Las voces y experiencias de las mujeres campesinas de Colombia son documentadas en la serie “Tierra de Mujeres” que compartimos hoy #8M cuando se conmemoran las luchas de las mujeres en todo el mundo. 

“Tierra de mujeres” es un proceso de formación radial sobre las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques. Las voces y experiencias de las mujeres rurales colombianas nos dan pistas sobre participación, tenencia, políticas públicas, desafíos y luchas por la tierra y el territorio de las mujeres.

Esta serie de siete episodios es un espacio para el aprendizaje sobre la justicia de género en la gobernanza de la tierra y el territorio.

 

 

Se trata de iniciativa de CINEP - PPP, ANUC y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP con el apoyo de FAO Colombia, Colnodo y la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra.

El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP

 

Los títulos más recientes del CINEP/PPP serán presentados en la Feria de la Investigación CINEP, Publicaciones para tiempos difíciles, que se llevará a cabo en la semana del 19 al 23 de octubre. Cinco días de conversación sobre Estado, paz, conflicto, movimientos sociales, interculturalidad, derechos humanos, mediación, verdad, memoria y sobre la investigación que se realiza en este centro que ya tiene 48 años de historia poniendo la razón y el conocimiento al servicio de la vida.

Durante la Feria de la Investigación CINEP se presentarán las más recientes publicaciones del Centro, resultado de las investigaciones adelantadas por distintos equipos de la institución: libros, documentos ocasionales y revistas. El evento será de carácter virtual y tendrá transmisión por facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz y en Youtube.com/Cinepppp.

Hace 48 años el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, fusionado en los noventa con el Programa por la Paz, produce conocimiento desde sus diversas líneas de investigación que incluyen Estado, conflicto y paz, derechos humanos, memoria, movimientos sociales, interculturalidad, territorio y medio ambiente, entre otros, junto con actores sociales de distintas regiones de la geografía colombiana.

CINEP/PPP abre un espacio para dar a conocer su reciente agenda investigativa, durante tiempos tan adversos como los que hemos vivido recientemente.

Además, se presentará el Sistema de Información General (SIG), uno de los pilares de la investigación no solo del CINEP sino de muchos investigadores locales e internacionales. Este Sistema cuenta con 5 bases de datos y un sistema de georeferenciación de consulta interna y, en algunos casos, pública. Así mismo, las bases de datos se han convertido en una herramienta fundamental para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que creó el Acuerdo de Paz.

Con la etiqueta #PublicacionesParaTiemposDifíciles en nuestras redes sociales habrá más información sobre la Feria de la Investigación.

 

Lunes 19 de octubre

12 pm: #Territoriopoderyconflicto Iglesias locales y construcción de paz.

Invitados: Jose Darío Rodriguez, Fernán González, Ulrikke Purrer, Gilles Bataillon.

3 pm: ¿Para qué el diálogo social? Revista Controversia #214.

Invitados: Mauricio Archila, Ana María Solarte, Katherine Duque. Modera: Carlos Duarte, Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

 

Martes 20 de octubre

3 pm: #Ruralidad Mujeres, tierra y territorio en América Latina.

Invitados: Irene Mamani – Bolivia, Claudia Aguilar - El Salvador, Nhelsyr González – Venezuela, Lidia Ruiz Cuevas – Paraguay, Edilia Mendoza - Colombia. Modera: Ana M. Restrepo CINEP/PPP. Con: International Land Coalition ILC.

5 pm: #Movilización. La crisis de la salud y la COVID19: Documento Ocasional.

Invitados: Mauricio Torres, Natalia Paredes y Javier Medina. Modera: Martha C. García CINEP/PPP.

 *En este espacio también se socializará el libro "Goce efectivo  del derecho a la educación: Una mirada desde Tumaco, Nariño", editado por la Universidad Mariana. 

 

Miércoles 21 de octubre

12:30 pm: Conversatorio Verdad y Memoria.

Invitados: Mónica Álvarez, Red de Lugares de Memoria; José Antequera, Centro Memoria Distrital; Javier Giraldo*, Martha Nubia Bello.  Modera: Angela Ballesteros , CINEP/PPP. En alianza con: Centro de Memoria Distrital.

3 pm: #Educación Geografiar el Caribe. 

Invitados: Jenny Ortiz y Luisa Rodríguez, CINEP/PPP.

Modera: Claudia Yurley Quintero, Defensora de DDHH.

5 pm: #TerritorioPoderYConflicto Más Allá de la Coyuntura

Invitados: Fernán González S.J., Ingrid Bolívar y Francisco Gutiérrez. Modera: Silvia Otero, profesora Universidad del Rosario. 

 

Jueves 22 de octubre

12: 30 pm: (PRIVADO**). Jóvenes investigadores del CINEP/PPP.

Invitados: Laura Henao; Luisa Rodríguez; Leidy Laura Pernet; Santiago Garcés; Jenny Ortiz; Marcela Pardo; Julián García; Catalina Serrano. Modera: Vanessa Suelt, profesora Universidad del Rosario.

3 pm: #Paz Transformación noviolenta de conflictos en Colombia.

Invitados: Laura Henao, Diego Bulla y Juan Carlos Merchán, CINEP/PPP. Modera: Patricia Nieto, Periodista. Aliado: Hacemos Memoria.

5 pm: #TerritorioPoderyConflicto Arme y desarme en Colombia.

Invitados: Francy Carranza, Andrés Dávila y Fernán González. Modera: Sinar Alvarado, coordinador de La Liga Contra El Silencio y columnista en The New York Times.

 

Viernes 23 de octubre

3 pm: Publicaciones para tiempos difíciles: Cinep como centro de investigación al servicio de Colombia.

Invitados: Víctor Barrera y Ana María Restrepo, de CINEP/PPP; Silvia Otero, profesora Universidad del Rosario. Modera: Alejo Vargas, UNAL.

5 pm: #Verdad #JEP Informe "Violencia, racismo y conflictos ambientales: el despojo de tierras en Cocolatu, Chocó.

Invitados: Juan Pablo Guerrero, Julián Salazar, Esteban García, CINEP/PPP; y líderes comunitarios.

Aliado: COCOLATU.

 

*Participación en vídeo. 

**Evento realizado con previa inscripción. Los demás serán transmitidos por nuestra fanpage y nuestro canal de Youtube.  


 

Por:  Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Desde el año pasado, antes de la pandemia, el aumento del desempleo juvenil en Latinoamérica ya estaba en niveles alarmantes. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el aumento de desempleo juvenil en el continente se ubicó en el diecinueve punto ocho por ciento. La cifra más alta en los últimos veinte años.

Según el profesor Roberto Sánchez Torres, de la Universidad Nacional de Bogotá, esta situación se debe a tres factores: Primero, la menor experiencia de los jóvenes como barrera para entrar al mercado laboral. Segundo, hay una desconexión entre el aparato productivo y el sector educativo, las personas se capacitan en carreras que no se necesitan y, tercero, los jóvenes pueden durar más tiempo sin empleo a diferencia de las personas jefes de hogar.

Por otra parte, asegura Sánchez, la tasa de desempleo en las mujeres jóvenes es más alta que la de los hombres. La población juvenil con carreras universitarias tiene una tasa mayor de desempleo y quienes tienen pocos recursos económicos terminan aceptando cualquier tipo de trabajo sin importar la precariedad del mismo. Las ciudades más impactadas, antes de la pandemia, por el fenómeno del desempleo juvenil son: Quibdó con el veinte siete punto nueve por ciento, Florencia con el veinticinco punto tres por ciento, Ibagué con el veinticinco punto dos por ciento, entre el veinticuatro y el veinte por ciento están Armenia, Riohacha, Cúcuta, Santa Marta, Tunja, Cali, Manizales, Montería y Pasto y, por debajo del veinte hasta el catorce por ciento se ubican Sincelejo, Neiva, Villavicencio, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Ahora con el Covid-19 las tasas se han elevado entre diez y cinco puntos porcentuales, llegando a una situación desafiante e insostenible para la población juvenil y sus familias. El Dane presentó su informe sobre mercado laboral de la juventud durante el trimestre abril a junio de este año, mostrando una tasa de ocupación juvenil de treinta y tres punto siete por ciento, lo que significa una disminución de doce y medio puntos porcentuales, comparado con el trimestre abril-junio del año pasado, que alcanzó un cuarenta y seis punto dos por ciento, impactando por igual a hombres y mujeres.

Frente a este fenómeno el gobierno nacional ha establecido algunas políticas públicas para que la juventud de los contextos urbanos, no así los rurales, tengan el primer empleo y se fomente los emprendimientos autónomos, pero es insuficiente. Las estrategias son débiles y no apuntan a las causas de fondo ya expuestas.

Además de las siniestras masacres que han golpeado a miles de jóvenes en diversas regiones del país, en medio de la violencia que aún persiste, el presente y futuro del empleo y de las actividades económicas de los trece millones de jóvenes en el país, entre los catorce y los veintiocho años está al garete y sin alternativas viables y concretas.

En marzo del año pasado, en la exhortación postsinodal Christus Vivit dirigida a los jóvenes, el Papa Francisco considera la importancia que tiene el trabajo para ellos y ellas, y dice: “No siempre un joven tiene la posibilidad de decidir a qué va a dedicar sus esfuerzos, en qué tareas va a desplegar sus energías y su capacidad de innovar. Porque además de los propios deseos, y aún más allá de las propias capacidades y del discernimiento que uno realice, están los duros límites de la realidad. Es verdad que no puedes vivir sin trabajar y que a veces tienes que aceptar lo que encuentres, pero nunca renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación, nunca te des por vencido. Siempre sigue buscando, al menos, modos parciales o imperfectos de vivir lo que en tu discernimiento reconoces como una verdadera vocación”

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

 

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.