Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El quince de octubre pasado el Papa relanzó el Pacto Educativo Global: educar en un acto de esperanza para afrontar la pandemia. El Papa Francisco expresó: "Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de armonía social.

En septiembre del año pasado cuando se lanzó el Pacto Educativo Global nadie se imaginó la situación en la que se desarrollaría el Pacto. El contexto actual de Covid-diecinueve, ha acelerado y amplificado muchas de las emergencias y urgencias que se estaban experimentando y muchas otras se han revelado. A los graves problemas de salud se manifestaron con fuerza las desigualdades y exclusiones de millones de personas en la economía y las decisiones políticas. En este duro y complejo contexto los sistemas educativos de todo el mundo han sufrido la pandemia y han mostrado una marcada discriminación en las oportunidades educativas y tecnológicas. Datos recientes de los organismos internacionales hablan de una "catástrofe educativa”. La pandemia puede aumentar este año la brecha educativa ya alarmante con más de doscientos cincuenta millones de niños y niñas en edad escolar excluidos de toda actividad educativa.

Afirma el Papa que esta situación nos debe hacer tomar conciencia de que se necesita transformar, con mayor decisión y profundidad el actual modelo de desarrollo. Los sistemas de sociedad, los modos y estilos de vida social, económica y política, tienen a la mayor parte de los seres humanos empobrecidos y desechados y a los demás seres de la naturaleza usados y explotados.

En este contexto, el Papa señala que el poder transformador de la educación es un acto de esperanza que debe estar basado en la solidaridad y apuntar a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia y de la acumulación de poder económico y político. Y agrega: “La educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación es el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia”. Y continúa: “Para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, para que un educando piense lo que siente y lo que hace, sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa”. De esta manera, al fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las manos, la educación intelectual y socioemocional, el cultivo de los valores y las virtudes individuales y sociales, se fortalece una ciudadanía comprometida y solidaria con la justicia.”

El Pacto Educativo Global, propone siete principios orientadores: primero: la persona es el centro del proceso educativo. Segundo: escuchar la voz de los niños, niñas y jóvenes, sus sueños y cuestionamientos. Tercero: Impulsar la plena participación de las niñas en la educación. Cuarto: la familia es el primer e indispensable educador. Quinto: educar y educarnos para reconocer a los más vulnerables y marginados. Sexto: diseñar e investigar otras formas de vivir la economía, la política y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio de la humanidad. Y finalmente, el séptimo principio: salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios usando energías renovables y respetuosas del entorno natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de una economía incluyente, circular y en diálogo con las demás especies del planeta.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) preguntó a instituciones del Estado qué tienen en común los ataques violentos a excombatientes de las FARC y qué están haciendo para detenerlos. En la nota, algunos de los hechos relevantes.

Este martes 24 de noviembre, día en que se conmemoraban 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón, el partido FARC denunció el homicidio de Paula Andrea Osorio en Atrato (Chocó), con la que se cuentan 243 firmantes de la paz que han sido asesinados desde octubre de 2016. En medio de este contexto, este miércoles 25 de noviembre la JEP citó a una decena de instituciones del Estado a una audiencia pública para rendir cuentas sobre su gestión en la prevención de los homicidios y amenazas contra los excombatientes.

Durante la audiencia, el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP Giovanni Álvarez afirmó que de mantenerse la tendencia violenta “en 2024 habrán asesinado 1.600 excombatientes de las FARC”, es decir, más del 10% del total (13.394) que dejaron las armas en 2016. “Está muriendo un excombatiente de las FARC-EP cada 5 días”, aseguró Álvarez, añadiendo que dichos homicidios ocurrieron en 98 de los 565 municipios donde están asentados. 

Por su parte, la senadora Victoria Sandino reclamó por otras formas de violencia de la que son víctimas los militantes del partido, llegando a contarse 17 desapariciones forzadas y 50 tentativas de homicidio. A esta situación se añade que más de 30 familiares de excombatientes que también han sido víctimas de la violencia contra la colectividad.

El foco sobre la protección territorial y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías

En su intervención, la magistrada Reinere Jaramillo sostuvo que existen 82 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) que no tienen reconocimiento jurídico, y “más del 50% de los homicidios han ocurrido en 70 municipios donde se ubican esto asentamientos” que, como lo informó el Ministerio de Defensa, no tienen protección. Ante este cuestionamiento, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación se limitó a señalar que dichas Áreas no están en ausencia de definición porque no creen que deban tener una, en su lugar, Archila sostuvo que la pretensión con estos espacios es que “entren a formar parte del ordenamiento regular del territorio”. 

El representante por la Defensoría del Pueblo afirmó que la institución ha emitido 192 alertas tempranas, de las que 49 se refieren a riesgos diferenciales para población en proceso de reincorporación. Pero las alertas no han sido suficientes, según reconoció la vicefiscal general de la nación Martha Mancera, los resultados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en materia de protección individual “no son muy rápidos.

Más allá de la protección individual, o en términos de fuerza que puede representar un chaleco antibalas o la presencia de efectivos de la Policía Nacional en determinadas zonas, los magistrados de la JEP indagaron sobre la acción de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de desmontar aquellos grupos que atentan contra la vida de defensores de DD.HH. y excombatientes.

El alto comisionado para la paz Miguel Ceballos respondió a la pregunta afirmando que actualmente no hay una estructura jurídica en dicha Comisión que indique cuales son los grupos sucesores del paramilitarismo que están atentando contra la vida. En palabras del magistrado Gustavo Salazar, esto significa que no hay un reglamento para la operatividad de esta instancia que organizaciones de DD.HH. han identificado como clave, para avanzar hacia la consolidación de la paz.  

El magistrado Alejandro Ramellu, presidente de la sección de la JEP que citó al evento fue el encargado de cerrar la diligencia señalando que “estamos ante un enorme desafío como nación. Está en juego la implementación del Acuerdo de Paz. Pero no sólo este, sino futuros acuerdos”, razón por la que debe garantizarse la vida de quienes participan en el mismo. 

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Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creados con el Acuerdo de Paz se han convertido en uno de los pilares de la política “Paz con legalidad” del actual gobierno de Colombia. En el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo, las organizaciones sociales hacen un balance de los mismos manifestando su preocupación por la falta de participación y la ausencia de transformación en los territorios.

Con motivo del cuarto aniversario del Acuerdo de Paz, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil que hace seguimiento a los PDET convocó un balance virtual en el que participaron líderes y lideresas de los territorios priorizados para implementar este fragmento del acuerdo: El desarrollo territorial a partir de los Planes contemplados en el Acuerdo con el fin de transformar los territorios. Justamente, según los líderes, los PDET no han logrado una transformación de sus regiones, y este es uno de sus mayores reclamos pues señalan que la ejecución de los mismos se ha quedado en múltiples obras. “Los PDET son cemento y no vemos la transformación”, aseguraron en la conversación virtual el pasado 24 de noviembre.

La conversación titulada “La palabra de las organizaciones sociales sobre los PDET” fue moderada por Gloria Castrillón, periodista de El Espectador, quien recordó que en los territorios donde estaban las y los invitados al foro virtual se vive actualmente una dura situación de derechos humanos. Desde Arauca, lamentaron por ejemplo, el secuestro de varias personas, mientras otras voces recalcaron el asesinato de sus compañeros defensores de derechos humanos por desconocidos y de los campesinos a manos del Ejército, como ha sucedido este año en Catatumbo y Antioquia durante operativos de sustitución forzosa de cultivos ilícitos. 

En la charla participaron: Álvaro Arroyo del PCN y la Mesa Distrital PDET Buenaventura; Magaly Belalcázar de la  Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y Mujeres, Amazonía y Paz; Luz Mary Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz; Albert Ochoa del Espacio Regional de Paz del Cauca y Martín Sandoval de la Veeduría departamental PDET y presidente Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Arauca. Este último aseguró que en Arauca el conflicto armado ha aumentado precisamente porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz. 

Sandoval coincidió con sus colegas líderes en que no ha habido participación durante la pandemia. Alberth Ochoa aseguró que la Agencia de Renovación del Territorio asegura que sí la hay, pero que lo realizado se trata de “socializaciones que no tienen nada que ver con participación”. Albert afirmó, con molestia, que los Pdet “están jugando con nuestros sueños”. Para Magaly Belalcázar: 

“Estamos muy lejos de una implementación real y efectiva para las mujeres. Las vacas tienen más tierra que las campesinas en Caquetá y Colombia. Además, los Pdet no tienen enfoque ambiental”.

Desde Buenaventura el reclamo se dio porque, según Álvaro Arroyo, no hay una coordinación propia de pdet para el Pacífico, nos juntaron con el Cauca. Además, en la ciudad portuaria aún no han culminado la ruta de iniciativas. “Pedimos al gobierno conservar la integralidad del Acuerdo y territorial”, agregó Álvaro.

Los PDET se dedicaron al cemento, aseguró Magaly Belálcazar.  “En los informes de la Consejería de Posconflicto detallan puentes peatonales, más de 500 horas de taller y otros. Pero las mujeres rurales estamos lejos de ser reconocidas en esos Programas”.

Martín Sandoval describió su experiencia de esta manera: “Se vienen haciendo cosas (...) pero sin las comunidades. (...) La frustración ha sido grande porque la implementación de los PDET no ha tenido en cuenta a las comunidades. Llegan a una vereda con una obra que la gente ni sabe y si la comunidad crítica, pues se la llevan para otra parte”.

Las diversas organizaciones que integran la Mesa y la apoyan increparon al gobierno a garantizar la participación de las organizaciones sociales y de víctimas de los territorios, y a una apertura al diálogo para escuchar sus reclamos.

Por Katalina Vásquez. Periodista CINEP/PPP

 

El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP