Pasado un mes del Paro Nacional la "Campaña Defender la Libertad" ha registrado 5.320 vulneraciones a los Derechos Humanos, muchas de ellas recaen sobre la juventud colombiana que está  movilizándose por otra sociedad y otro mundo posible.

Una gran diversidad de jóvenes, mujeres y hombres, se resisten a un no futuro en Colombia. Las movilizaciones tienen un fundado arraigo en la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza de muchos jóvenes en el país; más allá de la estigmatización de vandalismo criminal que el gobierno insiste en recriminarles.

Pero este injusto señalamiento va más allá de la estigmatización. Según la “Campaña defender la Libertad”, después de un mes de Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos son de 5.320 vulneraciones, entre las que se encuentran: 59 homicidios, 32 de ellos fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por "civiles" sin identificar. 866 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular por el ESMAD. 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas presuntamente por la Policía Nacional. 2152 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Según la Defensoría del Pueblo, son 89 personas desaparecidas; según la Fiscalía la cifra es de 129 personas, y según algunas organizaciones de derechos humanos, ascienden a 346 personas desaparecidas. Los números indican tendencias y no es lo central, un problema de fondo es que aterradoramente un alto porcentaje de estas violaciones recaen sobre la juventud colombiana. Están eliminando a la juventud, sus vidas, sus proyectos y sus sueños.

¿Pero qué es lo que reivindican los diversos grupos de jóvenes? La diversidad y pluralidad de estos grupos o individuos no da para una agenda única ni se trata de unificarla ni de homogenizarla, sería un gran error de lectura. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de propuestas menos delimitadas y estáticas a lo que se suele llamar una agenda homogénea en los parámetros y comprensiones de los movimientos juveniles y de estudiantes de las décadas de los años 60 o 70 del siglo pasado. Hoy existen jóvenes mujeres, hombres y diversidades sexuales, que los reúne diversas y ricas iniciativas, imaginarios, sueños y redes artísticas, animalistas, ambientalistas, emprendimientos económicos, etc., donde las narrativas expresan que otro mundo y otra sociedad es posible. Es una crítica propositiva a los modelos económicos, sociales y políticos que han existido. Es una explosión no solo en contra de un tipo de sociedad mercantilista, rentista, excluyente, segregacionista y depredadora de la naturaleza, sino una propuesta donde la diferencia, la diversidad de sentidos, de seres, de culturas, de modos de vida de sexos y géneros pueden convivir y ser creativos. Pero igualmente, no es una propuesta sino múltiples y pluriformes propuestas que se encuentran, interaccionan, se tensionan y buscan nuevas formas de transformar conflictos y generar arreglos complementarios y colaborativos.

En estos momentos de Paro Nacional si se escucha el grito juvenil a fondo, las agendas buscan especialmente, los derechos al trabajo, al estudio a la salud, el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado, una nueva política pos-extrema derecha e izquierda armada, con estrategias de violencia donde los jóvenes son los primeros en perder la vida. Los jóvenes quieren diálogo y no guerra; quieren menos armas y más trabajo; quieren menos ignorancia y más libros; quieren menos autoritarismo e incumplimiento de acuerdos y más construcción participativa de una democracia incluyente que reconoce como una riqueza las diferencias. Un país liberado de los corruptos, de élites regionales y nacionales que viven muy bien. Los jóvenes sueñan en una nación donde se realicen los derechos humanos, donde los ciudadanos asuman sus responsabilidades políticas, donde el Estado cumpla con sus compromisos y donde vivir con justicia y dignidad sea un sueño posible.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El 2 de mayo el Gobierno solicitó al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria, erróneamente titulado ley de solidaridad sostenible, radicado por el Ministerio de Hacienda a mediados de abril y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto. Sin duda, la persistencia e impulso de las marchas ciudadanas, que desde diversos sectores sociales se organizaron, resultaron ser efectivas. El riesgo y el temor de una mayor contaminación por la pandemia, no fue motivo para que la ciudadanía, la gran mayoría de ella marchando pacíficamente, dejara de expresar su indignación frente a una ley que lesionaba la frágil situación de una gran mayoría de hogares colombianos. El DANE afirmó que en el país hay 21 millones de personas en pobreza monetaria y en pobreza extrema 7 y medio millones más, es realmente crítica la situación.

Pero lo desastroso de esta situación, fue el número aún indeterminado de personas victimizadas. Los manifestantes, en especial jóvenes, han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la fuerza pública. Son ciudadanos reclamando derechos, indignados, lo que explica, no justifica, sus actos violentos. Pero no son terroristas ni criminales. Los hechos dejan un saldo doloroso y preocupante, según informaciones por confirmar, decenas de asesinatos de civiles y un policía; centenares de heridos civiles y fuerza pública; centenares de detenciones arbitrarias y desaparecidos, así como denuncias de abuso sexual contra mujeres. Esta reacción de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza policial y la violencia de algunos ciudadanos contra ella, se da en un contexto generado por el mismo gobierno, no solo al radicar la ley de reforma tributaria, sino por los efectos estructurales de políticas que protegen ferreamente los capitales y que profundizan la desigualdad y la pobreza. De todas formas, la violencia, venga de donde venga y por los motivos que sean, no es la fórmula, ni la salida para el manejo y desarrollo de la movilización social.

Pero el panorama no está claro. ¿Qué significa para el gobierno tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto de reforma tributaria? ¿Estará pensando en no afectar a las clases populares ni a los estratos medios? ¿Les impondrá a los más pudientes y a los grandes capitales las contribuciones que necesita y les eliminará las exenciones? ¿Perseguirá a fondo la corrupción para alcanzar a recoger los 23 billones de pesos que dice necesitar, en un país donde la corrupción ronda por los cincuenta billones anuales?

El gobierno no muestra alternativas consistentes, en su lugar, muestra profundas dudas, falta de manejo y grandes desafíos, en medio de un contexto político preelectoral. Al contrario, la convocatoria y el clima de protesta continua, y a él se agrega el creciente descontento por los efectos sociales de la la pandemia que ha cobrado en el país la vida de más de setenta y dos mil personas y ha sido determinante para el aumento del desempleo y la pobreza.

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia del 4 de mayo denuncia frente a esta situación crítica que vive el país que la la violencia no soluciona nada, solo produce sufrimiento y muerte. Hace énfasis en que la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, teniendo en cuenta hoy la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta la pandemia. Rechaza decididamente, sea cual fuere su proveniencia, todos los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos, las muertes, la desaparición de personas y cualquier atentando contra la integridad física de cualquier persona. Y hace un llamado urgente y clamoroso: ¡Que se detenga, por el bien de todos, la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando! Y como afirma el Papa en Fratelli Tutti, es urgente abrir los canales para el diálogo social, para afrontar la compleja situación que vivimos.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

No hay una receta para construir la paz en Colombia, pero sí existen pistas inspiradoras para avanzar en su construcción. En este clima reflexivo de semana santa, propongo un decálogo para construir la paz:

Una primera pista es que la paz no es solo la ausencia de violencia. De nada sirve callar las armas si seguimos sumidos en la violación de los derechos humanos, en la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la exclusión, en una polarización decorada de ideología y en la violación al primer derecho, el derecho a la vida. ¿Si no hay vida, si no se respeta y dignifica la vida, para qué los derechos?

Una segunda pista: la paz se hace desde los territorios concretos. Es lo que llama el Acuerdo de Paz, la paz con enfoque territorial. Quiere decir que es diferente, hacer la paz en la Costa Caribe que hacer la paz en el piedemonte amazónico o en la Costa Pacífica. Y es diferente porque las regiones tienen sus propias historias: económica, de relaciones sociales de conflictos políticos; también tienen diferentes estructuras ecológicas y desarrollos ambientales; incluso, diferentes comprensiones de la vida, según las culturas indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas que la habitan.

Una tercera pista para la construcción de la paz es que ella necesita de diversos componentes para su realización con sus particularidades territoriales a nivel social, político, cultural y ambiental; y dentro de una dinámica histórica en permanente cambio e incertidumbre, como lo ha demostrado la pandemia del Covid 19.

Una cuarta pista nos señala que la paz nace desde los territorios, pero a la vez debe ser una construcción en diálogo, en tensión positiva con el contexto nacional y global. No existen regiones aisladas especialmente cuando se trata de asuntos y procesos económicos y políticos.

Una quinta pista para construir la paz nos invita a pensar en cómo transformar uno de los factores que más ha deteriorado la sociedad colombiana: la continuidad de la violencia en las regiones y la presencia de actores armados ilegales fuera de la ley, algunas veces en connivencia con sectores de la fuerza pública.

Una sexta pista que impacta negativamente la construcción de la paz en el país es la inoperancia y la manipulación del poder judicial. La alta impunidad, de más del 95%, en los crímenes políticos; la politización y la falta de independencia de los entes judiciales, hace que los ciudadanos no crean en la justicia y más bien asuman hacer justicia por mano propia.

Una séptima pista para construir la paz es reconocer que en los territorios y regiones hay propuestas, existen alternativas que las fuerzas vivas locales han elaborado desde su conocimiento profundo de su propia realidad. La paz necesita reconocerse descentralizada de Bogotá y que las soluciones se tramiten en un diálogo positivo entre la región y la nación.

Una octava pista para la construcción de la paz es el fortalecimiento de las administraciones e instituciones gubernamentales locales y regionales. Se necesita una presencia efectiva, eficiente y eficaz del Estado, en cada uno de los territorios, generando una apropiación ciudadana del escenario político, como lo indica nuestra Constitución Nacional.

La novena pista para construir la paz propone uno de los puntos más difíciles de solucionar en nuestra sociedad, el desmonte de las economías ilegales, pero en especial el desmantelamiento de la perversa relación entre economías legales e ilegales, vulgarmente conocido como “el lavado de activos”. Si continua esta alianza no va a ser posible la paz.

La décima pista para construir la paz es el costo y la financiación para avanzar en su implementación. Tema esencial pero igualmente poco trabajado en profundidad y compartido con claridad.

El Papa Francisco en su visita a Colombia nos exhortaba con invitaciones a la construcción de paz así: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.

Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.

A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto! En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 222 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.