Defendamos la Paz condena y denuncia un ataque directo contra el Acuerdo de Paz en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Del 11 al 13 de abril miembros del grupo disidente Frente Carlos Patiño irrumpieron en varios corregimientos en búsqueda de excombatientes firmantes del Acuerdo. A continuación el comunicado completo.

Un ataque directo contra el Acuerdo de Paz está en curso en el municipio de Argelia del departamento del Cauca. Defendamos la Paz condena la acción del grupo disidente Frente Carlos Patiño que lo emprendió.

Del 11 al 13 de abril, miembros de este grupo armado irrumpieron en varios corregimientos en la búsqueda de excombatientes firmantes del Acuerdo y los líderes sociales que los apoyan. Los vecinos les han escuchado poner precio a las cabezas de excombatientes en proceso de reincorporación por causa de su apoyo a la sustitución de cultivos. El operativo también abarcó el reclutamiento forzoso de varias personas, incluyendo menores, que hoy se dan como desaparecidas. Varios combates entre el Ejército y el grupo armado ilegal tuvieron lugar el 14 de abril.

Al Gobierno le pedimos proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al trabajo, mediante un despliegue integral de las entidades de la rama ejecutiva con capacidad dar respuesta a la situación humanitaria en Argelia y, en particular, a la Nueva Área de Reincorporación donde se encontraba la mayoría de los excombatientes.

A la Defensoría del Pueblo, le solicitamos poner en marcha un diálogo con el Gobierno que asegure la toma de medidas para dar atención a la Alerta No. 10 de 2020, que cubre a esta región.

A la comunidad internacional y, en especial, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos le solicitamos documentar, informar y facilitar.

A los excombatientes les decimos que el camino sigue siendo la paz.

Los excombatientes de Argelia han hecho un apuesta por la paz; los disidentes se toparán con la fuerza de una sociedad dispuesta a defenderla, aun en medio de la pandemia. Bien lo dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres: “la furia del virus ilustra la locura de la guerra”.


Defendamos La Paz
Colombia, 15 de abril de 2020.

 

Esto opinaron seis víctimas del conflicto sobre la memoria y la situación de sus comunidades en medio de la crisis social y sanitaria en Colombia por el Covid19. Compartimos resumen y video de la segunda emisión de  #DiálogosEnCuarentena realizada en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas.


Desde Tumaco, Chocó, Bojayá, Antioquia y Montes de María, víctimas, líderes y lideresas sociales conversaron sobre "Memoria, líderes sociales y víctimas en tiempos de pandemia" en un diálogo virtual convocado por el CINEP/PPP y el movimiento Defendamos La Paz. La charla abrió espacio a hacer visibles las gran vulnerabilidad de las comunidades históricamente excluidas, en cuyos territorios, además del confinamiento sanitario, se ha recrudecido el confinamiento armado. 

Desde el Chocó, Luz Marina Becerra, miembro de Afrodes Colombia, insistió en la carencia de servicios básicos como el agua afirmando que “para nosotros por la exclusión histórica el confinamiento es más difícil”.  Luz Marina mencionó, con jocosidad y preocupación a la vez, que les mandan a lavar las manos con frecuencia cuando en muchas poblaciones afro ni siquiera tienen acceso al agua. 

A la vulnerabilidad creada por la emergencia sanitaria, se suma la violencia latente a la que se han visto expuestas históricamente estas comunidades. Las amenazas, desplazamientos y asesinatos a los pueblos empobrecidos, entre ellos 6 líderes que han sido asesinados durante cuarentena, no paran. Tal fue el caso de John Restrepo, líder de la comunidad Lgbt en Medellín quien fue atacado en su propia casa en un barrio popular de Medellín durante el confinamiento. Otros no corrieron con su suerte y perdieron la vida como ha sido el caso también de firmantes de paz de Farc asesinados en este periodo. 

Según Leyner Palacios quedarse en casa es incluso aumentar el riesgo. Palacios insistió en la necesidad de crear un corredor humanitario en el Pacífico donde preocupa la violencia que no se detiene ni con la pandemia.

Menderson Mosquera, en Antioquia, se refirió a las poblaciones confinadas por la guerra en el Bajo Cauca, Dabeiba y Mutatá, en donde las directrices nacionales han sido débiles y no se han integrado todas las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Para Mosquera es necesario que las ayudas alimentarias no se dejen en manos de “politiqueros” sino que se entreguen con prioridad. Ellos y ellas como integrantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas no han contado, explica, con posibilidad alguna de incidir en la escogencia de la entrega de ayudas en sus municipios.

Además, Jhon Jairo Romero, desde España, explicó la fragilidad de las víctimas que se encuentran en el exterior y solicitan con urgencia medidas de protección. John Jairo también destacó la solidaridad que ha recibido de otros colombianos y las muestras de afecto y apoyo que observa en Colombia. Para él, la pandemia también está “sacando lo mejor de nosotros”. 

Entre tanto, José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de Memoria de Tumaco, enfatizó en las preocupaciones de muchos -no solo de las víctimas- por la “oficialización” de la memoria de parte del Estado. 

“La memoria no es del Estado es de las poblaciones vulnerables, las víctimas y los colombianos, debe ser un espacio autónomo, no debe ser un instrumento para que el gobierno de turno cuente lo que quiera”.

Desde Tumaco, Foncillas señala que varios grupos ilegales en el Pacífico Nariñense han estado distribuyendo panfletos amenazantes y recordó que horas antes incluso atacaron una misión médica dejando una persona muerta.

Por su parte, Claudia Cueto, en Montes de María, habló de la importancia de la memoria desde las comunidades recordando la experiencia del Mochuelo en los Montes de María. En dicha región varios líderes sociales han sido amenazados en medio de la pandemia y están sorteando su seguridad además de la sobrevivencia.

"Una lección que nos está dejando el COVID-19 es que el Estado debe avanzar en prevención y no solo en reacción a la coyuntura. No tenemos un sistema de salud adecuado menos aún en territorios afro", afirmó Luz Marina Becerra.

Para las víctimas hay una debilidad del Estado para responder a la emergencia sanitaria y social generada. Para varios, la pandemia develó la corrupción y la fragilidad del sistema económico y político de Colombia que, sumadas a la violencia histórica, podrían llevar a la desaparición de comunidades como el caso de los Wayuú en La Guajira.

Los presentes estuvieron de acuerdo también en el rechazo a los posibles actos de corrupción para entregar alimentos o bonos por parte del gobierno nacional, y exigieron protección para sus territorios. Además, se sumaron a la propuesta de la Red Colombiana de Lugares de Memoria de lograr que el Museo Nacional de la Memoria (promovido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica pero que es un escenario de reparación a las víctimas según la ley) tenga una dirección independiente del gobierno. 

Las víctimas mostraron, una vez más, su fuerza y su valor e invitaron a los colombianos a estar de pie exigiendo la garantía de sus derechos y apoyándose mutuamente en lazos de fraternidad y solidaridad. A continuación el conversatorio completo: 

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

El Cinep/PPP, junto con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y ambientales, se une al llamado a la acción urgente al gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la violación de derechos de las personas privadas de la libertad. A continuación su comunicado completo. 

 Las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, ambientales y psicosociales, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato, amenaza y persecución sistemática a defensores de derechos humanos, poblaciones campesinas e indígenas y líderes sociales en el país con preponderancia en los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó. Así mismo, denunciamos la violación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad (PPL) en el marco de la Pandemia del Covid-19, y de quienes no cuentan con medios de subsistencia para asumir el aislamiento preventivo, exigiendo la protección del derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital y a las garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y el cese de vulneraciones a los derechos humanos en los territorios.

De igual manera, solicitamos urgentemente a todos los actores armados, legales e ilegales: Pedimos actos de humanidad y respeto del Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los derechos humanos –DIDH- a todos los actores armados, alto al fuego y cesar todo tipo de hostilidades, acciones bélicas para permitir la seguridad y tranquilidad de todos y todas en todo tiempo y lugar, en zonas urbanas y rurales cercanas y apartadas; respetar las misiones medicas, humanitarias y de transporte de alimentos. Es necesario esta muestra expresa de humanidad para contener la pandemia del Virus COVID 19. En estos momento se enaltece el valor de la vida como bien mayor de todos y todas, en la más extrema diferencia podemos aportar para que el impacto a los y las menos favorecidas sea mínimo.

 

A continuación el comunicado completo: 

El tercer derecho consagrado en la Declaración universal de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin embargo, este derecho termina siendo uno de los más violados en contextos como el colombiano. Ante esta situación, se hace necesario que entorno a este tipo de violencia, la ciudadanía se manifieste para exigir respeto por la vida.

La defensa del derecho a la vida en Colombia no es algo nuevo. El violento contexto que han vivido las comunidades, tanto en el campo como en las ciudades, ha llevado también a levantar la voz de protesta y a salir a las calles para rechazar los asesinatos, para exigir justicia y para demostrar que, a pesar de la violencia mortal, hay quienes quieren construir mejores condiciones para sus comunidades. 

 La defensa de la vida en Colombia

La Base de datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, recopila información histórica sobre las luchas protagonizadas por diversos sectores sociales. Esta base registra 1784 luchas sociales por el derecho a la vida entre 1975 y 2018. A continuación, los datos por año y la participación departamental de estas luchas.

 

30 años resistiendo a la violencia

La anterior gráfica muestra el comportamiento, en cantidad, de las luchas sociales por la vida en Colombia. Estas movilizaciones suelen ser reactivas, es decir, se producen como respuesta a un incremento del número de asesinatos y acciones violentas en determinada región. A continuación, los años en los que se presentaron más movilizaciones por la vida con sus contextos que explican estos incrementos. Y muestran además, algunos de los protagonistas de las historias de horror y de las historias de resistencia y manifestación por el derecho a la vida y a la integridad desde 1988 hasta 2018.

 

Marcha por la vida 2019: por los liderazgos sociales

A finales de junio de 2019 un video sacudió la opinión pública. Se trataba de un niño llorando desesperado porque acababan de asesinar a su madre, María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba. Esta imagen no sólo develó el drama más cercano, del asesinato selectivo a líderes sociales, sino que despertó una amplia indignación en muchos sectores. Semanalmente los medios de comunicación han presentado desde la firma del Acuerdo asesinatos de personas que adelantaban gestiones en diversos temas, para para enfrentar injusticias, exclusiones o desigualdades en sus comunidades.

Los dolorosos gritos de ese niño llamaron la atención de la ciudadanía en general para hacer algo en defensa de los liderazgos sociales. Así, se convocó a una marcha el 26 de julio. Múltiples sectores atendieron y salieron a las calles en ciudades de todo el país y en el exterior. Convocados para exigir respeto por el derecho a la vida ante los armados y para exigir celeridad en la justicia de estos casos ante el Estado. Estas son las voces de los representantes de algunos sectores sociales que marcharon ese viernes en Bogotá y sus motivaciones.

 
 

Por los liderazgos sociales

La marcha del 26 de julio, por los líderes sociales, en imágenes

 

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Deivyd Manrique

 

Asesora temática: Martha Cecilia García

Organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos por los derechos humanos, el territorio y el agua en el departamento de La Guajira alertamos a todas las instituciones garantes de los Derechos Humanos en los municipios de Albania y Maicao, en el departamento de la Guajira y a toda la comunidad nacional e internacional por anuncio de desalojo por fuerza de la comunidad indígena wayuu de El Rocío para estos días 23 al 24 de julio de 2019.