Por: Susana Noguera

A orillas del arroyo Bruno los juncos, los guayacanes y las acacias crecen sobre un delicado tapiz de musgo. La vegetación le da al agua muchas tonalidades de verde que contrastan con el color beige, casi amarillo, de las rocas que también comparten esa rivera. Para los dos hijos de Leobaldo Sierra, que tienen 4 y 2 años de edad, es normal bañarse varias veces al día en el Bruno pero Leobaldo sabe que es especial tener un río sin contaminación en la parte de atrás de su casa y por eso se escandaliza con la sola probabilidad de que la desviación que propone el Cerrejón lo dañe. (Vea la inforgrafía de cómo deviarán el arroyo Bruno en la Guajira)

Tiene ese miedo porque este año Corpoguajira aprobó la desviación del arroyo Bruno, que nace en la reserva natural de los Montes de Oca y corre 26 kilómetros para encontrarse con el río Ranchería, que a su vez es una de las principales fuentes superficiales de agua del departamento de la Guajira. El Bruno además esconde 40 millones de toneladas de carbón bajo su lecho así que en 2013 se volvió parte esencial del plan de expansión de la mina el Cerrejón. La Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Anla) y Corpoguajira le dio las licencias al Cerrejón para cambiar el recorrido del río a lo largo de 3.6 kilómetros y moverlo 700 metros al norte, más cerca de la carretera principal.

La empresa socializó el proyecto con los habitantes de las orillas del Bruno entre ellos la familia de Leobaldo Sierra que vive en la comunidad La Orqueta y tiene como patio trasero uno de los pocos ecosistemas de bosque seco tropical que quedan en Colombia. Aunque ellos no viven en la parte de arroyo que se va a intervenir, tienen muchos reparos sobre el proyecto porque, afirman, podría afectar al cuerpo de agua como un todo.
Con la modificación, el cuerpo de agua estaría atrapado entre una explotación minera a cielo abierto y una concurrida vía pavimentada. Leopoldo recuerda que cuando llegaron los funcionarios trajeron folletos con brillantes colores y lindos dibujos para explicarle cómo replantarían todos los árboles nativos a orillas del nuevo cauce y con ellos migrarían las especies que viven a orillas del río pero él no se explica cómo podrán desplantar esos centenarios árboles sin dañarlos.

Los voceros de la empresa afirman que harán una réplica exacta del antiguo cauce. Aseguran que tienen todas las herramientas para mitigar el impacto ambiental que generaría la obra. Para ello contrataron a Ingetec (que también hizo los estudios del río Ranchería cuando, en 2012, la empresa quiso desviarlo para sacar las 500 millones de toneladas de carbón que tiene debajo) y Alluvium, una consultora australiana.

El Cerrejón esgrime argumentos económicos y laborales porque, según sus cálculos, si no se desvía el arroyo la empresa dejaría de producir 3 millones de toneladas anuales. Esto significa que estarían en juego 600 empleos, $500.000 millones en compras a la región y $3,7 billones de regalías. Para Jazmín Romero Piayú, vocera del pueblo wayúu, esta aseveración es “violenta porque enfrenta a miembros de las comunidades entre ellos”. Si aceptan ese argumento, dice, entrarían en etapa de autoexterminio porque cambiaríamos su arroyo, su agua, por un trabajo que de todas formas se acabará dentro de unos años.

Lo que más temen todas las comunidades es que, con los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años (muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento), su región cambie tanto que el desarrollo minero deje por fuera sus costumbres ancestrales, su forma de vida campesina y su cultura. Así lo resumió Rosa Galván, una joven que nació en Chancleta y está estudiando administración de empresas. Para ella es claro que, tanto indígenas como afrodescendientes quieren “que se nos reconozca el derecho a vivir en nuestro territorio y elegir qué hacer con nuestras vidas”. En resumen, no quieren ser daños colaterales de la minería.

 

 El arroyo Bruno está ubicado entre los límites municipales de Albania y Maicao, y nace a 420 metros de altura en la reserva natural de los Montes de Oca. Abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania, que en su mayoría son afrodescendientes, y, por lo menos, a 34 comunidades wayuu del sur de La Guajira.

El equipo Movimiento sociales del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Por la Paz (CINEP/PPP) presentó en Bogotá su más reciente publicación: “Hasta cuando soñemos”. Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira.

El evento, que se llevó a cabo el jueves 14 de abril y tuvo lugar en el auditorio Margarita González de la Universidad Nacional, contó con la participación de Alejandro Angulo, S.J., Camilo Borrero y Rosembert Ariza como comentadores, y de Mauricio Archila, investigador del CINEP/PPP.

“Hasta cuando soñemos” es el resultado de la investigación “Teoría y práctica del diálogo de saberes: la consulta previa en La Guajira”, realizada con el apoyo financiero de Colciencias con el objetivo de generar conocimiento sobre el diálogo de saberes y sistematizar la manera como esta traducción intercultural se pone en práctica en el proceso de Consulta Autónoma de la comunidad wayuu del Resguardo Provincial en Barrancas.

Uno de los aportes de esta publicación es que muestra cómo se rompe la promesa del carbón y la extracción como motor del desarrollo. “El libro hace visible la gran sabiduría y la propuesta de vida del pueblo wayuu frente a los problemas sociales que padecen como consecuencia de procesos de desarrollo basados en la explotación de recursos naturales”, expresó Luis Guillermo Guerrero, director general del CINEP/PPP.

De acuerdo con Camilo Borrero, Coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, el libro demuestra que es posible el trabajo colaborativo entre investigadores sociales, activistas y comunidades en la reconstrucción de la historia y de la memoria sobre el territorio para las acciones futuras.  

“Me parece maravilloso porque puede ser leído por personas que tengan intereses diversos, por comunidades que deseen conocer cómo ha sido la consulta previa y cómo es la consulta autónoma en un determinado caso. También por activistas y ONG porque trata sobre la investigación y la acción colaborativa”, aseguró Borrero.

Para Rosembert Ariza, profesor del Departamento de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, “el libro nos actualiza en datos muy interesantes de la situación de vida de un pueblo, de sus sueños, de sus perspectivas y de su cosmovisión. Está actualización sirve para construir una concientización de lo que va a pasar en el país a largo, mediano y corto plazo”.

Por su parte, para Alejandro Angulo, S.J., coordinador del Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política del CINEP/PPP, el libro analiza muy bien los motivos por los que hay que cuidar uno de los territorios más importantes y más bellos del país y a una de las poblaciones más vulnerables. “El libro hace una crítica de cómo se ha descuidado a esta población y sugiere remedios. Me parece que realmente aporta tanto a las políticas públicas como al conocimiento científico”, aseguró Angulo.

El significado de “Hasta cuando soñemos”

Este nombre habla de la relación entre las comunidades wayuu, sus territorios y su cosmogonía indígena, según la cual la sabiduría y la ruta a través de la que se toman las decisiones en las comunidades están en los sueños.

Además, frente al afán de la empresa Cerrejón por lograr una respuesta respecto a las consultas previas, que se necesitaban para la aprobación del proyecto que amenazaba con la desviación del río Ranchería, los líderes de las comunidad de Provincial siempre respondieron: “Hasta cuando soñemos”.

¿Por qué leerlo?

Mauricio Archila, investigador del CINEP/PPP y autor de la publicación, considera que a propósito de la discusión sobre la aprobación de la licencia de exploración en La Macarena, “Hasta cuando soñemos” puede servir para reflexionar sobre el papel de la consulta autónoma de las comunidades como una alternativa a la consulta previa.

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“Estamos asustados con la desviación del arroyo Bruno porque vamos a sufrir más, ¿de dónde vamos a sacar el agua?”, afirma Lorenza Pérez Pushaina, autoridad tradicional de La Horqueta 2, una de las comunidades wayuu que sufren la sequía en el departamento de La Guajira y que se benefician del agua del arroyo Bruno, afluente que la empresa minera Cerrejón pretende desviar para extraer cerca de 40 millones de toneladas de carbón que, según Misael Socarrás, líder wayuu, residen bajo su cauce.

El arroyo Bruno está ubicado entre los límites municipales de Albania y Maicao, y nace a 420 metros de altura en la reserva natural de los Montes de Oca. Abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania, que en su mayoría son afrodescendientes, y, por lo menos, a 34 comunidades wayuu. Según un informe de la organización Censat Agua Viva publicado este año, “cerca al Arroyo Bruno viven aproximadamente trescientas personas que estarían distribuidas desde la comunidad de Tigre Pozo hasta La Horqueta 2”.

 

                        Fuente: Censat Agua Viva

El desvío del arroyo Bruno está contemplado dentro del proyecto de expansión P40, mediante el cual el Cerrejón pretende incrementar la producción de carbón de 32 a 40 millones de toneladas anuales a partir de 2015. Se pretende desviar un tramo del arroyo de 3.6 kilómetros, a una distancia de 700 metros al norte de su cauce natural.

Este proyecto hace parte del proceso expansivo proyectado por Cerrejón como Nuevas Áreas Mineras (NAM), en el que se ampliarán los Tajos de Oreganal, Tabaco y La Puente (en ese último reside el arroyo Bruno). Estos proyectos de ampliación significarán la desviación de otros arroyos, como el Arroyo Tabaco, Cerrejón, Los Estados, El Salado y el río Palomino.

Los diseños para el desvío del arroyo están avalados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual otorgó su licencia a Cerrejón mediante la Resolución No. 759 de 14 de julio de 2014. No obstante, según esta entidad, la desviación del arroyo fue aprobada previamente mediante Resolución 670 de 27 de julio de 1998 por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, quien concedió el Plan de Manejo para la explotación de las Nuevas Áreas de Minería a la empresa, en ese entonces llamada International Colombia Resources Corporation (INTERCOR).

Esta certificación del Ministerio fue la pauta para que posteriormente la ANLA otorgara la autorización correspondiente, la cual, según la Coordinación de Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad “es el producto de un proceso metodológico y evaluativo tanto técnico como jurídico, amparado en la normatividad ambiental vigente, en postulados constitucionales de prevalencia y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, y en todo caso procurando siempre protección del patrimonio ecológico y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades”.

No obstante, los habitantes de la zona cuestionan los cimientos legales del proyecto, pues denuncian irregularidades en el proceso de consulta previa que fue realizado por el Ministerio del Interior en el año 2014. La consulta previa es el derecho que tienen los pueblos de decidir sus prioridades cuando se van a llevar a cabo actividades dentro de sus territorios. Las comunidades que se abastecen del arroyo Bruno señalan que el Ministerio solo consultó a la comunidad de Campo Herrera, la que, según su ubicación, no se vería afectada directamente por el desvío del arroyo.

Las comunidades afectadas se han venido organizando para evitar el desvío del arroyo. En diferentes reuniones con las autoridades nacionales y regionales y con la empresa Cerrejón han presentado sus exigencias, pero afirman que se dirigen hacia una movilización. En el año 2012 lograron frenar el desvío del río Ranchería, uno de los afluentes más importantes de La Guajira en donde desemboca el arroyo Bruno. Esta vez esperan volver a ganarle la batalla a la multinacional.

Fotografías: Jennipher Corredor

El desvío de arroyo Bruno supone la vulneración del derecho humano al agua  para los habitantes de la zona y evidencia la falta de reconocimiento por parte del gobierno nacional respecto al significado cultural del arroyo para la vida de las comunidades étnicas, quienes lo entienden como un lugar sagrado de encuentro, esparcimiento, socialización y recreación. La pérdida del abastecimiento del agua para estas comunidades pone en riesgo su autonomía y soberanía  alimentaria, y vulnera el derecho a un medioambiente sano.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis humanitaria en La Guajira en el 2014, “La mayor parte de las comunidades étnicas en el departamento no cuentan con acceso al agua para consumo humano, ni tampoco para realizar las actividades que constituyen su sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pancoger (maíz, fríjol, yuca, auyama, entre otros), lo anterior amplía, aún más, los índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, genera desequilibrio social, afecta la calidad de vida de las comunidades y su posibilidad de crecimiento y desarrollo”.

En una entrevista realizada por el programa radial Rompecabezas del CINEP/Programa por la Paz, Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, afirmó: “Toda actividad humana tiene impactos negativos y la minería tiene unos impactos adicionalmente más grandes. Tiene impactos en relación al consumo del agua, la calidad del aire, la capa forestal, los cuales están identificados y se encuentran en unos planes de manejo ambiental”. En relación con el arroyo Bruno, la empresa ha manifestado que los impactos serán mitigados y compensados de tal forma que el arroyo continúe prestando sus servicios ambientales.

Por esta razón, el proyecto de desviación le apuesta a reproducir el arroyo con sus condiciones físicas originales para garantizar la supervivencia de fauna y flora. Así mismo, pretende garantizar calidad y cantidad de agua suficiente para los usos que se le ha dado hasta ahora, pero hace la salvedad de una posible disminución temporal del caudal durante la época de sequía.

Ana María Llorente, ingeniera ambiental que ha estudiado el caso del arroyo Bruno y miembro del Grupo de investigación geoambiental Terrae de la Universidad Nacional, explica los impactos ambientales que supondría la desviación del arroyo y habla sobre la viabilidad del proyecto.

Hace 20 años, Cerrejón desvió el arroyo Aguas Blancas, también en La Guajira, y los resultados de su recuperación ambiental son desastrosos. Lo que solía ser un afluente caudaloso hoy es un corredor de piedras secas y tierra árida en donde no corre ni un mínimo de agua. El arroyo está muerto, incluso aguas arriba de donde fue desviado.

Según Ana María Llorente, “Estos antecedentes nos permiten saber que es imposible que las características ecosistémicas de los arroyos permanezcan una vez son desviados. Cerrejón argumenta que los arroyos se afectan solo aguas abajo de su desviación, pero estamos hablando de sistemas continuos y completos, entonces intervenir un tramo afecta toda su extensión. Eso es lo que le puede pasar al arroyo Bruno”.

Fotografías: Ana María Llorente

Es importante mencionar que el arroyo Bruno en época de sequía guarda una reserva de agua subterránea, esto para mantener su equilibrio. Por tal razón, en algunos tramos y épocas secas no se ve la misma cantidad de caudal pero esto no quiere decir que no tenga agua. Según el informe de Censat Agua Viva, el arroyo Bruno es un cuerpo de agua permanente y esta falta de visbilidad en algunos tramos "más bien estaría indicando las dinámicas hidrogeológicas propias de la zona donde las características de las estructuras rocosas como su porosidad determinan en buena medida la hidrodinámica regional".

Actualmente, en su tramo final, el arroyo Bruno está siendo contaminado por aguas no tratadas que vienen de la mina y se estima que a diario, cada cinco minutos, dos o tres carrotanques extraen de su caudal 12.000 litros de agua, cada uno, para abastecer a 12.000 indígenas wayuu que ya no cuentan con el recurso. Estos vehículos llevan agua a lo largo y ancho de La Guajira, pasando por Albania, Maicao, Uribia, Riohacha y algunos sectores de Manaure.

Si bien el proyecto de desviación ya está avalado por la ANLA, aún faltan tres permisos que deben ser concedidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para iniciar las obras correspondientes a levantamiento de veda forestal, aprovechamiento forestal e intervención del cauce.

Los estudios para otorgar los permisos serán realizados por Corpoguajira y la ANLA, pero aún no se tiene claridad sobre el estado del proceso. Cerrejón financiará dichos estudios, situación que genera desconfianza en las comunidades afectadas y en las organizaciones que han acompañado el proceso, pues se pone en duda la parcialidad de los resultados.

El problema que el caso del arroyo Bruno evidencia va más allá de una acción minera con fuertes impactos ambientales y comunitarios que ha sido avalada por el Estado, se trata también de un espejo en el que se refleja el modelo nocivo con el que el mundo busca el desarrollo (entendiendo  como el crecimiento y la evolución de las naciones). Querer desviar el arroyo supone un desconocimiento de lo que somos y del lugar en el que habitamos, y una muestra de cómo los gobiernos tienden a poner el beneficio económico sobre las creencias, las prácticas y la vida misma de las comunidades.

En la última Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de este año, el carbón fue el principal objeto de debate, pues la comunidad internacional ha llamado la atención sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático.

Según Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, “el carbón tiene una vida corta proyectada a futuro, pues la tendencia mundial es el reemplazo del carbón por otras fuentes de energía. En Europa la aspiración es que en el 2050 se acabe el uso del carbón, pero es bueno tener en cuenta que eso no es hoy y que de aquí a allá hay que explotarlo responsablemente”.

A pesar de que Cerrejón estima poder seguir explotando el carbón en el tiempo que resta, la Organización de las Naciones Unidas exige acciones prontas y ha generado campañas para que los inversores internacionales se sumen al proceso de descarbonización de la economía, alentando la desinversión en combustibles fósiles. La coyuntura mundial nos llama a frenar la explotación de carbón y, en esa medida, se cuestiona la viabilidad de desviar los arroyos, pues se sabe que a futuro, en un escenario de cambio climático agudizado, será más importante el agua que el mineral negro.

Los guajiros que habitan cerca al arroyo Bruno exigen respeto hacia este cuerpo de agua, pero esta exigencia trasciende a todos los colombianos. 461.000 millones de regalías, cifra anual que pagó Cerrejón al Estado en el 2014, no revertirán el daño profundo e irreversible que dejará en la tierra, en las comunidades, en el patrimonio natural y simbólico de Colombia el desvío del arroyo, sobre todo de cara a los impactos del cambio climático. Necesitamos al Bruno vivo, necesitamos los ríos con agua, es hora de descarbonizar el discurso de desarrollo y proteger a aquellas comunidades que todavía respetan la vida del planeta.  

 María Alejandra Navarrete
Oficina de Comunicaciones