Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Los hechos fueron dolorosos e indignantes. Tras el homicidio de Javier Ordóñez, en dos días de protesta, fueron catorce las personas asesinadas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y cerca de trecientos entre ciudadanos y policías lesionados, según el balance nacional del Ministerio de Defensa. La mayoría de fallecidos y heridos fueron jóvenes, mujeres y hombres. De nuevo son ellos quienes en el país son víctimas de la polarización y la violencia. ¿Por qué en lugar de oportunidades de educación y de trabajo decente y estable para la juventud, la sociedad y el Estado propicia la pérdida de sus sueños y sus esperanzas?

Lo que vimos en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Tunja y otras ciudades del país ha sido una fuerte expresión de protesta juvenil que indignada rechazó el equivocado e infame uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y hechos de tortura contra civiles inermes. Si nadie hubiera salido a protestar en la calle y, en su lugar, el silencio hubiese imperado, sería la comprobación indiscutible del alto deterioro moral de nuestra sociedad. Pero afortunadamente los jóvenes se pronunciaron.

Otro asunto muy diferente fue el indeseable vandalismo que se presentó y en el cual algunos medios centraron la atención de la opinión pública. La destrucción de los CAI de la policía, de los buses y algunos locales comerciales, es un hecho oportunista de quienes buscan sacar partido de la protesta legítima, bien para sembrar zozobra o para estigmatizar la protesta social y justificar la errática represión frente al descontento.

Desde algunos sectores de la sociedad se pide una urgente y planificada transformación del cuerpo policial. El profesor Alejo Vargas la resume así: mejorar el proceso de selección de los miembros; profundizar el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener el tema de los Derechos Humanos, más allá de un curso de algunas horas debe ser una dimensión importante en la formación. Otro punto es la apropiación de la doctrina operacional de la policía, sus preceptos éticos y legales donde se fundamenta su actuación, de manera que sus miembros tengan clara su identidad como servidores públicos, dedicados a la protección a la seguridad y el cuidado de la convivencia ciudadana, enfatizando la prevención, mostrando sus valores éticos en sus actuaciones y por este camino ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía y, finalmente, el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas a las sociedad y a sus instancias superiores.

El domingo trece de septiembre el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio expresaba en la homilía del canal RCN televisión, a propósito de los hechos vividos: “Ha sido una semana complicada, muy difícil en Bogotá con muchas heridas, con muertes, con destrucción y también en el país y en el mundo. Queremos empezar una semana distinta, una semana donde aprendamos a escucharnos. Por eso, nos están proponiendo que, para respetar la vida y para construir la paz, es necesario que nos escuchemos. Las regiones necesitan ser escuchadas, los indígenas, los campesinos, los que están sin empleo. Escucharnos para que no sea necesario destruirnos ni agredirnos, para encontrar el diálogo sincero y el silencio que valora el mensaje del otro. Escuchar su vida, su historia, sus necesidades, su clamor y poder tender una mano. El Papa nos propone algo que llama mucho la atención pero que es desafiante: la amistad social. Que debe ser vivida con humildad. Necesitamos liderazgo, para construir la amistad social, no para protagonismos aprovechando el luto, el duelo, el dolor, la muerte y la confusión. No necesitamos liderazgos llenos de vanidad, no necesitamos liderazgos orgullosos, necesitamos nuevos liderazgos al servicio de la amistad social. Liderazgos sin armas, sin violencia, sin necesidad del odio, liderazgos con sabiduría, para reclamar nuestros derechos con inteligencia, respetando la vida del otro”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP