Del 25 al 27 de marzo el Estado colombiano será juzgado por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, en la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Bucaramanga, Bogotá y Medellín con transmisión virtual. 

El Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP- es un espacio que la sociedad civil mundial promueve desde 1979. Es un tribunal internacional de opinión con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso (Italia),  y tiene sus raíces históricas en el Tribunal Russell sobre la guerra del Vietnam (1966-1967), y se fundamenta en la Declaración universal de los derechos de los pueblos proclamada en Argelia en 1.976.

La sesión 48º del TPP “El Genocidio Político en Colombia 2021” tendrá como jurados a Luciana Castellina (Italia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia), Philippe Texier (Francia), Antoni Pigrau Solé (Barcelona), Esperanza Martínez (Ecuador), Andrés Barreda (México), entre otras personalidades internacionales. La Fiscalía del TPP estará a cargo de los juristas colombianos Iván Velásquez y Ángela María Buitrago, y el Estado colombiano será citado para su respectiva representación y defensa.

“La Colombia que hoy acude por tercera vez al TPP es una Colombia completamente perpleja frente al asesinato permanente, sistemático y sin perspectivas de detención de sus líderes sociales de base”, aseguró Javier Giraldo SJ en el lanzamiento del TPP. 

En el marco de esta sesión organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán (i) las prácticas genocidas y en general el genocidio político, continuado y extendido que han sufrido sus miembros y colectivos a lo largo de su existencia; (ii) los crímenes contra la Paz ocurridos luego de la Firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, y (iii) la impunidad y ausencia de Justicia frente a todos estos hechos.

Comunicado: Organizaciones y Movimientos Sociales reclaman al Estado colombiano a comparecer por genocidio político ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Según su Estatuto, el TPP promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos fundamentales y de los pueblos, examinando los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas. A lo largo de las décadas, el Tribunal ha acompañado las transformaciones y las luchas de la época post-colonial, la afirmación del desarrollo del neocolonialismo económico, la globalización, la reaparición de la guerra, la migración, evidenciando la persistencia de grave crímenes, como los crímenes contra la humanidad, el medioambiente y el genocidio, sin que exista una jurisdicción competente a nivel internacional para prevenir y sancionar dichos crímenes.

Los tribunales de los pueblos no tienen implicaciones judiciales para quienes son sometidos (Estados, empresas, dirigentes políticos), sino que apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades. En sus Sentencias, por lo tanto, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes sino que destaca vacíos y límites del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos con el fin de trazar su evolución.

Emisión en: youtube.com/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 y facebook.com/TPPColombia2021   

También se emitirá en las Fan Page de Facebook de CINEP y organizaciones aliadas.

“Si hay una represa subterránea que se reedita constantemente para retomar los anhelos convergentes del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones”, explica Javier Giraldo. Esta será la sesión número 48 de su historia y la tercera en Colombia, donde se contó con su presencia en 1991 (Sesión sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina) y 2006-2008 (Sesión sobre Las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia), y en algunas experiencias locales como el Tribunal Internacional de Opinión de Barrancabermeja en 1999 y el juicio ético contra el despojo en Puerto Gaitán, Meta en 2014. 

 A continuación el comunicado:

 


Esta semana sesiona el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia

Después de meses de documentación de más de cuarenta casos, y de preparativos del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos Colombia 2021, este jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, sesionará en el país este Tribunal de Opinión de carácter internacional que juzgará al Estado colombiano por las conductas de Genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, a lo largo de un siglo de nuestra historia. El Tribunal sesionará en Colombia a solicitud de 176 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos y de  200 personalidades.

Las audiencias de presentación de casos del Tribunal que se desarrollarán durante estas tres jornadas, tendrán una modalidad semipresencial. Por razones de la pandemia solo estará en el país uno de los jurados y los demás recibirán los testimonios vía Internet. Las personas que presentarán los casos estarán de manera presencial en recintos preparados para tal fin con medidas de bioseguridad, y podrán ver en todo momento al jurado. De esta forma, se realizarán las sesiones en recintos con aforo controlado. 

El público puede seguir todas las audiencias por las redes del Tribunal:

Facebook:  https://www.facebook.com/TPPColombia2021 

YouTube:  https://youtube.com/c/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 

En la página del TPP: https://yavieneeltpp.wixsite.com/yavieneeltpp 

En Inglés:  https://www.facebook.com/Colombia-Human-Rights-Committee-583191355399478/ 

En Francés: https://www.facebook.com/france.ameriquelatine/ 

El jurado del Tribunal Permanente Colombia 2021 está integrado por destacadas figuras del derecho, los derechos humanos y la academia a nivel internacional como el jurista Luigi Ferrajoli; el relator de Naciones Unidas para defensores, Michel Forst; el filósofo especialista en estudios sobre el genocidio Daniel Feierstein, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente del campo de concentración clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), Garciela Daleo; o la defensora de derechos humanos Mireille Fanon Mendès-France presidenta de la Fundación Frantz Fanon, integrante del Grupo de Trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ver perfiles completos de los jueces. Enlazar

Como fiscales del TPP actuarán la exfiscal Ángela María Buitrago y el exmagistrado Iván Velásquez, juristas colombianos de reconocida trayectoria que ya presentaron la acusación respectiva el pasado 26 de enero en la Sesión inaugural cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió el escrito y aceptó el juzgamiento al Estado colombiano por estas conductas.

Las audiencias de presentación de casos

Durante el primer día en Bucaramanga, el jueves 25, se presentarán 17 casos que ejemplifican el exilio como práctica social genocida, el genocidio contra el movimiento campesino, con ejemplos como ANUC-UR y CNA, San Vicente de Chucurí, Casanare y masacres paramilitares en Cajibío, Cauca. También el caso de las prácticas sociales genocidas contra el movimiento sindical como lo ocurrido con la USO, la CUT o Sinaltrainal, y contra partidos y movimientos políticos cómo la UNO y A luchar.

El día martes, 26 de marzo, la audiencia se llevará a cabo en Bogotá donde se presentarán ante el jurado 13 casos que constatan la sistematicidad del genocidio político como los históricos entre ellos la masacre de Las Bananeras y Santa Bárbara, así como los ataques contra las repúblicas independientes en los años 40. También se dará continuidad a la presentación de casos de prácticas genocidas contra movimientos políticos, los crímenes contra la paz cometidos contra organizaciones alzadas en armas que suscribieron Acuerdos de Paz, y otras prácticas genocidas transversales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

La tercera y última jornada, el sábado 27 de marzo en Medellín, se centrará en la presentación de 14 casos sobre genocidio contra pueblos indígenas y negros, la población LGBTI, el movimiento estudiantil, y la documentación del paramilitarismo como práctica social genocida.   

Ver la programación general. 

La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos hace parte de los Tribunales Internacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial, conformados por connotados intelectuales como el filósofo Bertrand Rusell y Jean Paul Sartré en 1960, cuando juzgó los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Vietnam. En América Latina ha estado conformado por personalidades como el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar cuando se juzgaron las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. A pesar de que no cuenta con carácter gubernamental o estatal, el Tribunal es un escenario para investigar y juzgar aquellas violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que han sido ignoradas por los Estados, por lo que se ha convertido en un referente universal para el avance de los derechos humanos.

En Colombia sesionó en 1991 y en 2008 cuando juzgó la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como el papel de las multinacionales en estas graves violaciones, respectivamente. Sus fallos constituyen un inmenso referente ético, político y jurídico en la medida en que se basan en el derecho internacional y sus decisiones son adoptadas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. También son momentos de conciencia y opinión pública frente a fenómenos no siempre visibles o evidentes para la sociedad.

Durante esta sesión el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el genocidio político contra amplios sectores de la oposición durante todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Colombia. Cabe señalar que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 sólo reconoció los genocidios étnicos o raciales, y excluyó la persecución política de esta categoría. No obstante, existen antecedentes históricos y desarrollos jurisprudenciales que permiten concluir la existencia de la práctica de genocidio político. En particular, en Colombia, las sucesivas prácticas de exterminio contra movimientos políticos como el Gaitanismo, A Luchar, Partido Comunista, Frente Unido, o la Unión Patriótica, pero también otros casos como el genocidio contra los pueblos étnicos, el movimiento campesino o sindical, casos que conocerá el jurado del TPP Colombia 2021, pueden ser considerados expresiones de este genocidio político. 

En el mismo sentido, el Estado colombiano será juzgado ante el TPP por crímenes contra la paz, que van más allá de la violación de los armisticios e incluyen acciones de las partes que vulneran la validez o la implementación de los Acuerdos, como matar o desaparecer a los firmantes. 255 firmantes de paz asesinados y más de 1300 líderes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, indican que estamos repitiendo ciclos de violencia. En tal sentido, también se espera un pronunciamiento del TPP sobre la impunidad que, si bien no es un delito en sí misma, es la negación de un derecho de las víctimas consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La importancia que se reconozca como genocidio político las sucesivas e históricas violencias vividas en nuestro país consiste justamente en la comprensión adecuada del fenómeno, que el mismo sea reconocido por los mecanismos de justicia transicional –en particular la Justicia Especial para la Paz –JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- en sus fallos e informes, y que su reconocimiento contribuya a la tipificación en el orden jurídico interno y al impulso de casos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, para que Colombia supere definitivamente estos ciclos de violencia y para que no se repitan nunca más. 

 

Más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado este miércoles 8 de julio en respaldo del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que en una reunión virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales dijo que el Gobierno estaba aplicando una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz y el pueblo que los acompaña. En ese sentido, es relevante recordar que según denuncia el partido FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 200 excombatientes.  

La declaración significó un pronunciamiento de la nunciatura apostólica en el que dice no estar de acuerdo con las afirmaciones del religioso, así como que tampoco comparte su visión respecto a la implementación del acuerdo de paz. No obstante, a la posición de Monsalve se unieron distintas organizaciones que ratificaron el análisis, y lo respaldaron llamándolo “artesano de la paz”. 

El caminante por la paz

Leyner Palacio, líder de Bojayá describe a Monseñor como una persona solidaria, sencilla, que comprende las realidades de las personas y que logra acercarse de forma muy fácil a la gente. Palacio destaca su compromiso: 

“Es impresionante ver cómo, cuando él identifica una vulneración de derechos humanos, se compromete con la solución de esa problemática”. 

Leyner sostiene que Darío Monsalve es un hombre que no tolera la injusticia y repudia cualquier actitud ambigua sobre la construcción de la paz. Por eso los califica como un artesano de la paz, una que construye de la mano de las víctimas, reuniéndose con los más vulnerables, pero también llevando sus mensajes a la institucionalidad. 

El líder de Bojayá asegura que Monseñor acogió el mensaje del Papa Francisco en el sentido de dar el primer paso para buscar una salida negociada al conflicto. “Darío Monsalve no ha dado un paso, sino varios y en distintas direcciones por la paz”, por ejemplo, impulsando acuerdos humanitarios regionales para que se respete a las comunidades más afectadas. 

Hay un grupo de obispos que se ha comprometido con la paz, Monsalve es uno de ellos

A propósito de la relevancia que han tenido grupos religiosos en la construcción de paz, acuerdos humanitarios y desescalamiento del conflicto, el sacerdote jesuita e integrante del CINEP/PPP Javier Giraldo explica que precisamente hay un grupo de obispos que está empeñado en esa labor, y Monsalve hace parte de ese grupo. “Yo lo conozco desde antes, pero desde que llegó a Cali asumió ese papel de constructor de paz en el sentido de estar comprometido con los grupos más vulnerables de la ciudad y todo el Pacífico”, afirma Giraldo. 

El genocidio, la hecatombe del Pacífico y la voz que amplifica el reclamo de las comunidades

En su comunicado, la Nunciatura manifiesta que se debe tener cuidado al usar el término genocidio en discusiones legítimas sobre las políticas de un gobierno. Sin embargo, Giraldo reclama que según el derecho internacional, el genocidio “es una serie de acciones que buscan destruir un grupo humano con identidad propia, por ejemplo, el grupo humano conformado por líderes sociales en diferentes regiones del país”. 

De acuerdo con esta posición, Leyner Palacio respalda las palabras de los religiosos en el sentido de calificar como genocidio al asesinato de líderes sociales, que solo en 2020, ya supera el centenar de casos. Además, declara la situación del Pacífico como una hecatombe cuyo reflejo se ve en Bojayá: “Hay más de 7 mil personas en confinamiento, es una zona de guerra y eso es contrario al deseo del 96% de los bojayaseños, que en 2016 dio un ‘sí’ a la paz”. 

Por esta razón, invitó a que más allá de criticar lo que Monseñor ha planteado, se revisen sus denuncias para que se corrija la situación humanitaria en la región y se evite que el Pacífico vuelva a vivir la crudeza de la guerra. 

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez.