-Segunda entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Argentina
Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta

Por: Unión y Progreso / Coordinadora de Tierras de Salta

Marcha a la capital de Salta.
 

En las últimas décadas, el modelo extractivista se ha profundizado en América Latina lo que genera una mayor expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras, donde las mujeres son quienes más sufren las consecuencias, porque deben afrontar solas las mayores cargas del sostenimiento familiar.

En Argentina, cada año aumentan los conflictos sociales vinculados a desalojos por avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y por acciones de la megamineria y desmontes.

Ante esta situación, el gobierno nacional y los provinciales no dan respuesta a las demandas de los perjudicados por estas actividades, al contrario, no cumple la legislación actual o, en los últimos años se han modificado leyes que agudizan aún más la situación descrita.

Ejemplo de lo anterior es la Ley 26.737 o “Ley de Extranjerización de Tierras”, promulgada en 2011, la cual establecía que las tierras rurales en manos extranjeras no podían superar el 15 por ciento del total. En 2016, el gobierno nacional lanzó el decreto presidencial 820/16 que modificaba el artículo 17 de la Ley 26.737 y actualizó la reglamentación del Código Civil y Comercial para flexibilizar la venta de campos y grandes extensiones con el fin de dinamizar la inversión extranjera productiva. Este decreto es impugnable por inconstitucional; un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía. Actualmente, su pedido de nulidad se tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5.

Cabe mencionar que del total de 7.490.265,42 hectáreas (cultivables) en todo el país declaradas en manos extranjeras, el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales solo el 7 por ciento están inscritas como extranjeras, mientras que el 93 por ciento están registradas como nacionales, pero con capitales extranjeros.

Sobre 596 grandes transacciones de tierras cargadas en Land Matrix para América Latina y el Caribe se observa que la principal intención de las transacciones de tierras ya concluidas está en la agricultura. Un 48 por ciento de la superficie se destina a cultivos de soja, maíz y caña de azúcar. Los inversores no latinos con mayor superficie de transacciones de tierras en la región son Estados Unidos, Holanda y China.

El estado nacional no cumple plenamente con el artículo 75 de la Constitución Nacional y las provincias dictan leyes que tampoco hacen cumplir o demoran su aplicación.

En Jujuy, los tribunales ordinarios no aplican la Ley 26.160 prorrogada por Ley 27.400 de emergencia en materia de posesión de comunidades indígenas, que frena los desalojos y despojos a comunidades. En ese sentido, la Comunidad Las Capillas del Pueblo Ocloya presentó en febrero de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja que tramita con el expediente CSJN- 00115/18 por desalojo en un proceso penal a miembros de la Comunidad Las Capillas. En la Justicia provincial existe demora en la tramitación de las causas y falta de aplicación de los derechos indígenas y ambientales, también exclusión y discriminación a las comunidades indígenas a través de Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy 69/2012 que las excluye de la adhesión a las Reglas de Brasilia de acceso a la Justicia a las personas en situación de vulnerabilidad.

En su informe “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, la ONG OXFAM da cuenta de que en Argentina, el 1 por ciento de la población concentra el 36 por ciento de la tierra. La situación descrita agudiza los conflictos ya existentes y trae nuevas dificultades a campesinas e indígenas para el acceso a la tierra.

Así, se producen numerosos conflictos por la tierra y los agricultores familiares deben ejercer presión y desarrollar luchas en defensa de su derecho de acceso a la tierra, como por ejemplo por la prórroga del artículo 9 de la Ley provincial 7658 de Salta, que frena los desalojos a familias campesinas.

Organización y defensoras ambientales

Presentación de la problemática y debate en diferentes foros.

En relación con el conflicto mencionado, quien estuvo al frente de numerosas luchas fue la organización Unión y Progreso, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta y, en particular, la presidenta de dicha organización Lucía Ruiz, quien junto a compañeras de distintas organizaciones en 2012 fueron a frenar un desmonte en defensa del ambiente y el derecho a la tierra de varias familias campesinas. Se pararon frente a las máquinas y expulsaron a los trabajadores del terrateniente Vidizzoni con quien desde 2009 estaban en conflicto.

A partir de ese momento comenzó la persecución a Lucía Ruiz y hasta el día de hoy continúa procesada. Actualmente, después de 6 años de iniciada la causa legal por la que le realizaron tres allanamientos a su casa, Lucía no se escondió, levantó los brazos y fue a luchar por la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658 para frenar el desalojo de familias campesinas.

Es importante destacar que durante el año 2019 el empresario Vidizzoni pidió al juez una condena excarcelable para las otras personas involucradas en el conflicto pero no para Lucia Ruiz, que ella siguiera en las mismas condiciones y fuera encarcelada. Esto se entiende únicamente por el carácter de dirigenta de Lucia a quien quieren frenar de cualquier forma.

María Tolaba, perteneciente a la organización Mujeres mejorando el Chaco, dice: “Luchamos por nuestros derechos resistiendo las distintas medidas judiciales como desalojos, resistimos organizando guardias en las casas y acompañando a las distintas familias que se encontraban más complicadas. Es así que en una asamblea con técnicos y abogados que actuaban, y hoy siguen acompañando a las organizaciones, entendimos que debíamos visualizar nuestra situación y conseguir algún amparo legal como es la prórroga del artículo 9 de la ley 7658 que frena los desalojos y cualquier causa o juicio iniciado en relación y perjuicio de las familias poseedoras”.

La principal estrategia en defensa de la tierra fue siempre la visibilización de estas luchas a través de movilizaciones a la capital provincia, permanecer junto a las referentes de las organizaciones, convocar a campesinas y campesinos a formar barreras para evitar los desalojos o la represión ante el avance de las fuerzas de seguridad.

Desde la Fundación Plurales venimos acompañando procesos organizativos y de apoyo a organizaciones de defensoras ambientales. Durante 2015 y hasta 2017 se desarrolló el Proyecto de Defensoras Ambientales financiado por la Unión Europea y ejecutado junto al Fondo Mujeres del Sur (de Argentina y Paraguay) y Cimcatt (Bolivia). Este proceso se articuló con las organizaciones de mujeres miembros del Colectivo del Chaco Trinacional y apostó fuertemente a apoyar acciones, fortalecer las organizaciones y visibilizar el papel que juegan las mujeres del territorio en la defensa de los derechos ambientales, en la lucha por la tierra, el acceso al agua, la disputas por la contaminación que actores empresariales con complicidades gubernamentales llevan adelante y, en síntesis, en la defensa de la vida en el territorio.

María Tolaba afirma que:

“Como estrategia de comunicación nos incorporamos a la red de radios rurales y mantenemos constante asesoramiento de la mesa de comunicación de Salta y Jujuy, porque tenemos la radio campesina en el predio de las organizaciones que es la herramienta de difusión más importante para unificar luchas y mantener informada a las familias del campo que solo tienen la radio para conectarse a los sucesos nacionales, provinciales y municipales, además de ser nuestro medio de convocatoria para las asambleas y en casos de urgencia para concurrir a apoyar a alguna compañera o compañero en situación de riesgo”.

“Se convoca a las organizaciones por la radio y se organiza ir al lugar para acompañar e impedir el desalojo, se para las máquinas o se hace corte de camino para que no lleguen a la casa o campo de quien es objeto de posible desalojo. Además de hacer presencia y rotar en el lugar para que siempre esté acompañada la familia mientras se hacen las denuncias y trámite a legales con abogados y se hace mucha difusión mediática. Se busca ayudar de la mejor manera dando contención a la familia y buscando los recursos para ayudar a la compañera o compañero. Se brinda seguridad a quien es amenazada, lo hacen desde la mismas organizaciones, es decir son las mismos compañeras que hacen de seguridad”.

“Nosotras siempre estamos buscando recursos de algún proyecto para poder cubrir gastos de abogados y recursos para poder sostener el lucha el tiempo que sea necesario. Hay abogados que lo hacen desde la militancia, pero siempre se necesita recursos movilidad, gestionar, dar visibilidad a la problemática. Otro problema es que si bien tenemos abogados que nos asesoran, pero no pueden litigar, ejemplo el caso de Lucía Ruiz, la causa está en juzgado de Tartagal y los abogados que nos ayudan son de Salta y no pueden litigar por tema de jurisdicción”.

María destaca también el rol de la mujer: “Desde el 2011 que se funda la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81 solo existían dos mujeres en la mesa en las reuniones, una era Lucía y la otra María Tolaba, actualmente de las 10 organizaciones campesinas siete son dirigidas por mujeres, es decir, que son mujeres la presidenta de cada organización, de ser minoría pasamos a ser mayoría y la cara representativa de la lucha campesina por la tierra el agua y el medio ambiente tiene rostro de mujer”.

Prórroga de la Ley 7658

La luchas por la prórroga de esta ley cuyo artículo 9 impedía el desalojo de las familias campesinas de sus tierras tuvo varias instancias que llevaron adelante las organizaciones campesinas, fundamentalmente las mujeres de esas organizaciones. Desde grandes movilizaciones del campo a la capital de la provincia de Salta, asentamientos frente a la legislatura provincial, hasta buscar el apoyo de legisladores, difundir por los medios de comunicación esta situación, hablar con funcionarios públicos y hacer charlas y debates en universidades y foros campesinos. Estas acciones tuvieron lugar durante 2017; en diciembre de ese año vencía la anterior prórroga de la Ley. El 15 de noviembre se logró la prórroga en la Cámara de Diputados y pasó a senadores. Al 30 de noviembre todavía no había dictamen de esta Cámara y desde las organizaciones campesinas se realizó el siguiente comunicado:

“Tras una reunión realizada en la zona norte, las asociaciones campesinas que integran la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 se decidió comunicar al actual ministro de Gobierno y Derechos Humanos de la provincia, Marcelo López Arias, para informarle que tienen previsto realizar una vigilia en la Legislatura desde el próximo 6 de diciembre hasta conseguir la media sanción que debe dar el Senado a la ley.

Asamblea de las organizaciones campesinas para definir acciones en defensa de las tierras.

Esta coordinadora representa a más de 800 familias campesinas que a su vez son miembros del Foro Provincial de Agricultura Familiar y decidió avisar a López Arias, al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y a la Policía de la Provincia, a fin de informar la protesta que se hará de manera "pacífica" a fin de evitar conflictos con las fuerzas de seguridad. Es así que en la nota indicaron que descuentan que "las autoridades garantizarán nuestro derecho a movilizarnos y a peticionar", a través de este tipo de protesta. Recordaron que esta será la segunda vigilia (en caso de concretarse), dado que en 2010, cuando se trató por primera vez la Ley 7658, realizaron la primera vigilia a la espera de la sanción de la normativa”

Finalmente, el primero de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó la ley que evita el desalojo de las familias campesinas por un año.

A modo de conclusión, se puede decir que:

La protección de las defensoras ambientales requiere tres acciones fundamentales: apoyar y fortalecer las personas, en este caso las mujeres y sus cuerpos como territorios de estas acciones de atropello. En segunda instancia consolidar las acciones de incidencia y mayor difusión de acciones empresariales y gubernamentales que puedan resultar en amenazas (como el caso de las marchas y concentraciones). La tercera instancia es trabajar en abordar las causas fundamentales. Esta es la acción más eficaz e implica alcances de mediano y largo plazo (como por ejemplo Leyes de No Desalojo como la implementada en Salta).

Estos niveles de acción posibles permiten realizar un plan de acciones integrales y que generen una articulación regional. 

Foto: Tomada de (http://www.plurales.org/recursos-naturales/recursos-naturales-genero/)


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.