Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Del 3 al 12 de julio, once regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países.

A dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, delegados y delegadas de Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá, visitan 11 regiones del país documentar y denunciar la represión y las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que, al 30 de junio, suman 84 personas asesinadas, 1790 personas heridas -entre ellas 114 por arma de fuego-, y 75 presuntamente desaparecidas, en un complejo panorama que incluye, además, violencia sexual contras las mujeres, desmembramiento y calcinamiento de cuerpos de los manifestantes, y ataques armados a la movilización a manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

"Esta Misión busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas, así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional".

Son 40 delegados y delegadas de 12 países (Gran Bretaña, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): dirigentes políticos y sociales, prensa internacional y defensores de derechos humanos, junto a las organizaciones locales impulsoras, "recibirán testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en 11 regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales".

La Misión SOS Colombia por garantías a la protesta y contra la impunidad en Colombia se realizará entre el 3 y el 12 de julio de 2021, y visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de 11 regiones: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. Y dialogará con víctimas, autoridades y protagonistas del Paro más largo en la historia de Colombia. Además presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia.

Según las organizaciones colombianas "las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos".

Esta visita es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y es coordinada por las siguientes organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / PPP; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Corporación Jurídica Libertad, CJL; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD; Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP.

A continuación el comunicado: 

 

 A continuación el comunicado en inglés:

 

*Boletín No. 20 de la Campaña Defender La Libertad. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP

La dispersión de la pandemia no ha sido uniforme y viene afectando de manera diferencial a los ciudadanos de cada país latinoamericano. La misma dinámica puede observarse con respecto a las respuestas gubernamentales. Es posible detectar un amplio espectro de respuestas que iría desde la contención sostenida en la anticipación estatal, hasta el negacionismo de la pandemia de corte populista. Sin embargo, el covid-19 está poniendo a prueba de manera uniforme tanto las fragilidades como las resistencias existentes en el tejido social de América Latina y el Caribe.

Vale la pena recordar que esta crisis sanitaria se asienta sobre el terreno de múltiples protestas que venían cuestionando la gobernabilidad estatal en diferentes contextos nacionales. Así mismo, la caída de las commodities, del empleo formal e incluso sectores enteros como el turismo y el food service avisan polvorines prestos a estallar ante la desaceleración de la economía mundial y la segura recesión en los aparatos productivos latinoamericanos. Que no decir de la reorganización de las economías ilegales y de las empresas criminales, que parecen haberse enraizado con mayor virulencia en el ámbito territorial y que seguramente afianzaran la dependencia de grandes sectores de la población ante la crisis porvenir.

Pero no todo el panorama es devastador. También es posible observar la emergencia de diferentes solidaridades vecinales, interétnicas y urbano rurales que intentan resolver el problema alimentario y las dilaciones estatales; así como atenuar, en alguna medida, desafíos estructurales como el de la desigualdad social. Y hay signos promisorios de movilizaciones populares que anuncian la revitalización de la democracia desde abajo.

Bajo el anterior contexto, la pregunta guía de la presente convocatoria de la revista Controversia será: ¿Cómo la desigualdad social ha incidido en el despliegue de la pandemia en nuestro contexto latinoamericano, qué respuestas oficiales ha suscitado y qué resistencias sociales ha generado?

Invitamos, por lo tanto, a publicar artículos y trabajos de investigación que analicen y reflexionen en torno a la expansión del Covid-19 en las diferentes naciones de América Latina y el Caribe. Así mismo, son de particular interés para esta convocatoria los cruces analíticos de la pandemia con variables interseccionales como género, interculturalidad, medio ambiente, etnicidad y movimientos sociales. También es de interés analizar el impacto de la pandemia en las economías ilegales, la ruralidad, la soberanía alimentaría y la gobernabilidad política.

Fechas:

  • Apertura: 1 de julio de 2020
  • Cierre: 15 de septiembre de 2020
  • Publicación: febrero de 2021
  • Editor del dossier: Carlos Duarte
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Revista Controversia

Desde la segunda mitad del siglo XX la sexualidad se ha convertido en un elemento de disputa para los movimientos sociales. La discusión pública de algo que anteriormente se consideraba privado abrió un debate político que hoy en día ha llegado a ser protagónico en todo el mundo. Numerosos y diversos grupos han entablado luchas que han cuestionado la heterosexualidad hegemónica, el binarismo de género e incluso la salud sexual y reproductiva. En Colombia y América Latina en los últimos años la presencia de estos grupos en el escenario público ha suscitado todo tipo de debates, incluso críticas a la institucionalización de los mismos, tanto de la mano de sectores progresistas como reaccionarios. De esta manera es posible registrar que la sexualidad se ha convertido en un escenario de disputa heterogéneo, donde la multiplicidad y complejidad de los actores en movimiento implica un reto para las investigaciones.

En esta nueva convocatoria del número 215 de la Revista CONTROVERSIA se busca reflexionar sobre estas movilizaciones sociales, reconociendo tanto visiones hegemónicas como alternativas acerca de la diversidad sexual en Colombia y en América Latina.

Como en ocasiones anteriores la revista tendrá una sección de tema libre para la cual se reciben contribuciones de calidad académica que atiendan a los ejes temáticos de Controversia.

Fechas:

  • Apertura: 1 de diciembre de 2019
  • Cierre: 28 de marzo de 2020
  • Publicación: julio de 2020
  • Editor del dossier: Felipe Caro
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Revista Controversia

En el marco de la feria del libro de Bogotá, el Cinep/PPP lanzó el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Este texto recoge información registrada durante 40 años en la Base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP y la analiza a profundidad en 5 capítulos.

Durante el conversatorio del lanzamiento, Camilo Borrero expresó su análisis de los capítulos del libro. “Yo divido este libro en dos partes: unos artículos convencionales, que es lo que se espera de un libro de tipo histórico; y otra más novedosa, que analiza la movilización social con nuevos conceptos que permiten otro tipo de análisis”, dijo.

Los capítulos convencionales de los que habla Borrero son el 1, 2 y 5 del libro. Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Por su parte, en el quinto capítulo, Leonardo Parra explica las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explica las razones de la baja sindicalización en el país y las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores a partir del estudio del sector eléctrico.

Los análisis más novedosos que comentó Borrero son el 3 y 4 del libro. En estos, las autoras no solo hacen un análisis convencional de tipo histórico de las acciones sociales colectivas, sino que introducen nuevos elementos que complejizan las miradas sobre cada tema. Martha Cecilia García en su capítulo examina las diferentes visiones de desarrollo que han impulsado movilizaciones sociales en diferentes casos regionales. Además, Ana María Restrepo, complejiza la mirada de las luchas sociales a partir de su relación el espacio bajo los conceptos de espacio y región.

Con esta distinción, presentamos parte de la información recopilada en Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015

 

 

Baja sindicalización y flexibilidad laboral, ¿realidad del trabajador colombiano?

¿Cuáles han sido los cambios en el mundo laboral colombiano expresado en las luchas laborales? Leonardo Parra, investigador del Cinep/PPP, expone en Transformaciones del mundo laboral 1975-2015 como la subcontratación, la flexibilidad laboral y el bajo sindicalismo han configurado el mundo laboral colombiano. El investigador ejemplifica esta situación con el sector eléctrico debido a su aportación al Producto Interno Bruto, su privatización y que el 90% de los trabajadores están tercerizados.

Parra hace un recorrido histórico por el sector reconstruyendo las luchas laborales de los trabajadores en los años 70 al 90, la reconstrucción de los factores de la privatización y la incursión de las empresas extranjeras. Y concluye con la consecuencia que generó en el mundo del trabajo la privatización del sector eléctrico, que tiene que ver con la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores como un plan estratégico de las nuevas empresas.                         

La apropiación del espacio en los movimientos sociales

La Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP (BDLS) da cuenta de la historia y la memoria de las movilizaciones en el país de 1975 a 2015, y ha registrado más de 23.000 protestas. Ana María Restrepo en el capítulo El espacio en movimiento. Cómo pensar la producción del espacio en cuarenta años de luchas sociales en Colombia se enfoca en entender la relación entre la protesta y el espacio, y propone una lectura espacial de estos datos históricos. 

A partir de las comprensiones de región, territorio y lugar, la autora se aproxima a diferentes posibilidades de lectura para entender el papel del espacio en la movilización social. Respecto al lugar, Restrepo indica que tiene un papel fundamental en la protesta social porque, por ejemplo, cuando se escoge como lugar una vía para un bloqueo, esto no solamente habla de la necesidad de hacerse oír, sino del ejercicio de organización colectiva y de la “marcación espacial para disputar, en últimas, el espacio social”. 

Sobre el territorio la autora analiza este como un espacio colectivo y personal donde incide el control y donde se desarrollan, cada vez más “protestas por motivos ambientales que reivindican la posibilidad de existencia en ese espacio”. Y en lo que respecta a la región su lectura permite revelar cómo esta dimensión define aspectos de la vida de las persona, presencias espaciales y, presenta el Catatumbo como ejemplo de un escenario de luchas por el desarrollo regional.  

Miradas del desarrollo en las luchas sociales

En 200 años de independencia, A Colombia se le ha categorizado como un país en “vía de desarrollo” que necesita seguir el modelo europeo para alcanzarlo. De ahí que la construcción de país se haya pensado en esta perspectiva.Pero, ¿qué efectos tiene esto para la vida económica, social y cultural de las comunidades y los pueblos?? Martha Cecilia García, investigadora del Cinep/PPP, analiza estas implicaciones en el capítulo Visiones de desarrollo en las luchas sociales 1975-2015, a través de la revisión de  distintas nociones de desarrollo expresadas en en 40 años de luchas sociales. 

En Colombia, ¿la salud es un acto de caridad o un derecho?, ¿es primordial el derecho de la gente a su tierra o la generación de energía?, ¿se crean municipios para reconocer territorios o disfrutar su independencia fiscal y las riquezas naturales que posee?, ¿qué es más importante, proteger los recursos naturales o su uso comercial?

La autora retoma seis eventos para responder a estas preguntas y ahondar en su estudio sobre las visiones de desarrollo: 1) la lucha por el derecho a la salud, 2) la construcción de hidros (hidroeléctricas y represas), 3) la creación de municipios como estrategia de ascenso en el ordenamiento territorial, 4) el dilema entre la ecología y el. progreso, 5) la ilusión del desarrollo regional y 6) el extractivismo minero energético. De cada uno García hace un recuento de diversos eventos contenciosos que, tal como lo señala, “dejan al descubierto las divergentes y opuestas nociones de desarrollo que se expresan” y evidencian las consecuencias de las nociones neoliberales que han contribuido a configurar las denominadas “víctimas del desarrollo”.  

Estado, ¿amigo o enemigo?: el control de las protestas

La relación entre el Estado y los movimientos sociales ha estado marcada por varias dinámicas: enfrentamiento, conflictividad y fortalecimiento mutuo, aunque esta última no se perciba así. En el capítulo Control de las protestas: una cara de la relación Estado y movimientos sociales, 1975-2015 Mauricio Archila, describe y analiza el control estatal de las protestas, enfocándose en el rol que cumple la Policía , por un lado, porque es un tema poco estudiado y, por otro, porque es un actor principal en el cumplimiento de esta función. Además, según el autor, este enfoque es clave para el rumbo de la participación ciudadana en el escenario del posconflicto. 

En el capítulo, Archila reconoce que la relación Estado y movimientos sociales tiene varias caras y da cuenta de dos de ellas: la represión y la negociación. Respecto a la primera se detiene a analizar choques violentos, acciones de presencia de la fuerza pública e ilegalización de las protestas; por su parte, sobre la segunda, se tuvieron en cuenta acuerdos o diálogos. 

El autor indica que hay que desvincularse de las visiones idealizadas que se tienen de ambas figuras: “los actores sociales como puros e incontaminados de violencia” y el Estado como “el rostro de la represión”.  Además, llama la atención sobre el discurso sobre la protesta en el que “no se concibe como un derecho ciudadano, sino en el mejor de los casos se asimila a un crimen”. 

Archila no solo realiza un recuento histórico de la represión policial, sino que demuestra con cifras los años en los que han sido más altos los actos de violencia estatal contra los manifestantes e indica que “la función reguladora estatal se atrofió mientras creció la coersión”. 

 

Descarga una muestra del libro aquí: Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia 1975-2015

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Jenny Castellanos

Asesores temáticos:
Martha Cecilia García
Ana María Restrepo
Santiago Garcés