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Setenta y dos años después de la resolución de Naciones Unidas que adopta el 10 de diciembre como día internacional de los derechos humanos, la situación de Colombia es alarmante. Desde Soacha, Nariño y La Guajira, las comunidades más golpeadas nos cuentan cómo se protegen de la violencia estatal y la confrontación entre ilegales y empresas que se disputan sus territorios por la coca, el oro y el carbón en la serie radial “Datos para la construcción de memoria y verdad”. Esta primera entrega y muchos más podcast podrán ser escuchados en Spotify

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política vienen en aumento desde el primer semestre de 2019. Así lo registra el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep que semestre a semestre realiza el informe del tema de la mano de organizaciones sociales de todo el país. Tres de ellas se podrán escuchar y conocer en la primera entrega de la serie radial que se estrena en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos de Nariño, la  Mesa de organizaciones de Mujeres de Soacha y Fuerza de Mujeres Wayuú en La Guajira coinciden en su preocupación por el incremento de las violencias en contra de los líderes sociales, firmantes de paz, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defensores del medio ambiente y el Acuerdo de Paz y general de las comunidades excluidas cuyas luchas pacíficas continúan a pesar de que su vida misma está en riesgo y siendo pisoteada sin que el Estado consiga protegerles y, en muchos casos, siendo sus mismos agentes quienes violentan a las comunidades hasta la muerte. La Policía colombiana, por ejemplo, pasó a ocupar el primer lugar en responsable de violadores de derechos humanos desplazando a los paramilitares, según el informe más reciente del Banco de Datos consignado en la revista Noche y Niebla No. 61. 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para “que los gobiernos tomen medidas, y por otro [lado] que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen” (ONU). Es un día en que mundialmente se vela por el respeto, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. 

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se observan altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. La violencia contra líderes y lideresas sociales continúan escalando en medio de una alarma nacional que no logra detener la barbarie. Desde la firma del Acuerdo de Paz van más de 600 defensores de derechos humanos asesinos y más de 200 en lo que va de 2020

También son preocupantes las cifras de homicidios que revela el informe. En 2019 “el ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”. En 2020, hasta el 22 de noviembre se registraban 309 personas asesinadas en 77 masacres (Indepaz, 2020). 

Las organizaciones sociales coinciden en la urgencia de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral y sin más incumplimientos de parte del gobierno, para mitigar las violencias de las que son víctimas día a día. Desde Nariño, Camila Alvarado y Juan Pablo Córdoba exponen que la coca y el incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) les tienen sumidos en un nuevo ciclo de horror.

“El territorio de Nariño tiene ciertas condiciones geográficas que han favorecido a la siembra de cultivos ilícitos y contribuye al financiamiento de ciertos grupos ilegales. Además, es objeto de disputas territoriales entre grupos armados, la fuerza pública y empresas multinacionales, actores fundamentales en el conflicto armado y las situaciones de violencia”, asegura Camila de la Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos, una de múltiples organizaciones que se articula a la Red Nacional BanDatos liderada por el Bando de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

 

Un denominador común causante de la violencia, que evidencia la primera entrega de la serie es precisamente el control territorial por parte de grupos armados legales como el Ejército quien ha asesinado campesinos y firmantes de paz como ocurrió con Dimar Torres, o bien, por parte de empresas legales como es el caso de Cerrejón y las mineras. 

En la primera entrega de la serie radial se advierten múltiples afectaciones producto de este fenómeno las cuales varían en relación con el lugar donde se dan las disputas o el despojo. 

En la Guajira Cerrejón ha despojado a la población de sus tierras durante 40 años y, aunque se prometió progreso, hoy sigue siendo uno de los departamentos más pobres el país donde escasea el agua en parte debido a la explotación carbonífera que anualmente extrae millones de toneladas en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En La Guajira 69 mil hectáreas han sido concesionadas a la empresa privada para explotación minera. Carbones del Cerrejón Limited explota actualmente 14.493, según Noche y Niebla.

Además del despojo, la acción minera por parte de la empresa ha causado la muerte de nuestros Mayores, la pérdida de su cultura y sus prácticas ancestrales, el deterioro del medio ambiente y la salud, entre otras afectaciones”, explica Camila Peláez, integrante del semillero de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu.

                                                                                                                         

El tercer episodio hace referencia al municipio de Soacha. Por medio de las voces de Soraya Garzón y Clemencia López, integrantes de la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, se vislumbra el panorama de violencia que se vive en el territorio, el cual se caracteriza por la presencia de grupos armados ilegales, la delincuencia común y el microtráfico: 

“Pero también es un municipio que, aunque no se reconozca eso por parte de las autoridades y de la administración municipal, tiene problemáticas muy grandes en cuanto a la invasión de terrenos para viviendas informales, problemas de violencias intrafamiliar, desnutrición y desempleo”, según Soraya.

                                                                                                                       

La serie podrá ser escuchada a través de nuestras cuentas de Spotify (https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw) y SoundCloud (https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1) desde este 10 de diciembre. 

Por Daniela Ramírez. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Naciones Unidas en Colombia publicó, a finales del año pasado, el cuarto informe sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado del país, abarcando el período comprendido entre el primero de julio de dos mil dieciséis y el treinta de junio del año pasado, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Si bien ha disminuido el número total de violaciones graves contra menores, en parte por la firma del Acuerdo de Paz; sin embargo, los grupos armados existentes ampliaron su presencia territorial, incluso en zonas abandonadas por las FARC-EP, situación que continúa exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a violaciones graves, en particular al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual y restricciones al derecho a la educación. Durante estos últimos meses hemos visto, especialmente en el sur occidente del país, en Cali, en Leiva y Samaniego-Nariño, graves hechos de masacres y diversos tipos de violaciones sobre los menores y jóvenes. Presuntamente estos hechos están ligados al control del poder local y de los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico, por parte de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, el EPL o Pelusos, Los Caparrapos (anteriormente vinculados a los Gaitanistas), y las disidencias de las FARC.

El informe de Naciones Unidas expresa que esta situación se ve agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles. Pero igualmente porque las estrategias utilizadas desde los organizamos de seguridad del Estado no son eficientes ni efectivas. Y la connivencia entre sectores corruptos del Estado en todos sus estamentos y de sectores económicos con capitales ilegales, agregan a esta dinámica, el uso de la violencia como estrategia de dominación. En estos contextos los menores y adolescentes corren altos riesgos de ser reclutados y manipulados por las organizaciones armadas.

Durante el período del informe, el año dos mil dieciocho fue el que arrojó el mayor número de violaciones graves, cuatrocientos treinta, lo que supone un aumento del setenta y siete por ciento, frente al año anterior. El reclutamiento y la utilización de menores y adolescentes es la violación más destacada. Además, entre dos mil dieciséis y diecisiete, el número de menores y adolescentes desplazados disminuyó de cuarenta y un mil a treinta y nueve mil, pero en el año dos mil dieciocho aumentó a más de cincuenta y cinco mil y, durante el primer semestre del año pasado se registraron más de veinticuatro mil, cifras verdaderamente alarmantes y aterradoras.

Finalmente, el informe hace un llamado a los grupos armados para que pongan fin de inmediato a las muertes de niños, niñas y adolescentes. También insta a las partes en conflicto para que adopten medidas adicionales de protección a menores y adolescentes durante las operaciones militares, mediante el principio de precaución, y se eviten enfrentamientos en las zonas donde hay civiles y menores y se trabaje para que se ponga fin a la violencia sexual.

El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, en reciente comunicado expresó: “Rechazamos con vehemencia las masacres perpetradas contra jóvenes en Cali y Samaniego (Nariño), de ninguna manera podemos callar ante el hostigamiento y presión despiadada de los grupos armados ilegales, contralas comunidades urbanas y rurales, con lo cual limitan la libertad de nuestros pueblos, generan una anticultura de muerte y de miedo. No podemos callar ante estos grupos que torturan a campesinos, indígenas y afrocolombianos, a hombres y mujeres. No podemos callar ante las amenazas y asesinatos de reincorporados en el proceso de paz, no podemos callar cuando las fuerzas macabras pretenden destruir a sangre y fuego la esperanza de los colombianos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

“Personas desconocidas asesinaron, con arma de fuego, a Carlos Augusto Panesso, cuando salía su casa.

Carlos Augusto era un reconocido líder de la comunidad LGTBI y miembro activo de la Fundación Arco Iris de Tumaco.

Además, estaba en Tumaco como desplazado. Este es el segundo hecho ocurrido en la misma semana contra miembros de la comunidad LGTBI”.

 Memorias para la Vida y la Paz, Tumaco, Nariño, 2017. 

En el marco del conversatorio Situación de Derechos Humanos en el departamento de Nariño, Cinep/Programa por la Paz entrega y socializa Memorias para la Vida y la Paz, una línea de tiempo que busca “hacer un homenaje y reconocimiento a la vida de tantos hombres y mujeres que lucharon por tener mejores condiciones de vida, lograr el cumplimiento de sus derechos y construir la paz”. Este trabajo fue realizado en el marco del convenio Construyendo Paz con equidad desde Nariño, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Memorias para la vida y la paz reconstruye la victimización sufrida por la población civil y permite demostrar cómo estas dinámicas no son recientes en el departamento. Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, “desde mediados de los años 90 se ha mostrado esta situación de victimización - asesinatos, heridas, secuestros, desapariciones o desplazamientos forzosos, etc.- en Nariño con unos picos grandísimos en los años 2000 y 2006; pero que vienen todavía incrementándose hasta llegar al año 2012, donde hay un mayor grado de victimización hasta llegar un punto de 415 víctimas”.  

A pesar de que antes y al inicio del Proceso de Paz en la Habana se dio un incremento en las victimizaciones, durante la negociación hubo una disminución de esta, que se volvió a incrementar tras la firma del Acuerdo de Paz. Según Sarmiento, este aumento “hace parte de este proceso de victimización de líderes sociales en el país”.

La información de esta línea de tiempo recoge las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En el proceso no se involucraron organizaciones de derechos humanos del territorio debido a las implicaciones de seguridad, como lo comenta Sarmiento: “nosotros no pusimos logos de organizaciones, redes o plataformas con las que nosotros trabajamos en el territorio; pusimos solamente los logos nuestros y de organizaciones internacionales porque nosotros podemos decir que tenemos esta información. Eso con el sentido de no comprometer a la gente en el territorio”.

La línea se divide en tres aspectos: cronología, georreferencia y tipología. En el primer aspecto, como lo dice Alejandro Angulo, S.J., “la inseguridad producida por este Estado de guerra crece con el transcurso del tiempo: en el primer decenio, el promedio de civiles victimizados fue de 22, en el segundo decenio, 175, y en el tercer período, que solo cubre 7 años, el promedio asciende a 243”. Por su parte, en la georreferencia, Camilo Hernández, investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, determina que el principal escenario de la guerra en los últimos 25 años se da en la zona pacífica, especialmente, en el municipio de Tumaco con más de 311 hechos y 430 víctimas. En cuanto a la tipología de la victimización, como se ve en la gráfica, se encuentran cuatro motivos principales: la violencia político-social, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y acciones bélicas.

 

 

Para Sarmiento, la violencia político-social y las infracciones al DIH son las más preocupantes. La primera, porque “son líderes comprometidos en procesos sociales-políticos en el territorio y por tales razones los persiguen y esa victimización se presenta más en particular a partir del año 2000 hacia adelante” y, la segunda, debido a que es “accionar propio de los actores armados en el territorio”.

Esta lectura se relaciona con la encontrada en la línea de tiempo, en la cual, Yebrail Álvarez, analista del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, expone que “los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales y campesinas denuncian que las autoridades civiles, militares y policiales no están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades, asimismo denuncian las acciones desarticuladas entre dichas autoridades, los organismos de control y las instancias de justicia”.

Esta línea de tiempo apunta a un proyecto mucho mayor por parte de la coordinación de los equipos Iniciativas de Paz y Derechos Humanos del Cinep/PPP. según informa Fernando Sarmiento “una de las cosas que queremos hacer con las organizaciones es documentar toda esta información. Entonces nos toca ponernos de acuerdo para lograr una articulación o coordinación y así conocer los casos, documentarlos, registrarlos,  darlos a conocer e informar sobre la situación en el departamento”.

Además de crear esta articulación, Sarmiento considera necesario lograr una sostenibilidad en el tiempo por medio de una estructura organizativa debido a que “aunque estamos en un proceso de implementación de un Acuerdo de Paz, lo que estamos viendo es que la violencia, especialmente sobre sociedad civil y los líderes, está incrementándose”. Es necesario crear estrategias de coordinación con instancias gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de “entregar una información sólida y mucho más actualizada”.

“Allá en el departamento hay un gran interés, las organizaciones con las que hemos hablado de derechos humanos están dispuestas a trabajar por este tema y sobre todo informar”, asegura Sarmiento. Y aclara que adicional a recoger la información, la idea es presentarla a la Comisión de la Verdad, como ya se hizo con la línea de tiempo Memorias para la Vida y la Paz.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones

En este programa presentamos una radiografía de la situación actual de Nariño de cara a la implementación de los acuerdos de la Habana. Adicionalmente, se describe de manera general el territorio y se presentan los retos y oportunidades de la región en el posacuerdo.

Los invitados de este programa fueron:

 

Durante los días 12 y 13 de diciembre se realizó en la ciudad de Pasto el 2° Foro Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, retos para la paz territorial.

La primera jornada invitó a los asistentes a dialogar en torno a la realidad  del departamento, a través de las acciones y resultados concretos en los territorios. Con la exposición de las experiencias de agendas de paz adelantadas por las comunidades y organizaciones sociales en algunos municipios de Nariño, se conocieron las apuestas para la construcción de paz.

Las agendas de paz son propuestas que se generan directamente desde los territorios, iniciativas que surgen de las comunidades. Para Javier Dorado, miembro de la Minga por la Paz de Nariño “la importancia de estas iniciativas es que se socializan, se comparten y a su vez exigen al gobierno que los componentes de estas agendas de paz sean parte de las negociaciones”.

Actualmente la Minga por Paz de Nariño tiene siete propuestas, de las que se destaca el escenario que se está desarrollando en el municipio de Samaniego con la Universidad para la Paz, a través de la propuesta de educación alternativa, sin embargo la propuesta más significativa por el impacto que ha desarrollado es el lanzamiento del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el municipio de San Pablo.

Durante la segunda jornada del Foro, se pusieron en mesas de discusión tres temas fundamentales para pensar la construcción de paz en Nariño: Acceso y uso de la tierra, participación política y sustitución de cultivos de uso ilícito. Frente al tema del acceso a la tierra se resalta el cuidado del agua y las afectaciones a las comunidades por el ingreso de megaproyectos a los territorios “La gran minería y agronegocios despojan de la tierra y el territorio a los campesinos de una alternativa de susbsistencia a largo plazo para sus familias”, afirmó Duby Ordónez, lideresa de San Pablo y representante de la Fundación Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA. Con respecto a la sustitución de cultivos de usos ilícito los participantes identificaron los principales obstáculos presentes en el departamento para la implementación de programas para la sustitución de cultivos. Con respecto eje  de la participación política en el departamento de Nariño se hizo especial énfasis en las características del sistema político actual que impiden el ejercicio pleno de participación por parte de los ciudadanos, ciudadanas y sus comunidades.