El Instituto Kroc presentó su más reciente balance sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz, dejando saber su preocupación por las garantías de seguridad, y el poco avance en la materialización del punto 2  “Participación Política”. Compartimos el informe completo que goza de carácter independiente. 

Gobierno y Farc acordaron en La Habana que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sería responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación del Acuerdo. Esta tarea se ha venido realizando pues desde el año 2016 como parte del Componente Internacional, y este 16 de junio se presentó su cuarto informe correspondiente al periodo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. En él se detalla cómo en este periodo el avance general de la implementación fue del 6%. 

La implementación del Acuerdo Final en Colombia está entrando en una nueva fase, con mayor enfoque territorial, en la que se debe construir sobre los logros anteriores y reforzar dinámicas de transformación positiva en las zonas más afectadas por la violencia”.

Así lo expresó el Instituto que realiza análisis cuantitativo y cualitativo a las 578 disposiciones que contiene el Acuerdo. Ante la pregunta del equipo periodístico de CINEP / PPP sobre cuáles son las mayores dificultades en la implementación del acuerdo, Daniel Cano, coordinador político de Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc en Colombia, respondió que, en primer lugar, preocupa la seguridad. Como es conocido por la opinión pública, la tragedia del asesinato de líderes sociales aumenta sin que el Estado logre medidas efectivas para proteger sus vidas y territorios. Son a la fecha, según Somos Defensores, 442 personas que ejercían liderazgo y defendían los derechos humanos han sido víctimas de homicidio en Colombia desde la firma del acuerdo hasta marzo de este año. 

Garantizar la seguridad continúa siendo la mayor amenaza a la implementación. Hoy son ya 200 los firmantes de paz asesinados tras la firma, mientras, según ONU, 2019 fue el año más mortal para los excombatientes con 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es pues casi 23 veces mayor que nacional.

Daniel Cano, también destacó que en el punto “Participación Política” los avances no son tantos como los que pudiesen haberse logrado a la fecha, teniendo en cuenta que su materialización implicaba bajo presupuesto. Tal es el caso de las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso que se les siguen negando a pesar de haber sido pactadas en el Acuerdo.  El informe asegura que:

“En cuanto a la Reforma Rural Integral (punto 1) y a la Solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4), los avances han sido significativamente menores”. 

 Y detalla que la implementación pasa por un momento crucial, puesto que transita de las disposiciones de corto plazo hacia las de mediano y largo plazo, con miras a un mayor enfoque territorial.

En los primeros dos años, cita el Krock, la implementación se enfocó en la dejación de armas y en la creación de la arquitectura institucional para la paz y los puntos en los que se avanzó fueron Fin del conflicto (punto 3) y Mecanismos de implementación, verificación y refrendación (punto 6). En el tercer año que analizaron y presentaron recientemente, el 2019, el enfoque que tomó protagonismo fue la implementación del Acuerdo en los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado. 

Por ejemplo, se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyas entidades (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desparecidos) “han logrado fraguar la voluntad, autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos, lo que les ha otorgado mayor legitimidad a las víctimas”. 

El cuarto Informe del Instituto Kroc resalta el esfuerzo en asuntos como el catastro multipropósito y la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mientras señala que hay retos para el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y su sostenibilidad. 

“Durante la primera mitad del periodo de estudio, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) presentó atrasos, dando lugar a controversias sobre su funcionamiento”.

El cuarto informe hace énfasis en mantener el foco en la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz y en la necesidad de fortalecer las regiones y señala además que, dado que las disposiciones del Acuerdo son interdependientes, es clave para su éxito implementarlo de manera integral.  Además, debido al COVID-19, el Instituto Kroc hace un llamado a comprender cómo las reformas económicas y sociales que el Acuerdo prevé, con enfoque territorial y lentes transversales étnico y de género, se hacen más urgentes que nunca para hacer frente a las desigualdades que se ensanchan y para construir una sociedad más incluyente. El Kroc invita a garantizar los recursos humanos y financieros para lograr la implementación del Acuerdo con más razón aún en medio de la crisis social y  sanitaria derivada por el nuevo coronavirus.
 

Acá podrá encontrar el informe completo: 

 

 

La información que entrega el Kroc es verificada por un equipo técnico de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM), la cual es de carácter independiente, a diferencia de otros informes que producen las partes de forma unilateral. Tal es el caso de la información que publica por cuenta propia el gobierno desde la Alta Consejería para el Posconflicto, por ejemplo, o bien, el componente Farc del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) o el Centro de Pensamiento y Diálogo integrado por algunos miembros del equipo de Farc en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación). 

 En el CINEP/PPP realizamos, también por disposición del Acuerdo y junto al CERAC, la Secretaría Técnica de la CSIVI y presentamos informes periódicos sobre algunos aspectos de la Implementación del Acuerdo que pueden ser consultados acá: https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Por: Katalina Vásquez G.

 

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones

 Los próximos 19 y 20 de abril, líderes y lideresas de varias zonas del Caribe se encontrarán por primera vez para revisar los procesos de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se adelantan en 40 municipios del Caribe Colombiano.

 
 

 

 

 

 

El año 2017 fue el más crítico en los 8 años de mandato de Juan Manuel Santos, según el informe Piedra en el zapato que presenta la organización Somos Defensores. Según este informe, durante 2017 fueron agredidos 560 defensores de DD.HH dentro de los que se contabilizan 106 asesinatos, 370 amenazas, 0 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible.

En este informe, se puede encontrar un análisis comparativo entre otros informes emitidos por otras organizaciones sociales y de DD.HH en 2017 sobre el tema de agresiones a defensores y defensoras en Colombia. Además de esto, el informe presenta una serie de propuestas que buscan construir salidas conjuntas a esta problemática y hace un llamado, en tiempos electorales, a los candidatos a la Presidencia, para que este sea un tema prioritario en sus gobiernos, en caso de ser elegidos.