El Cinep / PPP, el CAJAR y CENSAT denuncian que tras realizar una visita de verificación encontraron la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, en La Guajira, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona.

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.

Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por lo que “el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer? Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte”, afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo principios de precaución y prevención ambiental.

A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de “interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la economía del país golpeada por la pandemia”. Nos preguntamos si insistir en la profundización y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero minero.

A continuación el comunicado: 

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

Setenta y dos años después de la resolución de Naciones Unidas que adopta el 10 de diciembre como día internacional de los derechos humanos, la situación de Colombia es alarmante. Desde Soacha, Nariño y La Guajira, las comunidades más golpeadas nos cuentan cómo se protegen de la violencia estatal y la confrontación entre ilegales y empresas que se disputan sus territorios por la coca, el oro y el carbón en la serie radial “Datos para la construcción de memoria y verdad”. Esta primera entrega y muchos más podcast podrán ser escuchados en Spotify

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política vienen en aumento desde el primer semestre de 2019. Así lo registra el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep que semestre a semestre realiza el informe del tema de la mano de organizaciones sociales de todo el país. Tres de ellas se podrán escuchar y conocer en la primera entrega de la serie radial que se estrena en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos de Nariño, la  Mesa de organizaciones de Mujeres de Soacha y Fuerza de Mujeres Wayuú en La Guajira coinciden en su preocupación por el incremento de las violencias en contra de los líderes sociales, firmantes de paz, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defensores del medio ambiente y el Acuerdo de Paz y general de las comunidades excluidas cuyas luchas pacíficas continúan a pesar de que su vida misma está en riesgo y siendo pisoteada sin que el Estado consiga protegerles y, en muchos casos, siendo sus mismos agentes quienes violentan a las comunidades hasta la muerte. La Policía colombiana, por ejemplo, pasó a ocupar el primer lugar en responsable de violadores de derechos humanos desplazando a los paramilitares, según el informe más reciente del Banco de Datos consignado en la revista Noche y Niebla No. 61. 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para “que los gobiernos tomen medidas, y por otro [lado] que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen” (ONU). Es un día en que mundialmente se vela por el respeto, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. 

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se observan altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. La violencia contra líderes y lideresas sociales continúan escalando en medio de una alarma nacional que no logra detener la barbarie. Desde la firma del Acuerdo de Paz van más de 600 defensores de derechos humanos asesinos y más de 200 en lo que va de 2020

También son preocupantes las cifras de homicidios que revela el informe. En 2019 “el ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”. En 2020, hasta el 22 de noviembre se registraban 309 personas asesinadas en 77 masacres (Indepaz, 2020). 

Las organizaciones sociales coinciden en la urgencia de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral y sin más incumplimientos de parte del gobierno, para mitigar las violencias de las que son víctimas día a día. Desde Nariño, Camila Alvarado y Juan Pablo Córdoba exponen que la coca y el incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) les tienen sumidos en un nuevo ciclo de horror.

“El territorio de Nariño tiene ciertas condiciones geográficas que han favorecido a la siembra de cultivos ilícitos y contribuye al financiamiento de ciertos grupos ilegales. Además, es objeto de disputas territoriales entre grupos armados, la fuerza pública y empresas multinacionales, actores fundamentales en el conflicto armado y las situaciones de violencia”, asegura Camila de la Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos, una de múltiples organizaciones que se articula a la Red Nacional BanDatos liderada por el Bando de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

 

Un denominador común causante de la violencia, que evidencia la primera entrega de la serie es precisamente el control territorial por parte de grupos armados legales como el Ejército quien ha asesinado campesinos y firmantes de paz como ocurrió con Dimar Torres, o bien, por parte de empresas legales como es el caso de Cerrejón y las mineras. 

En la primera entrega de la serie radial se advierten múltiples afectaciones producto de este fenómeno las cuales varían en relación con el lugar donde se dan las disputas o el despojo. 

En la Guajira Cerrejón ha despojado a la población de sus tierras durante 40 años y, aunque se prometió progreso, hoy sigue siendo uno de los departamentos más pobres el país donde escasea el agua en parte debido a la explotación carbonífera que anualmente extrae millones de toneladas en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En La Guajira 69 mil hectáreas han sido concesionadas a la empresa privada para explotación minera. Carbones del Cerrejón Limited explota actualmente 14.493, según Noche y Niebla.

Además del despojo, la acción minera por parte de la empresa ha causado la muerte de nuestros Mayores, la pérdida de su cultura y sus prácticas ancestrales, el deterioro del medio ambiente y la salud, entre otras afectaciones”, explica Camila Peláez, integrante del semillero de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu.

                                                                                                                         

El tercer episodio hace referencia al municipio de Soacha. Por medio de las voces de Soraya Garzón y Clemencia López, integrantes de la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, se vislumbra el panorama de violencia que se vive en el territorio, el cual se caracteriza por la presencia de grupos armados ilegales, la delincuencia común y el microtráfico: 

“Pero también es un municipio que, aunque no se reconozca eso por parte de las autoridades y de la administración municipal, tiene problemáticas muy grandes en cuanto a la invasión de terrenos para viviendas informales, problemas de violencias intrafamiliar, desnutrición y desempleo”, según Soraya.

                                                                                                                       

La serie podrá ser escuchada a través de nuestras cuentas de Spotify (https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw) y SoundCloud (https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1) desde este 10 de diciembre. 

Por Daniela Ramírez. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.