Del 25 al 27 de marzo el Estado colombiano será juzgado por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, en la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Bucaramanga, Bogotá y Medellín con transmisión virtual. 

El Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP- es un espacio que la sociedad civil mundial promueve desde 1979. Es un tribunal internacional de opinión con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso (Italia),  y tiene sus raíces históricas en el Tribunal Russell sobre la guerra del Vietnam (1966-1967), y se fundamenta en la Declaración universal de los derechos de los pueblos proclamada en Argelia en 1.976.

La sesión 48º del TPP “El Genocidio Político en Colombia 2021” tendrá como jurados a Luciana Castellina (Italia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia), Philippe Texier (Francia), Antoni Pigrau Solé (Barcelona), Esperanza Martínez (Ecuador), Andrés Barreda (México), entre otras personalidades internacionales. La Fiscalía del TPP estará a cargo de los juristas colombianos Iván Velásquez y Ángela María Buitrago, y el Estado colombiano será citado para su respectiva representación y defensa.

“La Colombia que hoy acude por tercera vez al TPP es una Colombia completamente perpleja frente al asesinato permanente, sistemático y sin perspectivas de detención de sus líderes sociales de base”, aseguró Javier Giraldo SJ en el lanzamiento del TPP. 

En el marco de esta sesión organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán (i) las prácticas genocidas y en general el genocidio político, continuado y extendido que han sufrido sus miembros y colectivos a lo largo de su existencia; (ii) los crímenes contra la Paz ocurridos luego de la Firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, y (iii) la impunidad y ausencia de Justicia frente a todos estos hechos.

Comunicado: Organizaciones y Movimientos Sociales reclaman al Estado colombiano a comparecer por genocidio político ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Según su Estatuto, el TPP promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos fundamentales y de los pueblos, examinando los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas. A lo largo de las décadas, el Tribunal ha acompañado las transformaciones y las luchas de la época post-colonial, la afirmación del desarrollo del neocolonialismo económico, la globalización, la reaparición de la guerra, la migración, evidenciando la persistencia de grave crímenes, como los crímenes contra la humanidad, el medioambiente y el genocidio, sin que exista una jurisdicción competente a nivel internacional para prevenir y sancionar dichos crímenes.

Los tribunales de los pueblos no tienen implicaciones judiciales para quienes son sometidos (Estados, empresas, dirigentes políticos), sino que apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades. En sus Sentencias, por lo tanto, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes sino que destaca vacíos y límites del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos con el fin de trazar su evolución.

Emisión en: youtube.com/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 y facebook.com/TPPColombia2021   

También se emitirá en las Fan Page de Facebook de CINEP y organizaciones aliadas.

“Si hay una represa subterránea que se reedita constantemente para retomar los anhelos convergentes del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones”, explica Javier Giraldo. Esta será la sesión número 48 de su historia y la tercera en Colombia, donde se contó con su presencia en 1991 (Sesión sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina) y 2006-2008 (Sesión sobre Las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia), y en algunas experiencias locales como el Tribunal Internacional de Opinión de Barrancabermeja en 1999 y el juicio ético contra el despojo en Puerto Gaitán, Meta en 2014. 

 A continuación el comunicado:

 


Esta semana sesiona el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia

Después de meses de documentación de más de cuarenta casos, y de preparativos del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos Colombia 2021, este jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, sesionará en el país este Tribunal de Opinión de carácter internacional que juzgará al Estado colombiano por las conductas de Genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, a lo largo de un siglo de nuestra historia. El Tribunal sesionará en Colombia a solicitud de 176 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos y de  200 personalidades.

Las audiencias de presentación de casos del Tribunal que se desarrollarán durante estas tres jornadas, tendrán una modalidad semipresencial. Por razones de la pandemia solo estará en el país uno de los jurados y los demás recibirán los testimonios vía Internet. Las personas que presentarán los casos estarán de manera presencial en recintos preparados para tal fin con medidas de bioseguridad, y podrán ver en todo momento al jurado. De esta forma, se realizarán las sesiones en recintos con aforo controlado. 

El público puede seguir todas las audiencias por las redes del Tribunal:

Facebook:  https://www.facebook.com/TPPColombia2021 

YouTube:  https://youtube.com/c/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 

En la página del TPP: https://yavieneeltpp.wixsite.com/yavieneeltpp 

En Inglés:  https://www.facebook.com/Colombia-Human-Rights-Committee-583191355399478/ 

En Francés: https://www.facebook.com/france.ameriquelatine/ 

El jurado del Tribunal Permanente Colombia 2021 está integrado por destacadas figuras del derecho, los derechos humanos y la academia a nivel internacional como el jurista Luigi Ferrajoli; el relator de Naciones Unidas para defensores, Michel Forst; el filósofo especialista en estudios sobre el genocidio Daniel Feierstein, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente del campo de concentración clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), Garciela Daleo; o la defensora de derechos humanos Mireille Fanon Mendès-France presidenta de la Fundación Frantz Fanon, integrante del Grupo de Trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ver perfiles completos de los jueces. Enlazar

Como fiscales del TPP actuarán la exfiscal Ángela María Buitrago y el exmagistrado Iván Velásquez, juristas colombianos de reconocida trayectoria que ya presentaron la acusación respectiva el pasado 26 de enero en la Sesión inaugural cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió el escrito y aceptó el juzgamiento al Estado colombiano por estas conductas.

Las audiencias de presentación de casos

Durante el primer día en Bucaramanga, el jueves 25, se presentarán 17 casos que ejemplifican el exilio como práctica social genocida, el genocidio contra el movimiento campesino, con ejemplos como ANUC-UR y CNA, San Vicente de Chucurí, Casanare y masacres paramilitares en Cajibío, Cauca. También el caso de las prácticas sociales genocidas contra el movimiento sindical como lo ocurrido con la USO, la CUT o Sinaltrainal, y contra partidos y movimientos políticos cómo la UNO y A luchar.

El día martes, 26 de marzo, la audiencia se llevará a cabo en Bogotá donde se presentarán ante el jurado 13 casos que constatan la sistematicidad del genocidio político como los históricos entre ellos la masacre de Las Bananeras y Santa Bárbara, así como los ataques contra las repúblicas independientes en los años 40. También se dará continuidad a la presentación de casos de prácticas genocidas contra movimientos políticos, los crímenes contra la paz cometidos contra organizaciones alzadas en armas que suscribieron Acuerdos de Paz, y otras prácticas genocidas transversales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

La tercera y última jornada, el sábado 27 de marzo en Medellín, se centrará en la presentación de 14 casos sobre genocidio contra pueblos indígenas y negros, la población LGBTI, el movimiento estudiantil, y la documentación del paramilitarismo como práctica social genocida.   

Ver la programación general. 

La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos hace parte de los Tribunales Internacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial, conformados por connotados intelectuales como el filósofo Bertrand Rusell y Jean Paul Sartré en 1960, cuando juzgó los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Vietnam. En América Latina ha estado conformado por personalidades como el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar cuando se juzgaron las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. A pesar de que no cuenta con carácter gubernamental o estatal, el Tribunal es un escenario para investigar y juzgar aquellas violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que han sido ignoradas por los Estados, por lo que se ha convertido en un referente universal para el avance de los derechos humanos.

En Colombia sesionó en 1991 y en 2008 cuando juzgó la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como el papel de las multinacionales en estas graves violaciones, respectivamente. Sus fallos constituyen un inmenso referente ético, político y jurídico en la medida en que se basan en el derecho internacional y sus decisiones son adoptadas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. También son momentos de conciencia y opinión pública frente a fenómenos no siempre visibles o evidentes para la sociedad.

Durante esta sesión el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el genocidio político contra amplios sectores de la oposición durante todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Colombia. Cabe señalar que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 sólo reconoció los genocidios étnicos o raciales, y excluyó la persecución política de esta categoría. No obstante, existen antecedentes históricos y desarrollos jurisprudenciales que permiten concluir la existencia de la práctica de genocidio político. En particular, en Colombia, las sucesivas prácticas de exterminio contra movimientos políticos como el Gaitanismo, A Luchar, Partido Comunista, Frente Unido, o la Unión Patriótica, pero también otros casos como el genocidio contra los pueblos étnicos, el movimiento campesino o sindical, casos que conocerá el jurado del TPP Colombia 2021, pueden ser considerados expresiones de este genocidio político. 

En el mismo sentido, el Estado colombiano será juzgado ante el TPP por crímenes contra la paz, que van más allá de la violación de los armisticios e incluyen acciones de las partes que vulneran la validez o la implementación de los Acuerdos, como matar o desaparecer a los firmantes. 255 firmantes de paz asesinados y más de 1300 líderes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, indican que estamos repitiendo ciclos de violencia. En tal sentido, también se espera un pronunciamiento del TPP sobre la impunidad que, si bien no es un delito en sí misma, es la negación de un derecho de las víctimas consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La importancia que se reconozca como genocidio político las sucesivas e históricas violencias vividas en nuestro país consiste justamente en la comprensión adecuada del fenómeno, que el mismo sea reconocido por los mecanismos de justicia transicional –en particular la Justicia Especial para la Paz –JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- en sus fallos e informes, y que su reconocimiento contribuya a la tipificación en el orden jurídico interno y al impulso de casos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, para que Colombia supere definitivamente estos ciclos de violencia y para que no se repitan nunca más. 

Primera sesión del TPP en Colombia: 

 

Segunda sesión del TPP en Colombia:

 

Tercera sesión del TPP en Colombia:

 

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Una década después de la denuncia por falsos positivos y fosas comunes en La Macarena se han exhumado 1.371 cuerpos, de los cuales, se han identificado 899 y entregado 221. Les contamos los avances gracias al Acuerdo de Paz en este caso, a propósito de la nueva audiencia en Congreso celebrada este 6 de agosto. 

En La Macarena, Meta —uno de los tantos escenarios en los que se reflejaron las consecuencias del conflicto armado en Colombia— la muerte y la victimización estuvieron silenciadas durante décadas. Hace diez años, gracias a la audiencia “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” realizada en el Congreso de la República, la comunidad y las víctimas pudieron empezar a sacar a la luz pública el horror de los falsos positivos, la responsabilidad del Estado en estos crímenes, e iniciar un camino de exigibilidad de derechos. El reclamo por la verdad ha estado en el centro de estos diez años de lucha de las organizaciones sociales que han logrado documentar, pese a las trabas, amenazas y muerte, que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en los 5 cementerios de los Llanos Orientales, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. 

De acuerdo con  el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, citada por el colectivo Orlando Fals Borda, han sido exhumados 1.371, identificados 899, y 221 entregados. En dichas entregas y proceso ha participado el Colectivo mismo, que este 6 de agosto, como hace diez años, acudió al Congreso para hacer escuchar los reclamos de las víctimas.

En una nueva audiencia citada por los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, se presentó el balance sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, y las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’  dando la voz a las víctimas, quienes contaron los avances y tropiezos en su proceso de búsqueda y reparación por la desaparición forzada de sus familiares y la inhumación en cementerios municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, en Guaviare.

Las víctimas pudieron hablar

Vilma Gutiérrez, quien tuvo que enterrar a su esposo a causa de la guerra, pertenece al MOVICE Meta y junto a los familiares de desaparecidos y con galerías de la memoria trabaja por hacer visibles los casos de su región. Para Vilma, gracias a la audiencia ‘‘se le pudo dar un carácter más humanitario al verificar que los casos no eran de personas heridas en combate, como decía el gobierno, sino que eran casos de desaparición forzada’’. A diez años de la primera audiencia que contó con la participación de 6 delegados del Parlamento Europeo, 3 del Parlamento Británico y 10 dirigentes sindicales, el padre Javier Giraldo, del CINEP/PPP,  recuerda que esa situación fue el detonante para esclarecer un fenómeno extendido y preocupante en Colombia, pues no solo se sepultaron cuerpos anónimos de una manera clandestina en el sector, sino que la problemática era tan compleja que llegó repetirse en múltiples regiones, teniendo un alcance a nivel nacional. 

Víctimas como Vilma resaltan el trabajo y las cifras alentadoras gracias a la colaboración de distintas organizaciones, pero también destacan inconformismo por casos que siguen sin resolverse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, permanece la esperanza de lo que pueda suceder y del impacto posterior a la audiencia de La Macarena como ocurrió hace diez años. La mujer señala que:

‘‘La audiencia es importante porque nos permite seguir visibilizando y buscando justicia sobre los crímenes de Estado, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales’’.

La cita de hace una década en el Congreso fue la génesis de una ola de denuncias de los “falsos positivos” que, se sabría después, no solo correspondían a La Macarena y Soacha, sino que se trató de una política de Estado que se mantiene vigente, y que puede corroborarse en el seguimiento semestral registrado en la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 

Tras la denuncia de 2010, la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, el CINEP/PPP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y DHBAJOARIARI, empezaron el acompañamiento a más de 1.500 personas de la comunidad para dar a conocer ante la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, todo lo relacionado con los cuerpos no identificados inhumados que eran conocidos como N.N. en la región.

‘‘Los familiares de desaparecidos no se atrevían a ir a las brigadas militares a reclamar a sus seres queridos porque tenían miedo de que les abrieran un proceso judicial por rebelión o complicidad con la guerrilla, porque ellos sabían que a la mayoría de estas víctimas las estaban calificando como muertos en combate’’, señala el padre Javier.

La sospecha había comenzado porque la comunidad detectó irregularidades en el agua: olores nauseabundos y una contextura ‘grasosa’ particular que hicieron pensar, y luego confirmar, que había enterramientos clandestinos en La Macarena, donde el calor aceleraba la descomposición de los cuerpos inhumados en cercanías al acueducto público. Esta situación llevó a que también se inspeccionaron cementerios de la zona, caracterizados por tener cuerpos de menores de edad que no se podían identificar.

Además, cerca al cementerio de La Macarena se encuentra una base militar donde, según los habitantes podían observar, se descargaban los cuerpos con uniformes. Pero la gente tenía miedo de hablar, y sus seres queridos seguían desapareciendo. Las investigaciones realizadas diez años después han arrojado que una mayoría de los cuerpos no fueron de personas muertas en combate, sino el resultado de una métrica coordinada en la que se asesinaban civiles en “ejecuciones extrajudiciales”. 

¿Cómo avanza el Sistema Integral frente a La Macarena?

Superado el silenciamiento, una década después las comunidades siguen intentando desenterrar la verdad ahora de la mano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el punto 5 (víctimas) del Acuerdo de Paz firmado entre gobierno y Farc, en 2016. Uno de los principales riesgos sigue siendo garantizar la conservación y la custodia de cuerpos de las personas no identificadas y las no reclamadas. 

De acuerdo con el MOVICE, “los riesgos que enfrentan estos lugares en los cuales han sido inhumados legal o ilegalmente los cuerpos de las víctimas, son generados por condiciones que van más allá del deterioro causado por la tierra. Además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desapareciendo a las personas desaparecidas”.

Por eso el MOVICE solicitó desde 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expedición de medidas cautelares a los cementerios y entes territoriales. Por su parte, por el fenómeno conocido como “falsos positivos” la JEP abrió un caso particular. Para 2019 la JEP avanzó en la solicitud de medidas cautelares de 16 lugares donde habría personas desaparecidas: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).

Además, con la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  (CEV) se ha avanzando en escuchar y reunir testimonios y material producido en los años anteriores a la puesta en marcha del Acuerdo.

A la fecha, la UBPD ha recibido 889 solicitudes de búsqueda en los municipios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, Puerto Gaitán, La Macarena, El Castillo, Lejanías, Cumaral, Puerto López, San Martín, Mesetas, Castilla La Nueva, San Juan de Arama, La Uribe y Acacías o que los hechos presuntamente ocurrieron en la zona de cobertura del equipo territorial (lo cual incluye los municipios señalados), y que corresponden a 1.098 personas dadas por desaparecidas. 

“Estas solicitudes de búsqueda han sido allegadas a la UBPD de manera directa mediante el acompañamiento a familiares y personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, o a través de información aportada por organizaciones sociales en el territorio. En particular, 40 de estas solicitudes de búsqueda corresponden a personas desaparecidas en el municipio de La Macarena o tienen una presunta localización en este municipio”, explica la Unidad agregando que vale la pena destacar que cuando se hace referencia a La Macarena no se habla solamente de familiares que buscan en esta zona, sino también de personas que se encuentran desaparecidas en esta región pero que sus familiares se encuentran en otros lugares.

Además, existen actualmente 2 planes regionales de búsqueda en fase de implementación y acciones de localización que agrupan 52 personas dadas por desaparecidas y se están construyendo insumos para la elaboración de nuevos planes regionales de búsqueda que agrupan 453 personas dadas por desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari; Duda – Guayabero; Capital y Piedemonte; y Puerto Gaitán. 

El drama de la desaparición forzada es un reto para el Sistema Integral y la sociedad misma, que aún desconoce las dimensiones de esta grave situación donde, a diferencia de los asesinatos, el duelo no cesa para los familiares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Adicionalmente, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH continuó con la labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó más de 80.000 víctimas. Organizaciones sociales y víctimas insisten a la JEP en la necesidad de abrir un macro caso exclusivo para investigar la desaparición forzada, así como los macro casos 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP conocido como “Secuestro”), 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado conocidas como “Falsos Positivos”) o 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano).

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP.

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia