Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

No hay una receta para construir la paz en Colombia, pero sí existen pistas inspiradoras para avanzar en su construcción. En este clima reflexivo de semana santa, propongo un decálogo para construir la paz:

Una primera pista es que la paz no es solo la ausencia de violencia. De nada sirve callar las armas si seguimos sumidos en la violación de los derechos humanos, en la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la exclusión, en una polarización decorada de ideología y en la violación al primer derecho, el derecho a la vida. ¿Si no hay vida, si no se respeta y dignifica la vida, para qué los derechos?

Una segunda pista: la paz se hace desde los territorios concretos. Es lo que llama el Acuerdo de Paz, la paz con enfoque territorial. Quiere decir que es diferente, hacer la paz en la Costa Caribe que hacer la paz en el piedemonte amazónico o en la Costa Pacífica. Y es diferente porque las regiones tienen sus propias historias: económica, de relaciones sociales de conflictos políticos; también tienen diferentes estructuras ecológicas y desarrollos ambientales; incluso, diferentes comprensiones de la vida, según las culturas indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas que la habitan.

Una tercera pista para la construcción de la paz es que ella necesita de diversos componentes para su realización con sus particularidades territoriales a nivel social, político, cultural y ambiental; y dentro de una dinámica histórica en permanente cambio e incertidumbre, como lo ha demostrado la pandemia del Covid 19.

Una cuarta pista nos señala que la paz nace desde los territorios, pero a la vez debe ser una construcción en diálogo, en tensión positiva con el contexto nacional y global. No existen regiones aisladas especialmente cuando se trata de asuntos y procesos económicos y políticos.

Una quinta pista para construir la paz nos invita a pensar en cómo transformar uno de los factores que más ha deteriorado la sociedad colombiana: la continuidad de la violencia en las regiones y la presencia de actores armados ilegales fuera de la ley, algunas veces en connivencia con sectores de la fuerza pública.

Una sexta pista que impacta negativamente la construcción de la paz en el país es la inoperancia y la manipulación del poder judicial. La alta impunidad, de más del 95%, en los crímenes políticos; la politización y la falta de independencia de los entes judiciales, hace que los ciudadanos no crean en la justicia y más bien asuman hacer justicia por mano propia.

Una séptima pista para construir la paz es reconocer que en los territorios y regiones hay propuestas, existen alternativas que las fuerzas vivas locales han elaborado desde su conocimiento profundo de su propia realidad. La paz necesita reconocerse descentralizada de Bogotá y que las soluciones se tramiten en un diálogo positivo entre la región y la nación.

Una octava pista para la construcción de la paz es el fortalecimiento de las administraciones e instituciones gubernamentales locales y regionales. Se necesita una presencia efectiva, eficiente y eficaz del Estado, en cada uno de los territorios, generando una apropiación ciudadana del escenario político, como lo indica nuestra Constitución Nacional.

La novena pista para construir la paz propone uno de los puntos más difíciles de solucionar en nuestra sociedad, el desmonte de las economías ilegales, pero en especial el desmantelamiento de la perversa relación entre economías legales e ilegales, vulgarmente conocido como “el lavado de activos”. Si continua esta alianza no va a ser posible la paz.

La décima pista para construir la paz es el costo y la financiación para avanzar en su implementación. Tema esencial pero igualmente poco trabajado en profundidad y compartido con claridad.

El Papa Francisco en su visita a Colombia nos exhortaba con invitaciones a la construcción de paz así: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.

Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.

A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto! En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 222 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

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¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? Es la pregunta del informe que Oxfam Internacional entregó el pasado mes de enero.

El documento centra su atención en cómo el Covid-19 dejará cientos de millones de personas sumidas en la pobreza y cómo esta pandemia pasará a la historia como la primera vez en que la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en todos los países del mundo. Para Kristalina Gueorgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, la pandemia tendrá un impacto profundo. El incremento de la desigualdad dará lugar a una generación perdida en la década actual.

La encuesta realizada por Oxfam para este informe aplicada a 300 personas economistas de 79 países, da como resultado que el 87% de especialistas prevé que la desigualdad de ingresos aumentará con la pandemia. Y, más de la mitad de las respuestas dicen que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y dos tercios expresan que lo mismo sucederá con la desigualdad racial. De otra parte, dos terceras partes de economistas consideran que sus Gobiernos no han planificado medidas para luchar contra el aumento de la desigualdad.

En cambio, los impactos de la pandemia sobre los multi millonarios del mundo son mínimos: en tan solo 9 meses las mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas más pobres esta recuperación podría tardar más de una década. La fortuna de los multi millonarios del mundo aumentó cerca de 4 billones en esos 9 meses. Hoy esta fortuna suma cerca de 12 billones de dólares. Este incremento de la fortuna de los más ricos del mundo en medio de la pandemia, bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza y para financiar una vacuna universal contra la COVID-19. A pesar de estas dramáticas afirmaciones, el informe de Oxfam interpela a los Gobiernos y les urge a darse cuenta de la ventana de oportunidad, cada vez más pequeña que tienen, para construir una economía justa tras el paso de la pandemia. Una economía que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, deben transformar con urgencia el sistema económico actual que profundizó el patriarcado, la dominación blanca y los principios neoliberales. Si los gobiernos empiezan a tomar medidas para reducir la desigualdad, en una década habrá 860 millones de personas menos en situación de pobreza. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora Estamos en un momento crucial para la humanidad.

En la carta Fratelli Tutti el Papa Francisco expresa que el neoliberalismo es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a los desafíos cambiantes. La libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres. El golpe de la pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en todos los seres humanos y no solo en los beneficios de algunos. La pandemia nos llama a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

En medio de esta compleja pandemia mundial las personas trabajadoras de la salud tienen contratos laborales precarios, salarios cada vez más bajos y en varias entidades pasan hasta dos años y no les pagan.

Pero el gremio de la salud no solo debe afrontar a diario la pandemia que nos agobia, también tienen que vérselas con los bancos, los arrendatarios, las empresas de servicios públicos y hasta las casas de cobranza. La situación económica de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud es crítica: no tienen derecho a primas, ni vacaciones, ni cesantías, con largos turnos de servicio y un sin número de irregularidades laborales, que de manera increíble existe sobre un sector que debería tener todas las garantías para trabajar bien en medio de semejante pandemia.

La Federación Nacional de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y sindicatos regionales de salud, han denunciado esta situación ante el presidente de la República, el ministro de salud, de trabajo, ante la Supersalud, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y absolutamente a nadie le interesa el gremio médico. Las directivas sindicales dicen:

“solamente en los programas diarios de las seis pm del presidente nos llaman héroes, dicen que estamos guerreando en primera línea. Si realmente les interesara, no creen que ya nos deberían solucionar el problema, pero no les interesa en absoluto, porque la salud no da votos”.

El Gobierno Nacional, es quien debe tomar cartas en el asunto y ver quién se está quedando con el dinero de la salud, si son las EPS o son las IPS o si son los mercaderes o ladrones de cuello blanco de la salud. Es un problema gravísimo porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la salud está contratada por órdenes de prestación de servicios, supuestamente concertados con cooperativas que se convirtieron en sindicatos de papel, que se quedan con los grandes recursos y que tercerizan y explotan a los trabajadoras y trabajadores de la salud. A pesar de que la ley dice que el talento humano en salud es un personal misional y que debe estar contratado única y exclusivamente de forma directa por el Estado, no se ha creado un régimen especial para el talento humano en salud, como lo tienen las Fuerzas Armadas o el gremio docente, de tal manera que no quede totalmente desamparado como quedó luego de entrar en escena la ley cien que privatizó la salud. Pero, lo peor, es que ni el Estado ni las empresas ni las instituciones de salud plantean alternativas ni tampoco hacen eco de las soluciones que plantea el gremio trabajador de la salud.

En mayo del año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la Enfermería, el Papa Francisco expresó:

“la pandemia ha evidenciado muchas deficiencias en la atención sanitaria. Es urgente que los gobiernos inviertan en sanidad, como bien común primario, fortaleciendo las estructuras y designando más personal de salud. Es importante reconocer efectivamente el papel esencial que desempeña esta profesión para el bienestar de la sociedad. Por eso, tienen derecho y merecen estar más valorados e involucrados en los procesos que afectan a la salud de las personas. Es importante mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.