Con 87 personas asesinadas y más de 3 mil detenidas en el Paro Nacional, los Diálogos Cinep pusieron “el cuidado” como tema central de conversación con personal médico, un sacerdote, una académica y la moderación del Cinep destacando el papel del diálogo, las mujeres y la comunicación a la hora de cuidarnos en el ejercicio del derecho a la protesta.

Según la Campaña Defender La Libertad, hasta el 21 de julio, en el marco del Paro Nacional en Colombia, 87 personas han sido asesinadas, 1905 “fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Polícia Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados”, y 3.365 fueron han sido detenidas, muchas de ellas en el marco de actuaciones “arbitrarias”. Por eso, este 8 de septiembre los Diálogos Cinep volvieron para hablar sobre cuidado y movilización.

Con la participación de Stephania Recalde, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; Julián Zuluaga, médico del bloque popular de la salud de Medellín; y el padre Venanzio Munyiri, director de la Pastoral Afro de la Arquidiócesis de Cali y la moderación de Rodrigo Ante Meneses, los diálogos Cinep permitieron ver las diferentes formas de cuidado en el Paro Nacional. 

El padre Venanzio, misionero de la Consolata y oriundo de Kenia, África, expuso nueve formas de cuidado que la comunidad de Cali aplicó durante las propuestas: 

  1. La presencia en el lugar de los hechos.
  2. La identificación de actores y espacios para saber ubicarse evitando el peligro o alertando sobre el mismo.
  3. La conciencia de estar en medio de una crisis sanitaria y la necesidad de aplicar medidas de bioseguridad.
  4. Los encuentros periódicos y espacios de escucha.
  5. La detección temprana de cualquier amenaza contra la manifestación o quienes están cerca.
  6. La prudencia en el uso de la palabra y la verificación de lo que se comparte.
  7. La permanencia posterior a los hechos, es decir, el acompañamiento luego de terminada la movilización o al establecer una mesa de diálogo.
  8. El cuidado espiritual. 

El religioso también explicó que las ollas comunitarias y los puntos de atención médica sirvieron como lugares de encuentro alrededor de los que se tejió comunidad. Adicionalmente, la demarcación del territorio mediante la resignificación de espacios con el derrumbamiento de estatuas o la creación de monumentos llevó a identificar intereses comunes y arraigo con los espacios. 

Y en cuanto a la comunicación, el padre destacó la necesidad de la escucha, la responsabilidad sobre lo que se dice y se comparte, y el servicio que prestan las redes sociales para denunciar. El Director de la Pastoral Afro de Cali subrayó las acciones artísticas, el deporte y las bibliotecas comunitarias como expresiones “que siempre habían estado allí pero se pusieron al servicio del Paro”; y por último, sostuvo que el enfoque diferencial logró unir las voces de mujeres, personas afros y de pueblos indígenas en torno a clamores comunes por una vida digna.

Stephania Recalde, trabajadora social y autora del artículo “Al otro lado del miedo está el país que soñamos” publicado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, destacó el papel que ellas tuvieron al llevar el cuidado “de la casa a la barricada”, manifestando que las mujeres no solo fueron operarias de acciones de cuidado sino también gestoras de estrategias. En ese sentido, recordó la acción de las mamás de la Primera Línea que protegían a quienes se manifestaban y realizaban labores como organizar la alimentación en las ollas comunitarias o exigir el respeto a la vida.

Julián Zuluaga, médico y brigadista de la salud en Medellín, habló del papel que tuvieron las brigadas médicas en curar más allá de los “sufrimientos de la carne”. Para Zuluaga, quienes integraron cuerpos médicos para proteger y cuidar a los manifestantes aprendieron a hablar con otros actores de la movilización para hacer posible este cuidado. “Estos escenarios nos permiten reconocer la otredad que sufre y asumir nuestro papel político”, concluyó.

La permanencia posterior a los hechos: El diálogo como posibilidad

Stephania Recalde analizó el diálogo desde dos perspectivas: de lo comunitario, y hacia afuera. En cuanto al diálogo comunitario recalcó su trascendencia para que diferentes personas se encontraran en espacios como asambleas comunitarias permitiendo “acuerdos entre personas que opinan distinto” para alcanzar agendas conjuntas. De otra parte, el diálogo hacia las instituciones y otras organizaciones “se convierte en una posibilidad de cuidado cuando tiende puentes”, afirmó, concluyendo que ello puede “generar propuestas para mejorar la vida de las personas”. 

Por último, Venanzio Munyiri aseveró que era necesario “pasar de la mesa de diálogo a la cultura de diálogo”, porque entender el diálogo como un camino y no como un fin en sí mismo es “la condición mínima para solucionar un conflicto”. El Padre concluyó señalando que “cuando no hay diálogo consideramos al otro como amenaza, y consideramos su eliminación”.

Esta conversación contó con la moderación de Rodrigo Ante, investigador del Programa Conflicto, Estado y Paz del Cinep / PPP.

Encuentra los Diálogos Cinep sobre Cuidado y Movilización a continuación:

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de la reforma tributaria, con la cual el gobierno de Iván Duque pretendía solventar el déficit fiscal producto de varios factores: 1) el aumento del gasto para enfrentar la emergencia sanitaria; 2) la disminución del recaudo por la recesión económica y 3) las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por este mismo gobierno en 2019.

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las protestas primero se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas y luego de la reforma en su conjunto, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las ciudades más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

¿Cuál Historia?

La destrucción física de cada cuerpo implica también la desaparición total de esta parcelita de historia universal que fue la vida del ser desaparecido. Cuando este destino individual alcanzó a ser parte significativa de un actuar multitudinario -y sobre todo si el muerto no pudo expresarse y dejar huellas escritas- entonces un fragmento de la historia de todos se pierde irremediablemente. ¡Así la Historia queda incompleta! ¡no se ven las grandes oleadas del movimiento social! Jacques Aprile -Gniset (1991, 11). La historia de Villarrica

Los pueblos indígenas Nasa en ejercicio de su autonomía como pueblos, erradican de su territorio los cultivos de uso ilícito y a cualquier actor armado.

Después de la repudiable y lamentable ejecución de la Gobernadora Indígena Sandra Liliana Peña Chocué y las lesiones al cabildante Avelino Ull, líderes del resguardo indígena La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe, ocurrida el 20 de abril de 2021 en la vereda El Placer, mientras se transportaban en motocicleta hacia el corregimiento Pescador (Caldono, Cauca), las comunidades y autoridades indígenas se declararon en Minga Hacía Adentro en dicho resguardo, en un ejercicio de control territorial que busca erradicar cultivos de uso ilícito, sacar del territorio a los actores armados y agentes asociados al narcotráfico, realizar control de caminos y detener a los responsables de la agresión a los dos líderes indígenas Nasa.

El día de ayer 22 de abril, las comunidades indígenas de Caldono, Jambaló, Toribío, Corinto y Miranda (Cauca), mientras desarrollaban la Minga Hacia Adentro, fueron atacadas con ráfagas de fusil por hombres armados sin identificar, en inmediaciones de la vereda Caimito, causando heridas a 22 indígenas. Tras el hecho, la guardia indígena Nasa detuvo a siete personas armadas ajenas al territorio y decomisó un vehículo. A pesar de los ataques desmedidos en contra de la humanidad de los comuneros y autoridades indígenas, el pueblo Nasa siguió adelante con la Minga e inició la erradicación manual de cultivos de coca.

Frente a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz, expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario, que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

Llamamos al gobierno a cumplir con responsabilidad histórica los acuerdos de la Minga y los acuerdos de La Habana (Cuba), de cara a prevenir que los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes sigan siendo convertidos en escenarios de guerra.

Llamamos a la ONU y a la comunidad internacional para que se realicen las acciones pertinentes y se pronuncien frente al estado colombiano; realicen el monitoreo de la situación; respalden a las comunidades afectadas; insten a la Defensoría del pueblo y Procuraduría General de la Nación en el cumplimiento de obligación constitucional e internacional de proteger la vida, integridad y libertad de quienes defienden el territorio. Y a la Fiscalía General de la Nación que investigue y realice las acciones pertinentes para que haya justicia en el caso de la Gobernadora Indígena, y de las y los líderes sociales de base que están siendo agredidos y exterminados en el departamento del Cauca y el resto del país.

Seguiremos denunciando la crisis humanitaria vigente en el Cauca y apoyando la Minga Hacia Adentro, en memoria de la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué y los líderes sociales de base que en Colombia siguen siendo victimizados por falta de garantías para el ejercicio del Derecho a Defender los Derechos.

El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Luego de más de 14 fallos judiciales que ratifican la vulneración de derechos por parte de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos de las comunidades y el territorio guajiros, varias organizaciones denuncian ante la OCDE a esta empresa y sus aliados por los daños en la región.  

En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos en La Guajira por parte de las empresas que extraen carbón. Así lo explica Jenny Ortiz, investigadora de CINEP/PPP. En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19. 

Allí más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, y se han contaminado y/o desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento—,  entre las muchas afectaciones de la actividad extractiva en La Guajira. Por esta razón, GLAN, Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el CINEP/PPP  denunciamos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas.

Para conocer la situación de violaciones de derechos humanos en La Guajira le invitamos a consultar la Revista Noche y Niebla N°61: Minería de Carbón y Des-Arroyo.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales envían una carta al presidente de Colombia Iván Duque para que acepte la invitación de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio la Justicia y la Paz a conversar. 

Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, 

La voz de la gente humilde le extiende su mano callosa y dolorida para que usted se siente con ellos y los escuche. La Minga busca abrir la palabra, creando diálogos sinceros desde sus territorios. Como Presidente de todos y todas los y las colombianas escuche la voz del constituyente del Estado mismo.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

Permita que el genuino sentir de los pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos sea reconocidos, para que no sea usurpado por aquellos que aún depositan su fe ciega en el valor de las armas. Afirmar que estos ciudadanos son manejados y manipulados, es no reconocer su autonomía política y sus propuestas para vivir en un país en paz.

Los diálogos sinceros y transparentes entre diversos, generan un camino de construcción y debilitan las alternativas violentas, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan al dolor y la pobreza de la sociedad.

Al ser usted el Presidente de todas y de todos, lo convocamos a que despliegue su capacidad de acción y, oriente al Estado para crear los espacios de diálogo pertinente y, así garantizar la protección de los derechos efectivos de los habitantes de nuestra golpeada ruralidad.

Si La Minga busca un diálogo directo con el poder Ejecutivo, con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen a usted como tal. Esta Minga, Presidente, es una gran oportunidad y responsabilidad para avanzar en la dirección de la paz real, concreta, diversa, feliz, justa y para todas y todos.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

A continuación, la carta completa:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.