Editorial: Salud sin remedio

  • Jul 04, 2020
  • Publicado en Prensa

Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia, durante los últimos años, se formularon anualmente, en promedio, ciento cuarenta mil fallos judiciales por salud. La mayoría porque los pacientes no reciben a tiempo o nunca los medicamentos. La causa: los altos costos y el robo de los medicamentos, esto suma a la crisis de la salud en el país.

Colombia, hasta hace unos pocos años, tenía un ahorro para la atención en salud de diez billones de pesos en el fondo público Fosyga. Según el ministro Alejandro Gaviria, este ahorro desapareció en gran parte por los altos costos de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos de alto costo, pagados con recursos públicos mediante un sistema conocido como recobros y por el monopolio en la comercialización de los medicamentos. Pero igualmente, este ahorro quedó en manos de la corrupción en lo que se ha llamado los carteles de la salud, dos de ellos muy conocidos: el de la hemofilia y el de VIH, en el departamento de Córdoba, sin salir aún a la luz otros casos en distintas regiones.

Es increíble, como en algunos casos, instituciones y empresas de salud, laboratorios, distribuidores, funcionarios públicos, asociaciones de pacientes, médicos y pacientes particulares, se prestan para gestionar, pedir o exigir medicamentos sin llenar los requisitos necesarios y sin necesitarlos, para luego comercializarlos en un mercado ilegal, clandestino, organizado en redes de corrupción planificadas con ganancias inimaginables. A esto se suma la débil vigilancia y control del Estado, la desregularización de precios que animó la política pública de varios gobiernos y la alianza entre algunos funcionarios y los carteles mafiosos que comercializan los medicamentos.

A pesar de los esfuerzos por regularizar y controlar los precios por parte del actual gobierno, fue imposible reducir el precio en muchos de ellos, solo en unos pocos ha sido viable. Detrás de todo esto existe una gran presión de la industria farmacéutica transnacional al Estado colombiano y es aquí donde está la verdadera complejidad de los precios y el gran obstáculo para regularlos. Así las cosas, la salud vive una muerte dolorosa y lenta. Sus primeras víctimas: las familias excluidas de los barrios populares en las ciudades y de las veredas campo.

Los obispos en el documento de Aparecida, número 65 y  419, nos recuerdan la preocupación de la iglesia por los enfermos adictos a las drogas, portadores de malaria, tuberculosis y VIH - SIDA, que sufren la exclusión familiar y social. Esta preocupación se convierte en un servicio sacramental que muestra el amor de Dios Padre en el trabajo de muchos “buenos samaritanos” de la Iglesia en más de treinta y dos mil instituciones católicas dedicadas al trabajo por el derecho a la salud en América Latina, para responder a los que decía el santo chileno, Alberto Hurtado: “En nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

 

Luis Guillermo Guerrero, director de Cinep/Programa por la Paz comparte 10 ideas principales para entender la importancia y los alcances que tiene la Comisión de la Verdad como bien público de los colombianos y colombianas. Este decálogo hizo parte de su intervención en el evento De común Acuerdo y fue publicado en el semanario de la organización Viva la Ciudadanía.

 
 

 

 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, reveló el año pasado que entre 2016 y marzo de 2017 se radicaron 231 denuncias por malas prácticas de los arquitectos en el país. De otra parte, el sector de la construcción en el país viene creciendo de manera dinámica llegando a una tasa anual del 35%, según la Cámara Colombiana de la Construcción. Este crecimiento aceleró también las denuncias. Pero lo que está en juego es la vida de miles de familias en el país, lo que ha pasado en Cartagena al aplicar la orden de desalojo de 16 proyectos declarados en calamidad pública debido a su alto riesgo de colapso, se suma a situaciones como el desplome del edificio Blas de Lezo, en la misma ciudad y lo ocurrido con proyectos como el desplome del edificio Space en Medellín hace dos años.

Pueden ser varias las causas de estos hechos. La calidad de la formación de los profesionales de la ingeniería y arquitectura, la deficiencia de los materiales utilizados, estudios de suelos insuficientes, licencias de construcción falsas o compradas o lo que sería aún peor, la disminución los costos de construcción para aumentar las ganancias, sin importar la suerte de los que van a habitar el inmueble. Le cabe en esto responsabilidades tanto a los profesionales y universidades para que ejerzan el con responsabilidad su labor, como también a los entes gubernamentales, locales y nacionales encargados de controlar y exigir el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la ley.  Pero, si bien es necesario que existan estas leyes, no es suficiente, se necesita gestión y aplicación real de las mismas, de lo contrario, se queda todo en el papel y los problemas crecen, como viene creciendo la baja calidad de la construcción de vivienda, vulnerando el derecho a la vivienda de muchos hogares.

Jesús, en el Sermón del Monte, trae la parábola de los dos constructores. Ella no solo da luces para la construcción física de las edificaciones sino, esencialmente, para el crecimiento de los seres humanos: “A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. (Mt 7:24–27)

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Por una paz completa

  • Jul 04, 2020
  • Publicado en Prensa

Hace 14 meses se firmó el Acuerdo de Paz. En este marco se reunió el 4 de enero, en Cartagena, el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, compuesto por los expresidentes Pepe Mujica de Uruguay y Felipe González de España, en compañía del Presidente Santos y delegados de las FARC. Según los análisis elaborados por varias entidades entre ellas el Instituto Kroc, el CERAC y el Cinep/PPP, si bien el Acuerdo Final ha tenido avances significativos en lo que respecta al cese al fuego, la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de su partido político y los desarrollos legislativos para proteger el espíritu e integralidad del acuerdo, entre otros asuntos, el proceso de implementación apenas alcanza un 18% de la totalidad de la implementación normativa. Es mínimo el avance en lo que respecta a la Reforma Rural Integral, la participación política, la Justicia Especial para la Paz y el punto más importante del Acuerdo: la verdad, la reparación y no repetición de la violación de los derechos de más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto social y armado de medio siglo en Colombia.

Es por eso que el pronunciamiento de los expresidentes Mujica y González se centró en pedirle al Estado y a la sociedad colombiana, una implementación más intensa y contundente. El Acuerdo representa un compromiso de las partes con el pueblo colombiano. Compromiso que fue refrendado por el Congreso de la República y revestido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, pero igualmente es un compromiso con la comunidad internacional y la paz mundial.

Preocupa especialmente a los expresidentes que la implementación del Acuerdo, coincida negativamente durante este semestre, con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia de Colombia.

Al respecto, la Conferencia Episcopal colombiana en varios documentos ha insistido en que el país necesita una Paz completa. Lo que supone una Paz cimentada en la reconciliación con justicia social, equidad y convivencia en medio de las diferencias. Una Paz que respete la vida de los líderes y lideresas sociales. Igualmente, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU, pidieron al gobierno y al ELN, en un comunicado del 8 de enero, definir un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Ética política

  • Jul 04, 2020
  • Publicado en Prensa

La política colombiana pasa por una etapa grave de ilegitimidad y déficit de ética. La corrupción administrativa, los partidos políticos convertidos en empresas electorales, las cortes atrofiadas y desnaturalizadas, vendiendo sentencias a los ladrones de cuello blanco, los entes de control convertidos en cómplices del delito y un Estado que improvisa, que no tiene capacidad de respuesta y que está en manos de intereses políticos y económicos para el provecho propio excluyendo el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de los patrimonios naturales. Mientras que los líderes sociales, que deberían ser los primeros en ser protegidos por el Estado, caen víctimas de las balas y de las amenazas de sectores ligados a esos poderes políticos y económicos dominantes.

Si nos acercamos al problema de la corrupción, el informe entregado este año por Transparencia por Colombia, que analiza 69 municipios, calificados como territorios de paz por el Gobierno, muestra la tendencia estructural de este mal en el país. Se estudiaron 187 hechos de corrupción. Y 44% de estos hechos vulneraron derechos fundamentales asociados a la salud, la educación y la infraestructura. De otra parte, un 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores de la infraestructura, industria y comercio, tecnología, sector minero energético, transporte, turismo y desarrollo rural, todo esto se traduce en una violación directa a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia. Los departamentos más comprometidos son: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar.

El pasado primero de octubre el Papa, en Cesena- Italia, propuso que “la política debe ser una forma de caridad y vida mártir”. Para hacer una buena política Francisco propone que ella no debe servir a “las ambiciones individuales o a la prepotencia de facciones o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni ama, sino amiga y colaboradora; ni temerosa ni temeraria, sino responsable y por tanto valiente y prudente al mismo tiempo; que haga crecer la implicación de las personas, su progresiva inclusión y participación; que no margine a ninguna clase, que no saquee ni envenene los recursos naturales. Una política que sepa armonizar las legítimas aspiraciones de los particulares y de los grupos teniendo bien aferrado el timón en interés de toda la ciudadanía”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz