Como parte de la Misión SOS Colombia, Monseñor Bruno-Marie Duffe visitó el país entre el 3 y 12 de julio pasado para escuchar testimonios de víctimas y familiares sobre hechos de violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional. 

Testimonio personal de Monseñor Bruno-Marie Duffe sobre la situación social en Colombia.

  1. Lo que viven, desde abril de 2021, muchos ciudadanos colombianos, y particularmente jóvenes, trabajadores sin empleo, mujeres e indígenas, migrantes en su propio país, se puede presentar como una «insurrección social y política». El «Paro Nacional» es una expresión de desesperanza y la expresión clara de una negativa al «demasiado»:

-          Demasiadas desigualdades sociales y económicas.

-          Demasiada corrupción y violencia contra los más pobres.

-          Demasiado desprecio para con los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras y los representantes de la sociedad civil.

 

  1. La respuesta del Estado es una «represión violenta, brutal y desmesurada» con acciones extremas: amenazas de muerte contra manifestantes y sus familias; detenciones; torturas; mutilaciones; agresiones sexuales; asesinatos de jóvenes y niños de menos de 16 años.

Esta agresión física – que caracteriza la represión al movimiento social –  quiere destruir, no solamente el movimiento mismo, sino también el cuerpo social, con el maltrato a los cuerpos de los actores.

 

  1. No hay ya referencia al derecho; no hay referencia a los derechos humanos fundamentales: derecho a la vida y a la integridad física y moral; derecho a la protección y a la participación ciudadana. Cada iniciativa popular parece interpretada por el Estado y la fuerza pública como una conspiración que debe ser aplastada.

La desnudez de los ciudadanos – caracterizada por la fragilidad extrema de los rostros (El filósofo Emmanuel Lévinas dijo: «la desnudez del rostro del otro te dice: «¡no matarás!») y particularmente la de los ojos – contrasta, de una manera enorme y dramática, con las máquinas de guerra utilizadas, de manera encarnizada, por la Policía y la fuerza pública, en particular por los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La respuesta de guerra contra el «grito de los pobres» provoca un trauma en todo aquél que tiene la inteligencia del sentido común y del corazón. Hacer la guerra contra su pueblo es, como dijo Hannah Arendt, un error criminal.

 

  1. Esta experiencia ciudadana y comunitaria tiene 3 bases y apoyos esenciales:

- El territorio: barrio; calle; comunidad; «casa común» (a veces viejas casas que son lugares de encuentros, conversaciones y formaciones diversas: política, arte, poesía, organización colectiva…).

- La práctica de la palabra y de la solidaridad concreta (incluso la curación de los heridos y la escritura de una memoria colectiva).

- El debate y el proyecto para el futuro (educación, empleos, desarrollo, afectividad, vida común).

  1. La paradoja más fuerte de esta situación es que los actores de la protesta social viven una experiencia de democracia «directa», frágil pero real.

Se puede hablar de «una ruptura entre dos mundos» que es también la ruptura muy grave del «pacto social»: condición del paso del «estado de guerra permanente» al «estado social durable» (cf. Thomas Hobbes). Los jóvenes encarnan una generación y un futuro que el poder, auto centrado y cerrado en una lógica de supervivencia, no quiere mirar. Esta ruptura social, amplificada por la violencia brutal y ciega de la fuerza pública y, al mismo tiempo, por la impunidad de los actores de crímenes, lleva a pensar en un futuro muy doloroso en Colombia. La ruptura es también entre el mundo social y el mundo político.

 

  1. La ausencia total de mediación es lo que aparece: de lugar o de vínculo para permitir una confrontación verbal entre las posiciones, con un debate contradictorio, lo que hace temer dos consecuencias inquietantes:

- Una «consecuencia ideológica», que puede justificar posturas sin voluntad real de salida del conflicto.

- Y una «consecuencia física», con una amplificación de la violencia hasta un control sistemático a las personas (que ya se está dando). Las dos posturas podrían confirmar que tenemos una nueva forma de dictadura.

Entonces la urgencia sería de crear y mantener espacios de intercambio entre ciudadanos y los que tienen una autoridad local (alcaldes) o más amplia («Defensoría del Pueblo» y personalidades de la Salud; de la Educación; de la Cultura; Premios Nobel; Iglesias). Muchos fueron sorprendidos de hallar un sacerdote en la calle, cerca de ellos, venido de Europa y que tenía su tiempo para escucharlos a ellos (y consolarlos también cuando unos padres lloraban a su hijo muerto en la tortura). Se trata de pensar y actuar mediante una mediación social – o inter-acción – que parece como el corazón de la referencia urgente al derecho humanitario.

 

  1. La referencia a los derechos humanos se reventó con la represión. Nadie cree ya en esa protección fundamental de la dignidad del otro, aunque los jóvenes expresan claramente su deseo de vivir, de vivir juntos y de realizar un proyecto de vida, personal y comunitaria. La dignidad se recibe para darla en la mirada al otro.

El papel de los jóvenes es central en la protesta social. Su deseo es claro: preparar y construir el futuro: formación, empleo, casa digna, vida digna, libertad de expresión, vida afectiva respetada, cultura.

Hay que decir claramente: el asesinato de jóvenes – con tortura, que busca reducir al silencio al que no se quiere escuchar – es una forma de «crimen contra la humanidad ». Los jóvenes son el futuro de Colombia, como en todos los países. Pero son también el futuro de la humanidad. Entonces matar a jóvenes, a sus hijos, es matar también el futuro de la humanidad. La palabra puede parecer dura pero ella describe realmente lo que se vive en Colombia, hoy.

 

  1. La conciliación «imposible» (por el momento presente), justificada, por un lado, por la impunidad, y, por otro lado, con una interpretación «sacrificial», más o menos inconsciente, de la «primera línea» (los que conducen la protesta y viven el riesgo de ser heridos o asesinados) hace pensar que el movimiento va a continuar en los meses que vienen. Cada día se anuncian nuevas muertes violentas de jóvenes. Eso amplifica la desesperanza de un pueblo que tiene tanta sed de paz. Las elecciones (en 2022) parecen para los actores del movimiento social, como el último momento de un mundo que se muere, sin proyecto ni dignidad: un mundo que va a desaparecer. En eso se expresa también “la ruptura” entre los mundos.

¿Es todavía viable una consideración pacífica del otro? ¿Cómo pensar un puente entre los mundos y las generaciones? Podríamos pensar en personalidades morales que hacen mucha falta. Existen personas que tienen una gran consciencia, pero ¿cómo pueden continuar sin apoyo? Aparece aquí el papel determinante de la comunidad internacional… actualmente silenciosa.

 

  1. Sin embargo, en Colombia, en América Latina y en el mundo actual, todos pueden ganar, ofreciendo cuidado – y curación – a los y las que están en la calle. Ellos y ellas llevan en efecto iniciativas que faltan en el desarrollo integral del país. Aprender, desarrollar sus talentos, trabajar, hablar con libertad y crear.

Como dice una inscripción sobre una pared de un barrio, en la región de Bogotá : «Crear es creer; creer es crecer».

Eso expresa el espíritu y el fondo del movimiento popular. No se trata solamente de rechazar un impuesto suplementario (particularmente injusto en un contexto de crisis sanitaria), sino de una petición de respeto a las personas: mujeres, jóvenes, pobres, migrantes, personas homosexuales, personas enfermas o frágiles, líderes sociales, tan maltratados desde años y detenidos como presos políticos. Las peticiones dicen que no se puede vivir en un sistema mafioso en el cual el narcotráfico conduce la economía y la vida pública.

(NB: El narcotráfico permanece en la sombra del país: sabemos que eso solo permite que se continúe un sistema de corrupción, en el que el derecho ha perdido su autoridad y trascendencia.)

 

  1. ¿Cómo se puede salir de la repetición que cierra la puerta a todas las iniciativas de paz?

 Necesita Colombia un proceso que tiene tres referencias determinantes:

- La necesidad de «un Pacto por la vida»: afirmar de nuevo el valor de cada vida, con una consideración a los niños, adolescentes y los que sufren de la injusticia social.

- La necesidad de afirmar de nuevo la autoridad del derecho público y de los derechos humanos que no permita que un movimiento social – con personas que tienen sus manos vacías y que no tienen armas – sea ahogado en sangre.

- La necesidad de una mediación social que es la única posibilidad de salvar el «pacto social», con una práctica, en todos los lugares: escuelas, empresas, barrios y campo, iglesias y casas comunes, de la palabra compartida, del debate y de una responsabilidad común para «el bien común».

La Iglesia puede ser un actor de la Palabra compartida, del diálogo, de la promesa mutua y del perdón. Viviendo con y para el pueblo, en memoria de Jesús, hombre libre e «hijo bien amado del Padre».

Me dijo Jonatan – estudiante que ha perdido un ojo, cuando una granada fue lanzada contra él –  «No puedo volver a ver claramente y eso es duro, pero tengo la vida y quiero continuar el movimiento para una vida mejor».

Y hemos llorado juntos silenciosamente.

Cada noche, yo rezo con Jonatan, con los padres que lloran a sus hijos y con todos y todas.

 

Bogotá, 4 de Agosto de 2021   

Por: Monseñor Bruno-Marie Duffe.

Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP