Como parte de la iniciativa “La huella de los líderes” de Defendamos la Paz, CINEP/PPP comparte esta reseña en homenaje a Jorge Enrique Oramas, ambientalista asesinado en Cali en mayo pasado. Decimos #NoMás al exterminio de la vida. Y alzamos nuestras voces contra el olvido y la falta de garantías y protección a nuestros líderes sociales.

Michel Forst, Relator de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de DD.HH., sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. De igual manera, el Programa no gubernamental de protección a defensores a Derechos humanos, Somos Defensores, reportó para el primer trimestre del año 2020 un aumento de 88% en las agresiones a las y los defensores y líderes sociales En relación con el mismo período del 2019, señalando en su más reciente boletín:

“No es una casualidad, por el contrario, genera alerta después de la alta cifra de amenazas que se registró el año anterior, lo que podría indicar que estas se están concretando a través del asesinato”.

De éstos, son 47 casos de asesinatos en el primer trimestre, superando por 22 casos en el mismo periodo del año anterior donde hubo 25 casos, incluso al 2018 con 41 casos. Así mismo, Somos Defensores señala que de éstos son 5 mujeres y 41 hombres. 

Sin embargo, las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso un grupo de columnistas, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de ellos.

Jorge Enrique Oramas Vásquez tenía 70 años. Era un pedagogo, defensor de la vida, caminante de la palabra y sociólogo. Así sera recordado por vecinos, amigos y compañeros. Desde la práctica de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, Jorge Enrique gestó en su círculo mas cercano, en su finca ubicada en la vereda La Candelaria, corregimiento de Villacarmelo, treinta minutos de Cali, el proyecto que denominó “Biocanto, un canto a la vida y la naturaleza”. El proyecto se dedicaba al cuidado del agua y de la tierra, al cultivo y comercialización de semillas nativas como la quinua y el amaranto, al igual que otros productos totalmente libres de agro-tóxicos. Como dijo una amiga cercana a Jorge:

“Su discurso crítico frente al consumismo propio del actual modelo neoliberal, instaba a quienes compartían con él a cambiar de hábitos alimenticios y a conectarse a la naturaleza para poder rescatar la vida (humana y no-humana), ya de por sí sumida en una grave crisis civilizatoria”.

Su voz cargada de crítica, interpelaba a las élites y al paradigma del crecimiento y ampliación de la riqueza material que degrada la vida, y a la vez promovía la consciencia de alimentos sin agrotóxicos y el rescate de las semillas nativas.

Asumió la defensa de uno de los  lugares de vida cercano a Cali, el Parque Nacional Natural Farallones que, con inmensa biodiversidad y abundante agua, está en la mira de los planes del mal llamado modelo de desarrollo y progreso devastador, que pretende convertir los lugares de vida y recursos naturales en sitios de recreación y turismo. Jorge Enrique Oramas Vásquez se había opuesto a las prácticas de explotación y extractivismo minero legal e ilegal que se realizan allí. Fue asesinado en la noche del pasado sábado 16 de mayo en su finca, a donde llegaron desconocidos y de un tiro de fusil en el abdomen le acabaron la vida convirtiéndose, según Indepaz, en el líder número cien asesinado durante el 2020. Sin saberse nada sobre los perpetradores del crimen, el guardián de los farallones de Cali fue despedido con dolor. Sobre su féretro el sombrero que recuerda las luchas campesinas simbolizó el sueño de los líderes sociales que están siendo enterrados por centenares cada año desde la firma del Acuerdo de Paz: la tierra, el alimento, la vida, la paz.

Por: Cristian Llanos. Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP

Mientras el mundo se levanta tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, en Colombia, aunque no sea noticia, la resistencia del pueblo afro también ocurre. En esta nota le echamos una mirada a lo que pasa en nuestro país y la perspectiva del CINEP/PPP sobre movilización afrocolombiana y negra en Colombia, un país que también discrimina y asesina a su gente negra. Educar, protestar y organizarse han sido las más destacadas estrategias de movilización de los afro en Colombia, según el análisis de Datapaz*.

Las vidas negras importan es el lema de ciudadanos en todo el mundo que han llenado las calles de las ciudades norteamericanas y europeas, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. La ola ha llevado incluso al derribamiento de estatuas de personajes asociados al esclavismo y colonialismo como Cristóbal Colón y Edward Colston, en Inglaterra. Este momento también ha permitido hacer visibles las violencias y exclusión que día a día sufren hombres y mujeres afro en nuestro país y que, en Colombia, el pueblo afro y negro también ha sido ejemplo de movilización.

Este viernes 12 de junio en Puerto Tejada, Cauca, la comunidad exigió justicia por el asesinato de Janner García y Anderson Arboleda. El homicidio de Anderson ocurrió el 19 de mayo, tras recibir 3 golpes en la cabeza por parte de un uniformado; Janner García murió el 20 de abril por disparos, presuntamente de la Policía, en medio de un enfrentamiento con pandillas del que él no participaba. Sin embargo, no ha habido en nuestro país una movilización masiva de grandes proporciones en medio de la ola por el asesinato de Floyd, como sí en muchos lugares del mundo. 

Ana María Restrepo, investigadora de la línea Movilización del CINEP/PP, explica que aunque no hay muchos registros de protestas en el siglo XX por parte del movimiento social afrocolombiano y negro, sí tienen un repertorio amplio de manifestaciones en las calles de Colombia en los últimos años. El movimiento afro y negro emergió, según Restrepo, junto a los reclamos por la tierra de indígenas y campesinos en lo rural y en lo urbano, asociado a reivindicaciones de raza y lucha contra la discriminación; pero se vieron afectados por el conflicto y concentraron sus esfuerzos en formas de movilización distintas a la protesta en las calles. Sin embargo, tras el hastío por la opresión, en los últimos años se dieron grandes paros cívicos en Buenaventura y Chocó, logrando masivas protestas en las calles exigiendo sus derechos con algunas conquistas.

Por otro lado, Leidy Laura Perneth, investigadora de interculturalidad del CINEP/PPP,  analiza la situación en Estados Unidos como el levantamiento frente a un crimen de raza porque lo de Floyd da cuenta de que “las vidas negras ocupan una posición inferiorizada”. Perneth explica que durante la colonización se configuró una sociedad racializada que generó una distribución racista del trabajo: los sujetos negros fueron vinculados a la esclavitud, es decir, el trabajo gratuito que produce capital para los blancos. Para ella, es claro que esa idea se reproduce hasta nuestros días. “El sujeto negro es leído como alguien incapaz de acumular capital, entonces, el único modo que tiene ese sujeto de poseer es a partir de la criminalidad”, dice Leidy Laura, explicando el imaginario que criminaliza a los afro y que llevó a la Policía a neutralizarlo y asfixiarlo tras la llamada de un empleado de supermercado que se asustó ante su presencia.

‘Black Lives Matter’ también en Colombia

Contrario a las movilizaciones actuales en el mundo, las de Colombia no le han dado la vuelta al mundo. Ana María Restrepo hace historia y detalla que en nuestro país, algunos referentes del movimiento afrocolombiano y negro tienen sus orígenes en el Movimiento Cimarrón creado en 1982, o su cabildeo para ser reconocidos en la Carta Magna de 1991. Sus prácticas culturales, la fiesta, los bundes y festivales también pueden ser considerados elementos de la movilización del pueblo negro en Colombia, porque desde allí reivindican su reconocimiento, y realizan exigencias materiales para su vida.

Restrepo también recuerda que en los últimos años el sector negro, afro, raizal y palenquero (NARP) también se ha movilizado bajo la lógica de protestas en calle, y ha sacado adelante paros cívicos como los ya mencionados en Buenaventura y Quibdó ocurridos en 2017. También es de anotar el protagonismo de las mujeres. En 2014, ellas caminaron 600 kilómetros de Cauca a Bogotá, exigiendo el respeto de sus territorios y la autonomía de sus comunidades. La marcha fue encabezada por la lideresa Francia Márquez. Mientras, en Medellín, el 10 de junio pasado, las mujeres protestaron para que paren los afrofeminicidios, situación que se agravó durante cuarentena. Ana Mercedes Rivas fue asesinada en abril, en medio del confinamiento de su hogar, a manos de su propio esposo. 

Además, es de destacar el papel de la comunidad negra en la construcción paz. Como lo señala el informe Datapaz del CINEP/PPP en septiembre de 2019, las acciones colectivas por la paz realizadas por estos actores étnicos dan cuenta no solo de su resistencia a las violencias, sino de la reafirmación por su re-existencia frente a violencias estructurales, económicas, sociales y culturales que, aún hoy, le siguen disputando al centro y a las formas hegemónicas de desarrollo. 

Según Datapaz, las mayores estrategias de movilización de los afrocolombianos en las Acciones Colectivas por la Paz entre 1992-2019 fueron, en su orden, educar, protestar, actuar políticamente, organizar y resistir. A pesar de los contratiempos, las Comunidades Negras siguen apostando a la convivencia pacífica en la casa planetaria común.

 

Por: Juanjosé Gutiérrez

*Datapaz es una iniciativa de CINEP/PPP contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

 

 

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

 

 -Quinta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Entrevista
El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala

Por: Laura Inés Contreras Vásquez

En entrevista con Leiria Vay, integrante de la dirección política nacional del Comité de Desarrollo Campesino – Codeca, de Guatemala y coordinadora de la Iniciativa Protección de Defensores de la ILC ALC, quisimos reconstruir el panorama actual de la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, además de establecer algunas recomendaciones para que los estados y las organizaciones sociales puedan enfrentar estos riesgos.

 

Leiria Vay, directora política del CODECA.
 

Los problemas que sufren las mujeres defensoras en América Latina son muchos y muy variados, aunque son comunes en la región. Las mujeres que habitan el campo están en una desventaja absoluta con respecto a las defensoras que habitan la ciudad, “nosotras las mujeres rurales no tenemos la experiencia ni oportunidades. Muchas veces desde las comunidades no se tiene la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, no se documentan los casos de mujeres defensoras agredidas y mucho menos si son mujeres rurales. No tenemos acceso a los medios. Por toda esa situación de las comunidades, existe temor de hablar, da pena denunciar, en muchas ocasiones se opta por no decir nada o huir de la situación” afirma Leiria.

En el año 2018, asesinaron a seis integrantes del CODECA. Una de ellas era mujer. La defensora fue violada y torturada antes de ser asesinada. “A los hombres los mataron a balazos y machetazos, pero la mujer fue secuestrada, violada, torturada y luego asesinada”, comenta Leiria sobre este caso. En 2019, también asesinaron a 10 dirigentes que hacían parte de esta misma organización. Una de ellas, era una joven de 30 años y madre de dos hijos. Fue secuestrada, su cuerpo fue encontrado en una laguna, su cadáver apareció a los dos meses.

Leiria afirma que uno de los mecanismos de represión más fuertes contra la mujer es atacar a su dignidad, dañan la reputación e imagen de las defensoras. Es una estrategia para evitar que las mujeres se pongan al frente de sus luchas.

Esto explica que muchas mujeres por más que sufran acoso, abuso o violación, no lo denuncien. Y complementa: “cuando detienen a una defensora ¿qué sucede? tuvimos la experiencia de la compañera Blanca, hoy presidenta de Codeca. Cuando fue detenida y encarcelada, el policía le dijo: ´quítese la ropa, vamos a ver si no tiene algo´. Eso ya es una agresión directa. Y ella no lo dice, primero porque le da pena ante los hijos, ante el esposo. Tiene un impacto fuerte en su familia, en su condición de mujer porque atenta contra la dignidad de la persona”.

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad y que ha dado origen a varios conflictos en la región, es el problema de la tierra. En el caso de Guatemala, después de la firma del Acuerdo de Paz, se han implementado los proyectos más grandes de privatización de bienes y recursos, lo que ha generado cada vez más conflictos entre las comunidades, las empresas y los estados. En su mayoría, son proyectos extractivos y los gobiernos que han pasado no han respondido a las necesidades e intereses de los indígenas y campesinos. Por el contrario, han entregado territorios y hoy no se ha logrado que Guatemala respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el convenio 169 de la OIT.

Además del extractivismo, las comunidades en Guatemala están sufriendo a raíz de la expansión de monocultivos. Cada vez hay menos tierra aprovechable para que los campesinos e indígenas puedan trabajarla y están expropiando a comunidades y personas que han sido beneficiarias de la reforma agraria de 1944. Por otra parte, se están construyendo hidroeléctricas y las familias que viven aledañas a las zonas de influencia no solo son expropiadas sino que no se benefician de estos proyectos. Las razones sobran para organizarse: "de allí viene toda la represión contra las comunidades completas, contra personas que lideran los procesos de luchas, incluso se ha llegado al asesinato de líderes y lideresas. Esta represión ha seguido una ruta que inicia con la difamación, la estigmatización, y después si las comunidades siguen resistiendo en sus territorios, impidiendo la implementación del proyecto, inicia la criminalización, los procesos penales, los encarcelamientos y los asesinatos.”, afirma.

El saboteo a la protesta y a la organización en Guatemala se da no solo mediante los procesos penales o la criminalización sino que también en connivencia entre las alcaldías municipales y las empresas, pues han comenzado a quitar los servicios públicos para generar presión.

Las mujeres rurales no sólo son rurales por trabajar en el campo. También son mujeres sin tierra, que trabajan en fincas agrícolas y que sufren abuso, acoso y trabajo invisibilizado o semi esclavitud.

“En el caso de las mujeres, nosotras hicimos una investigación sobre condiciones laborales en el 2012 y allí se evidenció que hay un 57% de mujeres que hacen un trabajo pero que no reciben salario. Nosotros le decimos trabajo invisibilizado. Otro alto porcentaje de mujeres, es del 73%, que logran inscribirse como titular trabajadora en una finca, pero reciben menos de la mitad del salario mínimo”, comenta Leiria.

En el tema de abuso sexual en la ruralidad, Leiria cuenta un caso que conoció a través de su trabajo de campo realizando esta investigación sobre las condiciones laborales: “durante una conversación con una compañera, ella me dice: mire compañera, aquí la situación es difícil, ahí está mi hija, ella tiene 5 años y ella es fruto de una violación. Yo le dije: ¿y por qué no lo denuncia? ¿por qué sigue trabajando ahí? Ella respondió: lo que pasa es que yo tengo otro niño y si yo denuncio va a ver represalias contra mí, ya no voy a tener trabajo, me lo van a quitar. Las mujeres en el campo padecen este tipo de situaciones.

Recomendaciones para mitigar las situaciones de riesgo de defensoras de la tierra y el territorio

  • Implementación de estrategias de comunicación en las organizaciones sociales

La apuesta es por los medios comunitarios o alternativos para lograr impacto y visibilización en el campo. A través de redes sociales, por ejemplo, se puede llegar a más personas que ahora se están informando por ahí en vez de usar los medios tradicionales.

  • Fortalecimiento de las organizaciones

Lo ideal es que las organizaciones puedan fortalecerse para lograr una capacidad de denuncia y presión en los juzgados o instancias que toman las decisiones en el país, además de lograr que la denuncia llegue al plano internacional si es necesario.

  • Cooperación entre organizaciones que trabajan buscando los mismos objetivos

La cooperación para las acciones, sobre todo en temas de legislación y denuncia por parte de las organizaciones sociales, es muy importante. Con los esfuerzos que se juntan y evitan la fragmentación por diversos motivos, pueden obtenerse resultados favorables en las políticas públicas que buscan proteger los derechos de los y las defensoras de la tierra y el territorio.

  • Búsqueda de espacios de participación pública y de toma de decisiones

Resistir desde los territorios siempre será muy importante, pero el acceso a la participación en las instancias de decisión es primordial. La lucha por los derechos desde los espacios de toma de decisión puede abrir otras oportunidades para que el acceso a la tierra y la protección del territorio sean políticas de los Estados y no dependan de los gobiernos de turno.

 

Al cierre de este artículo y a tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue asesinada Dominga Ramos, defensora de derechos laborales de mujeres trabajadoras en fincas agrícolas del municipio Santo Domingo Suchitepéquez. Dominga se había vinculado a la campaña de Codeca de defensa del agua contra la desviación de ríos a causa de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y era también la esposa de Miguel Ixcal, de la dirección política nacional de Codeca. 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

 

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

 

 -Cuarta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

México
Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica

Por: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio

Dra. Lucila Bettina Cruz Velásquez, Defensora de Derechos Humanos.
 

La lucha vale la pena, dice Bettina Cruz, defensora zapoteca de la tierra y el territorio

Juchitán, Oaxaca, México. A 25 años de haberse instalado el primer aerogenerador en territorio mexicano en un plan piloto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sur oeste del país, en específico en La Venta Juchitán Oaxaca (Comunidad indígena y rural de la etnia zapoteca) y a 20 años de que la Comisión Reguladora de Energía entregó el primer permiso eólico a la empresa Fuerza Eólica del Istmo, la vida de los habitantes de esta región no ha mejorado.

No hay empleo, los pueblos están divididos, opositores a los proyectos eólicos han sido asesinados, otros fueron perseguidos y presos. Hay deterioro ambiental, creció la delincuencia y en los campos, que ya no se cultivan, destacan miles de aerogeneradores que significan riqueza para los inversionistas extranjeros y para un reducido grupo de ejidatarios, líderes políticos y autoridades.

Desde la última década del siglo XX, empresas extranjeras apartaron terrenos y luego celebraron contratos que para la defensora de la tierra y el territorio Lucila Bettina Cruz Velásquez han significado “despojo, destrucción ambiental, ruptura del tejido social y muerte”, mientras para los arrendatarios significaba ingreso económico.

En diez años, de 1998 a 2008, el gobierno mexicano entregó, principalmente a empresas extranjeras, permisos para generar en el territorio nacional 4290 megawats de energía eólica en tierras indígenas sin el consentimiento previo, como marcan tratados internacionales a los que México está suscrito, lo que ayudó a que el país pasara, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), del lugar 26 en 2009 al 18 en 2018 en el ranking en países generadores de energía eólica, lo cual lo ubicó en el segundo lugar de América Latina.

En este lapso, las empresas eólicas han instalado en 12 estados de la República unos 49 parques con 4 mil 177 MW y están por incorporar siete más; entre ellos el de Eólica del Sur, (antes Mareña Renovables), en Juchitán, Oaxaca. En el Istmo (pacífico oaxaqueño) actualmente hay unas 14 empresas extranjeras operando 25 parques eólicos.

A principios de los 90, las empresas apartaron terrenos y políticos oportunistas acapararon tierras, que años después arrendaron a los inversionistas para proyectos eólicos. En 1994, CFE instaló en La Venta Juchitán la primera central eólica del país y el gobierno estatal y federal promocionaron el potencial eólico del Istmo mediante coloquios internacionales para atraer inversión privada.

A partir de 2006 llegaron Iberdrola y Gamesa y en 2007, la empresa Preneal inició el arrendamiento de tierras mediante contratos ventajosos para las inversionistas y en poco tiempo suscribieron 1500 contratos de arrendamiento de tierras del Istmo, según la AMDEE, sin importar que el régimen de tenencia fuera comunal; con apoyo del Registro Agrario Nacional (RAN) entregaron certificados parcelarios y gestionaron títulos de propiedad a los “propietarios” para dar certeza a los proyectos eólicos. Esos títulos y certificados eran el aval de las empresas para conseguir los créditos millonarios para sus proyectos.

Con el arranque de la construcción de obras, comenzó también la prohibición de paso a grupos de pescadores a sus zonas de pesca y a campesinos a sus parcelas y con ello iniciaron los conflictos; los campesinos no estaban enterados bien de lo que habían firmado.

Para cubrir el reclamo de una consulta previa, libre e informada antes de realizar cualquier proyecto de impacto en comunidades indígenas, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la primera Consulta Indígena en Juchitán sin cubrir los estándares internacionales y solo sirvió para dar legalidad a la instalación del proyecto más grande que se realiza en América Latina, el de Eólica del Sur con 396 MW en más de 5000 hectáreas.

La aparición de la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán en 2007, que después se convirtió en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dio herramientas y argumentos legales para que las comunidades iniciaran una lucha jurídica y política en contra de las empresas que los habían sorprendido; desconocían el impacto de los proyectos.

Asimismo, esta Asamblea propició la formación de otras organizaciones locales de resistencia a proyectos eólicos y en defensa del territorio como la Asamblea del Pueblo de Gui´xhi Roo´(Álvaro Obregón) y la Asamblea Popular del Pueblo de San Dionisio del Mar que con respaldo de la APIIDTT logró cancelar el ambicioso proyecto de Barra Santa Teresa de Mareña Renovables y desconoció en 2012 al alcalde Miguel López Castellanos por recibir dinero a espaldas de la población.

También favoreció a la unidad en la lucha de los pueblos de la cultura ikoojts (huave) y binnizá (zapotecas) por una misma causa, cancelar los contratos de usufructo parcelario y frenar la imposición de proyectos que despojaban de su tierra y territorio a los pueblos indígenas.

Por su parte, las empresas eólicas iniciaron una lucha legal y exigieron a los gobiernos federal y estatal garantías para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Inició entonces una larga historia de lucha de enfrentamientos, hostigamiento judicial, criminalización de la protesta, estigmatización de la lucha, agresiones físicas y verbales, cárcel, amenazas y asesinatos de defensores que obligaban a los líderes de la APIIDTT a abandonar el territorio defendido para preservar sus vidas.

En su más reciente informe de 29 de noviembre de 2018, denominado “Desde la memoria…la esperanza”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas TDT”, que agrupa a 87 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana dio a conocer que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 161 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en México, además de 40 periodistas y solo 3 por ciento de los asesinatos de defensoras de derechos humanos están judicializados. Este informe cuestionó que ante este fenómeno, el Estado Mexicano ha limitado su respuesta al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay que mencionar que 45 de las personas defensoras asesinadas pertenecen a algún pueblo indígena y entre los estados más peligros de México para la defensa de derechos humanos se encuentra Guerrero con 28 por ciento, Oaxaca con 20 por ciento y Chihuahua con 11 por ciento. El 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensores comunitarios y ejercían su derecho a defender derechos en su comunidad principalmente de la tierra y el territorio, según el informe.

En la región del Istmo, integrantes de la APIIDT han sufrido acoso, agresión física y verbal, lesiones, amenazas, intimidación, violencia psicológica, criminalización de su lucha, cárcel e incluso el asesinato de algunos de sus integrantes y para salvar sus vidas, han tenido que salir de su territorio en varias ocasiones.

En los últimos ocho años se han documentado al menos tres asesinatos de miembros de alguna organización de resistencia contra megaproyectos en la región. En 2011 fue detenido Filiberto Vicente Aquino, integrante de la APIIDTT, acusado de robo de energía eléctrica; se negaba a pagar los recibos de la CFE.

En 2012, Bettina Cruz Velásquez fue detenida por la PGR cuando se encontraba en Santa María Xadani acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Un año después se vio obligada a abandonar el territorio juchiteco junto con su familia tras sufrir un intento de asesinato después de su participación y apoyo a los comuneros de San Dionisio del Mar contra el proyecto de la empresa Mareña Renovable en la Barra de Santa Teresa en la Laguna Superior.

En 2013, policías estatales detuvieron, después de dos intentos, al líder de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón incorporada a la APIIDTT, el profesor Alejandro López López, quien salió libre por la intervención de la sección 22 del magisterio oaxaqueño.

En 2013 se propiciaron varios ataques contra las instalaciones de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que también protesta contra la empresa Gas Natural Fenosa y su parque eólico Bii Hioxo en Juchitán. En un ataque a una barricada murió, por disparo de arma de fuego, Héctor Regalado Jiménez, habitante en resistencia, y la organización sufrió en dos ocasiones el incendio de una palapa mientras que desconocidos desmantelaron equipos de radio Totopo, estación comunitaria solidaria con la lucha contra las empresas eólicas.

En 2014, la APIIDTT denunció amenazas de muerte en contra de Alejandro López López de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón y ese mismo año se registraron tres ataques contra integrantes de la policía comunitaria de esa localidad en resistencia contra proyectos eólicos, intento de allanamiento de viviendas, agresiones, detenciones arbitrarias e intimidación.

Ese mismo año 2014, Bettina Cruz es agredida violentamente en la carretera panamericana después de una marcha silenciosa y plantón en la población de Unión Hidalgo contra los proyectos de Piedra Larga I y II de la Empresa Demex, donde presuntos miembros de una guardia blanca enviados por la empresa le apuntaron con una pistola durante la jornada de protesta.

En 2017, José Alberto Toledo Villalobos, miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil, fue localizado en el tramo de la carretera Chahuites Tapanatepec, al oriente del Istmo, golpeado, semiinconsciente y, posteriormente, murió. Era defensor de la Tierra y Territorio contra la minería y las altas tarifas de energía eléctrica.

En 2018 fue asesinado en Juchitán, Rolando Crispín Sánchez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expolicía comunitario de la Agencia Álvaro Obregón durante la resistencia contra la empresa Mareña Renovables.

El surgimiento de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio se dio por la necesidad de los habitantes de contar con una organización que iniciara la defensa del territorio ante la amenaza de despojo que representaban los proyectos eólicos y los riesgos que vislumbraban para la permanencia de las formas de organización tradicional, costumbres y sus formas de subsistencia.

“Estaba haciendo mi tesis de doctorado cuando conocí la realidad de los contratos, vi que estaban mal y comencé con mi esposo Rodrigo Flores, a dar información casa por casa a campesinos y comuneros para advertir sobre los riesgos, junto con algunos comuneros luchadores e integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Se inició la asesoría, las reuniones y asambleas y fue creciendo la bolita”, explica la Doctora Bettina Cruz Velásquez.

Ya con información suficiente de riesgos y desventajas de los contratos firmados, algunos campesinos intentaron sin éxito cancelarlos y en 2007, ante la creciente demanda de asesoría y ayuda, los interesados pidieron conformar un organismo con nombre y un local donde entregar los contratos que eran analizados uno por uno.

Así nació la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán que después se convertiría en la APIIDTT. “Cuando yo no estaba en casa, la gente entregaba los contratos a mi mamá Rosa Velásquez, en el patio de su casa se hicieron muchas reuniones, ella misma participaba, los motivaba pero también regañaba a los compañeros por haber aceptado los contratos, Na Rosa siempre fue una luchadora. Nos prestó primero un local que sirvió de oficina y al final terminó dejándolo para nuestras largas reuniones de trabajo”.

Bettina Cruz explica que:

En 2009 organizaron el Foro de Soberanía Energética que acercó a habitantes de muchas comunidades indígenas a conocer la problemática y “fue cuando vimos que esto era algo más grande, que iba más allá de la defensa de la tierra, que los proyectos impactaban sobre la vida de la gente, generaba conflictos y no había trabajo, había aumentado la violencia y decidimos conformar la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT, porque comenzaron a participar personas de otros pueblos vecinos”.

La primera acción de la APIIDTT fue buscar la cancelación de los contratos firmados por los comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios con las empresas eólicas por la vía legal y también con protestas pacíficas: conferencias, marchas, mítines, cabalgatas y plantones frente a CFE, entre otras. “Demandamos a Preneal, a Endesa, Eoliatec y Unión Fenosa por los contratos en Unión Hidalgo, Santa María Xadani y Juchitan y logramos -no por la vía civil sino por la presión directa- que se cancelaran los contratos; fuimos con compañeros y compañeras a la CdMx a decirle a las empresas que la gente no quería los contratos y logramos que se anularan muchos”.

Paralelo a esta lucha contra las empresas eólicas, Cruz Velásquez impulsó también la lucha contra las altas tarifas eléctricas que llevó a la resistencia y negativa de pago del servicio de habitantes de Álvaro Obregón, Agencia de Juchitán y Santa María Xadani y manifestaciones frente a oficinas de CFE, pero derivó en amenazas de muerte y su aprehensión, acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y riqueza nacional. Salió libre bajo fianza y enfrentó un proceso que duró cuatro años hasta que fue absuelta por un juez federal.

La defensora de los derechos humanos y de la tierra y el territorio Bettina Cruz Velásquez vive en constante zozobra y ha tenido que abandonar su casa, su comunidad y permanecer refugiada en otros lugares ante el riesgo permanente de que atenten contra su vida.

“Vivimos de manera permanente con miedo a ser atacados mi marido y yo, mi familia. Nos han agredido físicamente, me han amenazado de muerte, me han hostigado, he sufrido intento de asesinato en varias ocasiones y he tenido que abandonar la región, porque casi nos matan”, dijo.

Bettina Cruz Velásquez tiene medidas cautelares desde 2012 por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y está en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también le dio medidas cautelares a ella, a su familia y algunos miembros de la comunidad.

Ella considera que las medidas cautelares del gobierno federal son insuficientes; solo son paliativos. “Estas prácticamente encarcelada en tu casa, sin poder ejercer tus derechos, te dan un botón de pánico y la misma policía que a veces te quiere encarcelar hace sus rondines para vigilar, por eso lo mejor es que tú tomes tus propias medidas de protección, con tu comunidad, con tu familia y con amigos y amigas”.

“El gobierno está obligado a protegernos, porque hacemos un trabajo que deberían hacer ellos, nosotros no tendríamos ni porqué existir (como organización de lucha) si el gobierno respetara nuestros derechos como pueblos”, afirma.

Bettina comenta que entre las acciones básicas de protección está evitar exponerse en público, no andar nunca sola, ni en lugares peligros ni horas avanzadas, quedarse en el lugar que se visita si se les hace tarde, siempre tener saldo y batería en el celular y andar siempre con el botón de pánico y si debe acudir a lugares de riesgo ir acompañada con gente del lugar, que conozca y sea reconocido, así nos cuidamos todos y todas”.

También reconoce en las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas mecanismos de protección con rituales ancestrales. “Las compañeras siempre están pidiendo por nosotros a los ancestros, hemos hecho rituales en la comunidades para protegernos. Pedir a los buenos espíritus la protección. Las compañeras me dan cosas que me protejan como amuletos, flores, cuarzos, piedras y eso es muy valioso para mí”, comenta.

“La participación de las mujeres es muy importante, porque sin las mujeres no podríamos avanzar, ellas son el pilar de los movimientos. Ellas participan en las guardias, en la elaboración de los alimentos, muchas veces se minimiza esa participación, pero si eso no se da, no hay movimiento. Participan así y además participan en las asambleas” dice Bettina Cruz Velásquez.

Explica que participar en la lucha es más difícil para las mujeres, porque “aparte de luchar contra todo lo que luchan los hombres como el Estado, el sistema y estos proyectos, las mujeres tenemos que luchar también contra los hombres, contra el estado patriarcal que pretende limitar a las mujeres y además se enfrenta a campañas misóginas”.

Agregó que encima de todo eso a diferencia de un hombre, cuando una mujer está en peligro de ser agredida, lo primero que piensa es “nos van a violar, porque es lo primero que hacen, dañar al cuerpo y eso es terrible, porque buscan dañarnos ahí, en nuestro ser mujer”.

No obstante, Bettina Cruz está convencida de seguir adelante y afirma que la lucha ha valido la pena, porque se frenó el proyecto de Mareña Renovables en la zona huave. Demostraron en Álvaro Obregón que no necesitan a los partidos políticos para organizarse, que las energías renovables no son buenas en sí mismas, sino por el uso que se les da, para qué y para quién y que ahora ya tienen el poder de hablar y ser escuchadas y su voz cuenta y pueden incidir. 

 

Fotos Interiores: Angélica Pineda-Silva


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.