Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 10 de diciembre se conmemora el día de los Derechos Humanos. Este día, en 1.948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos; un hecho histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para Eleanor Roosevelt, una de las impulsoras de la declaración decía “en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano."

Este año, el tema del día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y su mensaje central plantea la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación del mundo. Y esta recuperación será posible, solo si la humanidad alcanza objetivos comunes, justos y solidarios, que nos lleve a ser capaces de generar igualdad de oportunidades para todas las personas, abordando los fracasos que ya venían y que la pandemia ha desnudando, teniendo acceso y realizando los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, para hacer frente a las desigualdades y a la discriminación arraigadas, sistemáticas, entre géneros, entre etnias y entre generaciones.

No hay duda que la enfermedad del COVID-19 se ve alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la exclusión política y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas de política pública y el compromiso de la sociedad en su conjunto para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo justo, solidario y con una relación de respeto de la humanidad con la madre naturaleza. En resumen, necesitamos otro tipo de desarrollo, basado en unas relaciones de crecimiento ecuánime entre la naturaleza y la humanidad, para cambiar las relaciones explotadoras de la especie humana sobre las demás especies, que acrecientan de manera inmisericorde las arcas de los grandes ricos del mundo. Una riqueza irracional, inmoral y generadora del hambre, la pobreza y las pandemias.

Necesitamos un nuevo compromiso social, nuevos paradigmas de vida, de economía y de política para generar una nueva época, una nueva era en el mundo. Toda la humanidad está involucrada en esto. Desde las personas hasta los Estados, desde la sociedad civil y las comunidades de base hasta los poderes económicos. La comunidad científica, las iglesias y religiones, todos tenemos una función que desempeñar en la construcción del mundo, ahora y después de la pandemia, de cara al buen vivir de las generaciones presentes y futuras.

A propósito de la realización de los derechos humanos para construir un mundo nuevo, el Papa Francisco en Laudato Sí número trece nos dice: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El pasado 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe que evalúa la situación de derechos humanos en el país durante el año pasado. El documento enfatiza la violación a los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de derechos humanos, el modo de proceder de las fuerzas militares y de policía en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina la implementación del Acuerdo Final de Paz en perspectiva de derechos.

Si bien el Comisionado reconoce los esfuerzos del Gobierno y el compromiso de los excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación, el informe manifiesta, entre otros puntos, su preocupación por la persistencia de los altos niveles de violencia sobre personas defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes, el incremento de privaciones arbitrarias de la vida y las graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en medio del persistente conflicto armado.

El documento, resalta la acción de los grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo, los Caparros y la mafia, así como de las organizaciones criminales transnacionales que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas del narcotráfico, minería, despojo de tierras y la cooptación del Estado local y regional en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Guanía y Putumayo, entre otros departamentos.

Manifiesta su profunda preocupación por las disidencias de las FARC, la vuelta a las armas de algunos ex comandantes del equipo negociador de La Habana y la persistencia en la lucha armada del EPL y el ELN.

El informe registra 36 masacres con 133 personas asesinadas, la cifra más alta registrada desde 2014, además de 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incrementándose en un 50% comparado con el año 2018. Algunas de estas personas que participan en procesos judiciales y que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, son víctimas de hostigamientos. Por eso, una conclusión tajante del Comisionado es que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. 

A esto se suma que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado son insuficientes o corruptos. Particularmente, las autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas y de Policía, no cumplen de manera adecuada, eficiente y correcta su misión en un importante número de situaciones.

Los señores obispos de Apartadó, Quibdó y Tadó, en septiembre del año pasado, exhortaban a la comunidad del Chocó y al país diciendo: “Ante las problemáticas de un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y la delincuencia organizada, es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz. Se requieren políticos y gobernantes constructores de paz, porque como afirma el papa Francisco: la buena política está al servicio de la paz. En este sentido, el reclamo por el desarrollo debe inspirarse en criterios de humanismo, sustentabilidad y autonomía territorial”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General del CINEP/Programa por la Paz