Como parte de la Misión SOS Colombia, Monseñor Bruno-Marie Duffe visitó el país entre el 3 y 12 de julio pasado para escuchar testimonios de víctimas y familiares sobre hechos de violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional. 

Testimonio personal de Monseñor Bruno-Marie Duffe sobre la situación social en Colombia.

  1. Lo que viven, desde abril de 2021, muchos ciudadanos colombianos, y particularmente jóvenes, trabajadores sin empleo, mujeres e indígenas, migrantes en su propio país, se puede presentar como una «insurrección social y política». El «Paro Nacional» es una expresión de desesperanza y la expresión clara de una negativa al «demasiado»:

-          Demasiadas desigualdades sociales y económicas.

-          Demasiada corrupción y violencia contra los más pobres.

-          Demasiado desprecio para con los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras y los representantes de la sociedad civil.

 

  1. La respuesta del Estado es una «represión violenta, brutal y desmesurada» con acciones extremas: amenazas de muerte contra manifestantes y sus familias; detenciones; torturas; mutilaciones; agresiones sexuales; asesinatos de jóvenes y niños de menos de 16 años.

Esta agresión física – que caracteriza la represión al movimiento social –  quiere destruir, no solamente el movimiento mismo, sino también el cuerpo social, con el maltrato a los cuerpos de los actores.

 

  1. No hay ya referencia al derecho; no hay referencia a los derechos humanos fundamentales: derecho a la vida y a la integridad física y moral; derecho a la protección y a la participación ciudadana. Cada iniciativa popular parece interpretada por el Estado y la fuerza pública como una conspiración que debe ser aplastada.

La desnudez de los ciudadanos – caracterizada por la fragilidad extrema de los rostros (El filósofo Emmanuel Lévinas dijo: «la desnudez del rostro del otro te dice: «¡no matarás!») y particularmente la de los ojos – contrasta, de una manera enorme y dramática, con las máquinas de guerra utilizadas, de manera encarnizada, por la Policía y la fuerza pública, en particular por los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La respuesta de guerra contra el «grito de los pobres» provoca un trauma en todo aquél que tiene la inteligencia del sentido común y del corazón. Hacer la guerra contra su pueblo es, como dijo Hannah Arendt, un error criminal.

 

  1. Esta experiencia ciudadana y comunitaria tiene 3 bases y apoyos esenciales:

- El territorio: barrio; calle; comunidad; «casa común» (a veces viejas casas que son lugares de encuentros, conversaciones y formaciones diversas: política, arte, poesía, organización colectiva…).

- La práctica de la palabra y de la solidaridad concreta (incluso la curación de los heridos y la escritura de una memoria colectiva).

- El debate y el proyecto para el futuro (educación, empleos, desarrollo, afectividad, vida común).

  1. La paradoja más fuerte de esta situación es que los actores de la protesta social viven una experiencia de democracia «directa», frágil pero real.

Se puede hablar de «una ruptura entre dos mundos» que es también la ruptura muy grave del «pacto social»: condición del paso del «estado de guerra permanente» al «estado social durable» (cf. Thomas Hobbes). Los jóvenes encarnan una generación y un futuro que el poder, auto centrado y cerrado en una lógica de supervivencia, no quiere mirar. Esta ruptura social, amplificada por la violencia brutal y ciega de la fuerza pública y, al mismo tiempo, por la impunidad de los actores de crímenes, lleva a pensar en un futuro muy doloroso en Colombia. La ruptura es también entre el mundo social y el mundo político.

 

  1. La ausencia total de mediación es lo que aparece: de lugar o de vínculo para permitir una confrontación verbal entre las posiciones, con un debate contradictorio, lo que hace temer dos consecuencias inquietantes:

- Una «consecuencia ideológica», que puede justificar posturas sin voluntad real de salida del conflicto.

- Y una «consecuencia física», con una amplificación de la violencia hasta un control sistemático a las personas (que ya se está dando). Las dos posturas podrían confirmar que tenemos una nueva forma de dictadura.

Entonces la urgencia sería de crear y mantener espacios de intercambio entre ciudadanos y los que tienen una autoridad local (alcaldes) o más amplia («Defensoría del Pueblo» y personalidades de la Salud; de la Educación; de la Cultura; Premios Nobel; Iglesias). Muchos fueron sorprendidos de hallar un sacerdote en la calle, cerca de ellos, venido de Europa y que tenía su tiempo para escucharlos a ellos (y consolarlos también cuando unos padres lloraban a su hijo muerto en la tortura). Se trata de pensar y actuar mediante una mediación social – o inter-acción – que parece como el corazón de la referencia urgente al derecho humanitario.

 

  1. La referencia a los derechos humanos se reventó con la represión. Nadie cree ya en esa protección fundamental de la dignidad del otro, aunque los jóvenes expresan claramente su deseo de vivir, de vivir juntos y de realizar un proyecto de vida, personal y comunitaria. La dignidad se recibe para darla en la mirada al otro.

El papel de los jóvenes es central en la protesta social. Su deseo es claro: preparar y construir el futuro: formación, empleo, casa digna, vida digna, libertad de expresión, vida afectiva respetada, cultura.

Hay que decir claramente: el asesinato de jóvenes – con tortura, que busca reducir al silencio al que no se quiere escuchar – es una forma de «crimen contra la humanidad ». Los jóvenes son el futuro de Colombia, como en todos los países. Pero son también el futuro de la humanidad. Entonces matar a jóvenes, a sus hijos, es matar también el futuro de la humanidad. La palabra puede parecer dura pero ella describe realmente lo que se vive en Colombia, hoy.

 

  1. La conciliación «imposible» (por el momento presente), justificada, por un lado, por la impunidad, y, por otro lado, con una interpretación «sacrificial», más o menos inconsciente, de la «primera línea» (los que conducen la protesta y viven el riesgo de ser heridos o asesinados) hace pensar que el movimiento va a continuar en los meses que vienen. Cada día se anuncian nuevas muertes violentas de jóvenes. Eso amplifica la desesperanza de un pueblo que tiene tanta sed de paz. Las elecciones (en 2022) parecen para los actores del movimiento social, como el último momento de un mundo que se muere, sin proyecto ni dignidad: un mundo que va a desaparecer. En eso se expresa también “la ruptura” entre los mundos.

¿Es todavía viable una consideración pacífica del otro? ¿Cómo pensar un puente entre los mundos y las generaciones? Podríamos pensar en personalidades morales que hacen mucha falta. Existen personas que tienen una gran consciencia, pero ¿cómo pueden continuar sin apoyo? Aparece aquí el papel determinante de la comunidad internacional… actualmente silenciosa.

 

  1. Sin embargo, en Colombia, en América Latina y en el mundo actual, todos pueden ganar, ofreciendo cuidado – y curación – a los y las que están en la calle. Ellos y ellas llevan en efecto iniciativas que faltan en el desarrollo integral del país. Aprender, desarrollar sus talentos, trabajar, hablar con libertad y crear.

Como dice una inscripción sobre una pared de un barrio, en la región de Bogotá : «Crear es creer; creer es crecer».

Eso expresa el espíritu y el fondo del movimiento popular. No se trata solamente de rechazar un impuesto suplementario (particularmente injusto en un contexto de crisis sanitaria), sino de una petición de respeto a las personas: mujeres, jóvenes, pobres, migrantes, personas homosexuales, personas enfermas o frágiles, líderes sociales, tan maltratados desde años y detenidos como presos políticos. Las peticiones dicen que no se puede vivir en un sistema mafioso en el cual el narcotráfico conduce la economía y la vida pública.

(NB: El narcotráfico permanece en la sombra del país: sabemos que eso solo permite que se continúe un sistema de corrupción, en el que el derecho ha perdido su autoridad y trascendencia.)

 

  1. ¿Cómo se puede salir de la repetición que cierra la puerta a todas las iniciativas de paz?

 Necesita Colombia un proceso que tiene tres referencias determinantes:

- La necesidad de «un Pacto por la vida»: afirmar de nuevo el valor de cada vida, con una consideración a los niños, adolescentes y los que sufren de la injusticia social.

- La necesidad de afirmar de nuevo la autoridad del derecho público y de los derechos humanos que no permita que un movimiento social – con personas que tienen sus manos vacías y que no tienen armas – sea ahogado en sangre.

- La necesidad de una mediación social que es la única posibilidad de salvar el «pacto social», con una práctica, en todos los lugares: escuelas, empresas, barrios y campo, iglesias y casas comunes, de la palabra compartida, del debate y de una responsabilidad común para «el bien común».

La Iglesia puede ser un actor de la Palabra compartida, del diálogo, de la promesa mutua y del perdón. Viviendo con y para el pueblo, en memoria de Jesús, hombre libre e «hijo bien amado del Padre».

Me dijo Jonatan – estudiante que ha perdido un ojo, cuando una granada fue lanzada contra él –  «No puedo volver a ver claramente y eso es duro, pero tengo la vida y quiero continuar el movimiento para una vida mejor».

Y hemos llorado juntos silenciosamente.

Cada noche, yo rezo con Jonatan, con los padres que lloran a sus hijos y con todos y todas.

 

Bogotá, 4 de Agosto de 2021   

Por: Monseñor Bruno-Marie Duffe.

María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Pasado un mes del Paro Nacional la "Campaña Defender la Libertad" ha registrado 5.320 vulneraciones a los Derechos Humanos, muchas de ellas recaen sobre la juventud colombiana que está  movilizándose por otra sociedad y otro mundo posible.

Una gran diversidad de jóvenes, mujeres y hombres, se resisten a un no futuro en Colombia. Las movilizaciones tienen un fundado arraigo en la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza de muchos jóvenes en el país; más allá de la estigmatización de vandalismo criminal que el gobierno insiste en recriminarles.

Pero este injusto señalamiento va más allá de la estigmatización. Según la “Campaña defender la Libertad”, después de un mes de Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos son de 5.320 vulneraciones, entre las que se encuentran: 59 homicidios, 32 de ellos fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por "civiles" sin identificar. 866 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular por el ESMAD. 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas presuntamente por la Policía Nacional. 2152 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Según la Defensoría del Pueblo, son 89 personas desaparecidas; según la Fiscalía la cifra es de 129 personas, y según algunas organizaciones de derechos humanos, ascienden a 346 personas desaparecidas. Los números indican tendencias y no es lo central, un problema de fondo es que aterradoramente un alto porcentaje de estas violaciones recaen sobre la juventud colombiana. Están eliminando a la juventud, sus vidas, sus proyectos y sus sueños.

¿Pero qué es lo que reivindican los diversos grupos de jóvenes? La diversidad y pluralidad de estos grupos o individuos no da para una agenda única ni se trata de unificarla ni de homogenizarla, sería un gran error de lectura. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de propuestas menos delimitadas y estáticas a lo que se suele llamar una agenda homogénea en los parámetros y comprensiones de los movimientos juveniles y de estudiantes de las décadas de los años 60 o 70 del siglo pasado. Hoy existen jóvenes mujeres, hombres y diversidades sexuales, que los reúne diversas y ricas iniciativas, imaginarios, sueños y redes artísticas, animalistas, ambientalistas, emprendimientos económicos, etc., donde las narrativas expresan que otro mundo y otra sociedad es posible. Es una crítica propositiva a los modelos económicos, sociales y políticos que han existido. Es una explosión no solo en contra de un tipo de sociedad mercantilista, rentista, excluyente, segregacionista y depredadora de la naturaleza, sino una propuesta donde la diferencia, la diversidad de sentidos, de seres, de culturas, de modos de vida de sexos y géneros pueden convivir y ser creativos. Pero igualmente, no es una propuesta sino múltiples y pluriformes propuestas que se encuentran, interaccionan, se tensionan y buscan nuevas formas de transformar conflictos y generar arreglos complementarios y colaborativos.

En estos momentos de Paro Nacional si se escucha el grito juvenil a fondo, las agendas buscan especialmente, los derechos al trabajo, al estudio a la salud, el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado, una nueva política pos-extrema derecha e izquierda armada, con estrategias de violencia donde los jóvenes son los primeros en perder la vida. Los jóvenes quieren diálogo y no guerra; quieren menos armas y más trabajo; quieren menos ignorancia y más libros; quieren menos autoritarismo e incumplimiento de acuerdos y más construcción participativa de una democracia incluyente que reconoce como una riqueza las diferencias. Un país liberado de los corruptos, de élites regionales y nacionales que viven muy bien. Los jóvenes sueñan en una nación donde se realicen los derechos humanos, donde los ciudadanos asuman sus responsabilidades políticas, donde el Estado cumpla con sus compromisos y donde vivir con justicia y dignidad sea un sueño posible.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Los hechos fueron dolorosos e indignantes. Tras el homicidio de Javier Ordóñez, en dos días de protesta, fueron catorce las personas asesinadas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y cerca de trecientos entre ciudadanos y policías lesionados, según el balance nacional del Ministerio de Defensa. La mayoría de fallecidos y heridos fueron jóvenes, mujeres y hombres. De nuevo son ellos quienes en el país son víctimas de la polarización y la violencia. ¿Por qué en lugar de oportunidades de educación y de trabajo decente y estable para la juventud, la sociedad y el Estado propicia la pérdida de sus sueños y sus esperanzas?

Lo que vimos en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Tunja y otras ciudades del país ha sido una fuerte expresión de protesta juvenil que indignada rechazó el equivocado e infame uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y hechos de tortura contra civiles inermes. Si nadie hubiera salido a protestar en la calle y, en su lugar, el silencio hubiese imperado, sería la comprobación indiscutible del alto deterioro moral de nuestra sociedad. Pero afortunadamente los jóvenes se pronunciaron.

Otro asunto muy diferente fue el indeseable vandalismo que se presentó y en el cual algunos medios centraron la atención de la opinión pública. La destrucción de los CAI de la policía, de los buses y algunos locales comerciales, es un hecho oportunista de quienes buscan sacar partido de la protesta legítima, bien para sembrar zozobra o para estigmatizar la protesta social y justificar la errática represión frente al descontento.

Desde algunos sectores de la sociedad se pide una urgente y planificada transformación del cuerpo policial. El profesor Alejo Vargas la resume así: mejorar el proceso de selección de los miembros; profundizar el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener el tema de los Derechos Humanos, más allá de un curso de algunas horas debe ser una dimensión importante en la formación. Otro punto es la apropiación de la doctrina operacional de la policía, sus preceptos éticos y legales donde se fundamenta su actuación, de manera que sus miembros tengan clara su identidad como servidores públicos, dedicados a la protección a la seguridad y el cuidado de la convivencia ciudadana, enfatizando la prevención, mostrando sus valores éticos en sus actuaciones y por este camino ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía y, finalmente, el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas a las sociedad y a sus instancias superiores.

El domingo trece de septiembre el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio expresaba en la homilía del canal RCN televisión, a propósito de los hechos vividos: “Ha sido una semana complicada, muy difícil en Bogotá con muchas heridas, con muertes, con destrucción y también en el país y en el mundo. Queremos empezar una semana distinta, una semana donde aprendamos a escucharnos. Por eso, nos están proponiendo que, para respetar la vida y para construir la paz, es necesario que nos escuchemos. Las regiones necesitan ser escuchadas, los indígenas, los campesinos, los que están sin empleo. Escucharnos para que no sea necesario destruirnos ni agredirnos, para encontrar el diálogo sincero y el silencio que valora el mensaje del otro. Escuchar su vida, su historia, sus necesidades, su clamor y poder tender una mano. El Papa nos propone algo que llama mucho la atención pero que es desafiante: la amistad social. Que debe ser vivida con humildad. Necesitamos liderazgo, para construir la amistad social, no para protagonismos aprovechando el luto, el duelo, el dolor, la muerte y la confusión. No necesitamos liderazgos llenos de vanidad, no necesitamos liderazgos orgullosos, necesitamos nuevos liderazgos al servicio de la amistad social. Liderazgos sin armas, sin violencia, sin necesidad del odio, liderazgos con sabiduría, para reclamar nuestros derechos con inteligencia, respetando la vida del otro”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP