Casi cien personas de más de 20 organizaciones y ciudadanos independientes visitaron el ETCR “Román Ruiz” de la vereda Santa Lucía en Ituango. Con su visita la sociedad civil exigió la implementación del Acuerdo de Paz y garantías para los reincorporados que han enterrado a más de 12 firmantes de paz en Ituango y 180 en todo el país desde la firma del Acuerdo de paz.

"Nos duele salir porque el ETCR era una luz de esperanza y cambio para las comunidades campesinas, pero esa llama se fue apagando y con ella la oportunidad de que el municipio brillara como un laboratorio de paz en el norte de Antioquia", dijeron los ex combatientes al recibir la Caravana Humanitaria.

Esta fue una iniciativa que nació en Defendamos La Paz Antioquia y a la que se sumaron diversas organizaciones. El liderazgo de este trabajo en equipo lo tomó el Instituto Popular de Capacitación con el propósito de generar un diagnóstico de la comunidad reincorporada y campesina de Ituango pues en la zona la crisis humanitaria viene en ascenso desde la firma del paz.

Desplazamientos, confinamiento, asesinatos de ex combatientes, aumento del homicidio en general, combates, minería y narcotráfico se mezclan en un territorio codiciado no solo por ilegales sino por la clase empresarial y política antioqueña que desarrollo allí el proyecto hidroeléctrico más ambicioso y polémico de América Latina: HidroItuango.

La Caravana Humanitaria salió a la media noche de Medellín el pasado viernes en dos buses y vehículos particulares con acompañamiento de la Fuerza Pública, y llegaron a la mañana siguiente al casco urbano de Ituango. Luego de abordar una chiva (bus de escalera) y con el acompañamiento también de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Caravana llegó al medio día del sábado al antiguo ETCR

Algunos participantes se sorprendieron en el camino pues en la misma vía destapada donde han sido asesinados varios ex combatientes encontraron grafitis donde podía leerse “Agc Presente” y “Farc-Ep”. 

También había abundante presencia de Ejército y Policía que habitualmente no está e hizo presencia por solicitud de los organizadores de la caravana.

Los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Julián Cubillos y León Fredy Muñoz, de la Comisión de Paz de Congreso citada a la Caravana para una audiencia pública, no pudieron llegar al Etcr y debieron devolverse a Bogotá desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. El gobierno les informó, según un video que publicaron en sus redes sociales, que el helicóptero que había sido destinado a su desplazamiento de Medellín a Ituango, había sido enviado a la frontera con Venezuela.

Para algunos ya presentes en el Etcr, se trató de una piedra en el camino de parte del gobierno para impedir que los congresistas llegaran al lugar. Otras autoridades convocadas como Ministerio Público y Concejo Municipal tampoco se hicieron presentes.

En la visita se desarrolló una asamblea de ex combatientes y ongs de Medellín en las que las Farc hicieron énfasis en una propuesta para ellos y ellas y para los Congresistas:

  • Una ruta clara de reincorporación donde no se desmonten las ayudas de alimentación, salud, educación, vivienda y tierras y se asesore los proyectos productivos que quedan en el territorio.
  • Que continúe el acompañamiento permanente de la ARN, CNR, las agencias de la ONU, entidades municipales y departamentales y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
  • Que una vez trasladado el ETCR, las instalaciones físicas no sean destruidas y pasen a ser patrimonio de la comunidad campesina de la vereda Santa Lucía.
  • Acciones humanitarias y acompañamiento permanente a las comunidades campesinas, monitoreando el tema de derechos humanos y una veeduría por parte del senado y la cámara. 

En el Etcr y veredas aledañas los ex combatientes que cumpliendo el Acuerdo de Paz desarrollan 5 proyectos productivos colectivos (Café Paramillo, Internet Fibra óptica, Ganadería, Porcicultura y Avícola) donde se han invertido más de 700 millones de pesos. Por eso la Caravana fue también la oportunidad de pedir una vez acompañamiento para que estos proyectos no fracasen cuando los reincorporados encuentren una tierra apropiada y trasladen el Etcr. 

 

                                                                         

El anuncio de “la continuación de la lucha guerrillera” por algunos excomandantes guerrilleros "Iván Márquez", "Jesús Santrich", y alias "El Paisa" junto con, aproximadamente, 17 hombres y mujeres, conocido el 28 de agosto pasado, no supone una crisis, una parálisis o una ruptura del proceso de paz. No es de esperar que tenga un efecto negativo sobre el proceso de implementación del Acuerdo Final, como tampoco un efecto de repudio a los compromisos del Acuerdo por parte del Gobierno nacional u otras instituciones estatales. Por el contrario, podría ser una oportunidad y servir de catalizador para que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales aceleren la implementación a nivel operativo.


 

 

 
 

Desde el inicio del proceso de negociación entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP hemos manifestado nuestra convicción de que la salida negociada es la única forma de poner fin al conflicto armado. Por esta razón rechazamos el anuncio de Luciano Marín alias 'Iván Márquez': Seuxis Pausias Hernández alias 'Jesús Santrich' y Hernán Darío Velásquez alias 'El Paisa', entre otros, sobre el retorno a la lucha armada.


 

 

 
 

En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz.