Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Defendamos la Paz expresan su respaldo a la Corte Suprema de Justicia.

Defendamos la Paz expresa su indignación ante las tentativas de interferencia judicial en curso que tienen como objetivo afectar el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal.

Rechazamos la campaña de desprestigio, desinformación e intimidación emprendida por el Centro Democrático y el inculpado senador, que pretenden presentar un proceso jurídico como una revancha política.

Censuramos las acciones del Gobierno nacional que ha puesto el aparato del Estado al servicio de dicho senador para obtener manifestaciones de solidaridad y hasta presiones de poderes foráneos sobre la administración de justicia en Colombia.

Sospechamos de reformas que se presentan para fortalecer la rama judicial, cuando lo que se pretende es destruirla, mediante la creación de entidades a la medida de los intereses de un sector político.

Defender la paz es salvaguardar las instituciones; embestir contra la institucionalidad es repartir abono para la guerra.

A continuación el comunicado completo: