El Cinep/PPP, organizaciones defensoras de derechos humanos, personas de la academia y activistas internacionales presentan: En Colombia nos volvimos cifras, informe para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha.

La Comisión Ciudadana Nacional e Internacional integrada por cinco académicos(as) y activistas internacionales presenta esta informe, que busca reivindicar la memoria de las víctimas y que estos crímenes no queden impunes, garantizando así su no repetición.

A continuación el informe:


 

Por: Comisión Ciudadana Nacional e Internacional

El presente es el Informe regional de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia en las 16 zonas PDET que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (ST) con los avances, las dificultades y oportunidades de mejora en la implementación del Acuerdo Final (A.F.) en el contexto territorial de las 16 zonas PDET, así como su correspondencia con lo establecido en los seis puntos del A.F.

A la fecha se han publicado diez informes sobre la implementación de los seis puntos del A.F., seis informes sobre la implementación del Enfoque de Género y tres informes sobre la implementación del Enfoque Étnico que pueden ser consultados en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

El funcionamiento de la S.T. han sido posible gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este informe, publicado en abril de 2022, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.

A continuación el informe:


Información para prensa:

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El 24 de noviembre se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. Cinep / PPP es una de las organizaciones que integra la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación en la implementación y desde entonces realiza seguimiento al Acuerdo. Compartimos algunos hallazgos de la Secretaría y miradas de nuestros investigadores. 

El Acuerdo de Paz que se negoció en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, durante más de cuatro años por el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc - Ep fue firmado, finalmente, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, tras sufrir la derrota en el plebiscito por la paz, y haber sido firmada una primera versión del documento en Cartagena en septiembre. Tras el triunfo del No al acuerdo en las urnas, el mismo fue modificado en mesas con los sectores opositores, entre ellos el equipo político del actual gobierno nacional de Iván Duque, en cuyo periodo presidencial se ha concentrado la mayor parte de la implementación del Acuerdo que resultó ser uno de los más aplaudidos internacionalmente y, al mismo tiempo, con abundantes contradictores y ataques entre los colombianos y colombianas.

Según los investigadores de Cinep / PPP en la en la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (ST), uno de los problemas que enfrenta la implementación es la selectividad por parte del gobierno sobre las políticas del Acuerdo que apoya o no. Eso explica, según ellos, que haya puntos del Acuerdo Final con mayor desarrollo respecto a otros. 

El panorama que presenta el Décimo y más reciente informe general de la ST incluye punto a punto los logros destacados, así como los retrasos, preocupaciones y retos a superar para cumplir la meta pactada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón: alcanzar una paz estable y duradera. 

Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Respecto al primer punto del Acuerdo Final, la Secretaría destaca la creación del Fondo de Tierras como un logro parcial, dado que hasta el 20 de junio de 2021 han ingresado 14.571 predios con un total de 1.385.066 hectáreas de las 3 millones que había previsto del Acuerdo para su distribución. A ello se suma que, de esta cantidad, solo se han entregado 4.521 hectáreas por mes, lo que significa que “a este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo solo se distribuirán el 21,7% de lo pactado”.

La Secretaría también destaca el avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que contaron con “una alta participación comunitaria” tanto en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) como en la elaboración de las Hojas de Ruta Única (HRU); sin embargo, señala que las comunidades ahora perciben una disminución en su participación. Tal es el caso de la subregión Pacífico Medio, donde las comunidades hace pocas semanas suspendieron su participación en las actividades PDET en exigencia de garantías.

Punto dos: Participación Política, apertura democrática para construir la paz

En cuanto a la participación política se destacan los avances en cuanto a derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política con el Estatuto de la Oposición, así como la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz.

Sin embargo, la ST cuestiona que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad haya sido convocada “en pocas ocasiones, lo cual es preocupante frente a la crisis de inseguridad que viene atravesando el país”. En materia de garantías de seguridad la Secretaría “no identifica ningún logro significativo”, pues si bien hay avances normativos, persisten retrasos los retrasos en la implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

“La magnitud y persistencia de las agresiones a líderes, lideresas y excombatientes representa un riesgo para la apertura democrática, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil”, asegura la ST. “Cada líder social asesinado es una voz silenciada en la democracia que fractura la confianza en la institucionalidad y obstaculiza la participación política”, concluye.

Punto tres: Fin del Conflicto

Aunque la Secretaría sostiene que hay avances en la entrega de tierras a excombatientes, “la deficiencia de tierra sigue siendo uno de los principales retos para la sostenibilidad a mediano y largo plazo del proceso” de la reincorporación. A ello se suma el asesinato de total de 291 ex combatientes desde la firma del Acuerdo hasta el 20 de septiembre, según registros de Cerac, la otra organización que integra la ST.

“No garantizar la protección de los excombatientes impacta la implementación del A.F., y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad”, sostiene la Secretaría.

Además, la ST asegura que “la permanencia de grupos armados en los territorios, los enfrentamientos y los intereses económicos y políticos a nivel local han hecho que, a pesar de la reducción de las acciones ofensivas, el país presente un preocupante nivel de agresiones a excombatientes, líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos junto con un incremento en los casos de desplazamiento masivo y de masacres”.

 Punto cuatro: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

La Secretaría destaca el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). También se dio  “la generación de oportunidades laborales para recolectores y recolectoras quienes fueron empleados en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria y mejoramiento ambiental”. 

Por su lado, a lo largo de los 5 años de la implementación organizaciones sociales y campesinas del territorio han denunciado los incumplimientos del PNIS y equipos como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep han registrado las agresiones que llegan incluso hasta la muerte de los cultivadores de la hoja de coca que se oponen a la erradicación forzada en medio de operativos donde videos y registros evidencian el uso desproporcionado de la fuerza como ocurrió en Tumaco,  Nariño, vereda El Tandil, el 5 de octubre de 2017 cuando fueron asesinados 7 campesinos que protestaban ante los incumplimientos del Acuerdo de Paz y exigían no erradicar forzosamente ni con glifosato.

Según la ST, las condiciones de seguridad en los territorios juegan un papel contra la implementación dado que “pone en riesgo la vida de los involucrados con el PNIS, ya sean líderes que lo promuevan, técnicos de apoyo al programa o beneficiarios”. A ello se suma que algunos de los beneficios que otorga el Programa están condicionados por la verificación del levantamiento de los cultivos, misma que está obstaculizada por las condiciones de seguridad.

Punto cinco: Víctimas 

La Secretaría Técnica subraya que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -hoy llamado Sistema Integral para la Paz- continuaron el desarrollo de su labor pese a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, “las constantes violaciones a los DDHH en diversos territorios del país y los ataques permanentes al desarrollo e integridad de sus actividades por parte de los detractores del proceso de paz”.

Los avances destacados de cada una de las entidades son:

  • La Comisión de la Verdad:  “la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto”, acciones que se tendrán que materializar en el informe final y recomendaciones que serán presentados en junio de 2022.

 

  • La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas: “el logro principal es la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda y la puesta en marcha de varios planes regionales de Búsqueda”, además del hallazgo de varios cuerpos.

 

  • La Jurisdicción Especial para la Paz: “i) la estructuración de un modelo restaurativo de justicia transicional; ii) la expedición de medidas cautelares como un mecanismo idóneo, ágil y efectivo para salvaguardar los derechos de las víctimas” en el marco de su mandato.

Punto seis: Implementación, Verificación y Refrendación

Se avanzó en la inauguración de 11 de las 20 Emisoras de Paz que funcionarán hasta 2026. Sin embargo, en cuanto a la financiación se señala que si bien los recursos han tenido un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del Acuerdo, “a este ritmo de ejecución la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”.  

Organizaciones de víctimas y sociedad civil que acompaña el Proceso han manifestado su preocupación por la baja en la pedagogía del Acuerdo en los últimos años.

Los informes de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://bit.ly/SecretariaTecnicaCSIVI 

Los Seminarios de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://www.youtube.com/channel/UCaOM6QXVKq71BqVu1ZIP2Uw/featured 

Las opiniones de los investigadores de la Secretaría pueden ser consultadas en: https://soundcloud.com/verificacion-de-los-acuerdos 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

El presente es el Décimo informe que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, adicionalmente, la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas por la STCVI: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio.

Este informe se produce en el marco de la segunda fase de funcionamiento de la STCVI que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Décimo informe, publicado en octubre de 2021, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.

A continuación el Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: 


 

A continuación el documento sintético del Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: 


 

Información para prensa:

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El 7 de octubre, la Misión SOS Colombia entregó su informe final exigiendo garantías a la protesta en Colombia y denunciando las violaciones a derechos humanos que viven los manifestantes en el marco del Paro Nacional desde abril del presente año.

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, entregó su Informe Final donde sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad.  

La Misión visitó 11 regiones el 3 y el 12 de julio de 2021 y recibió 180 testimonios directos y más de 70 informes de organizaciones sociales.  Uno de los comisionados internacionales, Félix Ovejero, responsable de las Américas del Sindicato Comisiones Obreras de España afirmó en la rueda de prensa que, gracias a los testimonios recogidos por la Misión y las reuniones que sostuvieron con entidades territoriales y organismos de control, pudieron establecer que:

“El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”. Es decir que “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”

El informe relata once estrategias de tratamiento de guerra dado a la protesta social en Colombia:

  1. Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
  2. La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
  3. Casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD.
  4. Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la Fuerza Pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
  5. Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
  6. Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aun cuando éstas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
  7. Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
  8. Se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la Fuerza Pública atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
  9. Se pudo identificar en distintos testimonios violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.
  10. Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
  11. Utilizar la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.

En su Informe Final por las garantías a la protesta y contra la impunidad, la Misión identificó tres grupos a quienes eventualmente se les puede atribuir responsabilidad penal: 

Agentes del Estado: Fuerza Pública (Policía Nacional, ESMAD, Fuerzas Militares), Ministerio de Defensa y Presidencia de la República

Grupos paramilitares: los cuales en algunos casos habrían actuado en connivencia con la Fuerza Pública

Personas civiles armadas: las cuales, en connivencia con la Fuerza Pública como se evidencia en el material probatorio y audiovisual reunido por la Misión, perpetraron acciones violentas.

Impunidad y daño a quienes se movilizan son intencionados

Jessica Arellano, integrante de ALUNA Acompañamiento Psicosocial de México, expresó la preocupación de la Misión ante la impunidad demostrada en “las pocas investigaciones penales y disciplinarias contra integrantes de la Fuerza Pública”, así como en el seguimiento a la actuación de agentes estatales, empresariales y “del fenómeno paramilitar”.

¿Para qué disparar a los ojos de los y las manifestantes?, ¿cuál es el objetivo de que no puedan ver?, ¿para qué torturar sexualmente a las mujeres y dejar huellas en sus cuerpos físicos y emocionales?, cuestionó Arellano quien comentó 

“La hipótesis de esta Misión es que la actuación de las fuerzas del Estado tiene como objetivo causar un daño profundo a modo de castigo ejemplar”.

Las recomendaciones 

Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos, concluyó el evento presentando las recomendaciones de la Misión SOS Colombia al Estado y entidades internacionales en cinco áreas: 

La garantía en el acceso a la justicia a las víctimas de las violaciones de DD.HH. en el marco de las protestas; que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las manifestaciones y las personas que brindan apoyo a los manifestantes; el reinicio de un espacio de diálogo por parte del Gobierno con los sectores involucradas en en el Paro Nacional para abordar sus causas estructurales; la realización de una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos no se repitan.

El informe contiene también 18 acciones inmediatas que se solicitan al Gobierno de Colombia, 8 acciones solicitadas a Instancias Multilaterales Internacionales, 14 acciones que involucran al Estado colombiano, 4 a la Comunidad Internacional y 6 a las empresas.

Encuentre el Informe acá: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20211008_Informe_Mision_SOS.pdf 

  

 

Encuentre la transmisión del lanzamiento en español acá: https://fb.watch/8vehCeweMk/ 

Encuentre la transmisión del lanzamiento en inglés acá: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo Comunicaciones Cinep / PPP