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Advertencia

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Tras múltiples homicidios, amenazas, desapariciones, torturas, desplazamientos, confinamientos, retenciones, violencias sexuales, reclutamiento y utilización de niños en la guerra, y otras afectaciones por el conflicto armado que se recrudece en el sur del país, la sociedad civil de Nariño exige a los actores armados el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias y al gobierno impulsar diálogos urgentes para un Acuerdo Humanitario.

Consideraciones

La sociedad civil del departamento de Nariño y las organizaciones étnico-territoriales, mestizas y campesinas agobiadas por las graves y constantes afectaciones en las comunidades y sus territorios en razón al conflicto armado, previendo la necesidad de proteger los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos de la Ley 89 de 1890, Ley 70 de 1993 y los Tratados y estándares internacionales de Derechos Humanos y, promoviendo la necesidad de aplicar urgentemente el Derecho Internacional Humanitario, presentan la siguiente propuesta:

Principios Humanitarios

  1. Respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
  2. Respeto a la autonomía territorial y sus formas de gobierno.
  3. Implementación del enfoque étnico-territorial y del enfoque diferencial.
  4. Respeto de bienes civiles, sociales y de las fuentes de supervivencia económica. 

Contexto

En el marco del contexto de los últimos cuatro años, se ha presentado una continua violación de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario generando entre otras, homicidios selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, torturas, homicidios de autoridades étnicas, líderes sociales y comunales, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones de la libre movilidad, retenciones ilegales, violencia basada en género, violencia sexual, agresión sexual, abuso sexual, contaminación por uso de armas no convencionales, reclutamiento y utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y afectaciones a la población civil por erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito.

Esta situación se ha exacerbado por reconfiguración del conflicto armado en el país, especialmente en el Departamento, lo cual ha propiciado la presencia de múltiples actores armados en el territorio como la Fuerza Pública, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, las FARC-EP, los AGC-Contadores, los grupos sucesores del paramilitarismo y otros actores armados.

Este panorama ha permitido además la expansión del accionar armado y la afectación de la población civil en Nariño. En este sentido, persiste la vulneración de los derechos de las mujeres y el impacto diferenciado de la violencia sexual hacia las mujeres negras, indígenas, mestizas, campesinas y de la población LGTBI.

De igual forma, se presenta una dinámica creciente de economías extractivas y de explotación de los recursos naturales del territorio lo que afecta la sostenibilidad ambiental y la pervivencia de las comunidades étnicas.

La falta de inversiones y el abandono en estos territorios ha llevado a que miles de familias recurran al cultivo de hoja de coca, como mecanismo de subsistencia, lo cual ha traído enormes problemas a las comunidades y sus territorios. En respuesta a esta problemática, la región ha vivido un gran incremento de la presencia militar estatal, lo cual intensifica la violencia y sus consecuencias en contra de la población civil.

En razón a lo anterior, se evidencian múltiples afectaciones a la población civil del Departamento limitando el derecho a la participación, propiciando el menoscabo de la autonomía, cultura y territorio de comunidades indígenas, negras, mestizas y campesinas en Nariño y afectando el tejido organizativo y social.

Propuesta de la sociedad civil para un Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Nariño

Esta propuesta tiene como objetivo lograr un cumplimiento unilateral e irrenunciable de las obligaciones humanitarias de los actores del conflicto armado atendiendo a la realidad territorial y respetando los elementos propios de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas en Nariño desde una lógica étnico-territorial diferenciada.

Es así, como se presentan unos principios y acciones humanitarias mínimas demandables a los actores armados que permitan sustraer a la población civil de los efectos del conflicto.

A.    PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL Y DE LOS BIENES CIVILES, SOCIALES Y FUENTES DE SUPERVIVENCIA ECONÓMICA.

  1. Respetar la vida, integridad y libertad de la población civil, líderes y lideresas y defensores de derechos humanos.

  2. Abstenerse de llevar a cabo prácticas de desaparición forzada, de retenciones ilegales y/o privaciones arbitrarias de la libertad.

  3. Abstenerse de realizar actos de violencia sexual y/o cualquier otro acto que implique afectaciones a la integridad de la población civil, especialmente del uso de su cuerpo como arma de guerra.

  4. Respetar los bienes civiles, sociales y fuentes de supervivencia económica como viviendas, escuelas, casas y tiendas comunitarias, lugares de prácticas tradicionales, lugares sagrados y de culto, lugares de producción y/o bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, vehículos para el transporte terrestre, fluvial o marítimo y todos aquellos bienes que se destinen al uso civil. En la misma medida, respetar el medio ambiente como fuente de supervivencia de la población civil.

  5. Respetar las misiones humanitarias y sanitarias así como a sus bienes, centros de salud y personal médico, instalaciones, unidades y medios de transporte destinados a tareas sanitarias, misiones médicas, sanitarias o de cualquier otro instrumento de ayuda o de asistencia humanitaria.

B.    RESPETO A LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES.

  1. Abstenerse de ejercer cualquier tipo de ataque contra las comunidades, autoridades étnicas tradicionales y/o ancestrales del territorio.
  2. Respetar las actividades organizativas de Consejos Comunitarios, Resguardos y Cabildos Indígenas, comunidades indígenas y negras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y en general todas aquellas actividades y dinámicas de autonomía territorial.
  3. Respetar la integridad, autonomía y el gobierno propio de las comunidades étnicas tradicionales y ancestrales del territorio.
  4. No establecer objetivos militares, bienes o instalaciones militares en proximidades a bienes civiles, zonas pobladas, parcelas individuales o familiares y/o lugares de alta afluencia Esto incluye evitar su proximidad y abstenerse de realizar operaciones militares o ataques militares dentro de dichos territorios.
  5. No realizar ataques indiscriminados como bombardeos y otras acciones militares que puedan afectar a la población civil de forma directa o indirecta y en ese sentido respetar los condicionamientos humanitarios y los principios de proporcionalidad, precaución y distinción.
  6. Respetar la sagralidad de los territorios colectivos y ancestrales como resguardos indígenas, consejos comunitarios y territorios campesinos y en este sentido no intervenirlos o hacer uso de ellos como medio para para desenvolver el conflicto armado o para ejecutar operaciones o acciones militares.
  7. No realizar acciones que cambien o alteren las vocaciones productivas de las comunidades y que alteren las actividades o fuentes destinadas al desarrollo y la pervivencia de las mismas.

C.    PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL.

  1. Proscribir todos los actos de violencia en razón al conflicto que afecten la vida e integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI y de las comunidades étnicas.

  2. Cesar cualquier acto de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, miembros de las comunidades indígenas, negras, mestizas y campesinas, y miembros de las comunidades LGBTI. 

  3. Abstenerse de realizar actos de violencia sexual, explotación sexual, abuso sexual y/o cualquier otro acto que implique el uso del cuerpo de la mujer como instrumento de

  4. Abstenerse de ejecutar actos de violencia económica, social, cultural y cualquier otro acto que suponga la destrucción del conocimiento ancestral de las

  5. No impedir el retorno de los derechos de propiedad de las tierras a las mujeres por desplazamiento y/o cualquier otro acto de violencia vivida en los territorios ancestrales y

  6. Propiciar reparaciones individuales y colectivas hacia las mujeres por las pérdidas espirituales, humanas, territoriales y económicas vividas en razón del

D.    RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

  1. Proscribir el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y
  2. Finalizar la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, así como su presencia en zonas o campamentos

E.     RESPETO A LA LIBRE MOVILIDAD.

  1. Abstenerse de realizar acciones que afecten la libre movilidad de la población civil y/o acciones como desplazamientos, confinamientos, hostigamientos, bloqueos, asedios y cualquier otro tipo de restricción de movilidad o locomoción.

F.     PREVENCIÓN EN EL USO DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR.

  1. Abstenerse de usar armas, métodos y medios no convencionales en ninguna parte del territorio, entre ellas cilindros bomba, tatucos, minas antipersonal, armas trampa y/o cualquier otro artefacto que pueda afectar la vida e integridad de la población civil de forma directa o indirecta.
  2. Adelantar acciones de desminado humanitario en el entorno de las comunidades, escuelas y caminos veredales, ríos, bienes de carácter civil, social y/o bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

G.    CESE AL FUEGO BILATERAL Y SALIDA POLÍTICA Y NEGOCIADA DEL CONFLICTO.

  1. Propender por la convergencia de voluntades para lograr un cese al fuego multilateral que permita el escalamiento humanitario en la región.
  2. Minimizar los impactos del conflicto armado en la población civil y en ese sentido, retomar de manera urgente e inmediata los diálogos entre actores armados para la salida pacífica, política y negociada del conflicto.

H.    NO INCENTIVAR LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO.

  1. Permitir la implementación integral del Acuerdo Final, así como del contenido del Punto 4 del mismo, especialmente en lo referente a los pactos adelantados para el territorio de acuerdo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y de las actividades de sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito con las autoridades étnico territoriales.
  2. Abstenerse de promover, incentivar o sembrar cultivos de uso ilícito, así como otros cultivos o actividades que vayan en detrimento y afecten la autonomía territorial, identidad cultural y propiedades colectivas de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas.

Seguimiento y Verificación

Para el presente Acuerdo se propone que se constituya un comité de seguimiento y verificación el cual estará integrado por quienes suscriben el mismo en articulación con la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz y que cuente con el acompañamiento de organismos multilaterales y otras organizaciones e instituciones garantes y acompañantes que hacen presencia en el territorio.

Suscriben la presente propuesta,

Mesa Interétnica de Nariño                                                           

Consejo Comunitario Acapa

Palenque Afro Urbano                                                             

Consejo Comunitario Alto Mira Palenke Currulao de Nariño                                                      

Consejo Comunitario Rio Rosario

Agencia de Desarrollo del Pazcifico                                          

Red del Pacífico Nariñense- REDHPANA

Mesa Municipal de Mujeres Voces del Pacifico

Asociación de Lideresas del Pacifico Nariñense Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera

ABC Pacifico                                                                      

Resguardo Piguanbi Palangala Federación Comunal de Nariño                                                           

Pueblo Indígena Esperara Siapidara- ASIESNA

Asociación Porvenir Campesino -ASOPORCA                                   

Federación de Pescadores Artesanales Organización Biopacífico Colombia                                                             

Fundación Arcoíris

Red de Consejos Comunitarios del Pacifico -RECOMPAS                   

Red de Pobladores del Alto Patía- ASOPATÍA

Acompañan la presente propuesta,

Expresidente Ernesto Samper                                                                

Senador Antonio Sanguino

Senador Roy Barreras                                                                 

Senador Guillermo García Realpe

Senador Iván Cepeda                                                                  

Senadora Ángela María Robledo

Senadora Sandra Ramírez                                                                   

Senador Pablo Catatumbo

Senadora Aida Avella                                                                 

Representante María José Pizarro

Corporación Vivamos Humanos MamaCoca

Asociación de Municipios de la Costa Pacífica Sur- ASOMPAS

Resguardo Magui del Pueblo Awá del Municipio de Ricaurte

Red de Acueductos Comunitarios de Arboleda-Nariño

Personería de El Charco

Gobernación de Nariño- Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos

Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Nariño

Red de Programas de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ

Partido Comunes Nariño

Comité Agrario del Movimiento Campesino El Peñol Personería de Leiva

Personería de Policarpa                                                                        

Personería de Tumaco

Personería de Santa Bárbara                                                                   

Personería de El Rosario

Personería de Francisco Pizarro                                                                   

Personería de La Tola

Alcaldía de Cumbitara                                                                        

Personería de Cumbitara

Alcaldía Olaya Herrera                                                                       

Alcaldía de Santa Bárbara

Alcaldía de Mallama                                                                           

Alcaldía Roberto Payán Secretaría de Gobierno- Alcaldía de Policarpa                                                         

Coordinación Nacional Agraria- Nariño

Comité de Integración del Macizo Colombiano- CIMA Nariño

Territorio Campesino Agroalimentario de Norte de Nariño- Sur del Cauca

Movimiento Étnico Estudiantil Unidos por el Pacífico -META

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos- CPDH-Nariño

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda                       

Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño

Grupo Nariño Humanitario (Campaña Colombiana contra Minas, Fight for Humanity, Compromiso Humano, Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS)

Cofundadora de la Red Departamental de Mujeres

Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEUU

TELEMBI PACUAL Corrientes de Vida y Paz(UNIPA Telembi, Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, Consejería de Mujeres Indígenas, Movimiento Juvenil 15 de Agosto, Bernardo Erazo Consejo Departamental de Paz, Consejería de la mujer AWA indígena del Sandé)

Coordinación Territorial Tumaco Comisión de la Verdad

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz- INDEPAZ

Rodeemos el Diálogo

Representante Legal Iglesia Cristiana Pacto con Dios                        

Representante Legal de la Iglesia de Cristo Bet-EL Ministerio Bajo el Poder del Espíritu Santo                                                 

Asociación Colombia Profunda

Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar

Asociación de Parceleros del Toco- ASOCOMPARTO SOGUAMAR

Asociación de campesinos víctimas del conflicto armado de Aguas Blancas y Mariangola A

Asociación para el desarrollo de la mujer campesina Corporación para el Desarrollo Regional

MOVICE Capítulo Atlántico

Fundación Campesino Afrovíctimas del Cesar

Ruta Pacífica Valle del Cuca

ASODEMCUR

ENDA-Colombia

Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar ASCOCAMTICE

Comité Cívico por la defensa del agua, el territorio y los ecosistemas de Curumaní

Red de Derechos Humanos del Putumayo de Piamonte, Cauca y Cofanía

Jardines de Sucumbíos-Ipiales Nariño

Corporación para Educación y Autogestión Ciudadana- CEAC

Colectivo de Paz

Unión de Ciudadanas de Colombia

Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda         

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-WOLA

Fundación Sol y Tierra                                                           

Martha Burbano: Santamaría Fundación

Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino ORDEURCA

Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja- CREDHOS

Mesa Departamental de Mujeres de Nariño

Corporación Nibaru

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -REINICIAR

Consejo de Paz del municipio de Samaniego

 

A continuación el comunicado:

 

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Setenta y dos años después de la resolución de Naciones Unidas que adopta el 10 de diciembre como día internacional de los derechos humanos, la situación de Colombia es alarmante. Desde Soacha, Nariño y La Guajira, las comunidades más golpeadas nos cuentan cómo se protegen de la violencia estatal y la confrontación entre ilegales y empresas que se disputan sus territorios por la coca, el oro y el carbón en la serie radial “Datos para la construcción de memoria y verdad”. Esta primera entrega y muchos más podcast podrán ser escuchados en Spotify

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política vienen en aumento desde el primer semestre de 2019. Así lo registra el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep que semestre a semestre realiza el informe del tema de la mano de organizaciones sociales de todo el país. Tres de ellas se podrán escuchar y conocer en la primera entrega de la serie radial que se estrena en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos de Nariño, la  Mesa de organizaciones de Mujeres de Soacha y Fuerza de Mujeres Wayuú en La Guajira coinciden en su preocupación por el incremento de las violencias en contra de los líderes sociales, firmantes de paz, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defensores del medio ambiente y el Acuerdo de Paz y general de las comunidades excluidas cuyas luchas pacíficas continúan a pesar de que su vida misma está en riesgo y siendo pisoteada sin que el Estado consiga protegerles y, en muchos casos, siendo sus mismos agentes quienes violentan a las comunidades hasta la muerte. La Policía colombiana, por ejemplo, pasó a ocupar el primer lugar en responsable de violadores de derechos humanos desplazando a los paramilitares, según el informe más reciente del Banco de Datos consignado en la revista Noche y Niebla No. 61. 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para “que los gobiernos tomen medidas, y por otro [lado] que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen” (ONU). Es un día en que mundialmente se vela por el respeto, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. 

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se observan altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. La violencia contra líderes y lideresas sociales continúan escalando en medio de una alarma nacional que no logra detener la barbarie. Desde la firma del Acuerdo de Paz van más de 600 defensores de derechos humanos asesinos y más de 200 en lo que va de 2020

También son preocupantes las cifras de homicidios que revela el informe. En 2019 “el ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”. En 2020, hasta el 22 de noviembre se registraban 309 personas asesinadas en 77 masacres (Indepaz, 2020). 

Las organizaciones sociales coinciden en la urgencia de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral y sin más incumplimientos de parte del gobierno, para mitigar las violencias de las que son víctimas día a día. Desde Nariño, Camila Alvarado y Juan Pablo Córdoba exponen que la coca y el incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) les tienen sumidos en un nuevo ciclo de horror.

“El territorio de Nariño tiene ciertas condiciones geográficas que han favorecido a la siembra de cultivos ilícitos y contribuye al financiamiento de ciertos grupos ilegales. Además, es objeto de disputas territoriales entre grupos armados, la fuerza pública y empresas multinacionales, actores fundamentales en el conflicto armado y las situaciones de violencia”, asegura Camila de la Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos, una de múltiples organizaciones que se articula a la Red Nacional BanDatos liderada por el Bando de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

 

Un denominador común causante de la violencia, que evidencia la primera entrega de la serie es precisamente el control territorial por parte de grupos armados legales como el Ejército quien ha asesinado campesinos y firmantes de paz como ocurrió con Dimar Torres, o bien, por parte de empresas legales como es el caso de Cerrejón y las mineras. 

En la primera entrega de la serie radial se advierten múltiples afectaciones producto de este fenómeno las cuales varían en relación con el lugar donde se dan las disputas o el despojo. 

En la Guajira Cerrejón ha despojado a la población de sus tierras durante 40 años y, aunque se prometió progreso, hoy sigue siendo uno de los departamentos más pobres el país donde escasea el agua en parte debido a la explotación carbonífera que anualmente extrae millones de toneladas en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En La Guajira 69 mil hectáreas han sido concesionadas a la empresa privada para explotación minera. Carbones del Cerrejón Limited explota actualmente 14.493, según Noche y Niebla.

Además del despojo, la acción minera por parte de la empresa ha causado la muerte de nuestros Mayores, la pérdida de su cultura y sus prácticas ancestrales, el deterioro del medio ambiente y la salud, entre otras afectaciones”, explica Camila Peláez, integrante del semillero de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu.

                                                                                                                         

El tercer episodio hace referencia al municipio de Soacha. Por medio de las voces de Soraya Garzón y Clemencia López, integrantes de la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, se vislumbra el panorama de violencia que se vive en el territorio, el cual se caracteriza por la presencia de grupos armados ilegales, la delincuencia común y el microtráfico: 

“Pero también es un municipio que, aunque no se reconozca eso por parte de las autoridades y de la administración municipal, tiene problemáticas muy grandes en cuanto a la invasión de terrenos para viviendas informales, problemas de violencias intrafamiliar, desnutrición y desempleo”, según Soraya.

                                                                                                                       

La serie podrá ser escuchada a través de nuestras cuentas de Spotify (https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw) y SoundCloud (https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1) desde este 10 de diciembre. 

Por Daniela Ramírez. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Naciones Unidas en Colombia publicó, a finales del año pasado, el cuarto informe sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado del país, abarcando el período comprendido entre el primero de julio de dos mil dieciséis y el treinta de junio del año pasado, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Si bien ha disminuido el número total de violaciones graves contra menores, en parte por la firma del Acuerdo de Paz; sin embargo, los grupos armados existentes ampliaron su presencia territorial, incluso en zonas abandonadas por las FARC-EP, situación que continúa exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a violaciones graves, en particular al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual y restricciones al derecho a la educación. Durante estos últimos meses hemos visto, especialmente en el sur occidente del país, en Cali, en Leiva y Samaniego-Nariño, graves hechos de masacres y diversos tipos de violaciones sobre los menores y jóvenes. Presuntamente estos hechos están ligados al control del poder local y de los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico, por parte de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, el EPL o Pelusos, Los Caparrapos (anteriormente vinculados a los Gaitanistas), y las disidencias de las FARC.

El informe de Naciones Unidas expresa que esta situación se ve agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles. Pero igualmente porque las estrategias utilizadas desde los organizamos de seguridad del Estado no son eficientes ni efectivas. Y la connivencia entre sectores corruptos del Estado en todos sus estamentos y de sectores económicos con capitales ilegales, agregan a esta dinámica, el uso de la violencia como estrategia de dominación. En estos contextos los menores y adolescentes corren altos riesgos de ser reclutados y manipulados por las organizaciones armadas.

Durante el período del informe, el año dos mil dieciocho fue el que arrojó el mayor número de violaciones graves, cuatrocientos treinta, lo que supone un aumento del setenta y siete por ciento, frente al año anterior. El reclutamiento y la utilización de menores y adolescentes es la violación más destacada. Además, entre dos mil dieciséis y diecisiete, el número de menores y adolescentes desplazados disminuyó de cuarenta y un mil a treinta y nueve mil, pero en el año dos mil dieciocho aumentó a más de cincuenta y cinco mil y, durante el primer semestre del año pasado se registraron más de veinticuatro mil, cifras verdaderamente alarmantes y aterradoras.

Finalmente, el informe hace un llamado a los grupos armados para que pongan fin de inmediato a las muertes de niños, niñas y adolescentes. También insta a las partes en conflicto para que adopten medidas adicionales de protección a menores y adolescentes durante las operaciones militares, mediante el principio de precaución, y se eviten enfrentamientos en las zonas donde hay civiles y menores y se trabaje para que se ponga fin a la violencia sexual.

El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, en reciente comunicado expresó: “Rechazamos con vehemencia las masacres perpetradas contra jóvenes en Cali y Samaniego (Nariño), de ninguna manera podemos callar ante el hostigamiento y presión despiadada de los grupos armados ilegales, contralas comunidades urbanas y rurales, con lo cual limitan la libertad de nuestros pueblos, generan una anticultura de muerte y de miedo. No podemos callar ante estos grupos que torturan a campesinos, indígenas y afrocolombianos, a hombres y mujeres. No podemos callar ante las amenazas y asesinatos de reincorporados en el proceso de paz, no podemos callar cuando las fuerzas macabras pretenden destruir a sangre y fuego la esperanza de los colombianos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

“Personas desconocidas asesinaron, con arma de fuego, a Carlos Augusto Panesso, cuando salía su casa.

Carlos Augusto era un reconocido líder de la comunidad LGTBI y miembro activo de la Fundación Arco Iris de Tumaco.

Además, estaba en Tumaco como desplazado. Este es el segundo hecho ocurrido en la misma semana contra miembros de la comunidad LGTBI”.

 Memorias para la Vida y la Paz, Tumaco, Nariño, 2017. 

En el marco del conversatorio Situación de Derechos Humanos en el departamento de Nariño, Cinep/Programa por la Paz entrega y socializa Memorias para la Vida y la Paz, una línea de tiempo que busca “hacer un homenaje y reconocimiento a la vida de tantos hombres y mujeres que lucharon por tener mejores condiciones de vida, lograr el cumplimiento de sus derechos y construir la paz”. Este trabajo fue realizado en el marco del convenio Construyendo Paz con equidad desde Nariño, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Memorias para la vida y la paz reconstruye la victimización sufrida por la población civil y permite demostrar cómo estas dinámicas no son recientes en el departamento. Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, “desde mediados de los años 90 se ha mostrado esta situación de victimización - asesinatos, heridas, secuestros, desapariciones o desplazamientos forzosos, etc.- en Nariño con unos picos grandísimos en los años 2000 y 2006; pero que vienen todavía incrementándose hasta llegar al año 2012, donde hay un mayor grado de victimización hasta llegar un punto de 415 víctimas”.  

A pesar de que antes y al inicio del Proceso de Paz en la Habana se dio un incremento en las victimizaciones, durante la negociación hubo una disminución de esta, que se volvió a incrementar tras la firma del Acuerdo de Paz. Según Sarmiento, este aumento “hace parte de este proceso de victimización de líderes sociales en el país”.

La información de esta línea de tiempo recoge las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En el proceso no se involucraron organizaciones de derechos humanos del territorio debido a las implicaciones de seguridad, como lo comenta Sarmiento: “nosotros no pusimos logos de organizaciones, redes o plataformas con las que nosotros trabajamos en el territorio; pusimos solamente los logos nuestros y de organizaciones internacionales porque nosotros podemos decir que tenemos esta información. Eso con el sentido de no comprometer a la gente en el territorio”.

La línea se divide en tres aspectos: cronología, georreferencia y tipología. En el primer aspecto, como lo dice Alejandro Angulo, S.J., “la inseguridad producida por este Estado de guerra crece con el transcurso del tiempo: en el primer decenio, el promedio de civiles victimizados fue de 22, en el segundo decenio, 175, y en el tercer período, que solo cubre 7 años, el promedio asciende a 243”. Por su parte, en la georreferencia, Camilo Hernández, investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, determina que el principal escenario de la guerra en los últimos 25 años se da en la zona pacífica, especialmente, en el municipio de Tumaco con más de 311 hechos y 430 víctimas. En cuanto a la tipología de la victimización, como se ve en la gráfica, se encuentran cuatro motivos principales: la violencia político-social, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y acciones bélicas.

 

 

Para Sarmiento, la violencia político-social y las infracciones al DIH son las más preocupantes. La primera, porque “son líderes comprometidos en procesos sociales-políticos en el territorio y por tales razones los persiguen y esa victimización se presenta más en particular a partir del año 2000 hacia adelante” y, la segunda, debido a que es “accionar propio de los actores armados en el territorio”.

Esta lectura se relaciona con la encontrada en la línea de tiempo, en la cual, Yebrail Álvarez, analista del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, expone que “los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales y campesinas denuncian que las autoridades civiles, militares y policiales no están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades, asimismo denuncian las acciones desarticuladas entre dichas autoridades, los organismos de control y las instancias de justicia”.

Esta línea de tiempo apunta a un proyecto mucho mayor por parte de la coordinación de los equipos Iniciativas de Paz y Derechos Humanos del Cinep/PPP. según informa Fernando Sarmiento “una de las cosas que queremos hacer con las organizaciones es documentar toda esta información. Entonces nos toca ponernos de acuerdo para lograr una articulación o coordinación y así conocer los casos, documentarlos, registrarlos,  darlos a conocer e informar sobre la situación en el departamento”.

Además de crear esta articulación, Sarmiento considera necesario lograr una sostenibilidad en el tiempo por medio de una estructura organizativa debido a que “aunque estamos en un proceso de implementación de un Acuerdo de Paz, lo que estamos viendo es que la violencia, especialmente sobre sociedad civil y los líderes, está incrementándose”. Es necesario crear estrategias de coordinación con instancias gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de “entregar una información sólida y mucho más actualizada”.

“Allá en el departamento hay un gran interés, las organizaciones con las que hemos hablado de derechos humanos están dispuestas a trabajar por este tema y sobre todo informar”, asegura Sarmiento. Y aclara que adicional a recoger la información, la idea es presentarla a la Comisión de la Verdad, como ya se hizo con la línea de tiempo Memorias para la Vida y la Paz.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones

En este programa presentamos una radiografía de la situación actual de Nariño de cara a la implementación de los acuerdos de la Habana. Adicionalmente, se describe de manera general el territorio y se presentan los retos y oportunidades de la región en el posacuerdo.

Los invitados de este programa fueron: