Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto! En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 222 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Naciones Unidas en Colombia publicó, a finales del año pasado, el cuarto informe sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado del país, abarcando el período comprendido entre el primero de julio de dos mil dieciséis y el treinta de junio del año pasado, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Si bien ha disminuido el número total de violaciones graves contra menores, en parte por la firma del Acuerdo de Paz; sin embargo, los grupos armados existentes ampliaron su presencia territorial, incluso en zonas abandonadas por las FARC-EP, situación que continúa exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a violaciones graves, en particular al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual y restricciones al derecho a la educación. Durante estos últimos meses hemos visto, especialmente en el sur occidente del país, en Cali, en Leiva y Samaniego-Nariño, graves hechos de masacres y diversos tipos de violaciones sobre los menores y jóvenes. Presuntamente estos hechos están ligados al control del poder local y de los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico, por parte de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, el EPL o Pelusos, Los Caparrapos (anteriormente vinculados a los Gaitanistas), y las disidencias de las FARC.

El informe de Naciones Unidas expresa que esta situación se ve agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles. Pero igualmente porque las estrategias utilizadas desde los organizamos de seguridad del Estado no son eficientes ni efectivas. Y la connivencia entre sectores corruptos del Estado en todos sus estamentos y de sectores económicos con capitales ilegales, agregan a esta dinámica, el uso de la violencia como estrategia de dominación. En estos contextos los menores y adolescentes corren altos riesgos de ser reclutados y manipulados por las organizaciones armadas.

Durante el período del informe, el año dos mil dieciocho fue el que arrojó el mayor número de violaciones graves, cuatrocientos treinta, lo que supone un aumento del setenta y siete por ciento, frente al año anterior. El reclutamiento y la utilización de menores y adolescentes es la violación más destacada. Además, entre dos mil dieciséis y diecisiete, el número de menores y adolescentes desplazados disminuyó de cuarenta y un mil a treinta y nueve mil, pero en el año dos mil dieciocho aumentó a más de cincuenta y cinco mil y, durante el primer semestre del año pasado se registraron más de veinticuatro mil, cifras verdaderamente alarmantes y aterradoras.

Finalmente, el informe hace un llamado a los grupos armados para que pongan fin de inmediato a las muertes de niños, niñas y adolescentes. También insta a las partes en conflicto para que adopten medidas adicionales de protección a menores y adolescentes durante las operaciones militares, mediante el principio de precaución, y se eviten enfrentamientos en las zonas donde hay civiles y menores y se trabaje para que se ponga fin a la violencia sexual.

El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, en reciente comunicado expresó: “Rechazamos con vehemencia las masacres perpetradas contra jóvenes en Cali y Samaniego (Nariño), de ninguna manera podemos callar ante el hostigamiento y presión despiadada de los grupos armados ilegales, contralas comunidades urbanas y rurales, con lo cual limitan la libertad de nuestros pueblos, generan una anticultura de muerte y de miedo. No podemos callar ante estos grupos que torturan a campesinos, indígenas y afrocolombianos, a hombres y mujeres. No podemos callar ante las amenazas y asesinatos de reincorporados en el proceso de paz, no podemos callar cuando las fuerzas macabras pretenden destruir a sangre y fuego la esperanza de los colombianos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz