregó el pasado mes de enero.

El documento centra su atención en cómo el Covid-19 dejará cientos de millones de personas sumidas en la pobreza y cómo esta pandemia pasará a la historia como la primera vez en que la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en todos los países del mundo. Para Kristalina Gueorgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, la pandemia tendrá un impacto profundo. El incremento de la desigualdad dará lugar a una generación perdida en la década actual.

La encuesta realizada por Oxfam para este informe aplicada a 300 personas economistas de 79 países, da como resultado que el 87% de especialistas prevé que la desigualdad de ingresos aumentará con la pandemia. Y, más de la mitad de las respuestas dicen que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y dos tercios expresan que lo mismo sucederá con la desigualdad racial. De otra parte, dos terceras partes de economistas consideran que sus Gobiernos no han planificado medidas para luchar contra el aumento de la desigualdad.

En cambio, los impactos de la pandemia sobre los multi millonarios del mundo son mínimos: en tan solo 9 meses las mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas más pobres esta recuperación podría tardar más de una década. La fortuna de los multi millonarios del mundo aumentó cerca de 4 billones en esos 9 meses. Hoy esta fortuna suma cerca de 12 billones de dólares. Este incremento de la fortuna de los más ricos del mundo en medio de la pandemia, bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza y para financiar una vacuna universal contra la COVID-19. A pesar de estas dramáticas afirmaciones, el informe de Oxfam interpela a los Gobiernos y les urge a darse cuenta de la ventana de oportunidad, cada vez más pequeña que tienen, para construir una economía justa tras el paso de la pandemia. Una economía que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, deben transformar con urgencia el sistema económico actual que profundizó el patriarcado, la dominación blanca y los principios neoliberales. Si los gobiernos empiezan a tomar medidas para reducir la desigualdad, en una década habrá 860 millones de personas menos en situación de pobreza. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora Estamos en un momento crucial para la humanidad.

En la carta Fratelli Tutti el Papa Francisco expresa que el neoliberalismo es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a los desafíos cambiantes. La libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres. El golpe de la pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en todos los seres humanos y no solo en los beneficios de algunos. La pandemia nos llama a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.