Frente a la tarea de construir una paz justa, sustentable, con derechos y responsabilidades ciudadanas, este año dos mil diecisiete y por lo menos las próximas dos décadas son definitivas para el país. Pero el dos mil diecisiete marca el inicio y como todo primer paso, será uno de los años más difíciles para la Paz. Además del reto de iniciar la aplicación de los acuerdos de La Habana en materia de reparación a las víctimas, de empezar el ordenamiento institucional para desarrollar la justicia transicional y de llevar a buen puerto las tareas pendientes sobre desarrollo rural, participación política con garantías y generar nuevas estratégicas contra el narcotráfico, se suma la agenda social y política del país.

En lo social está el reto de reestructurar un sistema nacional de salud que es injusto, indigno y deprimente. El déficit es de siete punto seis billones de pesos y la reforma tributaria no atenderá sino una pequeña parte de él. La educación, es otro reto social, el gobierno Santos aplicó el año pasado veintiocho billones de pesos, pero el tema no es solo de cobertura sino de calidad y la paz necesita de ella con urgencia. En la agenda política el hecho de que la mayoría de los legisladores le haya dado el aval al nuevo Acuerdo de Paz le otorga un triunfo político al presidente Santos y le muestra a la oposición que el debate sobre las leyes que se van a crear para la implementación del Acuerdo es un procesos difícil. Esta misma oposición se ve retada a tener una campaña electoral que busque ganar espacio en el Congreso y argumentar la necesidad de apoderarse de la presidencia de Colombia en el año dos mil dieciocho con el fin de limitar la aplicación del Acuerdo con las FARC. Por su parte las FARC, en el escenario político electoral no van a ceder terreno. Será la primera vez que no van a ser uso de las armas en la política, esperemos que los demás actores armados ilegales que también han hecho uso de ellas en la política no las continúen usando para generar, como ya lo han hecho en otros momentos de la historia del país, la guerra sucia en contra de sus opositores. El balance de los hechos muestra que la paz está en ciernes y con grandes retos para iniciar el camino de su construcción. Cómo nos dice el Padre de Roux en su columna de El Tiempo: “El desafío para la Iglesia católica y las demás confesiones y para mujeres y hombres que se sienten movidos moralmente en conciencia, es ejercer la responsabilidad de un acompañamiento espiritual unificado, audaz y convocante. Que se ponga por encima de las ambiciones de poder y de sus personajes, que plantee que la reconciliación es difícil, pero vamos por ella. Que esté llevado por la compasión ante el sufrimiento, por la búsqueda de la verdad, por la determinación de no permitir la impunidad de ningún lado”.

 

* Editorial presentada el domingo 8 de enero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz
 

 

 

Tres casos de corrupción son la muestra de cómo en Colombia se ha tocado fondo en el desfalco a la nación: los casos de InterBolsa, Reficar y Odebrecht. En el caso de InterBolsa, la semana pasada quedó en libertad por vencimiento de términos, el empresario Víctor Maldonado Rodríguez, que enfrenta un proceso penal por ser presuntamente el cerebro de la estafa a los inversionistas para rentar y ganar grandes sumas de dinero en el Fondo Premium de InterBolsa, a finales de dos mil trece. Maldonado se ha declarado inocente de los delitos imputados por la Fiscalía y sus abogados han hecho todo tipo de artimañas jurídicas para entorpecer el proceso. En total fueron sesenta y cuatro millones de dólares de detrimento patrimonial y se vieron afectados mil doscientos seis inversionistas. Nueve implicados más, acusados de ser estafadores, están hoy en libertad.

En el caso de corrupción en la refinería de Reficar, la Fiscalía y la Contraloría General han encontrado serias inconsistencias que superan los cuatro mil millones de dólares de sobrecostos en la ejecución de contratos. Reficar puede ser el mayor caso de corrupción y negligencia del siglo en Colombia pues al sobrecosto se le suma el daño fiscal, que puede superar los ocho punto cinco billones de pesos. Finalmente, en el caso de corrupción de la constructora de vías Odebrecht, el exviceministro de transporte del gobierno Uribe, Gabriel García, aceptó cargos de corrupción. Recibió un soborno de seis y medio millones de dólares para asegurarle a esta firma un millonario contrato de la Ruta del Sol. Así lo sostuvo ante un juez en Bogotá. Al parecer hay más funcionarios públicos y políticos implicados en el caso. Según el Contralor general de la Nación, la corrupción en Colombia suma cincuenta billones de pesos en los últimos años. Una cifra astronómica que niega a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la salud, la educación y los servicios públicos básicos.

¿Cuándo habrá justicia en Colombia no solo para castigar a los ladrones de cuello blanco sino para recuperar estos recursos económicos y ponerlos al servicio de la realización de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de la ciudadanía colombiana? ¿Cuándo tendremos políticas que hagan realidad estos derechos? ¿Hasta cuándo los ciudadanos seguiremos indiferentes y sin levantar nuestra voz de protesta y de propuesta para hacer cambiar esta realidad que afecta la vida de las futuras generaciones? ¿Cómo llamarnos cristianos y ser a la vez corruptos y ladrones de los recursos que son de todos los ciudadanos? El profeta Isaías nos dice “el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre, y cierra sus ojos para no ver el mal. Ese vivirá en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura”.

* Editorial presentada el domingo 22 de enero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz
 

 

Los indignantes y dolorosos feminicidios de la niña Yuliana Andrea Samboní Muñoz ocurrido el 4 de diciembre en Bogotá y de Dora Lilia Gálvez, el pasado 6 de noviembre en Buga, son solo dos casos de mujeres que representan un fenómeno creciente de violencia social contra las mujeres colombianas. El Instituto de Medicina Legal, señala en informes recientes, que en el país cada día son asesinadas entre tres y cuatro mujeres. El año pasado fueron asesinadas novecientas setenta mujeres en Colombia. Todos los casos son historias atroces, saturadas de terror, de brutalidad, de violencia sexual y de injusticia. Otro estudio de Profamilia señala que la violencia de género ha afectado, en los últimos años, a un setenta y cuatro por ciento de las colombianas, el incremento de las violencias contra las mujeres en Colombia está desbordado. Cada treinta y dos minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Cada doce minutos una mujer es víctima de violencia de pareja. Cada veintisiete minutos una mujer es víctima de violencia sexual. El año pasado se reportaron ciento cuarenta y siete feminicidios pero solamente se emitieron cinco sentencias condenatorias y a septiembre de este año se reportaron ciento cincuenta y siete casos con solo veinte sentencias.

Pero uno de los elementos más graves es que la mayoría de casos ocurren en la esfera intrafamiliar, pero también muchos otros en el ámbito de una sociedad que no ha generado cambios de fondo en el uso de un paradigma patriarcal, esencialmente machista, tirano y que subordina a la mujer frente al hombre.

Estos casos indignantes y brutales en contra de las mujeres, logran la atención en las redes sociales y en los medios de comunicación, lo que genera un grado de atención y visibilidad en la ciudadanía. Pero, lo más seguro es que cada caso, termina en el olvido, la indiferencia y, lo que es peor, en un nivel de impunidad del noventa y cinco por ciento, según la Fundación Sisma Mujer. Colombia cuenta con leyes de avanzada contra el feminicidio y la violencia de género, tal y como la 'Ley Rosa Elvira Cely' que sanciona hasta con 50 años de cárcel a los responsables de asesinar mujeres por su condición de mujer, pero la realidad demuestra que no se implementan.

El Papa Francisco, el día ocho de marzo, fiesta de la mujer, expresó: “Un mundo donde las mujeres son marginadas es un mundo estéril porque las mujeres no sólo traen la vida sino que transmiten la capacidad de mirar más allá, miran más allá de ellas. Nos transmiten la capacidad de comprender el mundo con ojos distintos, de escuchar las cosas con corazón más creativo, más paciente, más tierno. ¡Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia! El Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Sucedió lo que no era previsible ni deseable para un poco menos del cincuenta por ciento de los votantes norteamericanos, para la mayoría de los analistas, para las encuestas y para varias naciones del mundo.

Este hecho sigue confirmando la tendencia mundial de lo impredecible en asuntos políticos, tal y como sucedió este año con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la larga elección del Presidente Mariano Rajoy en España y el Plebiscito por la Paz en Colombia. ¿Pero, cómo entender este tipo de resultados y comportamientos políticos en nuestras sociedades contemporáneas?

Algunas hipótesis explicativas nos pueden ayudar a comprender esta situación. Una primera hipótesis es que vivimos en sociedades con altos grados de polarización, basadas en una visión estereotipada de la realidad: el mundo es solo blanco o solo negro, no hay grises, no hay colores. Compresiones que no admiten la riqueza de las diversas culturas, creencias e identidades, ni los cambios. Lo diverso es un peligro latente. Los diferentes se constituyen en sospechosos y en enemigos, se justifica la exclusión, el odio y la violencia. El cambio de los modelos sociales tradicionales produce inseguridad y miedo de perder poder, así sean sistemas sociales injustos y excluyentes en ellos se tiene confianza.

Una segunda hipótesis muestra que actualmente en los eventos electorales la ciudadanía se moviliza más por factores afectivos, de estado de ánimo y pragmáticos que resuelven problemas del diario vivir, que por elementos reflexivos y analíticos que buscan cambios de largo plazo. En este sentido la política se convirtió más en un instrumento transaccional para el beneficio individual y no para el bien común. La política elevó sus grados de corrupción en amplios sectores de dirigentes y de ciudadanos, a la vez que perdió legitimidad y credibilidad en la sociedad. Resultado de esta situación es: el uso de la política para castigar a los mandatarios de turno sin importar las consecuencias. Y, la despolitización ciudadana, el desinterés por los temas políticos y fenómenos como la abstención masiva.

Una tercera hipótesis afirma que la influencia de la comunicación política ha fracasado: por difundir mensajes distorsionados, por hacer eco de prejuicios, por incapacidad en descubrir y analizar movimientos y tendencias de baja frecuencia, pero de gran recorrido y profundidad. Trump, el Brexit y el No al plebiscito ganaron con el voto oculto frente a un gran esfuerzo de los electores con un voto culto e informado. Esto es una realidad.

En Aparecida los obispos constataron que en América Latina avanzan diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista. La inmadurez de dirigentes políticos radicaliza sus posiciones, fomentan la conflictividad, polarizan, generan frustración y desencanto por la política y particularmente por la democracia. Para encontrar estas ideas podemos consultar el documento en los números setenta y cuatro, setenta y cinco y setenta y siete.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

Una vez realizado el plebiscito, estamos frente a un reto histórico difícil para conseguir un acuerdo de paz. La mínima diferencia del NO sobre el SI, ha dejado hasta el momento al país en una incertidumbre política y económica que debemos transformar en oportunidad.

La tarea seria es no perder lo construido durante los dos años de preparación para la negociación y los cuatro años de su desarrollo en La Habana, así como la posibilidad real de generar un acuerdo que recoja de manera concertada no solo las pretensiones del NO y las del SI, sino lo que necesita el país, sus ciudadanos y en especial las víctimas del conflicto armado.

El acuerdo debe apuntar prioritariamente a trabajar la crisis espiritual que tenemos como sociedad. El acuerdo es para ayudar a la construcción de una paz con justicia social, una política incluyente y democrática y una economía para generar equidad y bienestar para los ciudadanos. El acuerdo no es solo para resolver los intereses particulares, en el orden judicial, económico y político, de algunas élites o sectores sociales del país, sean ellas de los sectores sociales influyentes o de los grupos alzados en armas.

La compleja renegociación está encima de la mesa, no se puede soslayar. El alcance que se le quiere dar, las modificaciones y sus resultados, se espera sean claras. Estas definiciones están en manos, en primer lugar del Gobierno Nacional; en segundo lugar, en manos de la oposición o sea del Centro Democrático y otros grupos que votaron por el NO, en tercer lugar en manos de las FARC-EP. Pero igualmente está la mayoría ciudadana que debe movilizarse y expresar su voz y acción constructiva. Hasta el momento se han hecho visibles cinco puntos donde se centraría la renegociación: el primero busca clarificar la participación política de los comandantes de las FARC-EP en cargos del poder legislativo y ejecutivo. El segundo punto es el debate sobre la exclusión de las fuerzas armadas, lo mismo que a los civiles que hayan apoyado con recursos la guerra en la justicia transicional. El tercer punto, también sobre justicia, apunta a revisar las penas que van a cumplir las FRAC-EP; en los acuerdos sobresalen más las penas restaurativas de cara a la reparación de las víctimas, como el trabajo social o restricciones de la libertad, que las penas punitivas como pagar efectivamente cárcel, en especial para delitos atroces en el contexto de la guerra. El cuarto punto propone la exclusión del narcotráfico como delito político conexo al conflicto armado. Finalmente, el quinto punto, propone clarificar aún más el tema de dejación de las armas.

La crisis nos pone ante un escenario desafiante. Que esta oportunidad nos haga sensibles a la invitación libre y responsable que nos hace el Dios de la Vida para construir el proyecto del Reino de Justicia y de Amor eficaz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP