En junio, en medio de la crisis por el Covid19, se conmemora a los refugiados de todo el mundo. En nuestra región preocupan especialmente los migrantes venezolanos que protagonizan el segundo éxodo más grande en  el mundo y están aún más vulnerables con la pandemia. Expertos internacionales piden respuestas integrales a los estados de Colombia, Ecuador, Perú y El Caribe. 

En medio de la pandemia mundial, la población migrante venezolana está en mayor vulnerabilidad: sin casas, sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la salud y lejos de su patria y familiares. Preocupa la respuesta de los estados para proteger a los refugiados y refugiadas de Venezuela en el Caribe y América Latina. Así lo expresaron los invitados al conversatorio virtual “¿Qué le espera a la población migrante venezolana?” organizado por el CINEP/PPP y Aministía Internacional (AI), donde participaron los Relatores sobre Migrantes de la CIDH y de la ONU, Julissa Mantilla Falcón y Felipe González Morales, así como personas expertas de AI, Servicio Jesuita a Refugiados, la Universidad del Pacífico, el CSMM y Equilibrium.

Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos, según la OEA y ACNUR, han tenido que salir de su país, lo que sitúa este éxodo como el segundo más grande del mundo, después de Siria. Con la llegada de la pandemia, algunas de estas personas se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen por la ausencia de garantías para continuar su vida de forma digna en los países de acogida.

En Colombia, la oficina de Migración registró hasta inicios de junio del presente año más de 70 mil retornados a través de su frontera.

Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, recordó que la salida de venezolanos de su país responde a una violación a los Derechos Humanos que la Comisión sigue de cerca desde 2005. La relatora resaltó que no solo se trata de migrantes, sino de solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, refugiados y personas en situación de apatridia.

Para Mantilla, hay un elemento que algunos países están omitiendo y es obvio que no debe olvidarse: El virus no pide cédula, no pide pasaporte. Ello significa que deben garantizarse el acceso a salud y a medidas que permitan el aislamiento para personas extranjeras, aunque no tengan un estatus de regularidad, con lo que se protegen sus derechos así como se cuidaría también a los nacionales. 

Felipe González Morales de Naciones Unidas sostuvo que “la expresión ‘migrante’ oscurece de lo que se trata aquí y la situación”, en tanto quienes tuvieron que salir de su país lo hicieron de manera forzada y tienen necesidades especiales de protección y refugio. Por esta razón, llamó a promover su regularización, así como su derecho al retorno (cuando ellos lo quieran) y sus derechos sociales.

El Caribe, Ecuador, Colombia y Perú

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en el Caribe habría más de 140 mil ciudadanos venezolanos y en esa región se han presentado un uso de la detención migratoria para controlar el flujo en sus fronteras. Jiménez sostiene que es difícil obtener datos sobre cuántas personas están detenidas, y su condición. 

Feline Freier, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, manifestó que en ese país recientemente se da la estigmatización hacia la población venezolana. Para Gustav  Brauckmeyer director ejecutivo de Equilibrium CenDe, el problema también es que en Perú no han manejado la realidad de movilidad humana de forma integral. 

Para ambos expertos es necesario que se garanticen derechos como el acceso a trabajo, la educación y la salud. Aunque en Latinoamérica no se ha acudido a la detención migratoria, tampoco se reconoce debidamente la estatus de refugiado, con la que se otorgarían garantías a los refugiados y el deber de protección al Estado receptor.

Desde Ecuador, el Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Pablo de la Vega, dijo que en ese país hay más de 360 mil venezolanos, y se han presentado unas 28 mil solicitudes de asilo, de las que sólo 6 mil se han sido aprobadas. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se presentó el Plan Espejo, con el que se cerró la frontera entre Ecuador y Colombia incluso por los pasos irregulares. 

Por último, Mauricio García Durán, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, manifestó su preocupación ante riesgos como el de reclutamientos forzados, trata de personas y tráfico de migrantes. Además, aseguró que el reconocimiento del refugio es bastante limitado: Colombia ha concedido tan solo 57 estatus de refugio en cinco años, de 2015 a 2019. No obstante, Colombia es el mayor receptor de la movilidad humana proveniente de Venezuela con más de 1,8 millones de personas. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook en este link:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

El presidente Trump busca una ofensiva frontal contra todo aquello que, según él, ha debilitado a los Estados Unidos. Por eso, su agenda incluye reformas a la política migratoria que traerá cambios profundos a la población hispana. Varios son los aspectos que Trump va a intervenir: la deportación de inmigrantes con récord criminal. La persecución a quienes no poseen papeles en regla. Discrecionalidad en dar permisos especiales a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños y a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. La aplicación de medidas de seguridad nacional para combatir el extremismo islámico violento. Imponer tributos a las remesas. Sanciones a ciudades que facilitan la llegada de migrantes como Los Ángeles y Nueva York. Y, la más controvertida de las medidas: construir un muro en la frontera sur con México para frenar a los migrantes ilegales.

En Estados Unidos viven más de treinta y cinco millones de migrantes, once millones son indocumentados. Trump ha prometido deportar entre dos y tres millones, revirtiendo el legado indulgente de Obama. Pero el gobierno de Trump no puede deportar legalmente a las personas solo por su nacionalidad, sino con base en delitos criminales o administrativos, como ser indocumentado. Sin duda que estas eventuales deportaciones y la reducción de arribos a Estados Unidos, afectarán las transferencias de remesas que suman ciento treinta mil millones de dólares al año. Fenómeno particularmente duro para México, Centro América y países como Colombia.

En estos momentos los migrantes ilegales y quienes no han podido definir su situación, temen las deportaciones masivas y sienten la presión del gobierno y la sociedad. La política de Trump ha logrado poner 7, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.a los migrantes, especialmente a los indocumentados, bajo la visibilidad mediática, señalándolos como una amenaza social y económica para la seguridad norteamericana. Pero desde la realidad de los migrantes, ellos son víctimas de un modelo de desarrollo global, desigual e inequitativo, generador de una economía concentrada que beneficia la acumulación del capital en pocas manos; que impulsa procesos de exclusión social y cultural; y que hace ver a las víctimas como las responsables de los desequilibrios sociales.

El documento de Aparecida en el número cuatrocientos catorce nos dice: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad”.

* Editorial presentada el domingo 5 de febrero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz