Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo" alertan por la modificación al Decreto 003 de 2021, con el que se limita el derecho a la protesta permitiendo la intervención de la fuerza pública frente a los cortes de ruta temporales como permanentes. 

El gobierno de lván Duque anunció el viernes 18 de junio una modificación al Decreto 003 del 2021, con la cual limita la definición de protesta pacífica estipulando que los cortes de ruta -tanto los temporales como los permanentes- no constituyen una forma legítima de manifestación pacífica y por tanto pueden ser disueltos mediante la intervención represiva de la fuerza pública.

Dicho decreto, sin la anunciada modificación, por sí mismo constituía un cumplimiento insuficiente de la sentencia STC- 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 septiembre de 2020, que reconocía la violación sistemática del derecho a la protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La sentencia profirió, entre otras, las siguientes directrices: llamó al gobierno nacional a mantener la neutralidad frente a la protesta social, instó a la conformación de una mesa de trabajo para la reestructuración de las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y ordenó la creación de un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza frente a las protestas, encaminado a prevenir los abusos de la fuerza pública, a evitar la estigmatización de los manifestantes, a detener el uso desproporcionado de armas letales y menos letales, a evitar las detenciones ilegales y tratos inhumanos y a frenar los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En cumplimiento de la sentencia, el gobierno expidió el mencionado decreto constituido por declaraciones generales tendientes a reducir la respuesta inmediata de la policía nacional en las manifestaciones, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación entre organismos de control, autoridades, fuerza pública y manifestantes en los Puestos de Mando Unificados durante las protestas. Sin embargo, el gobierno se negó a discutir y a transformar las directrices operacionales que constituyen el marco institucional que ha posibilitado los abusos policiales violatorios del derecho constitucional a la protesta pacífica, en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con la modificación normativa anunciada el viernes, el gobierno pasa del cumplimiento insuficiente al desacato abierto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Frente a dicha conculcación de derechos, expresamos las siguientes consideraciones. La sentencia estipulaba con absoluta claridad que la reglamentación expedida para dar cumplimiento al fallo debía tener en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las recomendaciones de Naciones Unidas y las señaladas por la propia sentencia. No hay duda de que la prohibición de todos los cortes de ruta inscrita en la modificación del Decreto 003 de 2021 constituye una violación clara de dichas directrices.

La doctrina de la CIDH, que es coherente con la jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad al cual debe atenerse el gobierno colombiano, comprende los cortes de ruta como repertorio legítimo del ejercicio del derecho a la protesta. De igual forma la CIDH ha reconocido que la alteración del ejercicio del derecho de terceros producto de las protestas pacíficas hace parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. De igual forma, la CIDH ha indicado que ante la posible colisión de derechos, por ejemplo, el derecho de tránsito y el derecho de reunión, es preciso tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El gobierno nacional también ha violado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la modificación anunciada pretende delimitar por vía de un decreto un derecho constitucional, lo que solo puede hacerse a través de una ley estatutaria. Se trata, en resumidas cuentas, de una violación en diferentes niveles tanto de la Constitución Política como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En ese sentido, consideramos que la actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado de excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para este tipo de escenarios. Además, la presente criminalización del derecho a la protesta se articula con una visión estigmatizante de la conflictividad social, presente tanto en el gobierno como en la Policía Nacional, lo que configura el terreno propicio para la persistencia de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han enlutado al país en el marco de coyunturas recientes como el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las protestas populares contra la violencia policial de septiembre de 2020 y el paro nacional del 2021.

El gobierno también ha vuelto a incumplir de manera directa el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y ratificado por el Congreso de la República durante el 2016. El punto 2.2 del Acuerdo mandató la creación de un Proyecto de Ley de Garantías para la Participación y la Protesta, que tuviera como base un espacio nacional de diálogo a partir de una serie de lineamientos que incluían las garantías para la movilización y la armonización normativa para garantizar el derecho a la libertad de asociación y la protesta. A partir de una serie de encuentros, en los que participaron alrededor de 2500 personas en representación de al menos 1541 organizaciones sociales, se construyó un documento de lineamientos para la creación de dicho proyecto de ley, que el actual gobierno se empeña en desconocer. 

Por tanto, desde Democracia en Riesgo le exigimos al gobierno que desista de la anunciada modificación normativa, que avance en el cumplimiento cabal de la sentencia  STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que privilegie el diálogo social como mecanismo de respuesta a la protesta social, que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz y que rectifique su tendencia autoritaria que ha puesto en grave peligro a la democracia colombiana.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

"Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que al atender la emergencia creada por el Covid-19 y bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países", compartimos el comunicado de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV).

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), iniciativa de la sociedad civil binacional, da su voz de alarma y expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos legales con Venezuela, sin haber explorado antes forma alguna de coordinación binacional para hacerle frente a la crisis que plantea la pandemia del COVID-19. Previamente, esos pasos formales, peatonales y de mercancías, estuvieron totalmente cerrados desde agosto de 2015, por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro; luego, se los abrió para las personas en horario restringido, y para las mercancías, solo por Zulia-La Guajira.

Ante la pandemia del COVID-19, el cierre de los pasos fronterizos formales no es una medida efectiva y resulta más bien contraproducente. A lo largo de los 2.219 kms. de línea limítrofe, los dos países comparten desde siempre una vecindad marcada por intensas interacciones que es imposible frenar. Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumentan los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalecen a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares.

Frente a la pandemia del Covid-19, pedimos que entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional propicien el diálogo y la coordinación de las entidades de Colombia y Venezuela -incluidas las del gobierno interino de Juan Guaidó-, responsables de los asuntos fronterizos y de salud, o sirvan de canal para que, por su medio, estas procesen de inmediato toda la información pertinente, tomen las medidas urgentes, fortalezcan los mecanismos de control médico en los pasos de frontera y provean un canal humanitario para la entrada y el retorno de personas.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que, al atender la emergencia mundial creada por el COVID-19, Colombia se acoja a los principios cobijados por el derecho internacional humanitario y, bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países. Igualmente, pedimos a las instituciones venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por canales regulares y agencias internacionales, y faciliten su entrega a instituciones sanitarias y ONG que ayuden a la población más vulnerable en la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en esta pandemia. Solicitamos a ambos países la reapertura del sistema consular y el tránsito legal por los pasos y puentes fronterizos.

Exhortamos también a la opinión pública para que, rechazando la xenofobia, refuerce los valores de solidaridad en la protección y acogida de seres humanos vulnerables que se han visto sometidos a una situación de extrema necesidad.


1. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
2. María Carolina Uzcátegui, empresaria venezolana.
3. Francisco Alfaro, investigador externo Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
4. Magali Alba, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.
5. Francisco Martínez, empresario venezolano.
6. Alberto Zeledón Molinares, Universidad de la Guajira.
7. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia.
8. Marleny Bustamante, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
9. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia.
10. Marina Sierra, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
11. Francisco Javier Sánchez, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
12. Amaury Padilla, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
13. Indira Urbaneja, ONG Reunificados, Venezuela.
14. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia.
15. Feliciano Reyna, Acción Solidaria Venezuela.
16. Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia.
17. Carmenza Muñoz, CINEP.
18. Hugo Ramirez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario.
19. Carlos Mejía, Oxfam Colombia.
20. Francine Jacome Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.
21. Ronal Rodriguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
22. Kristina Birke Daniels, FESCOL.
23. Alfredo Infante, Revista SIC, Centro Gumilla, Venezuela.
24. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
25. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
26. Mariela Ramírez, Activista Social, Venezuela.
27. Eduardo Soto, Servicio Jesuita a Refugiados, en Venezuela.
28. Pilar Gaitán, La Paz Querida.
29. María Teresa Garcés, La Paz Querida.
30. Deborah Van Berkel Sinergia, Venezuela.
31. Ramón Jimeno, Colombia.
32. Carlos A. Romero. Universidad Central de Venezuela.
33. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
34. Luis Eduardo Celis, PARES, Colombia.
35. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio.
36. Yaneth Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
37. Luz Stella Ortiz, Universidad Central de Venezuela.
38. Roberth Almanza, Institución educativa No 3 Maicao.
39. Mayra Medina, Pedagógico de Rubio (Upel) en Venezuela.
40. Karen Almanza Vides, Universidad de la Guajira.
41. Eimer Barajas, Esap Norte de Santander.
42. Meudis Quintero Ramos, Universidad de la Guajira.
43. Wendy Rojas, Universidad de la Guajira.
44. Maryoris Rojas, Universidad de la Guajira.
45. Suraya Pimienta, Universidad de la Guajira.
46. Fabio Mejia, Universidad de la Guajira.
47. Pedro Pinto, Universidad de la Guajira.
48. Andres Vides, Universidad de la Guajira.
49. Jo D’Elia, Civilis Derechos Humanos, Venezuela.
50. Jair Eduardo Restrepo Pineda, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
51. Carlos David Rojas Mora, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú.
52. Adriana Zapata Martínez, Universidad de Caldas.
53. Victor Alvarez, Economista y Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.

 

Colombia y Venezuela, 14 de marzo de 2020

Desde el inicio del proceso de negociación entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP hemos manifestado nuestra convicción de que la salida negociada es la única forma de poner fin al conflicto armado. Por esta razón rechazamos el anuncio de Luciano Marín alias 'Iván Márquez': Seuxis Pausias Hernández alias 'Jesús Santrich' y Hernán Darío Velásquez alias 'El Paisa', entre otros, sobre el retorno a la lucha armada.


 

 

 
 

En la segunda edición del año, Diálogos Cinep/PPP debatió acerca del primer año de gobierno de Iván Duque en relación con la implementación del Acuerdo de Paz, el asesinato a líderes sociales y la economía del país. En él participaron Sara Tufano, columnista de El Tiempo; Libardo Sarmiento, integrante del comité editorial de Le Monde Diplomatique y Sandra Borda, profesora asociada de la Universidad de los Andes.

Consuelo Corredor, moderadora, inició el diálogo planteando la falta de gobernabilidad del actual gobierno y con su primera pregunta abrió la discusión al respecto. Sandra Borda afirmó que esta temática se podría plantear en tres ideas: (1) la relación entre el ejecutivo y el legislativo en la que “el gobierno está ensayando un nuevo esquema de relacionamiento con el Congreso que en palabras de ellos mismo ‘no pase por las mismas lógicas de la mermelada’ con la que funcionó en el gobierno Santos”, (2) el estatus de gobernabilidad de Duque en relación con su partido y (3) la falta de consolidación de un proyecto de gobierno claro, “uno no pude poner un país a funcionar o a gestar política pública alrededor de un objetivo de esa naturaleza –economía naranja–”.

 

Esta lectura fue debatida por Sara Tufano . En su opinión, la decisión de mantener en los ministerios más importantes –Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores e Interior– personas de confianza del Centro Democrático representa “que los aspectos principales del gobierno iban a ser manejados por Uribe”. Entonces, para ella, la idea que se ha difundido de que el presidente no tiene gobernabilidad porque “es un presidente moderado”, “porque ha decidido gobernar con cero mermelada” o “porque no tiene las mayorías en el gobierno” se contradice con lo que realmente ha hecho Duque en el año no solo en la reducción del presupuesto sino en la agenda legislativa como la Justicia Transicional.  

En cuanto al manejo de la economía, Libardo Sarmiento denomina este como un gobierno perdido en los temas macroeconómicos que agrava el déficit comercial que venía en alza desde años anteriores. Este problema se acompaña por un déficit fiscal al que la reforma tributaria del primer semestre no respondió, un aumento en las cifras de desempleo y un “presupuesto que no responde a los problemas macroeconómico que tiene el país en el momento”.

Por otra parte, con relación a los asesinatos a líderes sociales Tufano indicó que existe una tipología especial en los liderazgos asesinados “no los están matando a todos, este es un plan sistemático y los líderes sociales que están siendo más asesinados y más amenazados son los que están trabajando el tema de protección a recursos naturales y de restitución de tierras”. En esta misma línea, Sarmiento planteó los asesinatos como un conflicto de clases sociales, “una arremetida contra las poblaciones rurales por el modelo económico llámese campesinos, indígenas, negras”; es decir, “es un proyecto hegemónico de destrucción de una clase”.

Revive aquí el minuto a minuto de este evento: 

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones