Acaba de ser publicada Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la obra más reciente de Elvira Sánchez-Blake. En ella reconstruye a partir de testimonios de amigos y familiares la vida y el legado de estos investigadores del CINEP-PPP asesinados en 1997.

"Una historia de amor entre dos seres que amaron la vida, la naturaleza, y que murieron por defender el páramo de Sumapaz". Así describe el padre Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad, el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, del que además es autor de su prólogo.

El texto escrito por la comunicadora social-periodista Elvira Sánchez-Blake y publicado por Icono Editorial, reconstruye a manera de crónica literaria los últimos días de vida de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la pareja de esposos e investigadores del CINEP-PPP asesinados a manos de paramilitares ordenados por Carlos Castaño, debido a su trabajo ambiental y comunitario en defensa de la reserva ambiental de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca y donde además se encuentra el páramo más grande del mundo.

En la madrugada del 19 de mayo de 1997, hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda de la pareja en Bogotá y perpetraron el hecho en el que también murió Carlos Alvarado, el padre de Elsa que junto a su esposa Elvira Chacón visitaban a su hija para celebrar el día de la madre.

“En una investigación de cerca de tres años realicé más de 35 entrevistas y consulté diferentes documentos de entidades como el CINEP-PPP y la Comisión Colombiana de Juristas. Reuní todas estas voces de personas que conocieron a Mario y Elsa para construir el retrato más fiel posible de lo que fue su vida”, comentó la autora el pasado 21 de junio de 2021 en redes sociales del CINEP-PPP.

En la primera parte del relato la autora hace un repaso por las memorias de las voces que conocieron a los investigadores y destaca sus experiencias formativas, el encuentro como pareja y los proyectos que lideraron. En un segundo momento relata los hechos alrededor del asesinato y todo lo que posteriormente siguió: la reacción de sus amigos y familiares, así como el proceso judicial con énfasis en los aparatos criminales que se formaron desde entonces y que siguen vigentes. Por último, aparece la voz de Iván, el hijo de Mario y Elsa sobreviviente del ataque, que antes que víctima prefiere ser identificado como un agente activo en la construcción de una visión alternativa de país.

El trabajo social, los asuntos ambientales, los conflictos políticos, la esperanza y la juventud, son otros de los temas que aborda esta crónica que se convierte al mismo tiempo en el testimonio de amor y entrega por la sociedad de parte de una pareja de académicos.

Javier Giraldo S.J., investigador del CINEP-PPP y quien además tuvo la oportunidad de conocer y compartir con Mario Calderón, destacó la importancia de la labor investigativa y literaria de la autora. “Producto de su trabajo, Elvira logra plasmar en el libro un retrato fiel de lo que había en Elsa y Mario; unas vidas extensas y cuyo registro, que podría llevar volúmenes, logra sintetizarlas de una forma muy especial”, dijo.

A la luz de los hechos recientes en nuestro país relacionados con las movilizaciones sociales en el marco del Paro Nacional, la obra de Sánchez-Blake también se convierte en un llamado para que las instituciones y la misma sociedad civil respalden el trabajo de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se ha visto amenazado de forma alarmante en el último tiempo.

Entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2021, según el registro de Indepaz, han sido asesinadas 86 de ellas por su labor en la exigencia de una vida más digna para sus comunidades, además de 28 firmantes del Acuerdo de Paz. En total, serían más de 600 defensores de Derechos Humanos y la vida asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y casi 300 hombres y mujeres que dejaron las armas.

Siga la entrevista de Elvira Sánchez-Blake con Javier Giraldo S.J., en nuestro canal de Instagram a continuación: https://www.instagram.com/tv/CQZAsyPJzH6/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Del 3 al 12 de julio, once regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países.

A dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, delegados y delegadas de Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá, visitan 11 regiones del país documentar y denunciar la represión y las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que, al 30 de junio, suman 84 personas asesinadas, 1790 personas heridas -entre ellas 114 por arma de fuego-, y 75 presuntamente desaparecidas, en un complejo panorama que incluye, además, violencia sexual contras las mujeres, desmembramiento y calcinamiento de cuerpos de los manifestantes, y ataques armados a la movilización a manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

"Esta Misión busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas, así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional".

Son 40 delegados y delegadas de 12 países (Gran Bretaña, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): dirigentes políticos y sociales, prensa internacional y defensores de derechos humanos, junto a las organizaciones locales impulsoras, "recibirán testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en 11 regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales".

La Misión SOS Colombia por garantías a la protesta y contra la impunidad en Colombia se realizará entre el 3 y el 12 de julio de 2021, y visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de 11 regiones: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. Y dialogará con víctimas, autoridades y protagonistas del Paro más largo en la historia de Colombia. Además presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia.

Según las organizaciones colombianas "las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos".

Esta visita es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y es coordinada por las siguientes organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / PPP; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Corporación Jurídica Libertad, CJL; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD; Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP.

A continuación el comunicado: 

 

 A continuación el comunicado en inglés:

 

*Boletín No. 20 de la Campaña Defender La Libertad. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP

El presente informe es el Noveno informe que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, adicionalmente, la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas por la STCVI: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio.

Este informe se produce en el marco de la segunda fase de funcionamiento de la STCVI que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Noveno Informe, publicado en junio de 2021, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


 

Información para prensa:

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+57 321 4590847

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo" alertan por la modificación al Decreto 003 de 2021, con el que se limita el derecho a la protesta permitiendo la intervención de la fuerza pública frente a los cortes de ruta temporales como permanentes. 

El gobierno de lván Duque anunció el viernes 18 de junio una modificación al Decreto 003 del 2021, con la cual limita la definición de protesta pacífica estipulando que los cortes de ruta -tanto los temporales como los permanentes- no constituyen una forma legítima de manifestación pacífica y por tanto pueden ser disueltos mediante la intervención represiva de la fuerza pública.

Dicho decreto, sin la anunciada modificación, por sí mismo constituía un cumplimiento insuficiente de la sentencia STC- 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 septiembre de 2020, que reconocía la violación sistemática del derecho a la protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La sentencia profirió, entre otras, las siguientes directrices: llamó al gobierno nacional a mantener la neutralidad frente a la protesta social, instó a la conformación de una mesa de trabajo para la reestructuración de las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y ordenó la creación de un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza frente a las protestas, encaminado a prevenir los abusos de la fuerza pública, a evitar la estigmatización de los manifestantes, a detener el uso desproporcionado de armas letales y menos letales, a evitar las detenciones ilegales y tratos inhumanos y a frenar los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En cumplimiento de la sentencia, el gobierno expidió el mencionado decreto constituido por declaraciones generales tendientes a reducir la respuesta inmediata de la policía nacional en las manifestaciones, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación entre organismos de control, autoridades, fuerza pública y manifestantes en los Puestos de Mando Unificados durante las protestas. Sin embargo, el gobierno se negó a discutir y a transformar las directrices operacionales que constituyen el marco institucional que ha posibilitado los abusos policiales violatorios del derecho constitucional a la protesta pacífica, en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con la modificación normativa anunciada el viernes, el gobierno pasa del cumplimiento insuficiente al desacato abierto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Frente a dicha conculcación de derechos, expresamos las siguientes consideraciones. La sentencia estipulaba con absoluta claridad que la reglamentación expedida para dar cumplimiento al fallo debía tener en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las recomendaciones de Naciones Unidas y las señaladas por la propia sentencia. No hay duda de que la prohibición de todos los cortes de ruta inscrita en la modificación del Decreto 003 de 2021 constituye una violación clara de dichas directrices.

La doctrina de la CIDH, que es coherente con la jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad al cual debe atenerse el gobierno colombiano, comprende los cortes de ruta como repertorio legítimo del ejercicio del derecho a la protesta. De igual forma la CIDH ha reconocido que la alteración del ejercicio del derecho de terceros producto de las protestas pacíficas hace parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. De igual forma, la CIDH ha indicado que ante la posible colisión de derechos, por ejemplo, el derecho de tránsito y el derecho de reunión, es preciso tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El gobierno nacional también ha violado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la modificación anunciada pretende delimitar por vía de un decreto un derecho constitucional, lo que solo puede hacerse a través de una ley estatutaria. Se trata, en resumidas cuentas, de una violación en diferentes niveles tanto de la Constitución Política como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En ese sentido, consideramos que la actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado de excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para este tipo de escenarios. Además, la presente criminalización del derecho a la protesta se articula con una visión estigmatizante de la conflictividad social, presente tanto en el gobierno como en la Policía Nacional, lo que configura el terreno propicio para la persistencia de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han enlutado al país en el marco de coyunturas recientes como el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las protestas populares contra la violencia policial de septiembre de 2020 y el paro nacional del 2021.

El gobierno también ha vuelto a incumplir de manera directa el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y ratificado por el Congreso de la República durante el 2016. El punto 2.2 del Acuerdo mandató la creación de un Proyecto de Ley de Garantías para la Participación y la Protesta, que tuviera como base un espacio nacional de diálogo a partir de una serie de lineamientos que incluían las garantías para la movilización y la armonización normativa para garantizar el derecho a la libertad de asociación y la protesta. A partir de una serie de encuentros, en los que participaron alrededor de 2500 personas en representación de al menos 1541 organizaciones sociales, se construyó un documento de lineamientos para la creación de dicho proyecto de ley, que el actual gobierno se empeña en desconocer. 

Por tanto, desde Democracia en Riesgo le exigimos al gobierno que desista de la anunciada modificación normativa, que avance en el cumplimiento cabal de la sentencia  STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que privilegie el diálogo social como mecanismo de respuesta a la protesta social, que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz y que rectifique su tendencia autoritaria que ha puesto en grave peligro a la democracia colombiana.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.