Manifestamos nuestra preocupación por la negación al acceso previo a la información y falta de garantías al Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales en el proceso de consulta previa sobre el proyecto minero de la empresa Best Coal Company - BCC que impacta esta importante reserva agrícola y ambiental.

Las organizaciones abajo firmantes respaldamos las denuncias del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales por la arbitraria negación del acceso a la información, presiones irregulares y falta de garantías para proteger de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto extractivo de minería de carbón a cielo abierto que pretende instaurar en el sur de La Guajira la empresa Best Coal Company -BCC, propiedad del conglomerado multinacional turco Yilmaden holding.

Las irregularidades que se han venido denunciado se intensificaron en la primera jornada de apertura de la pre-consulta programada unilateralmente por el Ministerio del Interior el pasado 20 de octubre. La comunidad acudió a la jornada, pero la compañía y el Ministerio del Interior continuaron negando y condicionando el acceso a la información a una reunión posterior en la cual prometieron que entregarían un disco duro.

Aun cuando un fallo de tutela de 2019 amparó el derecho de consulta de esta comunidad al no haber sido reconocidas por el Ministerio del Interior, esta protección se ha truncado por la negación sistemática de acceso previo de la información y estudios preliminares que se tienen del proyecto. Negar el acceso previo a la información es atentar contra la consulta en sí misma.

La comunidad ha advertido de estas situaciones al juez de instancia y han acudido a una acción de tutela sin que sus reclamaciones hayan sido atendidas. En decisiones cuestionables, se consideró que la empresa podía condicionarla pese a que no existe algún condicionante legal sobre la oportunidad para la entrega de la información. Además, es particularmente preocupante que luego de la primera jornada de pre-consulta celebrada el pasado 20 de octubre tampoco les fue suministrada la información.

Esta comunidad ha reiterado en todas sus comunicaciones su voluntad de participar en la consulta previa, pero el hecho de pedir garantías ha implicado que sean amenazadas con que se les va a “aplicar” el test de proporcionalidad. Un ejemplo de esto se dio en la primera jornada de pre-consulta donde funcionarios del Ministerio del Interior les advirtieron que los iban a reportar ante la autoridad judicial de no querer participar por solicitar la información del proyecto y pedir el acompañamiento de los entes de control.

El manejo del lenguaje dentro de las comunicaciones del Ministerio y de la empresa BCC también es cuestionable. En lugar de primar el respeto y la buena fe frente a cada participante se ha descalificado a las comunidades de un supuesto desconocimiento e ignorancia de sus derechos. Esta situación se repitió constantemente durante el desarrollo de la jornada de la apertura de la pre-consulta, pese a los llamados de respeto que emitieron las comunidades. El Ministerio del Interior debe pronunciarse ante estas declaraciones de la empresa y garantizar el máximo respeto en el desarrollo de la consulta.

También es alarmante que en comunidades cercanas donde se consideran “exitosas” las consultas previas para este proyecto, se están evacuando las etapas de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en jornadas que duran un día. La evaluación de los impactos sociales, ambientales, espirituales, culturales y en ddhh que implica la aprobación de un megaproyecto extractivo no debería ser tomado a la ligera por parte de las instituciones nacionales.

Otra situación que denuncian las comunidades es que, al parecer, el Ministerio del Interior pretende delegar aspectos de la planificación de la consulta previa a la empresa consultada. Reiteramos que esta obligación del Estado, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse otorgando atribuciones a la misma empresa interesada en la explotación en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta.*

Este tipo de prácticas que buscan acelerar las reuniones para que la consulta se reduzca a un mecanismo ‘express' coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se convierten en una forma de coacción sin garantías. A su vez, los condicionamientos para el acceso previo a la información van en contravía de los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa de los pueblos étnicos ante actividades extractivas, los derechos de democracia y justicia ambiental, así como a las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos.

Cañaverales es una despensa agrícola fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de la región que se abastece de las aguas del manantial y del río Cañaverales. Este territorio, cuna cultural y musical, se encuentra en peligro ante los intereses de un grupo inversionista turco que está desconociendo derechos fundamentales. Exigimos que para las próximas jornadas programadas en el proceso de pre-consulta se otorguen las garantías del proceso consultivo de la comunidad de Cañaverales.

*Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador.

A continuación el comunicado: 

  

Por: La Guajira le Habla al País - CAJAR - Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz -CINEP/PPP- CENSAT.

El pueblo Guajiro ya no aguanta más. Jóvenes, mujeres y líderes sociales guajiros recorrieron más de 1000 kilómetros para llegar a Bogotá y reclamar justicia y verdad al Estado Colombiano. Denuncian una grave crisis humanitaria que padecen por más de 12 años y la impunidad socioambiental con la que han operado las multinacionales para extraer carbón por más de 40 años.

A pesar de que hemos recurrido a diferentes estrategias de lucha para exigir nuestros derechos y defender la vida, la naturaleza y el territorio guajiro, no hemos sido escuchados. Hemos agotado todas las vías sociales, políticas, culturales y jurídicas y aun así el panorama en La Guajira no cambia. Por eso venimos a exigir justicia y a contarle al país el verdadero costo del llamado “desarrollo” de la mega minería de carbón, lo que le han hecho a la salud, a nuestros ríos y arroyos, a nuestro sueño, espiritualidad y cultura, lo que le ha pasado a nuestros cerros y valles y las injusticias que han tenido que vivir nuestras comunidades porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados sistemáticamente. 

Sentimos que lo que están haciendo en nuestra tierra es el desangramiento de nuestras comunidades y también de la naturaleza. Por sacar millones de toneladas de carbón para exportarlas en su totalidad, la empresa Carbones el Cerrejón de la que han sido dueñas las multinacionales BHP-GLENCORE Y ANGLOMERICAN, son responsables de haber secado, desviado y alterado más de 17 cuerpos de agua; del desplazamiento, despojo y confinamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y wayuu; de la alteración de gran parte del bosque seco tropical; de la contaminación de nuestras aguas, suelos y aire, de las enfermedades respiratorias y de la piel de niños, niñas y madres wayuu, de las afectaciones a la salud de las y los trabajadores, del daño a nuestra cultura y la transformación abrupta del territorio y del paisaje social y natural. Todo esto, que sucede año tras año y que sigue sucediendo en nuestros territorios, nos representa un ecocidio y etnocidio. 

Hemos logrado que diferentes tribunales y altas cortes ratifiquen la responsabilidad de la empresa y del Estado en la vulneración de distintos derechos humanos. Existen más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las practicas de injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia, las órdenes para la garantía de estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento. 

A esta situación se suman planes de expansión de la voracidad extractivista en un territorio en crisis hídrica y altamente vulnerable  la crisis climática. No solo se quieren seguir intensificando en las explotaciones ya existentes sino que se proyectan nuevas minas de carbón como la de Best Coal Company -BCC- de capital turco del grupo Yilmaden que se quiere imponer en el sur de La Guajira. 

Ante la injusticia permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y los abusos por parte de las  empresas extractivas de carbón, hoy exigimos: 1. Justicia ante el ecocidio y etnocidio ocasionado por las multinacionales con complicidad del Estado colombiano 2. Seguimiento real a las Sentencias y fallos judiciales y mecanismos para su efectivo cumplimiento. 3. Iniciar procesos de investigación disciplinaria a funcionarios que no han cumplido con las obligaciones proferidas por la Corte Constitucional como la Sentencia SU 698/17 y T 329/17 4. Retorno al cauce natural de las aguas desviadas del arroyo Bruno 5. Se adopten de manera prioritaria y en aplicación del principio de precaución medidas que atiendan la gravedad de los riesgos y afectaciones a la salud asociados a actividad de megaminería. 6.Reconocimiento de la verdad y reparación integral al territorio y a cada una de las comunidades víctimas del mal llamado desarrollo 7. Plan de Cierre de la mina de carbón del Cerrejón con participación de las comunidades y los trabajadores 8. Cese a la ampliación de la frontera minero energética en La Guajira. 

¡Basta de impunidad socioambiental en La Guajira, queremos y soñamos con justicia ahora! 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El Cinep / PPP, el CAJAR y CENSAT denuncian que tras realizar una visita de verificación encontraron la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, en La Guajira, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona.

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.

Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por lo que “el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer? Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte”, afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo principios de precaución y prevención ambiental.

A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de “interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la economía del país golpeada por la pandemia”. Nos preguntamos si insistir en la profundización y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero minero.

A continuación el comunicado: 

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

Setenta y dos años después de la resolución de Naciones Unidas que adopta el 10 de diciembre como día internacional de los derechos humanos, la situación de Colombia es alarmante. Desde Soacha, Nariño y La Guajira, las comunidades más golpeadas nos cuentan cómo se protegen de la violencia estatal y la confrontación entre ilegales y empresas que se disputan sus territorios por la coca, el oro y el carbón en la serie radial “Datos para la construcción de memoria y verdad”. Esta primera entrega y muchos más podcast podrán ser escuchados en Spotify

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política vienen en aumento desde el primer semestre de 2019. Así lo registra el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep que semestre a semestre realiza el informe del tema de la mano de organizaciones sociales de todo el país. Tres de ellas se podrán escuchar y conocer en la primera entrega de la serie radial que se estrena en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos de Nariño, la  Mesa de organizaciones de Mujeres de Soacha y Fuerza de Mujeres Wayuú en La Guajira coinciden en su preocupación por el incremento de las violencias en contra de los líderes sociales, firmantes de paz, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defensores del medio ambiente y el Acuerdo de Paz y general de las comunidades excluidas cuyas luchas pacíficas continúan a pesar de que su vida misma está en riesgo y siendo pisoteada sin que el Estado consiga protegerles y, en muchos casos, siendo sus mismos agentes quienes violentan a las comunidades hasta la muerte. La Policía colombiana, por ejemplo, pasó a ocupar el primer lugar en responsable de violadores de derechos humanos desplazando a los paramilitares, según el informe más reciente del Banco de Datos consignado en la revista Noche y Niebla No. 61. 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para “que los gobiernos tomen medidas, y por otro [lado] que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen” (ONU). Es un día en que mundialmente se vela por el respeto, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. 

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se observan altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. La violencia contra líderes y lideresas sociales continúan escalando en medio de una alarma nacional que no logra detener la barbarie. Desde la firma del Acuerdo de Paz van más de 600 defensores de derechos humanos asesinos y más de 200 en lo que va de 2020

También son preocupantes las cifras de homicidios que revela el informe. En 2019 “el ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”. En 2020, hasta el 22 de noviembre se registraban 309 personas asesinadas en 77 masacres (Indepaz, 2020). 

Las organizaciones sociales coinciden en la urgencia de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral y sin más incumplimientos de parte del gobierno, para mitigar las violencias de las que son víctimas día a día. Desde Nariño, Camila Alvarado y Juan Pablo Córdoba exponen que la coca y el incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) les tienen sumidos en un nuevo ciclo de horror.

“El territorio de Nariño tiene ciertas condiciones geográficas que han favorecido a la siembra de cultivos ilícitos y contribuye al financiamiento de ciertos grupos ilegales. Además, es objeto de disputas territoriales entre grupos armados, la fuerza pública y empresas multinacionales, actores fundamentales en el conflicto armado y las situaciones de violencia”, asegura Camila de la Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos, una de múltiples organizaciones que se articula a la Red Nacional BanDatos liderada por el Bando de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

 

Un denominador común causante de la violencia, que evidencia la primera entrega de la serie es precisamente el control territorial por parte de grupos armados legales como el Ejército quien ha asesinado campesinos y firmantes de paz como ocurrió con Dimar Torres, o bien, por parte de empresas legales como es el caso de Cerrejón y las mineras. 

En la primera entrega de la serie radial se advierten múltiples afectaciones producto de este fenómeno las cuales varían en relación con el lugar donde se dan las disputas o el despojo. 

En la Guajira Cerrejón ha despojado a la población de sus tierras durante 40 años y, aunque se prometió progreso, hoy sigue siendo uno de los departamentos más pobres el país donde escasea el agua en parte debido a la explotación carbonífera que anualmente extrae millones de toneladas en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En La Guajira 69 mil hectáreas han sido concesionadas a la empresa privada para explotación minera. Carbones del Cerrejón Limited explota actualmente 14.493, según Noche y Niebla.

Además del despojo, la acción minera por parte de la empresa ha causado la muerte de nuestros Mayores, la pérdida de su cultura y sus prácticas ancestrales, el deterioro del medio ambiente y la salud, entre otras afectaciones”, explica Camila Peláez, integrante del semillero de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu.

                                                                                                                         

El tercer episodio hace referencia al municipio de Soacha. Por medio de las voces de Soraya Garzón y Clemencia López, integrantes de la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, se vislumbra el panorama de violencia que se vive en el territorio, el cual se caracteriza por la presencia de grupos armados ilegales, la delincuencia común y el microtráfico: 

“Pero también es un municipio que, aunque no se reconozca eso por parte de las autoridades y de la administración municipal, tiene problemáticas muy grandes en cuanto a la invasión de terrenos para viviendas informales, problemas de violencias intrafamiliar, desnutrición y desempleo”, según Soraya.

                                                                                                                       

La serie podrá ser escuchada a través de nuestras cuentas de Spotify (https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw) y SoundCloud (https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1) desde este 10 de diciembre. 

Por Daniela Ramírez. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP