Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP

El Banco de Datos de DDHH y Violencia Política presentó su informe semestral y anual sobre 2020 en la Revista Noche y Niebla No. 62 este 21 de abril dejando ver el aumento de violencias con relación al 2019, y un preocupante panorama con relación a los líderes y lideresas sociales, que fueron más asesinados y amenazados en 2020. Una mirada, también, al Pacífico caucano donde los pueblos resisten pacíficamente desde organizaciones sociales y expresiones culturales como la Caravana Fluvial por la vida.

Las violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política aumentaron en Colombia en 2020 con relación a 2019, reveló el Banco de Datos del Cinep / PPP este miércoles 21 de abril en la presentación de la Revista Noche y Niebla No. 62. El equipo de investigadores dio a a conocer además que en el segundo semestre de 2020 aumentaron los asesinatos y amenazas a líderes sociales con respecto al primer semestre de ese año

En el conversatorio y rueda de prensa virtual participaron los investigadores del Banco de Datos Javier Giraldo SJ. y Alejandro Angulo SJ., el director del Cinep/PPP Luis Guillermo Guerrero Guevara, y el líder social de Cococauca Dionisio Rodríguez Paz, quienes socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla que incluye un artículo regional sobre la costa pacífica del Cauca.

“En los últimos años el Banco ha ido analizando una metamorfosis progresiva en el campo de víctimas y victimarios (...) Las víctimas perseguidas son especialmente los liderazgos de base”, aseguró Javier Giraldo anotando que ellos y ellas carecen de reconocimiento regional o nacional.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el año pasado dio cuenta de 43 asesinatos y 15 atentados a firmantes de la paz, dejando como resultado un total de 517 victimizaciones contra el liderazgo social de base en el año. Además, el segundo semestre de este año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de DD.HH., presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66). 

De otra parte, Giraldo manifestó que en cuanto a los victimarios “estamos en una cuarta etapa de anonimato total”, en la que quienes cometen los homicidios de líderes y lideresas “son perpetradores desconocidos y eso facilita la impunidad”.  

Violaciones a Derechos Humanos 

De acuerdo con los datos reunidos por el Banco en 2020, los grupos paramilitares son los principales presuntos responsables de las violaciones a los DDHH, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos registrados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Infracciones al DIH

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), en 2020 el Banco de Datos registró 502 victimizaciones, siendo Cauca, Bogotá y Nariño los territorios más afectados con 232, 70 y 39 casos respectivamente.  

Los presuntos responsables de estas infracciones fueron, en su mayoría, los grupos guerrilleros con 235 victimizaciones, seguidos por grupos paramilitares (138), combatientes (68), el ELN (39), el Ejército Nacional (17) y el Estado Colombiano (5). 

Violencia política

El Banco de Datos tuvo información en 2020 de 836 víctimas de violencia político social, siendo los asesinatos, amenazas y lesiones físicas los principales métodos de victimización. Las regiones más afectadas fueron Cauca, con 300 victimizaciones; Nariño, con 76; Valle del Cauca, con 68; Antioquia, con 61; y Norte de Santander, con 56.

La edición N° 62 de la revista Noche y Niebla incluyó de forma específica los datos del segundo semestre del 2020, sobre los que se refirió Luis Guillermo Guerrero, al afirmar que “resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo”, evidenciado en 252 amenazas de muerte y 59 personas ejecutadas extrajudicialmente presuntamente por estos grupos entre julio y diciembre de 2020. 

Igualmente, el director de Cinep/PPP resaltó que son igualmente graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que en el mismo periodo “causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 28 personas y amenazaron de muerte a 26 más”. 

Cauca no se rinde

Guerrero también manifestó la alerta por la “crisis social y humanitaria que golpea al departamento del Cauca”, enviando un mensaje de apoyo a las comunidades tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del Resguardo de La Laguna en Caldono el pasado 20 de abril. Este hecho se suma al atentado con explosivos en el casco urbano de ese municipio el 26 de marzo pasado, y a los enfrentamientos entre Ejército y disidencias del Ejército que dejaron 12 muertos, incluyendo civiles y un soldado el 17 de abril en Argelia. 

En cuanto a la costa pacífica del Cauca (López de Micay, Guapi y Timbiquí) la situación no es menos grave. Allí la minería de oro de aluvión, las actividades de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito se han intensificado, conllevando afectaciones como la ausencia de soberanía alimentaria o la pérdida de autonomía de las comunidades.

“El narcotráfico y la minería indiscriminada, más la presencia de actores armados han causado inestabilidad en las comunidades negras y afectado su forma de resistir y existir en los territorios colectivos”, aseguró Dionisio Rodríguez de Cococauca durante la rueda de prensa. 

Estas conflictividades, han generado la agudización del conflicto armado, “la contaminación ambiental y la fragmentación del tejido social”, apuntó Rodríguez, quien también clamó por el respeto y reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas ancestrales y su derecho colectivo a la tierra, entre otras cosas. E insistió en la responsabilidad del Estado en el deterioro de la vida en Cauca y los pueblos afro, indígenas y campesinos del Cauca.

El despertar de la conciencia 

Para finalizar el evento, el sacerdote jesuita Alejandro Angulo subrayó que la buena noticia “es que existe una masa de gente que rechaza estos crímenes y los denuncia, que guarda las denuncias para que no se olviden y que tiene el valor de ir a los tribunales y presentarlas buscando justicia”. 

Para el religioso, hay un despertar de la conciencia expresado en los grupos de personas que rechazan estas formas de relaciones violentas y que reconocen “que la justicia y no la fuerza es el camino real para una sociedad amable”. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio y nuestra cultura para preservar la vida. No nos rendiremos”, aseguró Dionisio Rodríguez al despedir la conversación.

Puede consultar la revista Noche y Niebla 62 en el siguiente link: https://www.nocheyniebla.org/?p=1693 

Encuentre la Rueda de prensa y conversatorio “Cauca no se rinde” acá: 

Por: Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.

Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.

A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Esta semana Patricia Linares entregó su cargo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

Tras dos años de funcionamiento, avances y tensiones en la Jurisdicción Especial de Paz, llega un nuevo presidente justo en momentos en que el partido de Gobierno nacional impulsa un referendo para hacer “reformas de fondo o derogar” la JEP. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

El magistrado Eduardo Cifuentes, abogado de profesión y ahora nuevo presidente de la Jurisdicción recibe una entidad que goza del apoyo de grandes sectores sociales y ciudadanos en Colombia, así como de la comunidad internacional. 

En el acto de posesión que tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción el miércoles 4 de noviembre,  el magistrado Cifuentes aseguró que la JEP tiene un marco legal sólido gracias al blindaje constitucional del Acuerdo Final de Paz y todas las instituciones creadas en el marco del mismo. Por eso, “la JEP es inderogable en el derecho interno e internacional, y el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz”, puntualizó.  El nuevo presidente de la JEP convocó a un movimiento ético y espiritual por la defensa de la paz.

El embajador de Alemania Peter Ptassek, la embajadora de Suecia Helena Storm, y la embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart reiteraron su apoyo al nuevo director de la Jurisdicción, así como a la labor de la Jep. A este espaldarazó se sumó el de la Corte Penal Internacional (CPI), que representada por el vicefiscal James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, declaró que la JEP se puede convertir en un modelo de justicia referente en el mundo.

Entre los avances que se producirán prontamente el Presidente de la JEP habló de los casos 001 y 003, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que “están próximos a adoptar escritos de determinación de hechos y conductas”. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Alexandra Sandoval, dedicó una parte de su discurso al avance de la entidad, resaltando la labor de Linares.

Más de 308 mil víctimas acreditadas, más de 12 mil comparecientes

El comunicado de la Jurisdicción sobre el balance de la labor de Linares abre señalando que ella “fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado”. La magistrada Patricia Linares abrió camino inicialmente con un difícil tránsito en el Congreso y en medio de un panorama político de ataques dirigidos desde la oposición a la paz por parte de la derecha.

Pese a los percances, Linares deja la presidencia con una Jurisdicción funcionando en pleno, que ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas (entre ex integrantes de FARC, agentes del Estado y terceros civiles); ha iniciado 7 macrocasos sobre algunos de los temas relevantes del conflicto; ha tomado 21 medidas cautelares como la que protegió el cementerio de Dabeiba; y ha acreditado más 308 mil víctimas para que participen en los distintos momentos procesales de los macro casos abiertos. 

Avances que Linares califica como “firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar” gracias al apoyo de víctimas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores políticos. La magistrada concluyó su balance llamando al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al tiempo que recordando a sus colegas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la JEP por dos años, que “50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez R., Comunicaciones CINEP/PPP.

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