Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El pasado 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe que evalúa la situación de derechos humanos en el país durante el año pasado. El documento enfatiza la violación a los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de derechos humanos, el modo de proceder de las fuerzas militares y de policía en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina la implementación del Acuerdo Final de Paz en perspectiva de derechos.

Si bien el Comisionado reconoce los esfuerzos del Gobierno y el compromiso de los excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación, el informe manifiesta, entre otros puntos, su preocupación por la persistencia de los altos niveles de violencia sobre personas defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes, el incremento de privaciones arbitrarias de la vida y las graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en medio del persistente conflicto armado.

El documento, resalta la acción de los grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo, los Caparros y la mafia, así como de las organizaciones criminales transnacionales que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas del narcotráfico, minería, despojo de tierras y la cooptación del Estado local y regional en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Guanía y Putumayo, entre otros departamentos.

Manifiesta su profunda preocupación por las disidencias de las FARC, la vuelta a las armas de algunos ex comandantes del equipo negociador de La Habana y la persistencia en la lucha armada del EPL y el ELN.

El informe registra 36 masacres con 133 personas asesinadas, la cifra más alta registrada desde 2014, además de 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incrementándose en un 50% comparado con el año 2018. Algunas de estas personas que participan en procesos judiciales y que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, son víctimas de hostigamientos. Por eso, una conclusión tajante del Comisionado es que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. 

A esto se suma que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado son insuficientes o corruptos. Particularmente, las autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas y de Policía, no cumplen de manera adecuada, eficiente y correcta su misión en un importante número de situaciones.

Los señores obispos de Apartadó, Quibdó y Tadó, en septiembre del año pasado, exhortaban a la comunidad del Chocó y al país diciendo: “Ante las problemáticas de un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y la delincuencia organizada, es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz. Se requieren políticos y gobernantes constructores de paz, porque como afirma el papa Francisco: la buena política está al servicio de la paz. En este sentido, el reclamo por el desarrollo debe inspirarse en criterios de humanismo, sustentabilidad y autonomía territorial”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General del CINEP/Programa por la Paz

Editorial: Democracias Frágiles

  • Dic 04, 2020
  • Publicado en Prensa

Latinoamérica vive un estado de ebullición social, política y económica. En las últimas semanas las democracias del continente han mostrado sus grandes limitaciones y sombras. Para infortunio de las grandes mayorías de la población, problemas como el desempleo, los bajos ingresos, el acceso limitado a la salud, la baja calidad de la educación, el impacto ambiental negativo de los megaproyectos minero energéticos sobre los territorios y los patrimonios naturales, la acelerada migración de millones de personas en busca de alternativas y la represión política sobre las propuestas y resistencias de los pueblos, entre otras problemáticas, son manifestaciones de la fragilidad de este tipo de democracias.

En este contexto, irrumpe la protesta de millones de personas y organizaciones provenientes de los sectores populares, especialmente jóvenes que consideran que las medidas de política social y económica los perjudican de manera grave y por eso expresan su profunda indignación saliendo a protestar de manera masiva. Es lo que ocurrió con la deteriorada economía ecuatoriana que, al eliminar el subsidio a los combustibles, reactivó las movilizaciones de los indígenas y otros sectores, obligando al gobierno de Lenin Moreno a derogar las medidas y crear una mesa de diálogo social. En Ecuador la deuda externa sigue creciendo, el precio del petróleo bajó dramáticamente y la dolarización aún se sostiene de forma artificial. La estructura económica ecuatoriana vive en una crisis persistente sin capacidad de reponerse en el corto plazo.

En Chile, considerado el modelo a mostrar, solo bastó con aumentar el valor del pasaje del metro de Santiago, para que la olla a presión social terminara explotando. En el fondo, la aplicación del modelo económico neoliberal que volvió a Chile el laboratorio para Latinoamérica, terminó por profundizar la inequidad social al privatizar la educación, la salud y las pensiones. El crecimiento económico se concentró en una elite nacional e internacional lo que acrecentó la desigualdad y la inequidad; esto llevó a la movilización popular. Centro América y el Caribe es otro hervidero de injusticia social. República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras se han vivido en los últimos meses movilizaciones populares cada día más continuas. Y si volvemos al sur del continente, en Uruguay, la gente protestó masivamente contra el mayor protagonismo de los militares en la vida pública y política del país. De igual manera Bolivia se enfrenta a una crisis profunda. La caída de Evo Morales es solo la manifestación de los problemas políticos y sociales de fondo.

Pero nuestro país no escapa de esta misma realidad latinoamericana, el procesos político y económico que vivimos es una caricatura del ideal democrático, el paro nacional del jueves pasado lo demuestra y confirma que en el fondo lo que existe es una profunda desigualdad, inequidad y exclusión económica y política de la mayor parte de la ciudadanía. Tanto la Constitución del año noventa y uno como el Acuerdo Final de paz, con sus reformas y reformulaciones en medio de las discusiones políticas, pueden ser herramientas útiles para reconfigurar la democracia, si bien algunas fuerzas que quieren conservar sus grandes privilegios insisten en aferrarse a salidas violentas. El Papa Francisco, durante la cumbre panamericana de jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, en junio pasado, expresó: "no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Un sistema políticoeconómico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, la solidaridad y una opción preferencial por los pobres".


Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

En noviembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC. El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -CERAC-, que conforman la secretaría técnica del componente internacional para el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, acaban de publicar un informe sobre los treinta primeros meses de la implementación de este Acuerdo sobre lo cual se pueden señalar algunos aspectos para reflexionar.

Colombia pasó de ser por mucho tiempo un país de estudios sobre la violencia, a un país que es centro de atención en los estudios de paz. El proceso que se dio y el contenido del Acuerdo son considerados como una experiencia de interés político y académico, pues se logró identificar algunos de los problemas más importantes que históricamente han estado en el origen de los conflictos de diversa naturaleza, y en especial de aquellos que optaron por el uso de las armas, como una forma de hacer política y enfrentar al adversario.

Los seis puntos contenidos en el Acuerdo Final, dan cuenta de la complejidad y multicausalidad del conflicto, y establecen una serie de disposiciones que deben adelantarse en escenarios de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de construir una paz con justicia social, con equidad e inclusión y duradera. Estas disposiciones comprometen los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales, lo cual le da un carácter integral al Acuerdo, y si bien hace más compleja la implementación, puede sentar unas bases sólidas para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Es un Acuerdo que trasciende la paz negativa, que solo silencia las armas para avanzar hacia una paz positiva que implementa los derechos humanos.

Y si bien el gobierno actual, orientado por las visiones del partido Centro Democrático ha impuesto una dinámica de focalizar una lenta reincorporación a la vida ciudadana de los excombatientes de las FARC-EP y una pobre implementación del Acuerdo en los temas centrales del desarrollo rural integral, la participación política, la justicia especial para la paz, la búsqueda de la verdad y la reparación a las más de ocho millones y medio de víctimas, de todas maneras el Acuerdo Final, con todos sus límites, es una gran oportunidad para la búsqueda una paz que aspira a una justicia social con equidad y a una paz estable y duradera.

Recordemos que el Acuerdo de Paz, si lo dejan desarrollar, abre caminos para construir alternativas de largo alcance para generar una sociedad más democrática y amplía el desarrollo local y la paz territorial. El Acuerdo reconoce a las víctimas mediante los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición; crear una justicia transicional centrada en la reparación de las víctimas en lugar de simplemente castigar al victimario sin transformar la vida de las víctimas; además, se logra la reincorporación de los excombatientes de forma individual y colectiva y establece condiciones para que sociedad reconozca y respete los derechos de las mujeres excluídas, de los pueblos indígenas, afros y raizales. Si bien estos propósitos se pueden identificar en el Acuerdo Final, el camino de la implementación es complejo por diversas razones como: el asesinato y amenaza a los líderes, lideresas sociales y excombatientes, las distintas interpretaciones sobre el alcance de lo establecido, la limitada capacidad institucional para la implementación, los insuficientes recursos, el exceso de expectativas en el corto plazo, la defensa de intereses privados y situaciones coyunturales de la política nacional. A pesar de la importancia de los acuerdos de paz en el mundo, según estudiosos como Stedman, estos suceden en medio de la presencia de saboteadores del proceso y de élites renuentes a compartir el botín de poder.

Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

Los devastadores incendios de la Amazonía agitaron los titulares de los principales medios de comunicación mundial en este mes que termina. Sin embargo, los problemas estructurales de este territorio tienen más de cuatro décadas. La Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo. Su extensión llega a los siete millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países: Brasil con la mayor extensión, seguido por Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

La Amazonía tiene la mayor biodiversidad en el planeta, viven cerca de 400 pueblos indígenas, cada uno tiene su propia cultura, territorio y lengua, tienen estilos y medios de vida relacionados con la preservación de los bosques y la conservación de la biodiversidad. Son 33 millones de personas las que habitan en esta gran cuenca. Cuarenta mil especies de plantas, seis mil especies animales, contiene cerca del 20% del agua dulce del mundo y es uno de los pulmones más grandes del planeta.

La superficie de la selva amazónica se ha reducido un 20% desde que se inició un gran proceso de deforestación desde finales de los años sesenta del siglo pasado hasta hoy. Los informes del Centro de Investigación Forestal Internacional señalan que el rápido crecimiento en las ventas de carne de res brasileña, aceleró la destrucción de la selva amazónica. La combinación del calentamiento global y la deforestación hace que el clima regional sea cada día más seco, por eso las altas probabilidades de ocurrencia de incendios y la tendencia a convertir gran parte de la selva tropical en una sabana.

Todos los países amazónicos registran pérdidas, sin apropiada renovación, del patrimonio natural, mientras las alarmas hablan de los incendios que arrasan más de quinientas mil hectáreas de la amazonía brasileña, en Colombia esta problemática no es menor y tampoco es distinta.

El año pasado, según datos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el número de hectáreas que se perdieron por conflagraciones en la Amazonia colombiana fue cerca de doscientas mil, mientras que las cifras de deforestación bordearon las 135.000, en resumen, se quemaron 65 mil hectáreas más que lo deforestado. El 12% del territorio amazónico colombiano presenta alta ocurrencia de incendios, especialmente en Putumayo, Guaviare y Caquetá.

Esta problemática de deforestación e incendios obedece principalmente a factores como: la ampliación de la frontera agrícola, animada por los cultivos de uso ilícito, el acaparamiento de las tierras y la tala en áreas protegidas: los resguardos indígenas y parques naturales.

La Iglesia, en los últimos días, ha levantado la voz por la Amazonía a través del Consejo Episcopal Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y en especial por la Red Eclesial Pan Amazónica – REPAM; conscientes de que, en la actualidad, la crisis climática y el aumento de la intervención humana por los cambios en el uso de suelo, están conduciendo la Amazonía hacia un punto de no retorno. Por eso, la iglesia viene convocando hace varios meses al Sínodo Amazónico en línea con el Magisterio del Papa Francisco, llamando a toda la humanidad para que tomemos conciencia de las graves amenazas de esta situación y nos empeñemos en el cuidado de la casa común, construyendo caminos concretos de actuación pacífica, pero firmes, exigiendo que se ponga fin a este proceso catastrófico generado por los intereses de quienes protegen el actual desarrollo económico en detrimento de la Obra del Creador.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Esta semana que pasó recordamos el Bicentenario de la batalla de Boyacá. Habitualmente estas fechas se asocian a batallas lideradas por guerreros, pero casi nada se reconoce el aporte de las mujeres. Durante estos doscientos años incontables mujeres colombianas han entregado su vida por la nuestra nación.

Una de ellas fue Manuela Beltrán, la primera heroína que luchó contra el poder opresor español. Mujer nacida en El Socorro, Santander. En 1781, en un acto de rebeldía, rompió el edicto por el cual se fijaban impuestos sobre las ventas de los productores y sobre el consumo, acción que fue la chispa para la revolución comunera.

Antonia Santos de Pinchote, Santander. Comandó un destacamento militar que se unió a la causa de Simón Bolívar contra el poder español. Convocó a la rebelión de los comuneros y los impulsó a luchar en la batalla de Pienta, el 4 de agosto 1819, esta acción impidió que los españoles se encontraran con Bolívar que emprendía la campaña libertadora. Esta acción le costó el fusilamiento. Otro ejemplo fue, Policarpa Salavarrieta, 'La Pola', gran heroína colombiana. Nació en Guaduas. Fue una experta espía y mensajera del ejército criollo. La ejecutaron en la Plaza mayor de Bogotá en 1817.

En los años veinte del siglo pasado, María Cano, líder política y sindical, luchó incansablemente por los derechos de los obreros. En los años cuarenta, Mercedes Abadía, buscó con empeño el derecho al voto de las mujeres y Georgina Fletcher, española radicada en Colombia, promovió los derechos civiles de las mujeres, en especial el derecho a la educación y al trabajo. Otras mujeres como Esmeralda Arboleda, en los años sesenta, impulsó la construcción de la ciudadanía para las mujeres. Igualmente, Rosita Turizo, en el contexto de la lucha por el sufragio femenino, ayudó a resquebrajar el estereotipo de mujeres incapaces de asumir puestos de dirección y Virginia Gutiérrez, desentrañó las bases culturales de la familia patriarcal.

Estas mujeres destacadas no han sido las únicas, millones de mujeres, durante estos 200 años de la historia del país han sido protagonistas de la construcción de la sociedad colombiana, mujeres sabias, servidoras, trabajadoras y solidarias, como las madres de cada uno de nosotros, como mi madre Minita Guevara Ávila que hace dos semanas vivió su Pascua de resurrección y ahora está junto al Padre Creador.

El ocho de marzo pasado, día de la mujer, el Papa Francisco expresó: “La mujer es quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene vivo. Trae la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, la valentía de donarse. La paz es mujer. Nace y renace de la ternura de las madres”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz