El 24 de noviembre se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. Cinep / PPP es una de las organizaciones que integra la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación en la implementación y desde entonces realiza seguimiento al Acuerdo. Compartimos algunos hallazgos de la Secretaría y miradas de nuestros investigadores. 

El Acuerdo de Paz que se negoció en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, durante más de cuatro años por el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc - Ep fue firmado, finalmente, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, tras sufrir la derrota en el plebiscito por la paz, y haber sido firmada una primera versión del documento en Cartagena en septiembre. Tras el triunfo del No al acuerdo en las urnas, el mismo fue modificado en mesas con los sectores opositores, entre ellos el equipo político del actual gobierno nacional de Iván Duque, en cuyo periodo presidencial se ha concentrado la mayor parte de la implementación del Acuerdo que resultó ser uno de los más aplaudidos internacionalmente y, al mismo tiempo, con abundantes contradictores y ataques entre los colombianos y colombianas.

Según los investigadores de Cinep / PPP en la en la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (ST), uno de los problemas que enfrenta la implementación es la selectividad por parte del gobierno sobre las políticas del Acuerdo que apoya o no. Eso explica, según ellos, que haya puntos del Acuerdo Final con mayor desarrollo respecto a otros. 

El panorama que presenta el Décimo y más reciente informe general de la ST incluye punto a punto los logros destacados, así como los retrasos, preocupaciones y retos a superar para cumplir la meta pactada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón: alcanzar una paz estable y duradera. 

Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Respecto al primer punto del Acuerdo Final, la Secretaría destaca la creación del Fondo de Tierras como un logro parcial, dado que hasta el 20 de junio de 2021 han ingresado 14.571 predios con un total de 1.385.066 hectáreas de las 3 millones que había previsto del Acuerdo para su distribución. A ello se suma que, de esta cantidad, solo se han entregado 4.521 hectáreas por mes, lo que significa que “a este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo solo se distribuirán el 21,7% de lo pactado”.

La Secretaría también destaca el avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que contaron con “una alta participación comunitaria” tanto en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) como en la elaboración de las Hojas de Ruta Única (HRU); sin embargo, señala que las comunidades ahora perciben una disminución en su participación. Tal es el caso de la subregión Pacífico Medio, donde las comunidades hace pocas semanas suspendieron su participación en las actividades PDET en exigencia de garantías.

Punto dos: Participación Política, apertura democrática para construir la paz

En cuanto a la participación política se destacan los avances en cuanto a derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política con el Estatuto de la Oposición, así como la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz.

Sin embargo, la ST cuestiona que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad haya sido convocada “en pocas ocasiones, lo cual es preocupante frente a la crisis de inseguridad que viene atravesando el país”. En materia de garantías de seguridad la Secretaría “no identifica ningún logro significativo”, pues si bien hay avances normativos, persisten retrasos los retrasos en la implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

“La magnitud y persistencia de las agresiones a líderes, lideresas y excombatientes representa un riesgo para la apertura democrática, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil”, asegura la ST. “Cada líder social asesinado es una voz silenciada en la democracia que fractura la confianza en la institucionalidad y obstaculiza la participación política”, concluye.

Punto tres: Fin del Conflicto

Aunque la Secretaría sostiene que hay avances en la entrega de tierras a excombatientes, “la deficiencia de tierra sigue siendo uno de los principales retos para la sostenibilidad a mediano y largo plazo del proceso” de la reincorporación. A ello se suma el asesinato de total de 291 ex combatientes desde la firma del Acuerdo hasta el 20 de septiembre, según registros de Cerac, la otra organización que integra la ST.

“No garantizar la protección de los excombatientes impacta la implementación del A.F., y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad”, sostiene la Secretaría.

Además, la ST asegura que “la permanencia de grupos armados en los territorios, los enfrentamientos y los intereses económicos y políticos a nivel local han hecho que, a pesar de la reducción de las acciones ofensivas, el país presente un preocupante nivel de agresiones a excombatientes, líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos junto con un incremento en los casos de desplazamiento masivo y de masacres”.

 Punto cuatro: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

La Secretaría destaca el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). También se dio  “la generación de oportunidades laborales para recolectores y recolectoras quienes fueron empleados en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria y mejoramiento ambiental”. 

Por su lado, a lo largo de los 5 años de la implementación organizaciones sociales y campesinas del territorio han denunciado los incumplimientos del PNIS y equipos como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep han registrado las agresiones que llegan incluso hasta la muerte de los cultivadores de la hoja de coca que se oponen a la erradicación forzada en medio de operativos donde videos y registros evidencian el uso desproporcionado de la fuerza como ocurrió en Tumaco,  Nariño, vereda El Tandil, el 5 de octubre de 2017 cuando fueron asesinados 7 campesinos que protestaban ante los incumplimientos del Acuerdo de Paz y exigían no erradicar forzosamente ni con glifosato.

Según la ST, las condiciones de seguridad en los territorios juegan un papel contra la implementación dado que “pone en riesgo la vida de los involucrados con el PNIS, ya sean líderes que lo promuevan, técnicos de apoyo al programa o beneficiarios”. A ello se suma que algunos de los beneficios que otorga el Programa están condicionados por la verificación del levantamiento de los cultivos, misma que está obstaculizada por las condiciones de seguridad.

Punto cinco: Víctimas 

La Secretaría Técnica subraya que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -hoy llamado Sistema Integral para la Paz- continuaron el desarrollo de su labor pese a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, “las constantes violaciones a los DDHH en diversos territorios del país y los ataques permanentes al desarrollo e integridad de sus actividades por parte de los detractores del proceso de paz”.

Los avances destacados de cada una de las entidades son:

  • La Comisión de la Verdad:  “la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto”, acciones que se tendrán que materializar en el informe final y recomendaciones que serán presentados en junio de 2022.

 

  • La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas: “el logro principal es la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda y la puesta en marcha de varios planes regionales de Búsqueda”, además del hallazgo de varios cuerpos.

 

  • La Jurisdicción Especial para la Paz: “i) la estructuración de un modelo restaurativo de justicia transicional; ii) la expedición de medidas cautelares como un mecanismo idóneo, ágil y efectivo para salvaguardar los derechos de las víctimas” en el marco de su mandato.

Punto seis: Implementación, Verificación y Refrendación

Se avanzó en la inauguración de 11 de las 20 Emisoras de Paz que funcionarán hasta 2026. Sin embargo, en cuanto a la financiación se señala que si bien los recursos han tenido un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del Acuerdo, “a este ritmo de ejecución la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”.  

Organizaciones de víctimas y sociedad civil que acompaña el Proceso han manifestado su preocupación por la baja en la pedagogía del Acuerdo en los últimos años.

Los informes de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://bit.ly/SecretariaTecnicaCSIVI 

Los Seminarios de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://www.youtube.com/channel/UCaOM6QXVKq71BqVu1ZIP2Uw/featured 

Las opiniones de los investigadores de la Secretaría pueden ser consultadas en: https://soundcloud.com/verificacion-de-los-acuerdos 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo:

Gobierno, Farc y Cinep/Ppp expusieron sus puntos de vista y preocupaciones ante la crisis sanitaria y social que vive el país, y lo que esto podría significar para la implementación del Acuerdo de Paz. Compartimos un resumen y el video de nuestra emisión de #DiálogosenCuarentena. 

La conversación virtual reunió a Emilio Archila, Rodrigo Granda y Consuelo Corredor y abrió con las medidas que ha tomado el gobierno frente al virus del COVID-19. El Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la voluntad del presidente Iván Duque de continuar con la implementación y de generar de un paquete de medidas preventivas para víctimas y excombatientes. Más de 500 líderes sociales y 180 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y el confinamiento ha agravado sus condiciones de seguridad.

El Consejero describió una estrategia en tres niveles para quienes siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz:

“Primero, el apoyo a la gestión de oferta de programas sociales y económicos; uno segundo que tiene que ver con las comunicaciones y la salud, y un tercer nivel que se relaciona con la reacción en caso de que algo extraordinario ocurra”.

Según el Consejero, frente a la coyuntura de la emergencia sanitaria, el gobierno adoptó “unos protocolos de seguridad para proteger a los excombatientes que se extendieron a los 500 municipios en donde se encuentran”. Agregando que en la mesa técnica de salud se han adoptado manuales de autoprotección e higiene y se restringió la entrada y salida de personas que estén visitando los antiguos espacios territoriales.

Según Archila, se entregarán atenciones humanitarias en especie, con casi 100.000 mercados para las víctimas que están en el registro único y durante el primer año no han recibido atención. Además, enfatizó en la inversión de 46 mil millones de pesos de parte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Ricardo Téllez también conocido como Rodrigo Granda, miembro del partido Farc y de la CSIVI, se refirió a las preocupaciones de su colectivo por lo que llamó falta de garantías e incumplimientos del gobierno que no logra proteger a los firmantes de paz menos aún en esta coyuntura de confinamiento: varias familias de ex combatientes fueron amenazadas y salieron desplazadas de Frontino a Dabeiba, Antioquia, esta semana, así como un grupo de disidencias atacó otros firmantes de paz en Argelia, Cauca, horas antes de este conversatorio. Además, según Granda, “a tres años de la implementación, uno de los aspectos más importantes para los excombatientes es el problema de la tierra para adelantar los proyectos productivos”. 

Granda expresó algunas dificultades que según él son fundamentales y pidió al gobierno especial atención a las condiciones salubres en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que son “absolutamente deficientes” por el hacinamiento y la carencia de agua potable, ya que únicamente el 34% tiene agua de acueducto. Dijo además que: 

“No se puede permitir que el proceso de paz sea una víctima más de esta pandemia”.

Por otro lado, se puso de manifiesto la preocupación por la seguridad alimentaria de los firmantes de paz que no consiguen en su mayoría insertarse a la vida productiva ni en sus proyectos colectivos. Por una parte, los desembolsos y apoyos aprobados a la fecha cobijan apenas a 3.934 ex farc de más de 13 mil que firmaron el Acuerdo (van 50 proyectos colectivos aprobados hasta ayer según informó Archila en la charla); y además la alimentación que proviene de gobierno llega solo a los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Pero allí solo permanecen 2.893 hombres y mujeres que dejaron las armas de las 13.046 personas en proceso de reincorporación.

¿Cómo el gobierno nacional apoyará la supervivencia de los ex combatientes y sus familias que no están en los ETCR? ¿Hay algún tipo de respaldo a los proyectos productivos que están fuera de los que ha aprobado gobierno o incluso los que no hacen parte del partido Farc? Fueron algunas preguntas del público durante este #DiálogoCinep que no alcanzaron a ser respondidas por el Consejero Presidencial.

Los riesgos

Por su parte, Consuelo Corredor, coordinadora del Cinep en la Secretaría Técnica de la CSIVI, habló de los múltiples retos que interpone el nuevo coronavirus. Para ella, los territorios donde están en marcha los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encuentran en especial riesgo “porque si esta situación de epidemia nos ha traído dificultades en el sector urbano, con mayor razón en el sector rural, y en esos PDET hay una precariedad en la estructura”.

La incapacidad de generar ingresos, la pérdida de empleos y las dificultades de acceso de los niños y niñas al sistema educativo, fueron otros puntos importantes para Corredor. Eso sumado a la seguridad alimentaria por la carencia de acceso a bienes en regiones apartadas, en donde, según Corredor, hay una “persistencia en el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, pues según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, tres excombatientes han sido asesinados durante la cuarentena”.

Corredor también manifestó preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en la velocidad de la implementación del Acuerdo, la participación restringida de las comunidades en los PDET, y las dificultades fiscales que van a llevar a ajustes presupuestales. A esto se suma el riesgo para las personas privadas de la libertad (hubo una masacre de 23 internos en la Cárcel La modelo Bogotá) y la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género. 

“Preocupa que la paz termine en un segundo plano en la opinión pública en medio de tantos datos de contagiados y personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19”.

Corredor planteó también la preocupación por las ex combatientes embarazadas en los antiguos ETCR, ante lo cual el Consejero Presidencial destacó que se tomaron medidas especiales para ellas. 

El Sistema Integral de Verdad y Justicia

Este Diálogo en Cuarentena también fue la oportunidad para relatar las medidas de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual, como el Acuerdo mismo, tiene en el centro a las víctimas. Para Consuelo Corredor, es importante estar atentos a que se garantice la participación de éstas en el Sistema, en medio del confinamiento y el rediseño en el trabajo de las instituciones que cesaron toda actividad pública. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se recordó que los términos judiciales fueron suspendidos hasta el 27 de abril próximo, mientras que la Comisión de la Verdad anunció que está trabajando en el análisis de datos y contrastación de testimonios. 

Para la Comisión, es importante preguntarse si el gobierno nacional "ha hecho la relación entre la crisis que genera la pandemia y la afectación histórica que han vivido las víctimas, y si tienen algún planteamiento en ese sentido". Además, la Comisión ha llamado a los actores armados a una tregua "que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia".

Entre tanto, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), que también está trabajando desde casa, ha advertido que la emergencia por el Covid-19 pondría en riesgo a cuerpos de personas no identificadas que permanecen en cementerios del país y que pueden corresponder a personas desaparecidas si no se toman las medidas adecuadas, en vista de la orden de cremación del Ministerio de Salud.

Para terminar, el Consejero Archila afirmó que “la política de paz con legalidad fue un acto de transparencia del Presidente Duque con el Acuerdo de Paz” en la medida que se dijo “esto es lo que se tiene, y para esto nos va a alcanzar”. E invitó a tener muchos más de estos espacios para seguir contrastando las opiniones. Además, aseguró que no ha habido disminución de recursos para los Pdets. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 


El conversatorio completo puede ser visto en nuestro Canal de YouTube a continuación:

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Casi cien personas de más de 20 organizaciones y ciudadanos independientes visitaron el ETCR “Román Ruiz” de la vereda Santa Lucía en Ituango. Con su visita la sociedad civil exigió la implementación del Acuerdo de Paz y garantías para los reincorporados que han enterrado a más de 12 firmantes de paz en Ituango y 180 en todo el país desde la firma del Acuerdo de paz.

"Nos duele salir porque el ETCR era una luz de esperanza y cambio para las comunidades campesinas, pero esa llama se fue apagando y con ella la oportunidad de que el municipio brillara como un laboratorio de paz en el norte de Antioquia", dijeron los ex combatientes al recibir la Caravana Humanitaria.

Esta fue una iniciativa que nació en Defendamos La Paz Antioquia y a la que se sumaron diversas organizaciones. El liderazgo de este trabajo en equipo lo tomó el Instituto Popular de Capacitación con el propósito de generar un diagnóstico de la comunidad reincorporada y campesina de Ituango pues en la zona la crisis humanitaria viene en ascenso desde la firma del paz.

Desplazamientos, confinamiento, asesinatos de ex combatientes, aumento del homicidio en general, combates, minería y narcotráfico se mezclan en un territorio codiciado no solo por ilegales sino por la clase empresarial y política antioqueña que desarrollo allí el proyecto hidroeléctrico más ambicioso y polémico de América Latina: HidroItuango.

La Caravana Humanitaria salió a la media noche de Medellín el pasado viernes en dos buses y vehículos particulares con acompañamiento de la Fuerza Pública, y llegaron a la mañana siguiente al casco urbano de Ituango. Luego de abordar una chiva (bus de escalera) y con el acompañamiento también de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Caravana llegó al medio día del sábado al antiguo ETCR

Algunos participantes se sorprendieron en el camino pues en la misma vía destapada donde han sido asesinados varios ex combatientes encontraron grafitis donde podía leerse “Agc Presente” y “Farc-Ep”. 

También había abundante presencia de Ejército y Policía que habitualmente no está e hizo presencia por solicitud de los organizadores de la caravana.

Los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Julián Cubillos y León Fredy Muñoz, de la Comisión de Paz de Congreso citada a la Caravana para una audiencia pública, no pudieron llegar al Etcr y debieron devolverse a Bogotá desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. El gobierno les informó, según un video que publicaron en sus redes sociales, que el helicóptero que había sido destinado a su desplazamiento de Medellín a Ituango, había sido enviado a la frontera con Venezuela.

Para algunos ya presentes en el Etcr, se trató de una piedra en el camino de parte del gobierno para impedir que los congresistas llegaran al lugar. Otras autoridades convocadas como Ministerio Público y Concejo Municipal tampoco se hicieron presentes.

En la visita se desarrolló una asamblea de ex combatientes y ongs de Medellín en las que las Farc hicieron énfasis en una propuesta para ellos y ellas y para los Congresistas:

  • Una ruta clara de reincorporación donde no se desmonten las ayudas de alimentación, salud, educación, vivienda y tierras y se asesore los proyectos productivos que quedan en el territorio.
  • Que continúe el acompañamiento permanente de la ARN, CNR, las agencias de la ONU, entidades municipales y departamentales y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
  • Que una vez trasladado el ETCR, las instalaciones físicas no sean destruidas y pasen a ser patrimonio de la comunidad campesina de la vereda Santa Lucía.
  • Acciones humanitarias y acompañamiento permanente a las comunidades campesinas, monitoreando el tema de derechos humanos y una veeduría por parte del senado y la cámara. 

En el Etcr y veredas aledañas los ex combatientes que cumpliendo el Acuerdo de Paz desarrollan 5 proyectos productivos colectivos (Café Paramillo, Internet Fibra óptica, Ganadería, Porcicultura y Avícola) donde se han invertido más de 700 millones de pesos. Por eso la Caravana fue también la oportunidad de pedir una vez acompañamiento para que estos proyectos no fracasen cuando los reincorporados encuentren una tierra apropiada y trasladen el Etcr. 

 

                                                                         

Por: Katalina Vásquez G.

El anuncio de “la continuación de la lucha guerrillera” por algunos excomandantes guerrilleros "Iván Márquez", "Jesús Santrich", y alias "El Paisa" junto con, aproximadamente, 17 hombres y mujeres, conocido el 28 de agosto pasado, no supone una crisis, una parálisis o una ruptura del proceso de paz. No es de esperar que tenga un efecto negativo sobre el proceso de implementación del Acuerdo Final, como tampoco un efecto de repudio a los compromisos del Acuerdo por parte del Gobierno nacional u otras instituciones estatales. Por el contrario, podría ser una oportunidad y servir de catalizador para que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales aceleren la implementación a nivel operativo.