Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

El Banco de Datos de DDHH y Violencia Política presentó su informe semestral y anual sobre 2020 en la Revista Noche y Niebla No. 62 este 21 de abril dejando ver el aumento de violencias con relación al 2019, y un preocupante panorama con relación a los líderes y lideresas sociales, que fueron más asesinados y amenazados en 2020. Una mirada, también, al Pacífico caucano donde los pueblos resisten pacíficamente desde organizaciones sociales y expresiones culturales como la Caravana Fluvial por la vida.

Las violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política aumentaron en Colombia en 2020 con relación a 2019, reveló el Banco de Datos del Cinep / PPP este miércoles 21 de abril en la presentación de la Revista Noche y Niebla No. 62. El equipo de investigadores dio a a conocer además que en el segundo semestre de 2020 aumentaron los asesinatos y amenazas a líderes sociales con respecto al primer semestre de ese año

En el conversatorio y rueda de prensa virtual participaron los investigadores del Banco de Datos Javier Giraldo SJ. y Alejandro Angulo SJ., el director del Cinep/PPP Luis Guillermo Guerrero Guevara, y el líder social de Cococauca Dionisio Rodríguez Paz, quienes socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla que incluye un artículo regional sobre la costa pacífica del Cauca.

“En los últimos años el Banco ha ido analizando una metamorfosis progresiva en el campo de víctimas y victimarios (...) Las víctimas perseguidas son especialmente los liderazgos de base”, aseguró Javier Giraldo anotando que ellos y ellas carecen de reconocimiento regional o nacional.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el año pasado dio cuenta de 43 asesinatos y 15 atentados a firmantes de la paz, dejando como resultado un total de 517 victimizaciones contra el liderazgo social de base en el año. Además, el segundo semestre de este año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de DD.HH., presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66). 

De otra parte, Giraldo manifestó que en cuanto a los victimarios “estamos en una cuarta etapa de anonimato total”, en la que quienes cometen los homicidios de líderes y lideresas “son perpetradores desconocidos y eso facilita la impunidad”.  

Violaciones a Derechos Humanos 

De acuerdo con los datos reunidos por el Banco en 2020, los grupos paramilitares son los principales presuntos responsables de las violaciones a los DDHH, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos registrados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Infracciones al DIH

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), en 2020 el Banco de Datos registró 502 victimizaciones, siendo Cauca, Bogotá y Nariño los territorios más afectados con 232, 70 y 39 casos respectivamente.  

Los presuntos responsables de estas infracciones fueron, en su mayoría, los grupos guerrilleros con 235 victimizaciones, seguidos por grupos paramilitares (138), combatientes (68), el ELN (39), el Ejército Nacional (17) y el Estado Colombiano (5). 

Violencia política

El Banco de Datos tuvo información en 2020 de 836 víctimas de violencia político social, siendo los asesinatos, amenazas y lesiones físicas los principales métodos de victimización. Las regiones más afectadas fueron Cauca, con 300 victimizaciones; Nariño, con 76; Valle del Cauca, con 68; Antioquia, con 61; y Norte de Santander, con 56.

La edición N° 62 de la revista Noche y Niebla incluyó de forma específica los datos del segundo semestre del 2020, sobre los que se refirió Luis Guillermo Guerrero, al afirmar que “resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo”, evidenciado en 252 amenazas de muerte y 59 personas ejecutadas extrajudicialmente presuntamente por estos grupos entre julio y diciembre de 2020. 

Igualmente, el director de Cinep/PPP resaltó que son igualmente graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que en el mismo periodo “causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 28 personas y amenazaron de muerte a 26 más”. 

Cauca no se rinde

Guerrero también manifestó la alerta por la “crisis social y humanitaria que golpea al departamento del Cauca”, enviando un mensaje de apoyo a las comunidades tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del Resguardo de La Laguna en Caldono el pasado 20 de abril. Este hecho se suma al atentado con explosivos en el casco urbano de ese municipio el 26 de marzo pasado, y a los enfrentamientos entre Ejército y disidencias del Ejército que dejaron 12 muertos, incluyendo civiles y un soldado el 17 de abril en Argelia. 

En cuanto a la costa pacífica del Cauca (López de Micay, Guapi y Timbiquí) la situación no es menos grave. Allí la minería de oro de aluvión, las actividades de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito se han intensificado, conllevando afectaciones como la ausencia de soberanía alimentaria o la pérdida de autonomía de las comunidades.

“El narcotráfico y la minería indiscriminada, más la presencia de actores armados han causado inestabilidad en las comunidades negras y afectado su forma de resistir y existir en los territorios colectivos”, aseguró Dionisio Rodríguez de Cococauca durante la rueda de prensa. 

Estas conflictividades, han generado la agudización del conflicto armado, “la contaminación ambiental y la fragmentación del tejido social”, apuntó Rodríguez, quien también clamó por el respeto y reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas ancestrales y su derecho colectivo a la tierra, entre otras cosas. E insistió en la responsabilidad del Estado en el deterioro de la vida en Cauca y los pueblos afro, indígenas y campesinos del Cauca.

El despertar de la conciencia 

Para finalizar el evento, el sacerdote jesuita Alejandro Angulo subrayó que la buena noticia “es que existe una masa de gente que rechaza estos crímenes y los denuncia, que guarda las denuncias para que no se olviden y que tiene el valor de ir a los tribunales y presentarlas buscando justicia”. 

Para el religioso, hay un despertar de la conciencia expresado en los grupos de personas que rechazan estas formas de relaciones violentas y que reconocen “que la justicia y no la fuerza es el camino real para una sociedad amable”. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio y nuestra cultura para preservar la vida. No nos rendiremos”, aseguró Dionisio Rodríguez al despedir la conversación.

Puede consultar la revista Noche y Niebla 62 en el siguiente link: https://www.nocheyniebla.org/?p=1693 

Encuentre la Rueda de prensa y conversatorio “Cauca no se rinde” acá: 

Por: Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.