Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha creado un curso virtual sobre el Acuerdo de Paz y su implementación en Colombia al que se puede acceder de manera abierta y gratuita.

 

“Diversos escenarios han advertido sobre incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a los asuntos más sensibles del Acuerdo Final para garantizar condiciones para alcanzar la Paz estable y duradera”, así introduce el curso Proceso de paz e implementación del acuerdo final en Colombia ofrecido por CLACSO.

Un poco más de tres años después desde la firma del Acuerdo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales reunió a expertos y académicos para poner la lupa sobre su implementación en el país. Según el Consejo, para que esta sea efectiva deben generarse unas bases sólidas para desdibujar factores históricos relacionados con desequilibrios sociales y territoriales generados por el poder y la concentración de la tierra, dinámicas criminales que permean la acción del Estado y el discurso de la guerra.

El curso virtual ahonda en esas dinámicas para dar a conocer la trascendencia de que al día de hoy se presenten incumplimientos en la implementación tales como “la producción legislativa; la desfinanciación de planes y programas; la falta de garantías para la seguridad que ha tenido resultado en asesinatos sistemáticos; las precarias condiciones para robustecer la reincorporación; y las resistencias de la institucionalidad para acoger las reformas mínimas propuestas”.

A grandes rasgos, los temas en los que profundiza el curso son:

  • Balances de la implementación de puntos específicos del Acuerdo Final, en especial la Reforma Rural Integral, cultivos de uso ilícito y apertura democrática.
  • Relaciones y posibilidades entre las problemáticas agrarias colombianas y el Acuerdo Final.
  • Mujeres y Feminismo Insurgente.
  • Comparaciones con otros procesos de paz en temas de Desarme, Desmovilización y Reintegración, especialmente los llevados a cabo en Centroamérica.
  • Persistencia de la violencia en el país y su relación con la implementación del Acuerdo Final.
  • Reflexiones sobre las causas estructurales del conflicto.

Entre el equipo docente se encuentran Sergio de Zubiría de Universidad de Los Andes; Victoria Sandino, Senadora de la República; Consuelo Corredor, coordinadora del CINEP/PPP en la Secretaría Técnica de la CSIVI; y siete académicos más que comparten sus perspectivas y conocimientos a lo largo de 11 clases en video.

En este enlace se encuentra disponible el curso: https://repositorio.clacso.org/Proceso_de_paz_colombia.html 

Clase 1: Presentación general del curso: Proceso de paz en La Habana (2012-2016): Introducción

 

Clase 2: Condiciones históricas del proceso de paz

 

Clase 3: La integralidad del acuerdo de paz y el estado general de la implementación

Clase 4: La Reforma Rural Integral: una oportunidad para el cierre de brechas

 

Clase 5: Entre la ampliación democrática y la persistencia de la violencia política

 

Clase 6: El tránsito de las FARC-EP a la vida legal y el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

 

Clase 7: La política fiscal y la construcción de paz: reflexiones desde el acuerdo final y los conflictos sociales

 

Clase 8: El sistema de implementación y verificación: entre la perfidia y la potencia transformadora

 

Clase 9: El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la resistencia a la verdad

 

Clase 10: Entre la reincorporación integral y el modelo de desmovilización, desarme y reinserción (DDR)

 

Clase 11: Cierre y conclusiones provisorias

  

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.

 

 

Desde inicios de abril, cuando el Congreso de la República concilió el acto legislativo, los magistrados de la Corte Constitucional estudian el decreto que establece la justicia transicional para los miembros de las Farc para definir si dicho documento se ajusta a la constitución política del país. Este es tal vez el punto más discutido de los acuerdos. Tanto así, que la máxima corte por primera vez en su historia realizó una audiencia pública de dos días para escuchar las voces de diversos sectores que se pronuncian sobre la JEP. Con estos conceptos, la corte deberá votar en las próximas semanas y decidir el futuro jurídico, no solo de los miembros de las Farc, sino de militares y terceros civiles que deben responder ante la justicia por hechos enmarcados en el conflicto.

A continuación presentamos puntos más polémicos que se presentaron ante la Corte Constitucional.


 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

En el Diálogos Cinep/PPP del pasado 3 de mayo, el tema principal fue la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. A propósito de los veinte años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, Cinep/PPP comienza este mes de rememoración con el tema de los mecanismos de justicia para resolver los casos de líderes y defensores asesinados, que han aumentado en los últimos meses.

Este diálogo tuvo como invitados a Gustavo Gallón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas; Luz Marina Monzón, abogada de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Camilo Borrero, profesor de la Universidad Nacional y compañero de Mario Calderón y Javier Giraldo, jesuita e investigador del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP. La moderación estuvo a cargo de Alejandro Angulo, jesuita e investigador del Cinep/PPP.

Giraldo S.J, haciendo alusión a la violencia política que ha causado tantas muertes y despojos en nuestro país, dijo que "vamos cada vez descubriendo que vivimos en una sociedad diseñada por los victimarios". Otra de las ideas con más fuerza de este diálogo fue la propuesta que hizo Alejandro Angulo S.J. desde su moderación: "que esta memoria no sea una memoria triste, sino que sea una memoria creativa" haciendo un llamado a la diversidad de formas que tenemos los colombianos para exigir justicia.

Por su parte, Luz Marina Monzón, abogada de víctimas, se refirió al asesinato de líderes y defensores como un ataque a la visibilización de las desigualdades, de las injusticias y de los abusos, y reforzó que "detrás de los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos está el interés de seguir imponiendo un modelo económico y político".

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, resaltó que a pesar de las dificultades que se han presentado con el proceso de paz, el avance por la construcción de la paz es muy superior a lo que tenía el país hace veinte años. Además, recordó a los investigadores del Cinep asesinados: "si Mario y Elsa estuvieran presentes, nos dirían que hay que seguir adelante, y eso es lo que ha hecho la comunidad de Derechos Humanos".

A propósito de este asesinato, Camilo Borrero recordó los veinte años de impunidad de este crimen, y la responsabilidad que aún tiene el estado con su familia y con la sociedad para esclarecerlo, pues aún no se ha dado con los autores intelectuales. A pesar de ello, Borrero afirmó que: "con todo en contra, pero con el espíritu a favor, tenemos la posibilidad de que la impunidad quede atrás, porque lo que está en juego no es un ajuste con el pasado, sino lo que queremos para el futuro, por eso es nuestro deber participar ahora".

Al concluir este diálogo, varios de los invitados coincidieron que la sociedad tiene un compromiso enorme para construir la paz en este momento. Y el estado la responsabilidad de no permitir que la impunidad siga siendo un común denominador en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Con este evento, el Cinep/Programa por la Paz da apertura al mes de conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa y Carlos Alvarado.

Asista al próximo evento: De la comunicación, la paz y la construcción de opinión pública. Una reflexión a propósito del legado de Elsa Alvarado

 Vea aquí la transmisión del evento:

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones