El tercer derecho consagrado en la Declaración universal de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin embargo, este derecho termina siendo uno de los más violados en contextos como el colombiano. Ante esta situación, se hace necesario que entorno a este tipo de violencia, la ciudadanía se manifieste para exigir respeto por la vida.

La defensa del derecho a la vida en Colombia no es algo nuevo. El violento contexto que han vivido las comunidades, tanto en el campo como en las ciudades, ha llevado también a levantar la voz de protesta y a salir a las calles para rechazar los asesinatos, para exigir justicia y para demostrar que, a pesar de la violencia mortal, hay quienes quieren construir mejores condiciones para sus comunidades. 

 La defensa de la vida en Colombia

La Base de datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, recopila información histórica sobre las luchas protagonizadas por diversos sectores sociales. Esta base registra 1784 luchas sociales por el derecho a la vida entre 1975 y 2018. A continuación, los datos por año y la participación departamental de estas luchas.

 

30 años resistiendo a la violencia

La anterior gráfica muestra el comportamiento, en cantidad, de las luchas sociales por la vida en Colombia. Estas movilizaciones suelen ser reactivas, es decir, se producen como respuesta a un incremento del número de asesinatos y acciones violentas en determinada región. A continuación, los años en los que se presentaron más movilizaciones por la vida con sus contextos que explican estos incrementos. Y muestran además, algunos de los protagonistas de las historias de horror y de las historias de resistencia y manifestación por el derecho a la vida y a la integridad desde 1988 hasta 2018.

 

Marcha por la vida 2019: por los liderazgos sociales

A finales de junio de 2019 un video sacudió la opinión pública. Se trataba de un niño llorando desesperado porque acababan de asesinar a su madre, María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba. Esta imagen no sólo develó el drama más cercano, del asesinato selectivo a líderes sociales, sino que despertó una amplia indignación en muchos sectores. Semanalmente los medios de comunicación han presentado desde la firma del Acuerdo asesinatos de personas que adelantaban gestiones en diversos temas, para para enfrentar injusticias, exclusiones o desigualdades en sus comunidades.

Los dolorosos gritos de ese niño llamaron la atención de la ciudadanía en general para hacer algo en defensa de los liderazgos sociales. Así, se convocó a una marcha el 26 de julio. Múltiples sectores atendieron y salieron a las calles en ciudades de todo el país y en el exterior. Convocados para exigir respeto por el derecho a la vida ante los armados y para exigir celeridad en la justicia de estos casos ante el Estado. Estas son las voces de los representantes de algunos sectores sociales que marcharon ese viernes en Bogotá y sus motivaciones.

 
 

Por los liderazgos sociales

La marcha del 26 de julio, por los líderes sociales, en imágenes

 

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Deivyd Manrique

 

Asesora temática: Martha Cecilia García

Organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos por los derechos humanos, el territorio y el agua en el departamento de La Guajira alertamos a todas las instituciones garantes de los Derechos Humanos en los municipios de Albania y Maicao, en el departamento de la Guajira y a toda la comunidad nacional e internacional por anuncio de desalojo por fuerza de la comunidad indígena wayuu de El Rocío para estos días 23 al 24 de julio de 2019. 


 

 
 

 

Organizaciones sociales, políticas, culturales y la comunidad académica de Colombia convocan a una movilización nacional el viernes 26 de julio para sensibilizar a la ciudadanía y al mundo en torno a la defensa de la paz y contra los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de excombatientes firmantes del “Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto” entre el gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016. Desde entonces, activistas ambientales, líderes campesinos, defensores de las comunidades y excombatientes que depusieron las armas son víctima de todo tipo de violencia y de centenares de asesinatos.

En un comunicado, el comité directivo de CLACSO y la Red de Centros Miembro de CLACSO Colombia llaman a  marchar por la paz y exhortan a las autoridades a actuar para detener los crímenes y a garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos en los territorios.

 


 

 
 

Invitamos el próximo 26 de julio, que salgamos a la calle y Caminemos por la Vida de los Líderes y las Lideresas Sociales de Colombia y exijamos juntos que se ponga punto final a estos asesinatos #26DeJulioDespertemos

|Plazas de Colombia y el Mundo|

| 26 de julio |

|5:00 p.m. |

 


 

 
 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones