El inicio de año ha estado marcado por la violencia en Colombia, en especial en Arauca que suma 170 familias desplazadas, 33 homicidios y la explosión de un carro bomba en Saravena. Abandono estatal, olvido de la frontera y disputa ilegal tras dejación de armas de la ex guerrilla de Farc serían algunas razones.

Este miércoles 19 de enero en la noche un carro bomba explotó en Saravena, Arauca, dejando a cuatro personas heridas y una más fallecida, hecho que se suma a los asesinatos de los líderes Miguel Alexi Amado en Arauquita y José Abelino Pérez en ese departamento. Según la Defensoría del Pueblo del 1 al 13 de enero de este año se han registrado 33 homicidios y 170 familias desplazadas en Arauca, configurando una crisis humanitaria por “las acciones de los grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza”.

“Solo esta semana han sido asesinados dos líderes sociales en los municipios de Arauquita y Arauca. Miguel Alexi Amado y José Avelino Pérez, líderes campesinos, culturales y defensores de derechos humanos fueron perseguidos y asesinados por defender la vida”, señala el Congreso de los Pueblos en comunicado. El carro bomba estalló frente a la sede de esta organización en Saravena.

Víctor Barrera, investigador del Cinep / PPP, explica que la situación de Arauca es producto de una sucesión de retaliaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) relacionadas con el incumplimiento o la ruptura de un acuerdo de distribución de poder que existía entre estas dos organizaciones. Según Barrera, este grupo disidente hacía parte del frente décimo y hoy se reclaman como las verdaderas FARC.

Las disidencias de la Segunda Marquetalia “han entrado en un juego de alianzas para derrotar a las disidencias del frente décimo que no han querido plegarse a la Segunda Marquetalia sino que están un poco a la sombrilla de Gentil Duarte”, explica Barrera. Esta guerrilla fue fundada por los otrora negociadores del Acuerdo de paz y luego líderes del rearme de Farc “Iván Márquez” y otros que se presumen ya asesinados como “Jesús Santrich”, “El Paisa” y “Romaña”.

Barrera resaltó que aunque se ha dicho que esta confrontación se debe a la lucha por el control de las rentas ilegales, también debe tomar en cuenta la puja por el control territorial que ejercen estas organizaciones con presencia histórica en la región. Esto ocurre, explica, en un territorio en el que “si el Estado existe, lo hace en una altísima presencia militar” y con una oferta de seguridad limitada a proteger la infraestructura petrolera.

Por su parte, hay quienes aseguran que la grave crisis en Arauca tiene que ver con las políticas del gobierno Duque. De acuerdo con Humanidad Vigente, “la ola de violencia que vive la población de Arauca y el movimiento social, es producto del abandono Estatal y social, la crisis humanitaria, la militarización y las zonas de guerra llamadas 'zonas futuro'; lo que viene antecedido históricamente por hacer del departamento un laboratorio de guerra contra su población”. 

Frontera olvidada

Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Arauca es uno de los once departamentos que la integran. Según Martha Márquez, directora del Cinep / PPP y experta en relaciones binacionales Colombia - Venezuela,  “desde 1830 hay un abandono de las fronteras y cuando se hace presencia es de forma militar”, lo que ha permitido que estos territorios “sean controlados por actores armados que se dedican a las economías ilegales”.

“El Estado venezolano permite actores armados como los de la Segunda Marquetalia, el ELN pelea por territorios con las disidencias y el Estado colombiano hace presencia militar”, concluye Martha Márquez.

En el complejo departamento fronterizo de Arauca, el ELN buscó extenderse “a lo largo de la cuenca del río Orinoco y penetró con mayor profundidad al interior de Venezuela” tras la firma del Acuerdo de Paz que provocó la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) del territorio, de acuerdo con el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada publicado por Cinep / PPP en 2021. Según sus autores, el frente Domingo Laín que hace presencia en Arauca se ha permitido mostrar un “modelo organizacional, pero también un apoyo material para otras estructuras” de la guerrilla. Arauca ha sido fortín histórico de esta guerrilla que aún no deja las armas y que habría denunciado recientemente en sus redes sociales que la cruda confrontación obedece al patrocinio de Estados Unidos a las disidencias de las Farc. 

Guerras locales

En otras regiones la situación no es mejor: El 14 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, joven indígena ambientalista de tan solo 14 años de edad, en Cauca; el 17 de enero, Mario Jonathan Palomino, profesor y ambientalista, en El Carmen de Viboral, Antioquia; y el mismo día se encontró el cuerpo de Luz Marina Arteaga, lideresa y reclamante de tierras que había sido desaparecida desde el 12 de enero en Casanare. A ello se suman las denuncias por las situaciones de riesgo que denuncian comunidades de Chocó, Montes de María y Magdalena producto de la presencia y acciones de actores armados ilegales en sus territorios. 

Para Víctor Barrera en este difícil inicio de año se continúa la tendencia de recrudecimiento del conflicto que viene del año pasado. Él recordó que incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un comunicado a inicios de 2021 llamando la atención sobre la situación de violencia exacerbada contra firmantes de la paz y defensores de DD.HH.

Hay un “deterioro paulatino, sostenido, pero diferenciado a nivel territorial de las condiciones de seguridad”. Este contexto se produce debido a la reconfiguración y fragmentación organizacional tras el desarme de las FARC que sigue en curso, y genera una “competencia armada por saber quién se impone sobre quién o qué tipo de alianzas pueden estabilizar las dinámicas de la violencia sin que ello implique la desaparición de las organizaciones armadas”.

Para el investigador, este deterioro está marcado por las historias regionales de la violencia que había previamente en los territorios y que dan cuenta de guerras locales que ya no se inscriben en un relato nacional y que todavía tienen “ese fuerte localismo que hace que estas disputas sean mucho más exacerbadas”.

El ELN, las disidencias y el Clan del Golfo serían los actores más visibles de esta confrontación:

“Estamos observando un ELN que está buscando posicionarse como una amenaza frente al Estado a través de ataques terroristas pero también con una capacidad bélica importante en regiones donde ha tenido una presencia como en el Catatumbo y Arauca”, sostiene el experto, añadiendo que esta será una dinámica que probablemente continuará este año. 

De otra parte, afirma que hay una gran diversidad de disidencias que serían, entre 22 y 30, “dependiendo de las fuentes” y que están fragmentadas.

Por último, tras la captura de su máximo líder, “Otoniel”, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia también conocidas como Clan del Golfo o Urabeños) presentan “más continuidad que un cambio”. Aunque Barrera apunta que hay varias hipótesis que sostienen que se convertirán en estructuras autónomas que competirán entre sí, “al menos lo que estamos viendo es que este grupo armado tiene una organización que les permite ir mucho más allá de un liderazgo individual y en algunas regiones hemos visto que estas estructuras conservan un control significativo e importante”. 

Se demuestra así, según Barrera, que “una ausencia total de una política de seguridad consistente respecto al nuevo contexto de estas guerras locales que demandan transformaciones que este gobierno no está interesado en tomar”. Adicionalmente, la violencia deja de ser selectiva contra personas defensoras de DD.HH. y “se convierte en una violencia indiscriminada que pone a la población civil en el centro de la confrontación en algunos territorios del país”.

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP / PPP), el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y el Servicio Jesuita para Refugiados (JRS) rechazan el asesinato del joven líder John Alexander Sierra y exhortan al Estado colombiano a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Con profundo dolor y tristeza, recibimos la noticia del asesinato de John Alexander Sierra, joven líder de la zona rural del Corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, Valle del Cauca y quién hizo parte del proyecto Emprendimientos Juveniles rurales nuevas identidades y paz territorial que recientemente acompañaron el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP, el Instituto Mayor Campesino -IMCA y el Servicio Jesuita para Refugiados -JRS. Rechazamos este asesinato y todas las amenazas contra los jóvenes en el país, quienes además de tener un lugar marginal en cuanto acceso a oportunidades, están sobrellevando las presiones de la guerra y las amenazas de despojo.

John Alex era un joven trabajador del campo, lleno de alegría, espíritu crítico y firme para denunciar la injusticia, de forma incansable buscó potenciar sus sueños y hacerle frente al olvido del campo y de los jóvenes  a través de la materialización de alternativas productivas para su familia y comunidad, su voz ha sido silenciada por la guerra que exitosamente cumple su función y es un fuerte golpe no solo para su familia, a quienes acompañamos en este profundo dolor, sino un daño irreparable para toda su comunidad.

Estos hechos se suman a la larga y dolorosa lista de asesinatos, amenazas, y desapariciones de jóvenes líderes en todo el país y son mensajes desesperanzadores para aquellos que hoy le apuestan a la construcción de paz en sus territorios.

Exhortamos al Estado Colombiano a esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y brindar garantías para el legítimo ejercicio del liderazgo de los jóvenes en las comunidades.

Bogotá, 27 de noviembre de 2021

A continuación el comunicado: 

  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

 

Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP

El Banco de Datos de DDHH y Violencia Política presentó su informe semestral y anual sobre 2020 en la Revista Noche y Niebla No. 62 este 21 de abril dejando ver el aumento de violencias con relación al 2019, y un preocupante panorama con relación a los líderes y lideresas sociales, que fueron más asesinados y amenazados en 2020. Una mirada, también, al Pacífico caucano donde los pueblos resisten pacíficamente desde organizaciones sociales y expresiones culturales como la Caravana Fluvial por la vida.

Las violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política aumentaron en Colombia en 2020 con relación a 2019, reveló el Banco de Datos del Cinep / PPP este miércoles 21 de abril en la presentación de la Revista Noche y Niebla No. 62. El equipo de investigadores dio a a conocer además que en el segundo semestre de 2020 aumentaron los asesinatos y amenazas a líderes sociales con respecto al primer semestre de ese año

En el conversatorio y rueda de prensa virtual participaron los investigadores del Banco de Datos Javier Giraldo SJ. y Alejandro Angulo SJ., el director del Cinep/PPP Luis Guillermo Guerrero Guevara, y el líder social de Cococauca Dionisio Rodríguez Paz, quienes socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla que incluye un artículo regional sobre la costa pacífica del Cauca.

“En los últimos años el Banco ha ido analizando una metamorfosis progresiva en el campo de víctimas y victimarios (...) Las víctimas perseguidas son especialmente los liderazgos de base”, aseguró Javier Giraldo anotando que ellos y ellas carecen de reconocimiento regional o nacional.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el año pasado dio cuenta de 43 asesinatos y 15 atentados a firmantes de la paz, dejando como resultado un total de 517 victimizaciones contra el liderazgo social de base en el año. Además, el segundo semestre de este año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de DD.HH., presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66). 

De otra parte, Giraldo manifestó que en cuanto a los victimarios “estamos en una cuarta etapa de anonimato total”, en la que quienes cometen los homicidios de líderes y lideresas “son perpetradores desconocidos y eso facilita la impunidad”.  

Violaciones a Derechos Humanos 

De acuerdo con los datos reunidos por el Banco en 2020, los grupos paramilitares son los principales presuntos responsables de las violaciones a los DDHH, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos registrados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Infracciones al DIH

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), en 2020 el Banco de Datos registró 502 victimizaciones, siendo Cauca, Bogotá y Nariño los territorios más afectados con 232, 70 y 39 casos respectivamente.  

Los presuntos responsables de estas infracciones fueron, en su mayoría, los grupos guerrilleros con 235 victimizaciones, seguidos por grupos paramilitares (138), combatientes (68), el ELN (39), el Ejército Nacional (17) y el Estado Colombiano (5). 

Violencia política

El Banco de Datos tuvo información en 2020 de 836 víctimas de violencia político social, siendo los asesinatos, amenazas y lesiones físicas los principales métodos de victimización. Las regiones más afectadas fueron Cauca, con 300 victimizaciones; Nariño, con 76; Valle del Cauca, con 68; Antioquia, con 61; y Norte de Santander, con 56.

La edición N° 62 de la revista Noche y Niebla incluyó de forma específica los datos del segundo semestre del 2020, sobre los que se refirió Luis Guillermo Guerrero, al afirmar que “resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo”, evidenciado en 252 amenazas de muerte y 59 personas ejecutadas extrajudicialmente presuntamente por estos grupos entre julio y diciembre de 2020. 

Igualmente, el director de Cinep/PPP resaltó que son igualmente graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que en el mismo periodo “causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 28 personas y amenazaron de muerte a 26 más”. 

Cauca no se rinde

Guerrero también manifestó la alerta por la “crisis social y humanitaria que golpea al departamento del Cauca”, enviando un mensaje de apoyo a las comunidades tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del Resguardo de La Laguna en Caldono el pasado 20 de abril. Este hecho se suma al atentado con explosivos en el casco urbano de ese municipio el 26 de marzo pasado, y a los enfrentamientos entre Ejército y disidencias del Ejército que dejaron 12 muertos, incluyendo civiles y un soldado el 17 de abril en Argelia. 

En cuanto a la costa pacífica del Cauca (López de Micay, Guapi y Timbiquí) la situación no es menos grave. Allí la minería de oro de aluvión, las actividades de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito se han intensificado, conllevando afectaciones como la ausencia de soberanía alimentaria o la pérdida de autonomía de las comunidades.

“El narcotráfico y la minería indiscriminada, más la presencia de actores armados han causado inestabilidad en las comunidades negras y afectado su forma de resistir y existir en los territorios colectivos”, aseguró Dionisio Rodríguez de Cococauca durante la rueda de prensa. 

Estas conflictividades, han generado la agudización del conflicto armado, “la contaminación ambiental y la fragmentación del tejido social”, apuntó Rodríguez, quien también clamó por el respeto y reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas ancestrales y su derecho colectivo a la tierra, entre otras cosas. E insistió en la responsabilidad del Estado en el deterioro de la vida en Cauca y los pueblos afro, indígenas y campesinos del Cauca.

El despertar de la conciencia 

Para finalizar el evento, el sacerdote jesuita Alejandro Angulo subrayó que la buena noticia “es que existe una masa de gente que rechaza estos crímenes y los denuncia, que guarda las denuncias para que no se olviden y que tiene el valor de ir a los tribunales y presentarlas buscando justicia”. 

Para el religioso, hay un despertar de la conciencia expresado en los grupos de personas que rechazan estas formas de relaciones violentas y que reconocen “que la justicia y no la fuerza es el camino real para una sociedad amable”. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio y nuestra cultura para preservar la vida. No nos rendiremos”, aseguró Dionisio Rodríguez al despedir la conversación.

Puede consultar la revista Noche y Niebla 62 en el siguiente link: https://www.nocheyniebla.org/?p=1693 

Encuentre la Rueda de prensa y conversatorio “Cauca no se rinde” acá: 

Por: Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP