Colombia tiene una extensión territorial de 1 114 408 kilómetros cuadrados. Esta superficie también la podemos medir en hectáreas, que serían más de 111 millones, o en campos de fútbol, pues aquí se podrían construir más de 156 millones. El país puede medirse de muchas otras maneras, por ejemplo, con las 80 472 víctimas de desaparición forzada reportadas desde 1958 hasta el 2018, a lo largo y ancho del territorio por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. A esto se le pueden sumar los familiares de los desaparecidos, cientos de mujeres buscadoras y afines que han dedicado su vida y empezaron una lucha por el reencuentro con sus seres queridos. Los departamentos más golpeados por este delito, según el OMC, son Antioquia con 19 794 víctimas, Guaviare con 1794 víctimas, y Meta con 5280 desaparecidos.

La desaparición forzada en el país se ha dado como un método selectivo contra los que se consideran peligrosos tanto para el Estado como para los demás grupos armados, con el fin de deshumanizar y desaparecer completamente a sus víctimas. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional por los Desaparecidos, una fecha que pretende hacer memoria sobre las víctimas de este crimen atroz, que aún se comete y que muchas veces queda en la impunidad, recordar para que la historia no se repita, para que deje de ser un tema invisibilizado en el país y para darle voz a las víctimas que padecen día a día una búsqueda incansable.

Colombia estableció el delito de la desaparición forzada en el año 2000 con la Ley 599 en el artículo 165 del Código Penal: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión […]”.

Así mismo, se ha suscrito a las normas internacionales expedidas por las Naciones Unidas (ONU) y se comprometió a adecuar las normas internas a los estándares internacionales. Para la ONU, el siguiente es el concepto de desaparición forzada “[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El 16 de abril de 2019, la ONU consolidó y publicó los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, en donde reafirman las diferentes obligaciones y acciones urgentes que deben realizarse durante la búsqueda de una persona. Así mismo, resalta el rol esencial que tienen los familiares y que su participación en la investigación es de vital importancia para establecer las diferentes circunstancias de desaparición y posible hallazgo del desaparecido. Algunos de los principios rectores más significativos se basan en que la búsqueda de una persona debe hacerse bajo la presunción de vida, debe tener un enfoque diferencial en cuanto género, vulnerabilidad, población LGBTI y primera infancia, y las instituciones y autoridades encargadas deben actuar en el momento que tuvieron conocimiento del caso y hacerlo de manera permanente. Según Carmen Rosa Villa, integrante del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, está convención pretende que el Estado “haga una toma de decisiones concretas acerca de lo que hay que hacer, que genere empatía por parte de los funcionarios hacía los familiares”.

A pesar de toda la legislación, los protocolos y las recomendaciones internacionales, de los casos registrados de desaparición forzada en Colombia, la Fiscalía General de la Nación solo tiene 337 sentencias en firme para ejecución de penas. Además, existe una falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado y sus instituciones.

Por otro lado, las organizaciones y fundaciones que apoyan las acciones de búsqueda de desaparición forzada en el país, son fundamentales para este largo proceso. Por medio de labores como complementar las investigaciones, articular grupos de trabajo de búsqueda, investigar razones por las cuáles se desaparecen, acompañar y dar participación a las víctimas, contribuyen a prevenir este delito.

El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), a través del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, lidera el proyecto “Guaviare y Boyacá, consolidando la participación de las víctimas” para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), en el cual se articula con tres organizaciones: el Colectivo Sociojurídico Fals Borda, la Corporación Vida-Paz del Guaviare y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Humanitaria de Boyacá (COSPAC). El objetivo del proyecto es reconocer el contexto de cada departamento en función de la desaparición forzada y construir una metodología que permita realizar jornadas donde se convoca a los familiares buscadores de personas desaparecidas y a organizaciones estatales como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas. De esta manera, se establece un puente entre las instituciones y los familiares, y a lo largo de las jornadas se hacen denuncias, toma de muestras de ADN para búsqueda y se comparten las funciones de cada institución. Lo anterior agiliza procesos de búsqueda, recolecta información acerca de posibles paraderos de los desaparecidos, presta atención inmediata a las víctimas y ayuda en la reconstrucción de contexto de estos territorios.

Sí bien la UBPD lleva solo diez meses en funcionamiento, ya está consolidando el diálogo con los familiares de desaparecidos para integrarlos a la búsqueda de sus seres queridos. Este es un paso importante en la historia del país, pues se les da un trato especial e importante a los familiares y se les hace parte de este proceso. Sin embargo, según Federico Andreu, asesor de la UBPD, la mayor problemática de la unidad en este momento es el presupuesto, pues el actual Gobierno no tiene una voluntad política total en los asuntos relacionados con la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, el país no solo lamenta el asesinato sistemático de líderes sociales, sino también las desapariciones de los mismos. La respuesta del Gobierno a estos hechos no ha sido muy alentadora, pues tilda estos crímenes como casos aislados al conflicto. Para Carmen Rosa, “el Estado debe luchar contra la impunidad, mostrarle a la ciudadanía un elemento fundamental: ‘vamos a investigar, vamos a encontrar a los responsables, los vamos a sancionar’. Que no que se convierta en que aquí no pasa nada y nadie es condenado, siempre sin dejar de buscar”.

Las otras víctimas

El 2 de octubre de 1984 la vida de Fabiola Lalinde cambió de manera radical. Su hijo Luis Fernando Lalinde, de 26 años, había desaparecido en Jardín, Antioquia. La búsqueda de Fabiola empezó el 4 de octubre de 1984 y no cesó sino hasta el 20 de mayo de 1992. Luis Fernando fue víctima de detención forzada, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición por parte del Ejército Nacional. En la búsqueda de su hijo, Fabiola se enteró de la detención y empezó su investigación en los batallones, brigadas, campamentos y cárceles de Manizales, Pereira y Riosucio. A su acción le dio el nombre de “Operación Cirirí”, por el pájaro Cirirí, sinónimo de insistencia, incomodidad y molestia. Eso significaba Fabiola para el Estado.

El 16 de septiembre de 1988, después de intensas búsquedas, denuncias nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA falló a favor de Fabiola y condenó al Gobierno por el caso de Fernando. A causa de este resultado judicial, el 23 de octubre de 1988, la casa de Fabiola fue allanada por la Policía Militar mientras ella no estaba allí. Fue víctima de un montaje con cocaína y tildada de terrorista, subversiva y jefe de la narcoguerrilla de Antioquia en los medios de comunicación.

Fabiola fue liberada el 3 de noviembre del mismo año, pues se comprobó que la droga no era de ella y que era evidente el enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y la familia Lalinde. El 14 de abril de 1992, Fabiola logró la exhumación de los restos de un N. N., alias “Jacinto”, quien hasta 1996 fue plenamente identificado, con ayuda internacional, como Fernando Lalinde Lalinde. Por fin, después de agotar todas las instancias, métodos y ayudas tanto jurídicas como humanitarias, Fabiola pudo darle una despedida digna a su hijo y llegar a la luz de los hechos y la verdad.

La lucha de Fabiola Lalinde es símbolo de las cientos de madres, hijas y esposas que no descansan en la búsqueda de sus seres queridos, y que son las principales protagonistas en las investigaciones de desaparición forzada en el país. Ellas se ven expuestas a malos tratos, a ser juzgadas y revictimizadas, principalmente por organismos estatales. Están envueltas en el dolor y la impunidad por largos periodos de tiempo e incluso algunas no alcanzan a esclarecer los hechos, ni a saber la verdad sobre sus seres amados. Casos como el de Fernando se repiten alrededor de todo el país, de América Latina y del mundo.

Mapear a Colombia es posible desde muchos ángulos. Las cicatrices de violencia, pobreza, desaparición e impunidad han ido marcando todo el territorio hasta dejar trazadas todas estas formas en las que se puede leer el país. El resultado de esta lectura genera desconsuelo y desilusión. Sin embargo, se pueden hacer nuevos trazos, heredar los viejos y construir a partir de esas heridas que aún no sanan, visibilizar lo invisibilizado, recordar a los que han sido olvidados, detectar en el mapa a los que han desaparecido y encontrar algo que nos aliente a continuar. Este es el objetivo principal.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones