Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

Tras sesionar en Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado, y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. El TPP es un tribunal de opinión y representa un llamado ético a los estados y la sociedad.

Por más de un siglo Colombia ha enfrentado “un proyecto  de  reorganización  social  a  través  del terror, en el que la comisión de muchos de los crímenes concretos denunciados (...) se subsume en el crimen, central en este análisis, de genocidio”, de acuerdo con el fallo del Tribunal que sesionó en su versión número 48 en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo pasados recibiendo información de 54 casos que evidenciaron el genocidio político, los crímenes contra la paz y la impunidad cometidos desde 1912 a la fecha. 

“El conjunto de la violencia estatal y para-estatal ha estado al  servicio  de  un  intento  sistemático,  organizado  y  constatable  de  destrucción  parcial  de la identidad nacional colombiana”, agrega el fallo. En su lectura virtual el jurado se refiririó al genocidio contra los pueblos étnicos, movimientos campesinos y sindicales, organizaciones político-electorales, personas exiliadas, y a casos como la masacre de las bananeras o las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” para explicar los fundamentos que los llevaron a condenar al Estado colombiano por estos crímenes. 

El Tribunal condenó al Estado de Colombia por crímenes  de  lesa  humanidad  y  crímenes  de  guerra, el incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  prevención,  investigación  y  sanción del genocidio; por  haber  adoptado doctrinas  militares  y  estrategias  de  seguridad  basadas  en  la existencia   de   un   enemigo   interno, haber  promovido  o  permitido  la  afectación  grave  de  los  territorios  y  de  los ecosistemas para  la  implantación  de  proyectos  económicos, y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos  de paz, entre otros.

Las recomendaciones del Tribunal 

En el fallo, que puede ser encontrado en https://www.tppcolombia.com/, también se hacen recomendaciones al Estado Colombiano, entre ellas: Respetar y hacer respetar los derechos humanos como se comprometió en los pactos internacionales y la Constitución colombiana, proceder a la restitución completas de tierras a los despojados, disolver las asociaciones "convivir" y estructuras paramilitares, sancionar debidamente a los autores de ejecuciones extrajudiciales y "aplicar   y   facilitar   la   aplicación   del   acuerdo   de   paz   de   2016   en   todos   sus componentes,  en  particular  el  Sistema  integral  de  verdad,  justicia,  reparación y  no repetición", entre otras.

Para el jurado del TPP, Daniel Feierstein, el tratamiento de la verdad sobre lo que pasó en Colombia resulta relevante porque “el genocidio cobra su realización simbólica en el momento en que un pueblo ya no es capaz de narrarse la historia que ha vivido, sino que la fragmenta y conceptualiza en formas que no le permiten recuperar la identidad que el momento material del genocidio había venido a destruir”. 

El pueblo se levanta por el pueblo

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep / PPP Javier Giraldo explicó la relevancia del Tribunal al señalar que este tipo de entidades serán necesarias “hasta que el último ser humano hambriento sea saciado, y hasta que se abra un camino de vida que acabe con la explotación de los muchos por los pocos”, y añadió que pese a que el TPP es un tribunal de opinión que no tiene un carácter vinculante, y no tiene el poder de ‘sentar en el banquillo’ a los acusados, en realidad ello es una virtud, porque los obliga a pronunciarse para crear sentidos apelando a la ética para que se respeten los DD.HH.

El sacerdote concluyó que el TPP cierra su tercera intervención en Colombia apuntando “las características genocidas de la trayectoria estatal, y lo hace en un momento en que el pueblo colombiano está levantado contra las manifestaciones de ese genocidio. Barricadas y puertos de resistencia se están multiplicando en toda la geografía nacional y quizá, por primera vez, se ponen en cuestión estructuras económicas, políticas, militares y culturales en las cuales soterradamente se ampararon por varios siglos las prácticas genocidas”, y añadió que “esta sentencia se le entrega y regala a un pueblo que despierta y busca caminos de emancipación de su opresión”.  

Encuentre el video completo de la lectura del fallo la rueda de prensa y el panel en: 

 

Encuentre el fallo completo en: https://www.tppcolombia.com/

 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Del 25 al 27 de marzo el Estado colombiano será juzgado por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, en la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Bucaramanga, Bogotá y Medellín con transmisión virtual. 

El Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP- es un espacio que la sociedad civil mundial promueve desde 1979. Es un tribunal internacional de opinión con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso (Italia),  y tiene sus raíces históricas en el Tribunal Russell sobre la guerra del Vietnam (1966-1967), y se fundamenta en la Declaración universal de los derechos de los pueblos proclamada en Argelia en 1.976.

La sesión 48º del TPP “El Genocidio Político en Colombia 2021” tendrá como jurados a Luciana Castellina (Italia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia), Philippe Texier (Francia), Antoni Pigrau Solé (Barcelona), Esperanza Martínez (Ecuador), Andrés Barreda (México), entre otras personalidades internacionales. La Fiscalía del TPP estará a cargo de los juristas colombianos Iván Velásquez y Ángela María Buitrago, y el Estado colombiano será citado para su respectiva representación y defensa.

“La Colombia que hoy acude por tercera vez al TPP es una Colombia completamente perpleja frente al asesinato permanente, sistemático y sin perspectivas de detención de sus líderes sociales de base”, aseguró Javier Giraldo SJ en el lanzamiento del TPP. 

En el marco de esta sesión organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán (i) las prácticas genocidas y en general el genocidio político, continuado y extendido que han sufrido sus miembros y colectivos a lo largo de su existencia; (ii) los crímenes contra la Paz ocurridos luego de la Firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, y (iii) la impunidad y ausencia de Justicia frente a todos estos hechos.

Comunicado: Organizaciones y Movimientos Sociales reclaman al Estado colombiano a comparecer por genocidio político ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Según su Estatuto, el TPP promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos fundamentales y de los pueblos, examinando los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas. A lo largo de las décadas, el Tribunal ha acompañado las transformaciones y las luchas de la época post-colonial, la afirmación del desarrollo del neocolonialismo económico, la globalización, la reaparición de la guerra, la migración, evidenciando la persistencia de grave crímenes, como los crímenes contra la humanidad, el medioambiente y el genocidio, sin que exista una jurisdicción competente a nivel internacional para prevenir y sancionar dichos crímenes.

Los tribunales de los pueblos no tienen implicaciones judiciales para quienes son sometidos (Estados, empresas, dirigentes políticos), sino que apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades. En sus Sentencias, por lo tanto, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes sino que destaca vacíos y límites del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos con el fin de trazar su evolución.

Emisión en: youtube.com/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 y facebook.com/TPPColombia2021   

También se emitirá en las Fan Page de Facebook de CINEP y organizaciones aliadas.

“Si hay una represa subterránea que se reedita constantemente para retomar los anhelos convergentes del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones”, explica Javier Giraldo. Esta será la sesión número 48 de su historia y la tercera en Colombia, donde se contó con su presencia en 1991 (Sesión sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina) y 2006-2008 (Sesión sobre Las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia), y en algunas experiencias locales como el Tribunal Internacional de Opinión de Barrancabermeja en 1999 y el juicio ético contra el despojo en Puerto Gaitán, Meta en 2014. 

 A continuación el comunicado:

 


Esta semana sesiona el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia

Después de meses de documentación de más de cuarenta casos, y de preparativos del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos Colombia 2021, este jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, sesionará en el país este Tribunal de Opinión de carácter internacional que juzgará al Estado colombiano por las conductas de Genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, a lo largo de un siglo de nuestra historia. El Tribunal sesionará en Colombia a solicitud de 176 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos y de  200 personalidades.

Las audiencias de presentación de casos del Tribunal que se desarrollarán durante estas tres jornadas, tendrán una modalidad semipresencial. Por razones de la pandemia solo estará en el país uno de los jurados y los demás recibirán los testimonios vía Internet. Las personas que presentarán los casos estarán de manera presencial en recintos preparados para tal fin con medidas de bioseguridad, y podrán ver en todo momento al jurado. De esta forma, se realizarán las sesiones en recintos con aforo controlado. 

El público puede seguir todas las audiencias por las redes del Tribunal:

Facebook:  https://www.facebook.com/TPPColombia2021 

YouTube:  https://youtube.com/c/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 

En la página del TPP: https://yavieneeltpp.wixsite.com/yavieneeltpp 

En Inglés:  https://www.facebook.com/Colombia-Human-Rights-Committee-583191355399478/ 

En Francés: https://www.facebook.com/france.ameriquelatine/ 

El jurado del Tribunal Permanente Colombia 2021 está integrado por destacadas figuras del derecho, los derechos humanos y la academia a nivel internacional como el jurista Luigi Ferrajoli; el relator de Naciones Unidas para defensores, Michel Forst; el filósofo especialista en estudios sobre el genocidio Daniel Feierstein, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente del campo de concentración clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), Garciela Daleo; o la defensora de derechos humanos Mireille Fanon Mendès-France presidenta de la Fundación Frantz Fanon, integrante del Grupo de Trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ver perfiles completos de los jueces. Enlazar

Como fiscales del TPP actuarán la exfiscal Ángela María Buitrago y el exmagistrado Iván Velásquez, juristas colombianos de reconocida trayectoria que ya presentaron la acusación respectiva el pasado 26 de enero en la Sesión inaugural cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió el escrito y aceptó el juzgamiento al Estado colombiano por estas conductas.

Las audiencias de presentación de casos

Durante el primer día en Bucaramanga, el jueves 25, se presentarán 17 casos que ejemplifican el exilio como práctica social genocida, el genocidio contra el movimiento campesino, con ejemplos como ANUC-UR y CNA, San Vicente de Chucurí, Casanare y masacres paramilitares en Cajibío, Cauca. También el caso de las prácticas sociales genocidas contra el movimiento sindical como lo ocurrido con la USO, la CUT o Sinaltrainal, y contra partidos y movimientos políticos cómo la UNO y A luchar.

El día martes, 26 de marzo, la audiencia se llevará a cabo en Bogotá donde se presentarán ante el jurado 13 casos que constatan la sistematicidad del genocidio político como los históricos entre ellos la masacre de Las Bananeras y Santa Bárbara, así como los ataques contra las repúblicas independientes en los años 40. También se dará continuidad a la presentación de casos de prácticas genocidas contra movimientos políticos, los crímenes contra la paz cometidos contra organizaciones alzadas en armas que suscribieron Acuerdos de Paz, y otras prácticas genocidas transversales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

La tercera y última jornada, el sábado 27 de marzo en Medellín, se centrará en la presentación de 14 casos sobre genocidio contra pueblos indígenas y negros, la población LGBTI, el movimiento estudiantil, y la documentación del paramilitarismo como práctica social genocida.   

Ver la programación general. 

La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos hace parte de los Tribunales Internacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial, conformados por connotados intelectuales como el filósofo Bertrand Rusell y Jean Paul Sartré en 1960, cuando juzgó los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Vietnam. En América Latina ha estado conformado por personalidades como el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar cuando se juzgaron las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. A pesar de que no cuenta con carácter gubernamental o estatal, el Tribunal es un escenario para investigar y juzgar aquellas violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que han sido ignoradas por los Estados, por lo que se ha convertido en un referente universal para el avance de los derechos humanos.

En Colombia sesionó en 1991 y en 2008 cuando juzgó la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como el papel de las multinacionales en estas graves violaciones, respectivamente. Sus fallos constituyen un inmenso referente ético, político y jurídico en la medida en que se basan en el derecho internacional y sus decisiones son adoptadas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. También son momentos de conciencia y opinión pública frente a fenómenos no siempre visibles o evidentes para la sociedad.

Durante esta sesión el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el genocidio político contra amplios sectores de la oposición durante todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Colombia. Cabe señalar que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 sólo reconoció los genocidios étnicos o raciales, y excluyó la persecución política de esta categoría. No obstante, existen antecedentes históricos y desarrollos jurisprudenciales que permiten concluir la existencia de la práctica de genocidio político. En particular, en Colombia, las sucesivas prácticas de exterminio contra movimientos políticos como el Gaitanismo, A Luchar, Partido Comunista, Frente Unido, o la Unión Patriótica, pero también otros casos como el genocidio contra los pueblos étnicos, el movimiento campesino o sindical, casos que conocerá el jurado del TPP Colombia 2021, pueden ser considerados expresiones de este genocidio político. 

En el mismo sentido, el Estado colombiano será juzgado ante el TPP por crímenes contra la paz, que van más allá de la violación de los armisticios e incluyen acciones de las partes que vulneran la validez o la implementación de los Acuerdos, como matar o desaparecer a los firmantes. 255 firmantes de paz asesinados y más de 1300 líderes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, indican que estamos repitiendo ciclos de violencia. En tal sentido, también se espera un pronunciamiento del TPP sobre la impunidad que, si bien no es un delito en sí misma, es la negación de un derecho de las víctimas consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La importancia que se reconozca como genocidio político las sucesivas e históricas violencias vividas en nuestro país consiste justamente en la comprensión adecuada del fenómeno, que el mismo sea reconocido por los mecanismos de justicia transicional –en particular la Justicia Especial para la Paz –JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- en sus fallos e informes, y que su reconocimiento contribuya a la tipificación en el orden jurídico interno y al impulso de casos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, para que Colombia supere definitivamente estos ciclos de violencia y para que no se repitan nunca más. 

Primera sesión del TPP en Colombia: 

 

Segunda sesión del TPP en Colombia:

 

Tercera sesión del TPP en Colombia:

 

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Una década después de la denuncia por falsos positivos y fosas comunes en La Macarena se han exhumado 1.371 cuerpos, de los cuales, se han identificado 899 y entregado 221. Les contamos los avances gracias al Acuerdo de Paz en este caso, a propósito de la nueva audiencia en Congreso celebrada este 6 de agosto. 

En La Macarena, Meta —uno de los tantos escenarios en los que se reflejaron las consecuencias del conflicto armado en Colombia— la muerte y la victimización estuvieron silenciadas durante décadas. Hace diez años, gracias a la audiencia “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” realizada en el Congreso de la República, la comunidad y las víctimas pudieron empezar a sacar a la luz pública el horror de los falsos positivos, la responsabilidad del Estado en estos crímenes, e iniciar un camino de exigibilidad de derechos. El reclamo por la verdad ha estado en el centro de estos diez años de lucha de las organizaciones sociales que han logrado documentar, pese a las trabas, amenazas y muerte, que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en los 5 cementerios de los Llanos Orientales, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. 

De acuerdo con  el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, citada por el colectivo Orlando Fals Borda, han sido exhumados 1.371, identificados 899, y 221 entregados. En dichas entregas y proceso ha participado el Colectivo mismo, que este 6 de agosto, como hace diez años, acudió al Congreso para hacer escuchar los reclamos de las víctimas.

En una nueva audiencia citada por los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, se presentó el balance sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, y las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’  dando la voz a las víctimas, quienes contaron los avances y tropiezos en su proceso de búsqueda y reparación por la desaparición forzada de sus familiares y la inhumación en cementerios municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, en Guaviare.

Las víctimas pudieron hablar

Vilma Gutiérrez, quien tuvo que enterrar a su esposo a causa de la guerra, pertenece al MOVICE Meta y junto a los familiares de desaparecidos y con galerías de la memoria trabaja por hacer visibles los casos de su región. Para Vilma, gracias a la audiencia ‘‘se le pudo dar un carácter más humanitario al verificar que los casos no eran de personas heridas en combate, como decía el gobierno, sino que eran casos de desaparición forzada’’. A diez años de la primera audiencia que contó con la participación de 6 delegados del Parlamento Europeo, 3 del Parlamento Británico y 10 dirigentes sindicales, el padre Javier Giraldo, del CINEP/PPP,  recuerda que esa situación fue el detonante para esclarecer un fenómeno extendido y preocupante en Colombia, pues no solo se sepultaron cuerpos anónimos de una manera clandestina en el sector, sino que la problemática era tan compleja que llegó repetirse en múltiples regiones, teniendo un alcance a nivel nacional. 

Víctimas como Vilma resaltan el trabajo y las cifras alentadoras gracias a la colaboración de distintas organizaciones, pero también destacan inconformismo por casos que siguen sin resolverse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, permanece la esperanza de lo que pueda suceder y del impacto posterior a la audiencia de La Macarena como ocurrió hace diez años. La mujer señala que:

‘‘La audiencia es importante porque nos permite seguir visibilizando y buscando justicia sobre los crímenes de Estado, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales’’.

La cita de hace una década en el Congreso fue la génesis de una ola de denuncias de los “falsos positivos” que, se sabría después, no solo correspondían a La Macarena y Soacha, sino que se trató de una política de Estado que se mantiene vigente, y que puede corroborarse en el seguimiento semestral registrado en la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 

Tras la denuncia de 2010, la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, el CINEP/PPP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y DHBAJOARIARI, empezaron el acompañamiento a más de 1.500 personas de la comunidad para dar a conocer ante la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, todo lo relacionado con los cuerpos no identificados inhumados que eran conocidos como N.N. en la región.

‘‘Los familiares de desaparecidos no se atrevían a ir a las brigadas militares a reclamar a sus seres queridos porque tenían miedo de que les abrieran un proceso judicial por rebelión o complicidad con la guerrilla, porque ellos sabían que a la mayoría de estas víctimas las estaban calificando como muertos en combate’’, señala el padre Javier.

La sospecha había comenzado porque la comunidad detectó irregularidades en el agua: olores nauseabundos y una contextura ‘grasosa’ particular que hicieron pensar, y luego confirmar, que había enterramientos clandestinos en La Macarena, donde el calor aceleraba la descomposición de los cuerpos inhumados en cercanías al acueducto público. Esta situación llevó a que también se inspeccionaron cementerios de la zona, caracterizados por tener cuerpos de menores de edad que no se podían identificar.

Además, cerca al cementerio de La Macarena se encuentra una base militar donde, según los habitantes podían observar, se descargaban los cuerpos con uniformes. Pero la gente tenía miedo de hablar, y sus seres queridos seguían desapareciendo. Las investigaciones realizadas diez años después han arrojado que una mayoría de los cuerpos no fueron de personas muertas en combate, sino el resultado de una métrica coordinada en la que se asesinaban civiles en “ejecuciones extrajudiciales”. 

¿Cómo avanza el Sistema Integral frente a La Macarena?

Superado el silenciamiento, una década después las comunidades siguen intentando desenterrar la verdad ahora de la mano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el punto 5 (víctimas) del Acuerdo de Paz firmado entre gobierno y Farc, en 2016. Uno de los principales riesgos sigue siendo garantizar la conservación y la custodia de cuerpos de las personas no identificadas y las no reclamadas. 

De acuerdo con el MOVICE, “los riesgos que enfrentan estos lugares en los cuales han sido inhumados legal o ilegalmente los cuerpos de las víctimas, son generados por condiciones que van más allá del deterioro causado por la tierra. Además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desapareciendo a las personas desaparecidas”.

Por eso el MOVICE solicitó desde 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expedición de medidas cautelares a los cementerios y entes territoriales. Por su parte, por el fenómeno conocido como “falsos positivos” la JEP abrió un caso particular. Para 2019 la JEP avanzó en la solicitud de medidas cautelares de 16 lugares donde habría personas desaparecidas: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).

Además, con la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  (CEV) se ha avanzando en escuchar y reunir testimonios y material producido en los años anteriores a la puesta en marcha del Acuerdo.

A la fecha, la UBPD ha recibido 889 solicitudes de búsqueda en los municipios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, Puerto Gaitán, La Macarena, El Castillo, Lejanías, Cumaral, Puerto López, San Martín, Mesetas, Castilla La Nueva, San Juan de Arama, La Uribe y Acacías o que los hechos presuntamente ocurrieron en la zona de cobertura del equipo territorial (lo cual incluye los municipios señalados), y que corresponden a 1.098 personas dadas por desaparecidas. 

“Estas solicitudes de búsqueda han sido allegadas a la UBPD de manera directa mediante el acompañamiento a familiares y personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, o a través de información aportada por organizaciones sociales en el territorio. En particular, 40 de estas solicitudes de búsqueda corresponden a personas desaparecidas en el municipio de La Macarena o tienen una presunta localización en este municipio”, explica la Unidad agregando que vale la pena destacar que cuando se hace referencia a La Macarena no se habla solamente de familiares que buscan en esta zona, sino también de personas que se encuentran desaparecidas en esta región pero que sus familiares se encuentran en otros lugares.

Además, existen actualmente 2 planes regionales de búsqueda en fase de implementación y acciones de localización que agrupan 52 personas dadas por desaparecidas y se están construyendo insumos para la elaboración de nuevos planes regionales de búsqueda que agrupan 453 personas dadas por desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari; Duda – Guayabero; Capital y Piedemonte; y Puerto Gaitán. 

El drama de la desaparición forzada es un reto para el Sistema Integral y la sociedad misma, que aún desconoce las dimensiones de esta grave situación donde, a diferencia de los asesinatos, el duelo no cesa para los familiares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Adicionalmente, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH continuó con la labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó más de 80.000 víctimas. Organizaciones sociales y víctimas insisten a la JEP en la necesidad de abrir un macro caso exclusivo para investigar la desaparición forzada, así como los macro casos 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP conocido como “Secuestro”), 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado conocidas como “Falsos Positivos”) o 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano).

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP.