El 7 de octubre, la Misión SOS Colombia entregó su informe final exigiendo garantías a la protesta en Colombia y denunciando las violaciones a derechos humanos que viven los manifestantes en el marco del Paro Nacional desde abril del presente año.
La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, entregó su Informe Final donde sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad.
La Misión visitó 11 regiones el 3 y el 12 de julio de 2021 y recibió 180 testimonios directos y más de 70 informes de organizaciones sociales. Uno de los comisionados internacionales, Félix Ovejero, responsable de las Américas del Sindicato Comisiones Obreras de España afirmó en la rueda de prensa que, gracias a los testimonios recogidos por la Misión y las reuniones que sostuvieron con entidades territoriales y organismos de control, pudieron establecer que:
“El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”. Es decir que “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”.
El informe relata once estrategias de tratamiento de guerra dado a la protesta social en Colombia:
- Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
- La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
- Casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD.
- Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la Fuerza Pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
- Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
- Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aun cuando éstas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
- Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
- Se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la Fuerza Pública atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
- Se pudo identificar en distintos testimonios violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.
- Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
- Utilizar la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.
En su Informe Final por las garantías a la protesta y contra la impunidad, la Misión identificó tres grupos a quienes eventualmente se les puede atribuir responsabilidad penal:
Agentes del Estado: Fuerza Pública (Policía Nacional, ESMAD, Fuerzas Militares), Ministerio de Defensa y Presidencia de la República
Grupos paramilitares: los cuales en algunos casos habrían actuado en connivencia con la Fuerza Pública
Personas civiles armadas: las cuales, en connivencia con la Fuerza Pública como se evidencia en el material probatorio y audiovisual reunido por la Misión, perpetraron acciones violentas.
Impunidad y daño a quienes se movilizan son intencionados
Jessica Arellano, integrante de ALUNA Acompañamiento Psicosocial de México, expresó la preocupación de la Misión ante la impunidad demostrada en “las pocas investigaciones penales y disciplinarias contra integrantes de la Fuerza Pública”, así como en el seguimiento a la actuación de agentes estatales, empresariales y “del fenómeno paramilitar”.
¿Para qué disparar a los ojos de los y las manifestantes?, ¿cuál es el objetivo de que no puedan ver?, ¿para qué torturar sexualmente a las mujeres y dejar huellas en sus cuerpos físicos y emocionales?, cuestionó Arellano quien comentó
“La hipótesis de esta Misión es que la actuación de las fuerzas del Estado tiene como objetivo causar un daño profundo a modo de castigo ejemplar”.
Las recomendaciones
Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos, concluyó el evento presentando las recomendaciones de la Misión SOS Colombia al Estado y entidades internacionales en cinco áreas:
La garantía en el acceso a la justicia a las víctimas de las violaciones de DD.HH. en el marco de las protestas; que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las manifestaciones y las personas que brindan apoyo a los manifestantes; el reinicio de un espacio de diálogo por parte del Gobierno con los sectores involucradas en en el Paro Nacional para abordar sus causas estructurales; la realización de una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos no se repitan.
El informe contiene también 18 acciones inmediatas que se solicitan al Gobierno de Colombia, 8 acciones solicitadas a Instancias Multilaterales Internacionales, 14 acciones que involucran al Estado colombiano, 4 a la Comunidad Internacional y 6 a las empresas.
Encuentre el Informe acá: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20211008_Informe_Mision_SOS.pdf
Encuentre la transmisión del lanzamiento en español acá: https://fb.watch/8vehCeweMk/
Encuentre la transmisión del lanzamiento en inglés acá: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0
Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo Comunicaciones Cinep / PPP
Las organizaciones sociales de la Alianza Contra la Desaparición Forzada entregaron a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) -creada por el Acuerdo de Paz- el Informe sobre desaparición forzada en Guaviare y Boyacá este 5 de agosto. El informe completo es privado, sin embargo compartimos un resumen a continuación.
“Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá: consolidando el protagonismo de familiares y la comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” es el título del informe entregado a la UBPD este 5 de agosto de 2021, y fue elaborado durante tres años por la Alianza contra la Desaparición Forzada.
Las desapariciones registradas en este informe ocurrieron entre 1990 y 2018, aunque se recogieron datos para casos del periodo de La Violencia.
Y contiene información que se recolectó gracias a que las organizaciones pudieron reconocer y recorrer 41 espacios indicados por pobladores y familiares o documentados para investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos, correspondiendo 28 para el Guaviare, y 12 casos a la provincia de Lengupá, en Boyacá, que reúne los municipios de Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquirá. En total se registraron 50 espacios documentados con coordenadas exactas o relativas.
En la mayoría de los casos, la responsabilidad de las desapariciones reportadas en este informe (28) se atribuye a grupos paramilitares, 10 a las FARC-EP, uno al Ejército Nacional, 10 no tiene determinado un autor y sobre el caso del periodo de La Violencia se adjudica a los chulavitas.
El objetivo del Informe es identificar la violencia y el conflicto armado en los departamentos de Guaviare y Boyacá ha sido un proceso de largo aliento; así como la comprensión de sus dinámicas y el reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y étnicas como sujetos de derechos para permitirse acciones de exigibilidad de derechos como mecanismo para contrarrestar las violaciones a los Derechos Humanos.
Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por los pobladores de los departamentos de Guaviare y Boyacá, entre ellos, los y las familiares de las víctimas de las personas dadas por desaparecidas, líderes y lideresas en los territorios, a partir de múltiples ejercicios originados en la confianza establecida con las organizaciones sociales y que permitió el acercamiento y la construcción de contextos y tejido social para la visibilización de las múltiples violencias ejercidas a lo largo de la historia por actores armados legales e ilegales. Este informe tiene la finalidad de dar a conocer a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) la información recolectada y analizada durante tres años con el objetivo de lograr la pronta localización, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos en el departamento de Guaviare y en la Provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá.
La investigación no pretende generar una tesis explicativa de las razones del conflicto, pero sí es una iniciativa para la creación de la memoria histórica a partir del diálogo directo con las organizaciones sociales y las víctimas en territorios a partir de la pedagogía popular usada en la metodología y el fortalecimiento de los procesos organizativos con el objetivo de construir tejido social para la búsqueda de la verdad.
La creación de conciencia colectiva sobre la responsabilidad frente al delito de desaparición forzada ha sido una valorable decisión por parte familiares de víctimas de desaparición forzada, el compromiso con el trabajo en la defensa de los Derechos Humanos y el trabajo participativo en las acciones humanitarias de localización y búsqueda ha sido un largo proceso que han tenido que caminar en soledad y olvido. Este informe es el resultado del trabajo conjunto entre las organizaciones ya mencionadas.
El informe en primer lugar aborda el análisis del contexto histórico de la Provincia de Lengupá, Boyacá y el departamento de Guaviare, en segunda medida, hace un profundo análisis de la desaparición forzada y de los hallazgos forenses en el desarrollo del proyecto, en el tercer punto, se realiza un recuento histórico de los casos recolectados por la Red de Bancos de Datos denominada la Cronología de la Agresión y finalmente, se realizan algunas recomendaciones. Boyacá: La Provincia de Lengupá. La Provincia de Lengupá en Boyacá, es un territorio conformado por los municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Berbeo, Campohermoso y Zetaquira. Se ubica en la hoya hidrográfica del río Lengupá, se extiende desde el páramo de Vijagual hasta el inicio de los llanos orientales. Limita con la Provincia de Neira, Sugamuxi, Márquez, Valderrama y el departamento de Casanare. Es una tierra fértil donde se cultivan alimentos de clima templado, entre los que se destacan hortalizas, legumbres, caña de azúcar, café, plátano, frutas como chamba, gulupa, mora, pitahaya, entre otras.
El proyecto
El proyecto “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: Consolidando el protagonismo de familiares y comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” ha abierto la posibilidad de reconstruir el tejido social a partir de la solidaridad, la participación activa y la escucha. De los casos documentados, es evidente la inoperancia de instituciones del Estado que no han atendido sus denuncias, que no recepcionan su documentación y que impiden el acceso a la justicia. La documentación y acción de exigencia institucional abren la posibilidad para el 2021 que más familiares se sumen a este proceso en el que la atención eficaz y la búsqueda e identificación sean la prioridad.
La invitación a familiares de personas desaparecidas es a sumarse a estos procesos en los que se puedan tramitar los dolores propios de la ausencia y se genere organización alrededor de las exigencias de atención, identificación y búsqueda. La topografía y el paisaje majestuoso de la Provincia guardan en sus suelos cuerpos sin identificar, vidas e historias de familias que les buscan y extrañan, que no descansan bajo la zozobra que dejan las desapariciones forzadas: ¿qué le pasó? ¿dónde está? Ante esta realidad, la solidaridad es el hilo y la puntada para la recomposición del tejido social, en el que se motiva la participación a través de la identificación de lugares que, como el Alto de La Buenavista, para actores armados como los paramilitares en los 90’s y principios de 2000 fue un botadero en el que se lanzaron cuerpos humanos. Ante la barbarie, se han desarrollado siete peregrinaciones en este lugar característico de la cruda y cruel violencia que sucedió en la Provincia, en la que se generan exigencias y propuestas de reparación colectiva, así como la invitación de señalar aquellos lugares conocidos por ocultar cuerpos de personas sin identificar.
Guaviare
Es un departamento de Colombia, epicentro del conflicto armado durante varias décadas, especialmente, en la década de los años 80’s y 90’s y la década del 2000. Por ser un departamento, donde se desarrolló la economía ilegal de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y por ende los eslabones primarios del narcotráfico (cultivo, procesamiento de la pasta base de coca y el comercio local tanto de los precursores químicos para el procesamiento de la base de coca, como de la misma pasta de coca), así como un territorio donde hicieron y hacen presencia varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a partir del año 1997, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenientes del departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño.
Los actores armados que históricamente han hecho presencia en el departamento del Guaviare, han sido en primer lugar los narcotraficantes quienes desde la década de los años 70’s generaron violencia y durante mucho tiempo victimizaron a la población, a través de asesinatos o los denominados ajustes de cuentas; fueron estas dinámicas las que justificaron la llegada al territorio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), quienes arribaron a comienzos de la década de los 80’s, entrando por la región del río Guayabero, caracterizada por ser una región histórica por su cercanía con La Macarena, Meta y en particular por la región del Pato Guayabero, lugar referente en los orígenes de esa insurgencia.
Se estima que las cifras que tienen las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil son un subregistro de la situación del departamento, especialmente, con los casos de violencia sexual contra las mujeres y la desaparición forzada. Esto es consecuencia del terror que estos actores armados impregnaron en sus víctimas, la estigmatización social e institucional al que lamentablemente en la mayoría de los casos eran sometidas las víctimas como una forma de revictimización y de escarnio público, el cual conllevaba a que las víctimas tuvieran miedo y desconfianza para denunciar.
Es importante resaltar que la sociedad civil a través de las organizaciones sociales y de víctimas han cumplido un papel importante y estratégico especialmente en la implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz, a través de ejercicio de pedagogía sobre el funcionamiento del SIVJRNR y del mandato de los tres mecanismos, especialmente de la UBPD, a través de la metodología de talleres, y actividades que han permitido compartir con las víctimas de desaparición forzada y con referentes sociales y comunitarios claves en el territorio en los procesos de búsqueda y localización de sus seres queridos.
Este trabajo, según explican los investigadores e investigadoras, ha contribuido para que los tres mecanismos puedan encontrar comunidades con niveles de conocimiento sobre sus objetivos, sus mandatos y funcionamiento. Lo anterior, a partir del establecimiento de relaciones de confianza, permitiendo compartir la información sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión al conflicto armado, la desaparición de sus familiares, posibles lugares de enterramiento de cadáveres, información sobre los presuntos responsables y así iniciar los procesos de búsqueda en el departamento.
La alianza es integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Por la Paz (CINEP/PPP), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Corporación para la Vida, la Paz y el Desarrollo Sostenible (Vida-Paz) y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) con la coordinación del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la financiación de la Embajada del Reino de los Países Bajos.
Encuentra una entrevista sobre este informe en: https://www.instagram.com/tv/CSKl0sdpwBR/?utm_source=ig_web_copy_link
Por: Equipo Comunicaciones y Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del CINEP / PPP.
El presente informe es el Noveno informe que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera y corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, adicionalmente, la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas por la STCVI: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio.
Este informe se produce en el marco de la segunda fase de funcionamiento de la STCVI que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:
https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html
Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Noveno Informe, publicado en junio de 2021, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.
A continuación el Noveno informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:
A continuación el documento sintético del Noveno informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:
Información para prensa:
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+57 321 4590847
Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.
Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.
A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.
En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.
Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.
El presente informe es el Octavo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera y corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de agosto hasta el 30 de noviembre de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio.
Este es el segundo informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:
https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html
Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Octavo Informe, publicado el 16 de febrero de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.
A continuación el documento sintético del Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:
Información para prensa:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
+57 321 4590847