Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del CINEP, fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 junto a Carlos Alvarado en Bogotá. Honramos su memoria y la de todos nuestros líderes sociales.

Este martes 19 de mayo, en un encuentro virtual convocado por el CINEP/PPP y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), se conmemoraron las vidas de los investigadores Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado,  y se recordaron sus luchas por la paz, los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Fue un encuentro emotivo y vital entre el hijo de Mario y Elsa, Iván Calderón, y otro “hijo del conflicto”, José Antequera, hoy director del CMPR. A ellos se unieron Rosario Saavedra, investigadora social, compañera y amiga de la pareja; Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de los Derechos Humanos, con la moderación de Fernanda Espinosa del CMPR.

“Fueron personas de una vitalidad, alegría y un afecto que nos tocaron a todos. Con una capacidad de liderazgo muy grande e Iván es el resultado de ese amor que se tuvieron y que nació en el Cinep”, aseguró Rosario Saavedra quien trabajó con los investigadores en el Cinep e inició la conversación.

Para Saavedra, Mario y Elsa fueron “pioneros en la utopía y la concepción de verdad del medio ambiente, constructores de todas las reservas en Tierra Alta y en la Reserva de Sumapaz”. Según la investigadora, los aportes de Mario Calderón son de vital importancia en la actualidad, en un contexto de cambio climático y de lucha por el medio ambiente. Además lo recordó como una persona alegre, académica y ambientalista, mientras dijo que Elsa Alvarado, en su profesión de comunicadora social, siempre tuvo una preocupación por los medios masivos y la opinión pública. Según Saavedra “le preocupaba ver cómo los medios masivos deformaban a la gente e incluso la manipulan. Se preguntaba hasta qué punto los medios llevan a la democracia, o al contrario, a la violencia”.

Por otro lado, Iván Calderón, hijo de Mario y Elsa, agradeció que la memoria de sus padres se mantenga viva y destacó a su abuelo, Carlos Alvarado, quien “como ingeniero civil también construyó país a su manera”. Además manifestó que conmemorarlos “es recordar el sacrificio que muchos defensores de Derechos Humanos han hecho en el país. Ese podría ser su legado más importante”.

Para Calderón Alvarado, la pareja era muy aclamada por ser “pacíficamente irreverentes desde el respeto, optimistas y siempre buscando alternativas visionarias”. Adicionalmente, contó que como parte de la herencia de sus padres, sigue trabajando como parte de la reserva del páramo de Sumapaz en el análisis y reconocimiento de conflictos ambientales y se preguntó por las estrategias de visibilización y de reconocimiento del conflicto que deberían tener las organizaciones sociales del país.

Por su parte, José Antequera expresó sus satisfacción de compartir el espacio con Iván Calderón, con quien “hemos construido una bella amistad y decimos que somos hermanos, hijos de la misma historia, como muchos hijos e hijas del país”. Para el director del CMPR, el asesinato de la pareja de investigadores y de don Carlos Alvarado fue un hecho muy particular para la narrativa de la ciudad que es importante tener en cuenta en las luchas actuales por la paz y contra la impunidad.

Antequera se refirió a la importancia de reconocer en este momento particular de la historia la importancia de las luchas de Mario y Elsa y su papel como defensores pertenecientes a la perspectiva histórica nacional.

Para él, “uno de los esfuerzos que debemos hacer es darle sentido a esta clase de acontecimientos. Las nuevas generaciones tienen que reconocer los referentes de defensa de la vida y así como reconocen líderes ambientales de otros países, tenemos que reconocer a los nuestros, con sus formas y sus valores”.

Alirio Uribe Muñoz, recalcó las enseñanzas de Mario y Elsa sobre la ruralidad de Bogotá, la importancia vital de los páramos y el agua en un contexto histórico en que se generaba terror en las ciudades y la guerra no daba tregua en las regiones.

“Con este crimen no sólo se castigó a ellos, sino a todos los defensores de Derechos Humanos y los académicos. Por eso es importante ubicar estos hechos como un crimen de Estado porque detrás hubo muchas acciones de inteligencia militar”, afirmó Uribe.

El abogado defensor de derechos recordó la iniciativa que llevó a cabo junto con el Cinep para que el 19 de mayo fuera declarado como una fecha de lucha contra la impunidad y la importancia de que “seguir dignificando la memoria de Mario, Elsa y don Carlos y entender por qué nos pasó esto y por qué no nos puede volver a pasar”.

En medio del encuentro, se compartieron mensajes de allegados, amigos, familiares y demás personas que se conectaron para recordar y reconocer la labor de Mario y Elsa. Marisol Isaza Ramos, profesora y conocida de la pareja, se unió a la conversación para recordar cómo su asesinato “quiso acallarnos y de alguna manera sí nos atomizó, pero nos multiplicó en los territorios”. Otros amigos de la pareja se unieron a pesar de la distancia de la cuarentena para rendirles un homenaje en vídeo.

El conversatorio cerró con una reflexión de Iván Calderón sobre lo que pensarían Mario y Elsa hoy en el contexto de la pandemia por el COVID-19. “Papá quizás estaría pensando en la exposición de las debilidades de todos los estados y la economía mundial y preguntándose por el rol de la iglesia, estaría muy feliz con este Papa. Y mamá podría llevar mucho más allá el proyecto de radios comunitarias hoy, estaría asombrada con el alcance de la tecnología”, concluyó.

A continuación el video del conversatorio completo:

Compartimos además las palabras de Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP: https://www.youtube.com/watch?v=KSTfkdOYtRk&feature=youtu.be

Por: Paola Llinás Aragón.

En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo:

Violencia en medio del confinamiento, restricción de movilidad que impide contacto con las comunidades y cese de ingresos, entre otras, son afectaciones a los líderes sociales durante la cuarentena. Cómo protegerlos fue el tema de conversación de los #DiálogosenCuarentena con la participación del CRIC, la ONIC, el Banco de Datos y la Defensoría del Pueblo.

Además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades más alejadas del país están sobrellevando las presiones y violencias de organizaciones ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública que les dejan en medio del fuego cruzado. Los líderes sociales siguen llevando la peor parte: Han ocurrido 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo en Colombia durante el confinamiento, según el Banco de Datos y Violencia Política del Cinep. 

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se superan los casos de asesinato a líderes con relación a 2019 en un periodo donde el aislamiento pone en jaque a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Por eso el tema de los #diálogosencuarentena para este 7 de mayo fue la “Memoria y protección de líderes sociales en cuarentena” convocado con el apoyo de Verdad Abierta y la moderación de su director, el periodista Juan Diego Restrepo.

Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se refirió desde su territorio al panorama de peligro en aumento que viven las comunidades indígenas con la “presencia de ilegales y con acciones militares en contravía de las comunidades porque en medio de ese fuego cruzado queda la población”. 

Según el Cric, el 2019 cerró con 8 lideresas y 62 líderes asesinados en Cauca. Y en lo que va del 2020 (hasta el 30 de abril) 46 personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas en Cauca.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

Para cuidarse, los indígenas de Cauca han dispuesto 398 puntos de control territorial de la guardia indígena y cerca de 9 mil comuneros y comuneras trabajando en la prevención y el aislamiento. “Pero al no haber presencia de contagio en 32 municipios de Cauca las medidas oficiales se abrirán al transporte y al comercio, lo que sería echar a la borda los esfuerzos de control territorial”, expresó el líder indígena durante el conversatorio virtual. 

Por su parte, Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que hay una constante en territorios como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Córdoba “en donde al confinamiento de la pandemia se suma el del conflicto porque no pueden entrar ayudas humanitarias”. Conectada desde Tierradentro, Cauca, manifestó su preocupación por los peligros que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, debido a las presiones de grupos ilegales y la desconfianza en las instituciones del Estado.

Quilcué habló de los planes de contingencia del gobierno y aseguró que “la ayuda humanitaria y las medidas de bioseguridad han sido mínimas. Se hacen necesarias acciones concretas y contundentes más allá de la militarización porque en la práctica donde hay militares, hay más riesgo de que se repitan situaciones peligrosas como la que se presentó en Caloto y llegan otros actores armados”.

¿Qué dicen las cifras?

Mateo Gómez, director del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, compartió datos del monitoreo frente a la afectación del conflicto armado en el panorama de la pandemia. “En la alerta temprana 018 le ponemos de presente al gobierno nacional que la pandemia tiene efectos especiales en comunidades donde hay grupos armados que generan zozobra y control”, aseguró.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo arroja que, hasta el 30 de abril, hubo 12 homicidios a líderes en medio de la pandemia. Según informó Gómez durante el conversatorio citado por Cinep:

“En el primer trimestre de este año vemos un aumento de casi el 32% (en asesinatos a líderes sociales). Para el mismo período de 2019 registramos 38 casos y en este año son ya 56”.

Por otro lado, Cristian Llanos del Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos del CINEP, manifestó que “existe un correlato en las agresiones a líderes sociales de años anteriores con lo que está pasando hoy”. 

Según Llanos, el Banco de Datos registró en 2019 el asesinato de 124 líderes sociales en Colombia. En 2020, ha registrado 87 agresiones (ataques, asesinatos, amenazas) a líderes o defensores de derechos en el país*. Mientras tanto, en el periodo de cuarentena (hasta el 1 de mayo) “hemos identificado 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo”, aseguró Llanos. El registro del Banco de Datos se basa en información de las víctimas y sus organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Llanos afirmó que la violencia a líderes se extiende a sus círculos cercanos como sus familias y comunidades y que tienen un patrón: “hombre encapuchado, en moto, sin identidad que no permite indagar por quiénes están detrás del interés de acallar nuestros líderes”.

¿Cómo protegerlos?

Respecto a las medidas de protección para los líderes, Aida Quilcué afirmó que hay un grave problema en la ausencia de investigaciones de fondo por el ataque a líderes y comunidades indígenas. 

“Hace dos años trabajamos en un informe de memoria histórica y podemos afirmar que existe un genocidio de los pueblos indígenas. Así nos preguntamos ¿cómo no va a haber impunidad? La justicia ordinaria y la justicia de afuera no nos va a resolver los problemas y los tendremos que resolver nosotros mismos con la jurisdicción especial indígena”.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

También Joe Sauca se refirió a “ejercicios propios de las autoridades indígenas donde incluso hemos logrado capturar a los victimizadores en muchos casos. El Estado debe reconocer nuestra jurisdicción que desarrollamos sin garantías porque el aparato de la justicia en Colombia no cuenta con los medios para detener la impunidad”.

Entre tanto, Juan Diego Restrepo se preguntó con insistencia el porqué es tan difícil superar la impunidad y dar con los intereses y autores detrás del ataque a líderes sociales. 

Por su parte, Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la efectividad de las alertas tempranas manifestando que “los cuellos de botella se deben a la focalización, a que la violencia es arbitraria y a que los actores armados ejercen un control arbitrario”. 

El diálogo concluyó con reflexiones sobre las estrategias que deberían tomarse para disminuir la violencia hacia líderes y lideresas.  Para el representante de la Defensoría, “una manera de proteger la vida es que la sociedad reconozca a los líderes y que el gobierno también lo haga no solo de manera formal, sino sincera”.

También agregó que: “vemos una gran lentitud en instituciones que tiene a cargo oferta de educación, salud, generación de ingresos. A éstas les dirigimos el 70% de las recomendaciones de las Alertas Tempranas”.

Cristian Llanos del CINEP resaltó la importancia de la memoria y de la pedagogía en Derechos Humanos como una forma de reconocer y ayudar a la disminución de la violencia contra líderes y lideresas. Según él, “la memoria, ayuda a que se reconozcan problemas de fondo y con ello se aporte a proteger vidas. Hay que construir una pedagogía por el respeto a los derechos humanos, porque muchas personas consideran a los líderes agentes de la insurgencia y apoyan que "los saquen del juego”".

Para concluir, Aida Quilcué hizo un llamado a fortalecer los procesos de unidad y las formas de organización sociales propias de las comunidades indígenas. Joe Sauca insistió en que, para proteger sus vidas y comunidades, es urgente que el gobierno reconozca el ejercicio invaluable de los procesos sociales y las miradas territoriales de las comunidades porque “no se puede gobernar solo desde Bogotá”.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.


En el siguiente link encuentran el diálogo completo: https://www.youtube.com/watch?v=6FomKYpgD6E

 

El movimiento Defendamos la Paz ha enviado una carta dirigida a Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como protesta frente a la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz y ocultar la inacción del Gobierno respecto a su implementación. A continuación la carta completa.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020

Señor
Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación en Colombia
NACIONES UNIDAS
Ciudad


Apreciado Señor Ruiz Massieu:

Nos dirigimos a usted para compartir nuestra preocupación y, a través suyo, alertar al Secretario General y a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las embestidas en contra de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus.

Como movimiento Defendamos la Paz, elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz. La crisis sanitaria no solo permite ocultar la inacción del Gobierno. Más importante aún, alimenta la campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación de la paz.

Defendamos la Paz se pronuncia en contra de designios para que las reformas del Acuerdo de Paz, que el Gobierno y el partido de Gobierno fracasaron en obtener por vía legislativa, se hagan realidad por la puerta de atrás, mientras la ciudadanía permanece concentrada en la pandemia.

Llamamos la atención de la Misión de Verificación, de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad sobre los hechos listados a continuación.

  1. EL AUMENTO DE ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES

Nos acercamos a la cifra de 200 excombatientes asesinados. La Misión de Verificación ha registrado 197 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP.

En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a 24 de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no son convocados por el Gobierno.

A continuación sigue la carta completa:

Les contamos cómo está trabajando y avanzando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante el confinamiento y cómo avanza en la construcción de la reconciliación y el diálogo social para la apropiación de la verdad.

Aunque estemos en confinamiento la Comisión de la Verdad no se detiene. Sin embargo, la entidad que se creó en abril de 2017 y tiene una duración de 3 años enfrenta grandes desafíos en esta coyuntura. Uno de los mayores retos para la Comisión pero también para el SIVJRNR en general es mantener a las víctimas del conflicto en el centro de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local evitando caer en una “competencia” mal entendida con las nuevas víctimas de la pandemia. 

En términos operativos, la Comisión de la Verdad concentra sus esfuerzos en el procesamiento, análisis y contrastación de los testimonios de los informes y ajusta su plan de trabajo para seguir cumpliendo su mandato. Además, está desarrollando nuevas estrategias de trabajo en los territorios, en especial con las comunidades indígenas, altamente vulnerables a la epidemia.

En medio de la crisis social y sanitaria que viven Colombia y el mundo, en la Comisión surgen varias inquietudes con relación al papel que jugará el tema de la paz en la vida social, política y económica del país. Preocupan:

  • La crisis fiscal que vivirá el país y el impacto que traerá en los presupuestos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la implementación de los acuerdos de paz.
  • El papel que ocupará la paz en los planes de desarrollo que también se verán afectados por la crisis sanitaria.

Por otro lado, la Comisión ha hecho un llamado a los actores armados a una tregua, a un cese de la violencia, que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia. Y el presidente Francisco de Roux ha invitado a la reflexión sobre las enormes desigualdades sociales que ha evidenciado el COVID y cómo impacta a los más vulnerables, en particular a las víctimas del conflicto armado: 

“El conflicto armado ha matado más gente en Colombia de lo que el Coronavirus ha matado en el mundo. Colombia también tendrá que hacer cambios estructurales muy hondos para parar la pandemia del conflicto armado”.

Avances

Les compartimos algunas cifras que permiten evidenciar los avances de la Comisión a dos años de puesta en marcha. En lo que tiene que ver con  la gestión del conocimiento para la producción del informe final, la Cev nos cuenta que ha realizado a la fecha 8.392 entrevistas a 15.665 personas (la mayoría víctimas y testigos directos de los hechos en diferentes territorios). Además, hay 29 Casas de la Verdad en funcionamiento, una estrategia de trabajo con la población en exilio y un modelo de investigación sobre causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en los pueblos.

Se han realizado también 4 Encuentros por la verdad, 6 Diálogos para la no repetición con, un espacio de escucha con excombatientes de la antigua FARC-EP, tres contribuciones a la verdad: dos con Ernesto Samper y una con Jaime Caycedo, 10 procesos culturales y artísticos, cinco encuentros nacionales con los Pueblos Étnicos, entre muchos otros eventos donde la reconciliación y la convivencia han estado en el centro.

En el siguiente video la comisionada Alejandra Miller informa sobre los retos de la Comisión durante la cuarentena en Colombia:

 

Por: Katalina Vásquez G.