El Banco de Datos de DDHH y Violencia Política presentó su informe semestral y anual sobre 2020 en la Revista Noche y Niebla No. 62 este 21 de abril dejando ver el aumento de violencias con relación al 2019, y un preocupante panorama con relación a los líderes y lideresas sociales, que fueron más asesinados y amenazados en 2020. Una mirada, también, al Pacífico caucano donde los pueblos resisten pacíficamente desde organizaciones sociales y expresiones culturales como la Caravana Fluvial por la vida.

Las violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política aumentaron en Colombia en 2020 con relación a 2019, reveló el Banco de Datos del Cinep / PPP este miércoles 21 de abril en la presentación de la Revista Noche y Niebla No. 62. El equipo de investigadores dio a a conocer además que en el segundo semestre de 2020 aumentaron los asesinatos y amenazas a líderes sociales con respecto al primer semestre de ese año

En el conversatorio y rueda de prensa virtual participaron los investigadores del Banco de Datos Javier Giraldo SJ. y Alejandro Angulo SJ., el director del Cinep/PPP Luis Guillermo Guerrero Guevara, y el líder social de Cococauca Dionisio Rodríguez Paz, quienes socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla que incluye un artículo regional sobre la costa pacífica del Cauca.

“En los últimos años el Banco ha ido analizando una metamorfosis progresiva en el campo de víctimas y victimarios (...) Las víctimas perseguidas son especialmente los liderazgos de base”, aseguró Javier Giraldo anotando que ellos y ellas carecen de reconocimiento regional o nacional.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el año pasado dio cuenta de 43 asesinatos y 15 atentados a firmantes de la paz, dejando como resultado un total de 517 victimizaciones contra el liderazgo social de base en el año. Además, el segundo semestre de este año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de DD.HH., presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66). 

De otra parte, Giraldo manifestó que en cuanto a los victimarios “estamos en una cuarta etapa de anonimato total”, en la que quienes cometen los homicidios de líderes y lideresas “son perpetradores desconocidos y eso facilita la impunidad”.  

Violaciones a Derechos Humanos 

De acuerdo con los datos reunidos por el Banco en 2020, los grupos paramilitares son los principales presuntos responsables de las violaciones a los DDHH, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos registrados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Infracciones al DIH

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), en 2020 el Banco de Datos registró 502 victimizaciones, siendo Cauca, Bogotá y Nariño los territorios más afectados con 232, 70 y 39 casos respectivamente.  

Los presuntos responsables de estas infracciones fueron, en su mayoría, los grupos guerrilleros con 235 victimizaciones, seguidos por grupos paramilitares (138), combatientes (68), el ELN (39), el Ejército Nacional (17) y el Estado Colombiano (5). 

Violencia política

El Banco de Datos tuvo información en 2020 de 836 víctimas de violencia político social, siendo los asesinatos, amenazas y lesiones físicas los principales métodos de victimización. Las regiones más afectadas fueron Cauca, con 300 victimizaciones; Nariño, con 76; Valle del Cauca, con 68; Antioquia, con 61; y Norte de Santander, con 56.

La edición N° 62 de la revista Noche y Niebla incluyó de forma específica los datos del segundo semestre del 2020, sobre los que se refirió Luis Guillermo Guerrero, al afirmar que “resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo”, evidenciado en 252 amenazas de muerte y 59 personas ejecutadas extrajudicialmente presuntamente por estos grupos entre julio y diciembre de 2020. 

Igualmente, el director de Cinep/PPP resaltó que son igualmente graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que en el mismo periodo “causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 28 personas y amenazaron de muerte a 26 más”. 

Cauca no se rinde

Guerrero también manifestó la alerta por la “crisis social y humanitaria que golpea al departamento del Cauca”, enviando un mensaje de apoyo a las comunidades tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del Resguardo de La Laguna en Caldono el pasado 20 de abril. Este hecho se suma al atentado con explosivos en el casco urbano de ese municipio el 26 de marzo pasado, y a los enfrentamientos entre Ejército y disidencias del Ejército que dejaron 12 muertos, incluyendo civiles y un soldado el 17 de abril en Argelia. 

En cuanto a la costa pacífica del Cauca (López de Micay, Guapi y Timbiquí) la situación no es menos grave. Allí la minería de oro de aluvión, las actividades de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito se han intensificado, conllevando afectaciones como la ausencia de soberanía alimentaria o la pérdida de autonomía de las comunidades.

“El narcotráfico y la minería indiscriminada, más la presencia de actores armados han causado inestabilidad en las comunidades negras y afectado su forma de resistir y existir en los territorios colectivos”, aseguró Dionisio Rodríguez de Cococauca durante la rueda de prensa. 

Estas conflictividades, han generado la agudización del conflicto armado, “la contaminación ambiental y la fragmentación del tejido social”, apuntó Rodríguez, quien también clamó por el respeto y reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas ancestrales y su derecho colectivo a la tierra, entre otras cosas. E insistió en la responsabilidad del Estado en el deterioro de la vida en Cauca y los pueblos afro, indígenas y campesinos del Cauca.

El despertar de la conciencia 

Para finalizar el evento, el sacerdote jesuita Alejandro Angulo subrayó que la buena noticia “es que existe una masa de gente que rechaza estos crímenes y los denuncia, que guarda las denuncias para que no se olviden y que tiene el valor de ir a los tribunales y presentarlas buscando justicia”. 

Para el religioso, hay un despertar de la conciencia expresado en los grupos de personas que rechazan estas formas de relaciones violentas y que reconocen “que la justicia y no la fuerza es el camino real para una sociedad amable”. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio y nuestra cultura para preservar la vida. No nos rendiremos”, aseguró Dionisio Rodríguez al despedir la conversación.

Puede consultar la revista Noche y Niebla 62 en el siguiente link: https://www.nocheyniebla.org/?p=1693 

Encuentre la Rueda de prensa y conversatorio “Cauca no se rinde” acá: 

Por: Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

El pueblo colombiano ha sufrido millones de crímenes puntuales e individuales, aunque miradas más escrutadores pueden descubrir conexidades que se multiplican y van revelando proyectos de exterminio o de neutralización más sistemáticos, que miran a modificar las fuerzas sociales y políticas en favor de intereses inconfesables.

Hay, sin embargo, casos mucho más explícitos de represión que no ocultan sus objetivos de exterminar grupos, comunidades u organizaciones enteras, o al menos reducirlas a una total impotencia, inacción o parálisis, sin ocultar los esfuerzos por cooptarlas; por transformar su naturaleza misma; por someterlas a otros parámetros de pensamiento y de acción; por forzarlas a ajustarse a las costumbres sociales y políticas del contexto; por reducirlas al statu quo.

Hace cerca de 22 años se configuró en el Urabá antioqueño una comunidad de campesinos cuyo distintivo central fue DECIRLE NO A LA GUERRA, no porque antes sus integrantes hubieran estado involucrados en ella consciente y libremente, sino porque vivían en un territorio donde imperaba el principio: “el que no está conmigo, está contra mí” y donde el campesino era forzado a colaborar con un bando o con otro o con ambos y era castigado e incluso asesinado si era descubierto en esas colaboraciones por el bando contrario. Una de las fuerzas allí implicadas era el mismo Estado, no sólo
a través de su fuerza pública sino también a través de las estructuras paramilitares, las cuales actuaban y aún hoy actúan, a la luz del día, en connivencia con las fuerzas estatales y utilizan los métodos más criminales.

La proclamación pública de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ realizada el 23 de marzo de 1997, trajo como reacción inmediata un despliegue atroz de violencia por parte del Estado y de sus estructuras paramilitares. También la guerrilla de las FARC reaccionó en un principio con violencia, si bien la inmensa mayoría de sus represalias fueron ejecutadas por un comandante de Compañía (alias ‘Samir’) quien actuó durante varios años como infiltrado del ejército, hasta su deserción de las FARC
en 2008. Desde la misma semana de su presentación pública (Semana Santa de 1997) la política de exterminio contra la Comunidad de Paz no ha cesado durante más de dos décadas transcurridas; por el contrario, se han ensayado todos los métodos conocidos de exterminio, los cuales se registran en esta publicación, siguiendo la diversidad metódica de las atrocidades y su secuencia cronológica.
De acuerdo con las categorías jurídicas mediante las cuales la comunidad internacional ha ido clasificando y graduando la gravedad de los crímenes de alcance universal, no queda duda alguna que este caso se inscribe en la modalidad de GENOCIDIO , pues toda la jurisprudencia internacional, antigua y reciente, autoriza a hacerlo. En un momento en que el Estado colombiano ha creado nuevos instrumentos de verdad y justicia y en que la comunidad internacional observa con atención la efectividad de esos instrumentos, se entrega este compendio concreto a la sociedad y
a la humanidad, conscientes como somos de que muchos episodios se escaparon del registro por múltiples razones. Al ofrecer este compendio, lo hacemos como un nuevo clamor de verdad, de justicia y de garantías de no repetición.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre de 2018

Descarga el informe aquí